Políticas Educativas
¿Lo que parece, es?
Se dice que en política “lo que aparenta ser, es lo que es”, con independencia de lo que sucede. Podrá ser ley en ese campo, no lo sé, pero en educación no vale: ahí lo que pretende ser, sin ser, no es, aunque luzca. La forma, sin fondo, deforma a fondo.
Ha visto usted imágenes en que miles de profesores, hacinados en galerones, con menos espacio entre sí que los ocupantes de un microbús repleto, están ocho horas respondiendo un examen de opción múltiple – la mitad del lapso – y la otra realizando la planeación argumentada de una sesión de clases. Antes “subieron” a una plataforma virtual evidencias de su trabajo, explicando su participación tanto en las exitosas como en las fallidas. Eso parece, sin ser, una evaluación. ¿Sirve para dilucidar si una profesora, con 20 años de trabajo, ha tenido un desempeño insatisfactorio, satisfactorio, bueno o destacado? No: simple apariencia, aunque las autoridades lo celebren como hecho histórico. Así no se valora la trayectoria de ningún profesional, y menos cuando la premura condujo a improvisar revisores y los instrumentos no fueron validados con anterioridad a su aplicación. Aunque las fotos sugieran lo contrario, la evaluación no ha ocurrido. No obstante, el lunes próximo se darán a conocer los resultados de este atropello y tendrá consecuencias no menores. Sin ser, luce. Aluza al Jefe.
Cada lunes, Aurelio Nuño asiste a una escuela. No quiere ser “un funcionario que esté nada más en su despacho”. Lo vemos hablar con profesores y directivos. Al parecer, dialoga, pero previamente ha sido acondicionado el plantel y aseguradas las condiciones para que parezca que, en efecto, le interesa estar cerca de los estudiantes – ¿hicieron la tarea? – y mostrar apertura a los comentarios, dudas y críticas de los maestros y padres luego de un discurso siempre elogioso de la Reforma… parece un interés genuino, pero se queda en la ficción añeja del partido al que pertenece. Ignora que “elogio en boca propia es vituperio”.
El caso extremo fue su reciente visita a una escuela en Oaxaca, cuyos integrantes pertenecen a la Sección 22: la preparación fue secreta, con Plan B por si no se lograba, y fue posible gracias a la participación del aparato de espionaje para la seguridad nacional: el CISEN. Estrategia policiaca para simular lo que no fue, de ninguna manera, un encuentro con opositores a las acciones emprendidas.
Hubo grandes desaciertos en la evaluación, que, por forma y fondo, conducirían a la anulación del proceso. A los errores se les llamó “ventanas de oportunidad”. Eufemismo puro. Y para “aprovecharlas”, la evaluación de más de 100 mil docentes programada para los meses previos a las elecciones, se posterga al segundo semestre del año, incumpliendo los calendarios que derivan de las reformas legislativas.
El Secretario afirma que, en efecto, la reforma educativa es administrativa, laboral y política, pero “enteramente educativa”. En este caso, ya rebasamos el hacer de cuenta que lo que parece ser ocurre: lo dicho es una incoherencia lógica sin ambages. No hay propuesta educativa, de tal manera que ni entera, ni parcialmente, lo es.
El Presidente va a Iguala. Tarde y mal. ¿Asume su responsabilidad? Para nada. Aparenta apoyo: “Iguala no debe quedar marcada por esa tragedia”. Pero su gobierno sí: no hay vuelta de hoja. La corrupción material y discursiva abunda. Se desmorona la Verdad Histórica. El espejismo del cambio educativo esconde la realidad: una reorganización política para controlar el contubernio con socios impresentables como antaño. Se colapsará, también, la Reforma Educativa Histórica: sus cimientos son aparentes: no tiene. Se finca en la ambición y el engaño. La ignorancia, preñada de prejuicios y con iniciativa, no es apariencia: es, y tiene solo un camino: el de la amenaza altiva y torpe.
Artículo publicado en el Universal d México http://www.eluniversal.com.mx/
Caricatura: El Roto, España
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México
@ManuelGilAnton
Colombia: Agua: ¿Derecho fundamental o negocio?
Colombia Informa/ Abril 2016/
La crisis ambiental afecta la producción de agua, situación que va acompañada por la contaminación del preciado líquido. La industria y la minería son actividades que acumulan mayor cantidad de contaminantes. Mientras que en países europeos se prohíbe el uso de cianuro en minería de oro para conservar el agua y la biodiversidad, en Colombia la normatividad lo permite.
La privatización del agua con mercados de concesiones permite a multinacionales mineras ejercer control sobre zonas estratégicas productoras de agua. De otra parte, la mayoría de los países en vía de desarrollo no cuentan con programas de tratamiento de agua de origen doméstico e industrial y estos van a las cuencas de los ríos.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades se transmiten por medio del agua contaminada. Se estima que 18 millones de personas siguen muriendo cada año debido a la falta de higiene, saneamiento y un suministro de agua digno. La industria es una de las actividades que acumula mayor cantidad de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos contaminantes. Cada año se acumulan entre 300 millones y 500 millones toneladas. La minería integra las causas de contaminación de fuentes hídricas. Se calcula que los gastos para atender las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el mundo crecen a más de 30.000 millones de euros anuales.
Normatividad colombiana- el agua como derecho fundamental
La Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia T-413 de 1995, estableció que el derecho al agua es un derecho fundamental cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida, primero se atienden las necesidades domésticas. NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o actividades de turismo o a un terreno deshabitado. La sentencia fue modificada por la sentencia T – 381 de 2009 (José Ignacio Pretelt), en este caso la sentencia le da vía libre a la acción de tutela para defender el derecho al agua solo cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida.
En Colombia, las organizaciones ambientales, ecologistas y defensoras de derechos humanos han acudido a las herramientas constitucionales para solicitar al Estado que se garantice el derecho al agua para el consumo humano en comunidades afectadas. La muerte de menores de la comunidad Wayuú en la Guajira por falta de agua potable se ha convertido en el caso más relevante. Por esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que le garantice el agua a esta comunidad además de otras recomendaciones.
La realidad de la Guajira se extiende a otras regiones marginales del país donde las actividades mineras o de siembra de monocultivos de palma ya han dejado una enorme huella de contaminación y de sequía en las fuentes hídricas. En marzo de 2015, después de una verificación de la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR a Riosucio Chocó, y en los cuatro resguardos indígenas se confirmó la muerte de 19 niños y niñas desde julio de 2013 que pudieron ser prevenibles. La muerte de los menores está asociada al consumo de agua contaminada, agravada a la falta de atención médica oportuna.
La implementación de grandes proyectos mineros en ecosistemas productores de agua es una de las principales causas de contaminación del líquido en América Latina. En Colombia los gobiernos han permitido la instalación de multinacionales sobre zonas productoras de agua muchas veces sin control ni estudios ambientales coherentes. Las licencias se otorgan obedeciendo a políticas internacionales privilegiando intereses particulares de las multinacionales.
Contaminación del agua por minería con mercurio y cianuro
La minería contamina el agua, afecta la salud y genera miseria y problemas sociales en las comunidades, los daños causados son irreversibles. En regiones abandonadas del país, la minería se convierte en un rebusque que les permite sobrevivir a las familias. Sin embargo, el mercurio empleado en la actividad se ha convertido en una de las causas de contaminación del agua y de afectación en la salud de la población.
El químico es un neurotóxico altamente dañino para el desarrollo cerebral de los niños. Las zonas más afectadas en áreas auríferas están en el Noreste Antioqueño y el Sur de Bolívar. Sin embargo la ley del mercurio no tiene en cuenta estos aspectos y la legislación colombiana no ha tomado decisiones contundentes para evitar mayores daños.
Son pocos los estudios y datos estadísticos sobre el tema. Sin embargo investigadores de la Universidad de Cartagena como el científico Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de Cartagena, sobre mineros del sur de Bolívar encontró daño neurológico de coordinación muscular. Una investigación realizada sobre mineros entre 20 y 45 años del Bagre, Antioquia, mostró diversas alteraciones en el grupo como daño intelectual y cambios emocionales y neurológicos. El desconocimiento de los efectos que produce esta clase de químicos expone a las comunidades y a menores que tienen contacto con la actividad.
En la legislación de los países europeos se prohíbe el uso del cianuro en la minería de oro con el fin de proteger el agua y la biodiversidad. Sin embargo, en Colombia las multinacionales han planteado el uso de este elemento en la minería de oro en zonas de páramos. Un peligro que amenaza la destrucción del ecosistema y la contaminación del agua. Los páramos producen el agua para el 75% de los colombianos. Un gramo de cianuro tiene la capacidad de matar a una persona. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina –OCMAL-, mantiene la “Campaña por la Prohibición del Cianuro en América Latina”. A esta iniciativa se han adherido diferentes organizaciones ambientales, sociales y ecologistas.
Contaminación por minería de carbón
Un estudio entregado por la ONG Greenpeace, advierte que el conjunto de todas las centrales de carbón del planeta consumen una cantidad de agua equivalente al que consumen 1.000 millones de personas. La ONG advirtió además que esas compañías son responsables de ejercer una «enorme presión» sobre las principales cuencas hidrográficas del mundo y las poblaciones que viven en sus inmediaciones. En Colombia el caso más relevante se ha presentado en la mina el Cerrejón, la más grande del país que se explota a cielo abierto hace cuarenta años.
Las compañías que funcionan en esta zona del país han dejado a la comunidad sin agua. La falta del líquido ha sido causa de muerte de menores, así como también la causa de enfermedades derivadas de la actividad minera. Además se han desalojado comunidades en esa zona del país que ya no tienen acceso ni al agua ni a la tierra para cultivar.
Contaminación del agua por vertederos domésticos e industrial
Se estima que los países en vía de desarrollo como Colombia, el 90% del agua de origen doméstico e industrial vierten directamente a los ríos sin ningún tratamiento. Las personas asumen que sus plantas de tratamiento de agua les sacan todas las formas de contaminación al agua potable, sin embargo, estas sólo están diseñadas para eliminar ciertos elementos. No obstante, en los países desarrollados hay depuradoras que tratan la mayor parte del agua con desechos.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –UNEP-, (por sus siglas en ingles), ha advertido que si no hay una actuación urgente para mejorar el tratamiento de aguas residuales el impacto será cada día mayor afectando no solo la salud de millones de personas sino también a los ecosistemas.
Alianza entre gobiernos y el sector privado, la privatización del agua
La alianza entre gobiernos con el sector privado en la década de 1990, expandieron las empresas trasnacionales de agua. Suez, RWE y Veolia Environment, se lucran con el agua potable. Otras compañías de refrescos como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y Danone, son las que dominan el mercado del agua.
La privatización de empresas llegó con la privatización de las empresas de servicios públicos en Colombia, en particular el agua.
Lo cierto es que el agua se agota y el verano de este año disfrazado de “fenómeno del niño”, bajó los niveles de agua de los principales ríos del país y dejó sin agua a cientos de poblaciones. Los incendios y la destrucción de extensiones de bosque se aliaron al desabastecimiento de agua. Entonces, no es necesario hacer estudios y proyecciones para saber cómo serán los próximos veranos. Las decisiones de control en el tema ambiental son inmediatas y obligatorias tanto para comunidades como para gobernantes locales y nacionales como lo establece la norma: “garantizar el derecho fundamental al agua”.
Muere el Normalismo y la Normal Veracruzana no se mueve
La reforma de las Normales
Las reformas pretenden modificar algún aspecto de las instituciones. En el caso que nos ocupa, la reforma planteada por Aurelio Nuño, titular de la SEP, plantea la desaparición de las Escuelas Normales:
primero, con la modificación a la ley cualquiera con grado de licenciatura puede ser maestro en educación básica con solo pasar un examen de conocimientos, ya no se deberá ser Normalista (deja de existir la formación inicial especializada),
segundo, la implementación de una estrategia para cerrar a las escuelas normales rurales y,
tercero, el planteamiento de que las Normales consolidadas, podrán impartir algunos de los 550 cursos dirigidos a los maestros de educación básica en servicio y con ello garantizar su permanencia como instituciones encargadas de la formación continua (ya no inicial), al obtener una parte de los 1,809 millones destinados para este fin.
La capacidad de respuesta de las Normales
Las instituciones pueden desaparecer por dos circunstancias: porque se modifica el marco normativo que les da sentido y articula a un sistema, o bien, porque las redes de prácticas y relaciones que le dan identidad se erosionan a tal punto que se desdibujan sus márgenes, sus tendencias se quiebran y sus valores fundantes ya no son reconocidas por sus integrantes.
En el primer caso, las instituciones pueden sobrevivir ante las reformas, si cuentan con una fuerte cohesión interna, una mística compartida y una historia que le da sentido de futuro. Incluso puede darse el caso que se modifiquen los nombres de las instituciones y se le encarguen nuevas tareas, pero la cultura institucional puede sobrevivir e incluso imponerse a las reformas.
En el segundo caso, la vida cotidiana sin anclaje histórico y el relevo generacional sin un proceso identitario, crean las condiciones para que las instituciones se desdibujen a tal grado que ante reformas que buscan su desaparición, un porcentaje de sus integrantes se muestre abierto a lo nuevo y con prisa por dejar lo viejo, pero sin saber, qué es lo nuevo a lo que se aspira y que es lo viejo que busca renovarse. En este escenario, algunos grupos se oponen débilmente a la reforma, pero son incapaces de conformar un polo de interpelación. Al final las reformas se imponen y llegan hasta donde sus promotores desean.
¿Qué capacidad de respuesta tiene la Normal Veracruzana? Para responder a esta pregunta, analicemos brevemente las acciones que han desarrollado en algunos momentos clave y a partir de ello perfilemos su abanico de posibilidades para defender su existencia como institución responsable de la formación inicial de maestros de educación básica:
Posicionamientos de la Respetable Junta Académica, las cuales son inserciones pagadas para su publicación en medios impresos. Rara vez forman parte de una estrategia integral, es una acción que se agota en sí misma y cuya presión pública en este momento es nula.
Marchas organizadas y autorizadas por algún órgano de autoridad interna, lo cual le da un carácter muy particular a estas expresiones en la calle y que presionan débilmente a la autoridad.
Vinculación con otras normales, hay algunas experiencias positivas en este rubro, aunque hasta el momento se han agotado en la construcción colegiada de documentos escritos, es decir, apelando a una institucionalidad que en este momento ya tomó una decisión, las normales desaparecen.
Acciones en el marco de la Coalición de Sindicatos, las cuales se han desarrollado como medida de presión pública a la autoridad y que han rendido algunos resultados. Entre estas acciones se encuentran: toma de edificios públicos (SEFIPLAN), bloqueo de vías de comunicación y marchas. El Sindicato de la Normal (STENV) desarrolló hace algunos días una campaña en redes sociales, cuya efectividad es necesario evaluar.
¿Qué posibilidades tiene de defensa la Normal Veracruzana? El escenario no pinta bien, ya que para defender su permanencia como institución responsable de la formación inicial de maestros, deberá sacudirse el institucionalismo en el que se ha movido siempre, ya que es ese institucionalismo quien ha decretado su extinción.
Pasar del oficialismo-conservador a una postura de defensa, pasa también por preguntarse si los que integran actualmente la Normal como trabajadores y estudiantes, consideran que hay algo por defender, es decir, si se tiene claridad que el Normalismo es un pilar histórico de la educación pública y que su desaparición implica la imposición de una mirada neoliberal en la formación de ciudadanos a través de la educación.
No necesitaremos esperar mucho para saber si la defensa de la educación pública y del Normalismo, lo encabezarán las escuelas Normales u organizaciones externas a ellas. Por lo pronto, se observa que la Normal Veracruzana no se mueve, que en la lógica gubernamental equivale a decir “aquí no pasa nada”.
Tres acciones factibles de implementar desde la Normal Veracruzana
Creación de un órgano colegiado de defensa, donde estén representadas todas las voces, incluidos egresados e invitados clave.
Reorientación del Congreso Nacional a realizarse del 22 al 24 de junio, ya que el enfoque no es acorde a la realidad que se está viviendo. El título “Una mirada hacia el futuro de la educación pública”, implica una actitud contemplativa y académicamente de aceptación y descripción de lo que será en un “futuro”, pero sin un compromiso por modificarlo. El título podría ser: “Hacia una Agenda para la refundación de las Escuelas Normales” que implique la creación de un cuerpo colegiado nacional plural, con la fuerza suficiente para dialogar con la autoridad federal.
Antes del Congreso Nacional de Normales, la Normal Veracruzana puede convocar con carácter de urgente al Congreso Nacional de Egresados de Escuelas Normales con la misma finalidad, crear una Agenda y estructura con capacidad de respuesta. Los dos Congresos tendrían como objetivo principal el rechazar la actual propuesta de la SEP, de que cualquiera con nivel de licenciatura puede ser maestro de educación con solo pasar un examen de conocimientos.
Como egresado de una escuela Normal y como docente de posgrado en una Normal, consideró que las condiciones están dadas para incidir en la Agenda del gobierno federal, al grado de obligarlo, por los costos en la gobernabilidad, a modificar su ruta de implementación. El éxito de la Reforma ya no depende del gobierno, sino de nuestra capacidad de organización e incidencia.
La crisis brasileña
Por Olmedo Beluche
La Prensa 2 de abril de 2016
En Brasil hay se está produciendo un golpe de estado bajo la figura de una investigación parlamentaria. Se pretende destituir a la presidenta legítimamente electa de ese país, Dilma Rousseff, con argumentos falaces para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno, e imponer al vicepresidente, Michel Temer, del partido derechista PMDB.
Es un golpe parlamentario similar al que se hizo contra Fernando Lugo del Paraguay hace unos años. Hay que repudiar ese atentado contra la democracia brasileña y latinoamericana. La oposición de derecha, que pedió las elecciones, pretende burlarse de más de 50 millones de brasileños que votaron por Dilma y quedarse con el poder sin que medie ninguna consulta popular.
La presidenta Dilma Rousseff NO está acusada en la investigación de corrupción llamada «Lava Jato», ni de cometer peculado. La absurda acusación con la que se la pretende destituir es la de haber hecho algo usual para sus predecesores y para muchos gobiernos en el continente: hacer traslados de partidas para cuadrar el presupuesto.
La investigación de la procuraduría federal denominada «Lava Jato» sí recabó evidencias de un desfalco multimillonario contra la empresa estatal de petróleo, Petrobras, del que la principal beneficiaria era la empresa Odebrecht. Esta empresa pagó coimas («propinas») a funcionarios corruptos del P.T., pero también a otros de los partidos PMDB y Progresista.
Así mismo ha salido a la luz el cobro de coimas por más de 5 millones de dólares, por el presidente del Senado, uno de los acusadores de Dima, el ultraderechista Eduardo Cunha. Otras investigaciones han destapado anomalías en la gobernación de San Pablo, controlada por el PSDB. También las investigaciones muestran una relación estrecha entre Lula y la empresa Odebrecht, que le pagaba por conferencias en el extranjero. Pero Lula dice que muchos ex presidentes de otros países también cobran por dictar conferencias. No parece haber un problema legal, aunque para el movimiento sindical de donde proviene, sí puede haber un problema ético – político.
Todos los grandes partidos brasileños están involucrados de una u otra forma en casos de corrupción, no solo el PT como quieren hacer ver los medios de comunicación. Mal puede un Congreso cuestionable y corrupto juzgar a la presidenta, destituirla y reemplazarla por un sujeto que no fue electo por el pueblo y cuyo partido también está acusado de corrupción. Por eso muchos sectores sostienen que, quien debe decidir es el pueblo y no el Congreso, ya sea con un referéndum revocatorio, nuevas elecciones o una asamblea constituyente popular.
Brasil está dividido en dos: un sector, especialmente la clase media y alta, que apoya a la derecha y el golpe parlamentario; y los pobres y trabajadores que defienden la democracia. Ha habido grandes movilizaciones de ambos bandos, aunque los medios sólo dieron despliegue a las manifestaciones de la derecha.
Lo que prueba la corrupción generalizada en la política brasileña, y que es la punta del iceberg de lo que pasa en el continente, es que la madre de la corrupción es el propio sistema político que se basa en millones gastados en publicidad necesarios para ganar las elecciones, y que van a parar en buena parte a los medios de comunicación de masas. Ese sistema que no se basa en programas, ni méritos, sino en la plata, es el que abre la puerta a relaciones pecaminosas entre políticos y empresas como Odebrecht.
China prohibe los deberes escolares a los niños
Fuente Globalasia
El Ministerio de Educación de China ha prohibido los deberes y los cursos de verano para los niños de entre 6 y 8 años, los de primer y segundo curso de primaria, ante las quejas por la excesiva presión que sufren muchos escolares.
La decision del gobierno ha sido recibida con controversia desde el ministerio de educación de China se insiste en que los niños deben tener más tiempo para experimentar con la naturaleza y puedan participar en actividades sociales.
En la circular ministerial emitida se insta a los padres a que elijan bien las actividades extraescolares de sus hijos y que no sobrecarguen en exceso a los niños.En el gigante asiático es normal que los niños asistan a actividades como arte, idiomas o música dejando a los infantes poco tiempo para jugar.
Algunos expertos citados por el oficial ‘China Daily’ como An Xuehui, del Centro Nacional de Investigación Educativa, apoyan la medida, pues aseguran que “es innecesario que los estudiantes hagan unas tareas con conocimientos que ya han adquirido”, y que en cambio deben participar en otras actividades “más prácticas”.
Entre quienes los opositores a la decisión están Chu Zhaohui, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Educativas, quien defiende que “nadie conoce el estudio de los niños como sus propios profesores” por lo que debería depender de ellos la decisión de imponer o no tareas veraniegas.
Los alumnos chinos suelen ocupar los primeros puestos en los exámenes internacionales sobre conocimientos académicos (por ejemplo en el reputado Informe PISA), pero desde hace años se denuncia también que sufren demasiada presión, en parte porque muchos son hijos únicos y sus padres concentran en ellos demasiadas expectativas.
¿Excesiva presión?
El debate surge especialmente cuando en los medios se publican casos extremos de niños o jóvenes que reaccionan violentamente ante un examen suspendido o un conflicto con sus maestros.
Cada año se publican noticias sobre adolescentes que se quitan la vida por no superar la selectividad nacional, el llamado ‘gaokao’, prueba que se realiza en el mes de junio.
La Campaña Mundial por la Educación (CME)
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la sociedad civil que trabaja para poner fin a la crisis mundial en la educación.
Nuestra misión es asegurar que los Estados actúen ya para hacer realidad el derecho de todos y cada uno a una educación pública, gratuita y de calidad.
Es cierto que los gobiernos son los máximos responsables por lo que respecta a garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación básica de calidad, pero no lo es menos que un amplio espectro de actores sociales en cada país puede y debe implicarse en la prestación de la educación. La sociedad civil es uno de esos actores y su misión, de vital importancia, es la de unirse en una sola voz en plataformas comunes para esgrimir argumentos a favor de la educación.
La Campaña Mundial por la Educación cree que la contribución de una franja amplia y coordinada de la sociedad civil es de gran valor para mejorar la educación. De acuerdo con este principio, la CME trabaja para agrupar a las partes interesadas, tales como ONGs, sindicatos de docentes, grupos parentales y organizaciones comunitarias, para que lleven a cabo la función de Coaliciones Educativas Nacionales. Estas coaliciones son la voz que representa a la sociedad civil en los foros políticos.
Las Coaliciones Educativas Nacionales pueden aportar conocimientos de primera mano, evidencia y opinión a la planificación del sector educativo, y supervisar normativas y prácticas a nivel local, fomentando el aumento del gasto para educación, y garantizando que los presupuestos educativos se utilicen correctamente y que el dinero llegue a los destinatarios previstos. Las coaliciones pueden garantizar que se dé prioridad a la educación para TODAS las personas, incluyendo a los que sufren discriminación o exclusión. También pueden propiciar la toma de conciencia sobre la educación como derecho humano que faculta a las personas para exigir a sus gobiernos lo que les pertenece por ley.
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