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Las vías abiertas de América Latina

Emir Sader

 

Cuál de las dos vías va a triunfar, es lo que se está decidiendo en este momento en el continente. Las fuerzas democráticas y populares ya no tienen derecho de volver o seguir cometiendo los errores que han cometido y que se siguen cometiendo. Es el destino de nuestros países en toda la primera mitad del siglo XXI lo que se está decidiendo. Conciencia real de los problemas que estamos enfrentando, de las fuerzas con que contamos y con las que podemos contar, de los errores cometidos, capacidad de renovación hacia las nuevas generaciones, hacia las mujeres, hacia las capas populares todavía postergadas, espíritu democrático y capacidad teórica creativa, nos pueden llevar, por la vía democrática y popular de superación de la crisis actual.

Nunca como ahora el futuro de América Latina está tan abierto. Hemos pasado por un momento, especialmente en los años 1990, en que la historia del continente parecía congelada. Se imponía un modelo de forma avasalladora, que pretendía invertir y cerrar ciclos históricos que apuntaban en otra dirección. Ya no más desarrollo económico, sino equilibrio fiscal. Ya no más distribución de renta, sino concentración en manos de los más competentes. Ya no más derecho, sino concurrencia en el mercado. Nunca más Estado, sino empresas.

Se arriesgaron, en medio a consensos que creían fatales, a anunciar el fin de la Historia, que reposaría eternamente en los brazos de la democracia liberal y de la economía capitalista de mercado. Enterradas las alternativas, el capitalismo y el imperialismo podrían rediseñar el poder en el mundo.

América Latina era protagonizada por personajes como Carlos Menem, Alberto Fujimori, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Andrés Pérez, Sánchez de Losada, Salinas de Gortari, Lucio Gutiérrez, entre otros, consagrados entonces por la prensa internacional como los “modernizadores”, los “liberalizadores”, los “globalizadores” de nuestras sociedades, al fin salvadas del “populismo”, del “estatismo”, del “nacionalismo”.

Víctima privilegiada de las grandes trasformaciones regresivas ocurridas en el mundo y, en particular, del neoliberalismo, donde ocurrieron más gobiernos y los más radicales, América Latina reaccionó como ya pocos creían posible. Y se ha vuelto la única región del mundo con gobiernos antineoliberales, con procesos de integración regional, con capacidad para revertir las fuertes tendencias a la desigualdad social y al aumento de la pobreza y la miseria en el mundo.

América Latina ganó el derecho de definir su historia a partir de la su capacidad para reaccionar frente al modelo neoliberal y a la globalización. Gracias al liderazgo de dirigentes como Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros. Ahora América Latina se enfrenta a los efectores duraderos de la recesión internacional y a articulaciones derechistas internas, generando crisis en varios de nuestros países.

En este momento, en medio de la segunda década del siglo XXI, se puede decir que el futuro del continente está abierto. Nadie puede garantizar que los gobiernos antineoliberales se van a consolidar definitivamente, menos tampoco que los intentos de restauración conservadora se van a imponer.

Las dos vías están abiertas. Lo que se puede decir es que el escenario político latinoamericano será nuevo a partir de ahora. Ya no se contará con precios altos de los productos de exportación, al contrario, la recesión internacional tiende a extenderse. Tampoco será posible que cada país reaccione aisladamente frente a la recesión internacional.

La vía de la restauración está siendo puesta en práctica en Argentina y rápidamente demuestra cómo sus planteamientos profundizan la recesión, el desempleo, el endeudamiento y hasta la misma inflación. Es una vía que recorta los derechos sociales, concentra renta, subordina los intereses del país a los grandes capitales internacionales y a Estados Unidos. Conocemos hacia donde podría conducir esta vía a nuestros países, hemos vivido el auge del neoliberalismo en los años 1990, sabemos que es una vía trágica para nuestros países y para nuestros pueblos.

La otra es la vía de consolidar los extraordinarios avances logrados y avanzar hacia una América Latina todavía más integrada, por el Mercosur, por Unasur, por Celac, más vinculada al destino del Sur del mundo, de los Brics, de su Banco de Desarrollo. Con gobiernos antineoliberales articulando y poniendo en práctica un modelo integrado de desarrollo con distribución de renta, profundizando incesantemente sus mercados internos de consumo de masas, fortaleciendo y democratizando más a sus Estados, con procesos de formación democrática de sus opiniones públicas, contrayendo modelos de superación del neoliberalismo y de construcción de sociedades basadas en el derecho de todos.

Cuál de las dos vías va a triunfar, es lo que se está decidiendo en este momento en el continente. Las fuerzas democráticas y populares ya no tienen derecho de volver o seguir cometiendo los errores que han cometido y que se siguen cometiendo. Es el destino de nuestros países en toda la primera mitad del siglo XXI lo que se está decidiendo. Conciencia real de los problemas que estamos enfrentando, de las fuerzas con que contamos y con las que podemos contar, de los errores cometidos, capacidad de renovación hacia las nuevas generaciones, hacia las mujeres, hacia las capas populares todavía postergadas, espíritu democrático y capacidad teórica creativa, nos pueden llevar, por la vía democrática y popular de superación de la crisis actual.

Las dos vías están abiertas. Las duras peleas actuales es para decidir cuál de las dos se va a imponer

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EE.UU: Education researchers blast Common Core standards, urge ban on high-stakes test

TheWashingtonPost/16-03-2016/ Por: Valerie Strauss

Resumen: Mas de 100 investigadores de la educación en California se han unido en un llamado para poner fin a las pruebas estandarizadas, debido a que consideran que no existe evidencia convincente para apoyar la idea de que los estándares estatales comunes mejorarán la calidad de la educación en los niños y su rendimiento, por el contrario, carecen de validez, fiabilidad y equidad. En este sentido, la Alianza de Investigadores de California para la equidad de la educación, representada por un grupo de investigadores de la educación superior (Universidad de Stanford, UCLA, Universidad de California en Berkeley), publicaron recientemente un informe en el que se describen las preocupaciones en torno a las normas básicas y las evaluaciones a las que son sometidos millones de estudiantes en California y otros estados del país, donde expresan que las pruebas causan daños a los estudiantes al no propiciar ni promover pensamiento crítico ni
aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que incide en la disminución de tasa de graduación, el bajo rendimiento y la elevación de los índices de deserción escolar. Por su parte, la iniciativa Common Core Estándares se ha convertido en una cuestión política, donde los candidatos presidenciales han opinado sobre su consecución o eliminación, como fuerte de promesa electoral; lo cierto es que el informe redactado por el equipo de investigadores se inclina por explicar que la educación basada en estándares, nunca ha demostrado ser eficaz.

Se hace alusión, también que la nueva ley de educación, devuelve por parte del gobierno federal a los estados una buena cantidad de poder en el terreno educativo para la formulación de políticas que había sido utilizada por el gobierno de Obama de una forma sin precedentes.

Es importante, reseñar de esta noticia que California adoptó los Estándares Estatales Comunes desde 2010 y optó por alinearse con uno de los consorcios de prueba multi-estado financiados por la administración, que produce un
sistema de prueba conocida como la SBAC. Este grupo, así como la Asociación para la Evaluación de la preparación para universidad y carreras (que produjo evaluaciones PARCC), contratado con empresas de pruebas lidederes,
incluyendo A Perarson, el Educational Testing Service y CTB de la McGraw-Hill, con el fin de desarrollar nuevos exámenes, los cuales fueron tomados por los estudiantes en la primavera de 2015, con su consecuente
fracaso en los resultados, con indicadores por debajo de las competencias que debían adquirir. Además que el costo de la aplicación de las evaluaciones de la CCSS es alta e injustificadas, debido a que la concentración de esfuerzos y recursos financieros para lograr su acometida,ha desplazado otras prioridades como: reducción de clases, la
formación de profesores de calidad, la apertura de programas de artes, apertura a las ciencias, reemplazo de equipos de tecnología, entre otros.

More than 100 education researchers in California have joined in a call for
an end to high-stakes testing, saying that there is no “compelling”
evidence to support the idea that the Common Core State Standards will
improve the quality of education for children or close the achievement gap,
and that Common Core assessments lack “validity, reliability and fairness.”

The California Alliance of Researchers for Equity in Education, a
statewide collaborative of university-based education researchers, recently
released a research brief (see in full below below) describing concerns
with the Common Core standards and the assessments being given to millions
of students in California and other states around the country this spring.

What the Common Core tests are — and aren’t

The researchers, from public and private universities in California —
including Stanford University, UCLA, and the University of California
Berkeley — say that the Common Core standards themselves do not accomplish
what supporters said they would and that linking them to high-stakes tests
actually harms students. The brief says:

Although proponents argue that the CCSS promotes critical thinking skills
and student-centered learning (instead of rote learning), research
demonstrates that imposed standards, when linked with high-stakes testing,
not only deprofessionalizes teaching and narrows the curriculum, but in
so doing, also reduces the quality of education and student learning,
engagement, and success. The impact is also on student psychological
well-being: Without an understanding that the scores have not been proven
to be valid or fair for determining proficiency or college readiness,
students and their parents are likely to internalize failing labels with
corresponding beliefs about academic potential.

More specific to California: a recent study on the effects of high-stakes
testing, in particular of the CA High School Exit Examination (CAHSEE),
found no positive effects on student achievement and large negative
effects on graduation rates. The authors estimated that graduation rates
declined by 3.6 to 4.5 percentage points as a result of the state exit-exam
policy, and also found that these negative effects were “concentrated
among low-achieving students, minority students, and female students.”

The Common Core State Standards initiative has become a political issue,
with Republican presidential candidates, including front-runner Donald
Trump, repeatedly saying that if they become president, they will get rid
of the Core. In fact, no president can do that with executive power. While
the Obama administration supported the development of the Core and dangled
federal dollars in front of states to “persuade” state legislatures to
adopt the standards, 45 states and the District of Columbia each separately
went ahead and approved the math and English standards (though some later
decided to repeal or replace the standards). The administration provided
two multi-state consortia with some $360 million in federal funds to
develop new Core-aligned standards tests, which states could choose to
join. The federal government can’t directly dictate to a state what
standards and curriculum it must use.

Early in the development of the Core, there appeared to be little
controversy and bipartisan support. But after implementation began several
years — and was botched in many places — concern began to grow from across
the political spectrum, for different reasons. Some educators and
researchers questioned the way the standards were written (whether, for
example, there was any or enough input from working teachers) and some
criticized the content of the standards, especially for young children.
Some critics said standards-based education has never been shown to be
effective, and others felt the administration’s involvement usurped local
authority. Tea party members and even the Republican National Committee
jumped onto the anti-Core bandwagon, accusing the administration of a
federal takeover of public education, extreme right-wing rhetoric that clouded
a real discussion about the Core.

Donald Trump is wrong about Common Core — but he’s not the only candidate
who is

The administration’s support for the Core was one of the issues that
propelled critics to accuse the U.S. Education Department of micromanaging
local education issues and pushed Congress to finally move, last December,
to pass a successor bill to the widely disliked K-12 No Child Left Behind
law. The new law, the Every Student Succeeds Act, sends back from the
federal government to the states a good deal of education policymaking
power that had been used by the Obama administration in an unprecedented
manner.

The brief also says:

Overall, there is not a compelling body of research supporting the notion
that a nationwide set of curriculum standards, including those like the
CCSS, will either raise the quality of education for all children or close
the gap between different groups of children. Therefore attaching
high-stakes testing to the CCSS cannot be the solution for improving
student learning.

Yet, with the CCSS comes even more testing than before, and based on those
test scores, any number of high-stakes decisions may follow, all of which
are decisions using scientifically discredited methods, namely, the use of
value-added modeling that purport to attribute gains in test scores to such
factors.

California adopted the Common Core State Standards in 2010 and chose to
align with one of two multi-state testing consortia funded by the
administration. California signed up with the Smarter Balanced Assessment
Consortium, which produced a testing system known as the SBAC. That group,
as well as the Partnership for Assessment of Readiness for College and
Careers (which produced the PARCC assessments), contracted with leading
testing companies, including Pearson, the Educational Testing Service, and
CTB/McGraw-Hill, to develop the new exams. In 2013, California began
pilot-testing the SBAC exams, and in spring 2014 conducted widespread field
testing. Later that year, high-stakes summative and interim standardized
SBAC tests were administered; in spring 2015, several million students took
the SBAC, and, as predicted a majority of students failed.

The brief says:

Testing experts have raised significant concerns about all (SBAC, PARCC,
Pearson) assessments, including the lack of basic principles of sound
science, such as construct validity, research-based cut scores, computer
adaptability, inter-rater reliability, and most basic of all, independent
verification of validity. Here in California, the SBAC assessments have
been carefully examined by independent examiners of the test content who
concluded that they lack validity, reliability, and fairness, and should
not be administered, much less be considered a basis for high-stakes
decision making. When asked for documentation of the validity of the CA
tests, the CA Department of Education failed to make such documentation
public. Even SBAC’s own contractor, Measured Progress, in 2012 gave
several warnings, including against administering these tests on computers.

Nonetheless, CA has moved forward in full force. In spring 2015, 3.2
million students in California (grades 3-8 and 11) took the new,
computerized Math and English Language Arts/Literacy CAASPP tests
(California Assessment of Student Performance and Progress). The tests were
developed by SBAC, and administered and scored by Educational Testing
Service. Scores were released to the public in September 2015, and as many
predicted, a majority of students failed (that is, were categorized to be
below proficient). SBAC itself expected that pass rates would go down, and
would be particularly low for certain groups, including English-language
learners (who make up over 22% of the enrollment in CA public schools),
whom SBAC predicted would see an approximately 90% fail rate.

The impact in California of high-stakes assessments (CCSS or otherwise) is
not hard to predict. A compelling body of research exists on problems with
high-stakes testing that range from the scientific discrediting of
high-stakes testing to the disparate impact of high-stakes testing that
further widens educational inequities.

The research brief also cites these concerns:

The cost of implementing the CCSS assessments is high and unwarranted. The
CCSS testing costs for CA are estimated at $360 million dollars in
federal tax dollarsand $240 million dollars in state funds for three years
of administration and scoring. The CA general fund appropriation for pupil
testing in the 2014-2015 school year was $126,850,000. In practical terms,
this means that standardized testing has taken precedence over other
priorities such as class size reduction, quality teacher training
and retention, programs in the arts, adequate science and technology
equipment, and keeping neighborhoodschools open.

The technology and materials needed for CCSS assessments require high
and unwarranted costs. Much of these additional costs relate to
the computer-based assessments, which requireupgrading equipment
(computers, headphones, keyboards), bandwidth (for data-heavy tests
that include videos, animated graphics, and interactive charts), and
technical support in a short period of time, which means that
already-struggling schools will be disproportionately impacted.

The technology requirements raise concerns not only about cost, but also
about access. The CCSS assessments involve computer use not only for
the actual assessments, but also for the practiceassessments, and both
require that students have connectivity, computer access, and
computer familiarity. As such, CCSSassessments favor middle- and
high-income students who typically have easier access to technology,
Internet connectivity, and keyboard practice both inside and outside of
school.

The CCSS assessments have not provided for adequate accommodations for
students with disabilities and English-language learners, or for adequate
communication about such accommodations to teachers.

The researchers include a list of recommendations, including taking a new
look at appropriate standards and assessments, and placing a ban on
high-stakes testing until specific questions about proper accountability
for schools and students and teachers have been addressed.

Fuente:
www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/03/16/education-researchers-blast-common-core-standards-urge-ban-on-high-stakes-tests/

 

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México: Internet es una necesidad, no un lujo. Beltrones.

Fuente: www.informador.com.mx Autor: Manlio Fabio Beltrones

Hay ya 100 mil sitios públicos en el país con acceso a internet.

El líder nacional del PRI dijo que los jóvenes deben participar en la revolución digital.

 La participación ciudadana, sobre todo de los jóvenes, es la mejor ruta para avanzar en la revolución digital que el país requiere con urgencia, afirmó Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI.

Al evaluar con sus colaboradores los primeros resultados de la convocatoria sobre la iniciativa Internet para Todos, dijo que la propuesta consiste en emprender acciones para lograr que se haga realidad lo aprobado en la reforma en materia de telecomunicaciones y su ley reglamentaria.

Además, que «se cumpla con el derecho de los mexicanos a tener acceso a servicios de internet y banda ancha, tecnologías de la información y a la sociedad del conocimiento, en todo el territorio nacional».

Beltrones Rivera comentó que actualmente existen 100 mil sitios públicos como parques, edificios administrativos y hospitales, donde miles de mexicanos ya pueden conectarse gratis a Internet, y la meta es llegar a 250 mil.

«También está pendiente aprovechar la red de fibra óptica para que los servicios de telefonía e Internet lleguen a todo el país», señaló el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un comunicado.

Se trata de exigir que se cumpla la ley, tanto en la oportunidad de los servicios como en su calidad, pero también de construir propuestas, como la de los jóvenes emprendedores del Bajío que nos comunicaron que están llevando Internet a comunidades rurales donde las grandes compañías no llegan.

Por eso decimos que la expansión de la red representa una oportunidad para impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad, lo que hace inaceptable que la mitad de los mexicanos no tenga acceso a la red en la actualidad.

Refirió que a pocos días de haber anunciado la iniciativa Internet para Todos, han recibido comentarios, críticas, adhesiones y propuestas de los ciudadanos que piden resultados en diversos rubros como salud, educación y empleo.

«Hemos dicho que los priistas estamos trabajando duro para que la economía crezca y que la iniciativa Internet para Todos es una herramienta óptima para acelerar resultados en todos los campos», expresó.

Añadió que representa una vía para poner al alcance de niños y jóvenes,  materiales y contenidos educativos de calidad mundial; ofrece oportunidades  para que jóvenes emprendedores innoven sus negocios e, incluso, para llevar servicios médicos con nuevas modalidades.

«Se trata, en síntesis, de que cada mexicano se integre a la revolución del siglo XXI, la revolución digital, y así lo hemos comentado a nuestros interlocutores en las redes sociales», concluyó Beltrones Rivera.

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¿Cómo está la educación superior en Colombia? I Parte

 Colombia /Mauricio Gómez / Información publicada en el periódico digital CM& la noticia

A partir de este lunes arranca el especial de dos días del cronista Mauricio Gómez sobre el estado actual de la educación superior en Colombia. Este análisis involucra a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en la investigación de un desalentador panorama que sigue afrontando la juventud en materia de acceso y oportunidades.

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‘En Colombia las universidades son una prolongación de los estratos que tenemos’ comentó el periodista, al destacar entre sus hallazgos que son varios los problemas que complican la calidad de la educación superior en el país.

El alto costo de las matrículas solo es una de las muchas preocupaciones que mantiene crítica la situación, de lo que en términos generales funciona como un negocio muy rentable. Qué tan fácil es entrar a la universidad y pagarse los estudios es uno de los principales interrogantes que Gómez abarca en su nueva entrega.

Mauricio Gómez sostuvo que la educación superior ‘sigue siendo un privilegio y solo el 48% de los bachilleres llega a la universidad’. La mitad deserta principalmente porque no pueden pagar sus estudios, pero el bajo nivel académico de los bachilleres del país también contribuye con el pobre rendimiento del estudiantado.

El más contundente reflejo de eso fueron los últimos resultados de la Prueba Pisa, donde Colombia figuró última entre los 18 países que escogieron, con un déficit especialmente duro en las competencias de matemáticas, ciencias y comprensión lectoescritora.

Peor aún, más del 50% de los estudiantes colombianos que intentan ingresar en la universidad tienen problemas de lectoescritura, según un estudio de la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina). El informe señala que solo el 49,1 % de los estudiantes que se examinó en 2015 para entrar en esa institución superó la prueba que mide la capacidad y habilidad de leer y escribir correctamente.

El bajo desarrollo bilingüe, el rol de instituciones como el Sena y el Icetex o programas como Ser Pilo Paga para las comunidades de menos recursos y otros aspectos de la vida educativa como la producción investigativa y el estado del profesorado también fueron abarcados en este trabajo.

 

Fuente de contenido e imagen:

http://www.cmi.com.co/como-esta-la-educacion-superior-en-colombia-primera-parte-0

http://www.eldiariony.com/2015/07/06/como-reducir-costos-educacion-superior/

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Comisión Internacional sobre la Financiación/ Oportunidad Global en Educación

La Sra. Teopista Mayanja The International Commission on Financing Global Education Opportunity (The Education Commission) de Uganda intervino en el 8vo Foro Internacional de Diálogo de Políticas Educativas sobre el el tema del Financiamiento de la educación de cara a las metas 2030.  Esta importante intervención resulta de utilidad para los debates que adelanta el movimiento pedagógico internacional en la perspectiva de trabajar por una educación incluyente, pública, gratuita y de calidad.  Pueden acceder al esquema de esta intervención en el siguiente enlace:

Comisión Internacional sobre la Financiación

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Subvenciones escolares y docentes contratados: lecciones de América central

OVE/ Marzo 2016/ Continuando con la divulgación de los debates ocurridos en el 8vo Internacional de Diálogo de Políticas Docentes, en esta oportunidad daremos a conocer la exposición de Marcelo Souto del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) de la UNESCO, sede Buenos Aires.  Pueden acceder a este material en el siguiente enlace:

Subvenciones escolares y contratación de docentes

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Capacitación de los profesores en las zonas rurales de China

OVE/Marzo 2016/ En esta oportunidad colocaremos a disposición de nuestros lectores la intervención del Dr.  Liping Peng del International Center for Teacher Education East China Normal University,  respecto  a la capacitación de profesores en las zonas rurales de China. Esta exposición la realizó en el marco del 8vo Foro Internacional de Diálogo de Políticas Docentes, que acaba de concluir en México.  A continuación el enlace para acceder al esquema utilizado en la exposición:

capacitación de profesores en las zonas rurales de China

 

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