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España: el envejecimiento poblacional y la atención que demanda

El impacto causado por el covid-19 ha sido terrible en el entorno más vulnerable, el de las personas de mayor edad, tanto en la altísima mortalidad sufrida en las residencias como en las condiciones en que se encuentran quienes han sufrido la pandemia en su hogar. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa el especial cuidado que merece la tercera edad y las personas dependientes, un enorme desafío de alto contenido ético que el conjunto de la sociedad debe afrontar, tanto en lo que se refiere a su salud como a la propia calidad de vida. La insuficiente falta de financiación del sistema de dependencia, aun a pesar de la ley que la regula, provoca, por ejemplo, que en España haya más de 230.000 personas dependientes todavía sin prestación y casi 150.000 a la espera de ser valoradas, sin contar con que las ayudas son precarias y muy raramente sirven para paliar los déficits de asistencia.

Galicia, a la cabeza del envejecimiento demográfico en España, tiene en consecuencia un reto mayor que el de otras regiones para prestar a toda esta población la atención obligada. En 2035 un 33% de los habitantes de la comunidad tendrá más de 65 años, es decir, uno de cada tres gallegos ya estará en la franja de la tercera edad. Y para entonces pasará de tener el 4,1% de su población en situación de dependencia pendiente de protección pública al 5,5%, lo que supone nada menos que 28.000 personas más que ahora. Si a ello se suma el desplome de la natalidad y en consecuencia la falta de relevo generacional, la atención en los hogares de nuestros mayores en dificultades se torna una misión casi imposible.

La ley de Dependencia supuso, sin duda, un salto cualitativo en la protección social de este amplio colectivo poblacional, aunque cuenta con severas dificultades financieras para su pleno desarrollo. Las políticas de asistencia social necesitan un giro para paliar una situación deficitaria en lo que se refiere a la oferta pública de residencias, sometidas en la actualidad a unas listas de espera insoportables. En el otro lado de la balanza, el vacío lo ocupa la iniciativa privada, cuyo catálogo de atención de mayores se rige por los precios de mercado, solo aptos para quien pueda pagarlos y no todos pueden hacerlo. Resulta apremiante seguir impulsando más y mejores alternativas frente a un problema que crecerá exponencialmente debido a la baja tasa de natalidad y a los cambios que se vienen produciendo en los entornos familiares, donde además los núcleos tradicionales mutan hacia otros modelos que no contemplan la convivencia con los mayores.

El futuro solo puede abordarse, por un lado, con la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la creación de una red residencial sostenida en parte a través de las aportaciones de los peticionarios, cuyas pensiones serán imprescindibles para sufragar los gastos de un sistema equilibrado que cubra el amplio abanico de necesidades de una generación con hábitos muy diferentes a los de sus ancestros.

La previsible demora en crear una completa oferta pública estable obliga a alcanzar acuerdos con centros privados a través de los necesarios concursos. Prueba del colapso y los trastornos sociales que provoca la carencia de un proyecto para los mayores en el conjunto del país no radica solo en las eternas listas de espera, sino también en los ingresos hospitalarios de ancianos que ocupan camas en los centros sanitarios al oponerse sus familias al traslado domiciliario porque aquellos no pueden regresar sin apoyos o porque éstas carecen de medios para atenderlos en el hogar. Solo en 2020, la Xunta internó de urgencia en residencias a casi 800 ancianos que no podían valerse por sí mismos y no tenían a nadie que los pudiera cuidar.

Esta es la situación actual, a la que se suma que más del 85% de los cuidadores son familiares sometidos a la presión de tener que conciliar sus vidas privadas y laborales con la atención a sus mayores. No obstante, el escenario demográfico de futuro es aún peor. Urge que las administraciones actúen en consecuencia, previendo que la generación de los baby-boomers llegará en la próxima década a la senectud. Y en menos de veinte años, el sistema tendrá que atender al doble de personas que en la actualidad, una cifra que las proyecciones elevan a dos millones de ancianos. La población envejecida se incrementará, habrá más dificultades en el acceso y en la conservación de la vivienda, tendrá una menor cobertura familiar y menos ingresos para hacer frente a sus necesidades, el pago de las pensiones se complicará y, con las restricciones a la inmigración, habrá también menos personas que puedan intervenir en el sistema de cuidados.

Además de residencias adaptadas a las exigencias de tiempos pandémicos, hace falta un programa moderno de atención. Adaptado a las nuevas circunstancias laborales y a los cambios sociológicos en los entornos en el que se priorice una efectiva atención domiciliaria, con proyectos para acompañamiento a las familias y una mayor cobertura de cuidadores, tanto en extensión de las horas invertidas como de su estatus y condiciones laborales.

La Xunta viene esta semana de anunciar por boca de su presidente Feijóo en el debate sobre el estado de la Autonomía un nuevo modelo de residencias de mayores, que se enviará en las próximas semanas al Parlamento. Entre las novedades, figura que todos los centros nuevos deberán estar divididos en unidades de convivencia de 25 personas como máximo, que servirán como pequeños hogares dentro de cada residencia. También se crearán las primeras unidades de cuidados intermedios en las que se atenderá a los mayores, que tras recibir el alta de un centro de salud, necesiten un “acompañamiento social”. Al anuncio se suma el acuerdo entre PP y PSdeG para la creación de 2.000 nuevas plazas públicas en residencias de mayores en tres años. Son pasos, que a falta de conocer el recorrido final, apuntan en la buena dirección.

El Gobierno, por su parte, ha impulsado un plan de choque, de común acuerdo con autonomías y agentes sociales, que implica una inversión en tres años de 3.600 millones de euros con el objetivo prioritario de reducir las listas de espera e introducir avances en los servicios y prestaciones. La administración central calcula llegar a un porcentaje de financiación del 26,5% para paliar los recortes promulgados por el PP, pero aun alejado de la cifra prevista por la ley. La Xunta se ha comprometido a reducir la burocracia y agilizar la valoración de los beneficiarios de ayudas, consciente del galimatías jurídico existente, y del sufrimiento de muchos afectados. Los concellos, a los que se ha transferido la competencia autonómica del servicio de ayuda al hogar, ven como estas partidas se llevan la mayor parte del gasto social. Ni aun así los fondos llegan ni hay profesionales suficientes para su atención. Con el coste de los cuidados disparado, el aumento de dependientes y la demanda creciente de personal cuadrar las cuentas es un triple reto.

El envejecimiento de la generación más numerosa, más allá de su impacto en la pirámide poblacional, afectará también sensiblemente a la economía y a la distribución de la riqueza. Por eso resulta esencial salvaguardar los derechos básicos del Estado del bienestar para evitar un aumento de la desigualdad y, especialmente, la defensa de la dignidad en una sociedad que, como hemos visto y sufrido, no puede permitirse dejar de lado a sus mayores.

Fuente de la información e imagen: https://www.laopinioncoruna.es

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Europa: Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a la natalidad

Un nuevo estudio analiza los cambios en la tasa de natalidad de 22 países de ingresos altos durante los primeros meses de la covid-19. Los estados del sur de Europa, como España e Italia, presentaron peores datos de natalidad que los nórdicos, lo que podría estar vinculado a una mayor protección social en los últimos.

Un estudio internacional, liderado por la Universidad Bocconi (Italia), confirma que la llegada de la covid-19 está relacionada con un descenso de las tasas de natalidad en los países de renta alta. Los resultados, publicados en la revista PNAS, revelan que los nacimientos disminuyeron especialmente en el sur de Europa, como España.

Las pandemias son un factor clave de los cambios en las poblaciones humanas, ya que afectan tanto a las tasas de mortalidad como de fertilidad. Hay registros de que la pandemia de la gripe española (1918-1919) provocó, en Estados Unidos, un descenso de hasta un 13 %. En Reino Unido, Japón, India y Noruega, entre otros, también se observó la misma tendencia.

Para analizar con detalle este fenómeno, los investigadores del nuevo trabajo estudiaron 22 países de renta alta (Estados Unidos, Israel, Singapur, Corea del Norte, Japón y varios europeos, como España) y compararon las tasas brutas de natalidad mensuales medias desde noviembre de 2020 ─nueve meses después de que la OMS declarará la pandemia─ hasta marzo de 2021, con las del mismo periodo un año antes.

“Las diferencias entre países atienden a varias razones. Una de ellas es el alcance de la pandemia, diferente en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay registros de concepciones entre febrero y marzo. En ese momento, la enfermedad aún no había cobrado ahí toda su fuerza. Sin embargo, territorios como Italia y España estaban ya en pleno estado de alarma”, indica a SINC Arnstein Aassve, primer firmante de la investigación.

Datos negativos, con diferencias entre países

Las tasas de natalidad cayeron en casi todos los países analizados. Los peores datos fueron recogidos en el sur de Europa. Las tasas brutas de natalidad descendieron un 9,1 % en Italia, un 8,5 % en Hungría, un 8,4 % en España y un 6,6 % en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso significativo.

Sin embargo, se encontraron valores positivos, aunque no significativos, para 9 de los 22 países de la muestra: Eslovenia, Corea del Sur, los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia), Alemania, Países Bajos y Suiza.

“Tener hijos forma parte de una estrategia de planificación a largo plazo, y es muy costoso. Es cierto que el alcance de la pandemia fue menos grave en los países nórdicos. Pero, al mismo tiempo, sus habitantes saben que la protección social es más fuerte en caso de que pierdan su empleo como consecuencia de esta situación”, afirma el investigador.

Así, los países que cuentan con estrategias políticas que ayudan a las personas a hacer frente a los problemas que pueden surgir de una pandemia, se ven menos afectados por este tipo de crisis. “La covid-19 impacta en la dinámica de la población y puede conllevar implicaciones políticas para el cuidado de los niños, la vivienda y el mercado laboral”, apunta el estudio.

Qué puede esperarse en las siguientes oleadas

Aassve quiere dejar claro que este estudio analiza solo los primeros meses de la pandemia. “La primera oleada fue sin duda un choque enorme e inesperado. Y no cabe duda de que una mayor incertidumbre conlleva una menor fertilidad. Aunque es posible que las siguientes oleadas hayan supuesto una experiencia de choque: la mayoría pensaba que todo había terminado en el verano de 2020, cuando las tasas de infección eran drásticamente más bajas”.

“Por ello, la segunda ola podrían haber sido un nuevo shock y, por tanto, una nueva disminución de la fertilidad. Pero quizás en la tercera ola la gente haya empezado a adaptarse a la nueva normalidad. De momento no podemos saberlo, aunque seguro que habrá muchos estudios de seguimiento al respecto”, concluye el autor.

Referencia:

Aassve et al. “Early assessment of the relationship between the COVID-19 pandemic and births in high-income countries”. Proceedings of the National Academy of Sciences 2021

Fuente de la información e imagen: SINC

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La OIT pide aumentar la protección de los trabajadores a domicilio

La pandemia acelera el paso al teletrabajo en medio de legislaciones deficientes, según el organismo de la ONU

La pandemia ha aumentado la nómina mundial de los trabajadores a domicilio. En medio de restricciones de movilidad para contener la propagación del virus, las empresas e instituciones han modificado sobre la marcha su modus operandi para garantizar la continuidad de sus cadenas de producción, mientras los trabajadores han tenido que convertir las mesas de sus cocinas en escritorios y escenarios para innumerables videoconferencias por Zoom. Pero el reajuste deja una cuenta pendiente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): garantizar la protección social y económica de los empleados que trabajan desde el hogar.

En el informe Trabajo a domicilio. De la invisibilidad al trabajo decente publicado este miércoles, la OIT pone de relevancia una deuda cotidiana para unos 260 millones de personas que ya trabajaban a domicilio en todo el mundo antes de la crisis de la Covid-19, un 7,9% del empleo mundial. «Por lo general, la reglamentación del trabajo a domicilio es deficiente y el cumplimiento de la legislación vigente resulta complejo. En muchos casos, los trabajadores a domicilio son considerados contratistas autónomos y, en consecuencia, quedan excluidos del ámbito de la legislación laboral», afirma el organismo.

Entre las mayores deficiencias, la OIT denuncia la desventaja salarial. En el caso de Europa, en países como Reino Unido, los trabajadores a domicilio ganan un 13% menos que aquellas personas que trabajan fuera de casa. Pero la diferencia es aún mayor en otros continentes. En Estados Unidos, el salario es un 22% menos, mientras que en Argentina o México llega hasta un 50% menos.

Al desfase económico, el organismo de la ONU agrega una problemática agudizada durante las cuarentenas impuestas en 2020: el aislamiento social. Esto ha puesto de manifiesto que los trabajadores a domicilio no poseen el mismo grado de protección social que los demás trabajadores. Como este tipo de trabajo tiene lugar en la esfera privada, los home workers son menos proclives a formar parte de un sindicato, figurar en convenios colectivos o disfrutar de programas de formación, lo que aumenta la sensación de “invisibilidad” de quienes trabajan desde casa, de acuerdo con la OIT.

Estos hándicaps ya impuestos antes de la pandemia, ahora se extienden a quienes han tenido que incorporar el teletrabajo a su rutina, de la noche a la mañana. En los primeros meses de la pandemia, según el informe, en torno a uno de cada cinco empleados realizó su trabajo desde casa. Y aunque aún no se dispone de la cifra total de 2020, la OIT advierte de un crecimiento exponencial en esta modalidad a lo largo de los próximos años.

Solo en España, recelosa del trabajo remoto, el porcentaje de población que trabajaba desde casa se duplicó en los meses de emergencia y alcanzó un 30,2%, según los datos de Eurofund. Tras el experimento impuesto, ya para diciembre, ocho de cada diez empresarios afirmaban que favorecerán el teletrabajo tras el fin de la pandemia, según el estudio El futuro del trabajo después de la Covid-19, realizado por The Adecco Group Institute.

Ante este escenario, la OIT demanda a los gobiernos “garantizar que todos los trabajadores a domicilio pasen de un estado de invisibilidad a una situación con trabajo decente, con independencia de que trencen mimbre en Indonesia, elaboren manteca de karité en Ghana, clasifiquen fotografías en Egipto, cosan máscaras en Uruguay o trabajen a distancia en Francia”.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/13/economia/1610543407_026737.html

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La noción de trabajo decente, ¿un ardid de la teología del capitalismo?

Por: Eduardo Camín

 

El lenguaje es una de las herramientas usuales para interpretar y comprender la realidad. En nuestros días es habitual la utilización del lenguaje fingido, para controlar la forma de pensar o legitimar desigualdades. Y ciertas nociones o enunciados que surgen de un determinado contexto se convierten en claves para objetivar cuestiones hasta entonces no objetivadas.

Un concepto muy manido en estos tiempos es el del trabajo decente, emergente del actual contorno socio-histórico en donde la situación laboral es endeble y la categoría trabajo ha perdido significación, un concepto que se constituye en un término altamente valorativo y explicativo de la realidad, pero que, paradojalmente lleva implícito su déficit.Ponencia sobre el trabajo decente

Si bien el sentido ético es el carácter más visible de este término, cuestión que puede llevar a confundirlo con un anhelo, las dimensiones que la constituyen estructuran una sólida noción analítica y dan cuenta de cómo puede ser el trabajo, o bien, de cuánto adolece hoy en día y en cada lugar esta actividad vital, ese acto social propiamente humano.

En el marco de este proceso de formación de una nueva cultura civilizatoria, en la que teoría e historia van configurando nuevos escenarios de conocimiento y realidades sociales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1999, el Programa de Trabajo Decente ,con el cual se compromete a promover las condiciones que brinden oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Y lo definició como “el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT 1999a: 4).

Después de aquella 87ª reunión de la OIT, esta organización ha elaborado varios documentos en los que se profundiza en el concepto. En el 2000, el entonces Director General Juan Somavia, presentó una nueva metodología en la que el trabajo decente debe entenderse como un concepto integrador, en cuya realización es necesario combinar aspectos relativos a los derechos, el empleo, la protección y el diálogo en un todo.

Además debe constituir una meta, un marco para la definición y la actuación de políticas, un método de organización de actividades y programas, y una plataforma para la asociación con otras entidades (OIT 2000: párrafos 1.1 y 3.5).

Trabajo decente en condiciones indecentes

El trabajo decente | Voces en el FenixCuando hablamos de trabajo, hemos limitado su significado habitual al empleo, al trabajo asalariado. Pero abarca mucho más que eso, en capacidad creadora, construcción social, desarrollo humano, solidaridad… Muchos de los trabajos que desarrollamos, sin ser empleos, son imprescindibles para la vida humana (el trabajo en el hogar y la familia, el del cuidado, el voluntariado…) y sin ellos el empleo no se podría sostener.

La OIT acuñó el término “trabajo decente” y lo convirtiera en su prioridad a partir de 1999, entendido desde la promoción de oportunidades para que hombres y mujeres pudieran conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Desde ese momento comenzó a diseñar estrategias internacionales para que el trabajo decente ocupara un lugar central en las políticas de los gobiernos y, con ello, se lograra un progreso social y económico que fortaleciera a personas, familias y comunidades. El objetivo era reafirmar que el trabajo decente es fuente de dignidad personal, indispensable para reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo equitativo, global y sostenible.

La realidad neoliberal: ¿cómo andamos de trabajo decente?

Nuestras sociedades se han ido configurando de tal manera que lo no-productivo, lo que no es útil para obtener beneficio en el menor tiempo posible, se desecha, se descarta. En el actual contexto globalizador, el mundo se mueve alrededor de la “economía”, del mercado: trabajo, política, sociedad, ocio, relaciones, la persona es un todo. Nada queda fuera del alcance del culto al dios dinero, que convierte todo en mercancía. Incluidas las personas. Una economía que destruye toda noción de vida.

La lógica del modelo económico neoliberal dominante ha impuesto una nueva configuración del trabajo en la que el desempleo y la precariedad son lo habitual, lo normal, puesto que lo nuclear no son las personas sino la rentabilidad. Desde esa perspectiva, el empleo, y las personas que lo desarrollan, se vuelve inestable, inseguro, a merced de las fluctuaciones del mercado.El trabajo decente sigue lejos para mujeres latinoamericanas

Éste es el que acaba decidiendo qué persona y en qué lugar trabajará o no hoy, en qué empresa, con qué horario, en qué puesto, por cuánto salario. Se precariza el empleo y, con él, la vida de las y los trabajadores y de sus familias. Tanto que cada vez es más difícil planificar el futuro: se dificultan las relaciones familiares y sociales, así como la participación.

Del trabajo decente pasamos a una “flexiprecariedad”, a la fragmentación del mundo del trabajo ante las diversas y siempre cambiantes modalidades de empleo, con constantes salidas del mercado laboral y con retornos, la mayoría de las veces, en peores condiciones.

El salario cada vez cumple menos su función de dar estabilidad, seguridad y cubrir necesidades personales y familiares. Ahora tener un trabajo no asegura estar fuera de la pobreza: miedo a perderlo es, muchas veces, miedo a la exclusión que acecha.

Las malas condiciones de trabajo también se manifiestan en los bajos ingresos. En 2019, más de 630 millones de trabajadores en todo el mundo –el 19 por ciento de todos los empleados– no ganaron lo suficiente para salir ellos y sus familias de la pobreza extrema o moderada, que se define como la situación en la que los trabajadores ganan menos de 3,20 dólares al día, en términos de paridad de poder adquisitivo.

Así, se niega en la práctica el derecho al trabajo: Los derechos laborales son un obstáculo para la rentabilidad; se estigmatiza la negociación colectiva, pues el objetivo es que el trabajador – y su familia – sea “flexible”, se adapte a las exigencias de la producción.

Sin embargo, nunca en la historia ha habido tanta riqueza acumulada como ahora. El problema del hambre es solucionable, al igual que la posibioidad de que todas las personas puedan vivir dignamente. Es un problema de equidad, de solidaridad y de justicia, que debe traducirse en prioridades políticas, económicas y sociales.

Necesitamos trabajo y sustento … y nos ofrecen empleo cada vez más precario, cada vez más indecente. Este es el problema por resolver. Y no tiene solución viable razonando con la lógica del lucro, del dinero.

Covid 19, realidad convertida en ardid

El Derecho del Trabajo en la emergencia del Covid-19 | Blog Alternativas | EL PAÍSSomos conscientes de las consecuencias del Covid-19 en el empleo son profundas, de gran alcance y sin precedentes. El ajuste del empleo suele seguir a la contracción económica con cierto retraso. La presente crisis, los cierres y otras medidas han afectado al empleo directamente y en una magnitud mayor a la prevista inicialmente al comenzar la pandemia.

Vivimos la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, con un rápido aumento de la destrucción de empleo en el mundo Para captar con mayor precisión las características actuales de la crisis del COVID-19.

El Estado podría –y debería– ampliar sus competencias para ofrecer siempre oportunidad de trabajo e ingreso a cualquier personas empleadas de empresas privadas, públicas o cooperativas lanzadas al desempleo por las fluctuaciones de la demanda. Ante esta situación, el empleo –tenerlo o no, las condiciones en que se desarrolla, los ingresos que aporta– condiciona enormemente la vida de las personas, de las familias y de la sociedad entera.

Hasta hoy el empleo es un elemento decisivo en la inclusión social y no tenerlo aboca a muchas personas y familias a la pobreza o la exclusión. En el modelo capitalista, el capital privado sufraga una parte de la vida del obrero que no tiene nada que ver con la esfera productiva. Cumple, por tanto, una función social, que convierte al capitalista en un gestor que goza de un importante poder para condicionar la vida de un número de personas.

El capitalismo sustrae a los actores reales de la actividad económica la soberanía material sobre sus vidas: los convierte en juguetes zarandeados por estrategias empresariales orientadas al máximo beneficio para el capital.

El «impotente» discurso de los gobiernos sobre el “trabajo decente” se ha transformado, en definitiva, en una versión laica de las encíclicas papales. Obviamente, la caridad no es vocación de las empresas.

Los dueños de empresa y los operadores financieros tienen todos los motivos del mundo para felicitarse por el estado de cosas y vivir la vida que se presenta como una situación y una época bendita, ya que ninguna teoría, ninguna manera de pensar; ninguna acción seria se opone a ellos. El virus tampoco, lo hará.

Entonces, ¿por qué continuar en la retórica discursiva de la «indignación» en los foros sociales, en las cumbres mundiales y renunciar a una acción seria en sus propios países, que se oponga a este estado de las cosas?

Una de las tentaciones permanentes es acabar aceptando el mensaje mil veces repetido, de que las cosas son así y no hay alternativa posible. Hasta que no se elabore una propuesta real y valiente para intentar salir de la situación presente – y no simplemente para paliar sus efectos más atroces, con planes de emergencia, ayudas sociales y trabajo decente – su destino político seguirá preñado de melancolía.

¿Será cierto que un mundo de transformación seguirá reduciéndose en la nostálgica llorona de un universo perdido en décadas de miseria. ¿El mundo de las modernidades nacionales, y la retórica del discurso del neoliberalismo conservador globalista, seguirá marcando el sentido de los tiempos? … A esta barbarie parece que vamos encaminados.

Fuente e imagen:  http://estrategia.la/2020/09/12/la-nocion-de-trabajo-decente-un-ardid-de-la-teologia-del-capitalismo/

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Mundo: ONU considera insuficientes las medidas contra la pobreza

Mundo/13-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Lo que se ha hecho para paliar el empobrecimiento producido por la Covid-19 no alcanza, según reveló el jueves la ONU.

El relator especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Olivier De Schutter, calificó el viernes de insuficientes y «llenas de agujeros» a las más de 1.400 medidas de protección social adoptadas por los Gobiernos de todo el mundo para paliar el aumento de la pobreza durante la crisis provocada por la Covid-19.

El alto representante de la ONU, en un análisis sobre la implementación de tales políticas estatales publicado el viernes, señaló: «Estas medidas son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido».

De acuerdo a esos datos, «los Gobiernos han presupuestado en total unos 589.000 millones de dólares para protección social en la actual crisis, lo que representa alrededor del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial», aunque el informe del relator vaticina que esas iniciativas no frenarán el aumento del empobrecimiento.

El alza podría alcanzar los 176 millones de nuevas personas, al considerar como umbral de la pobreza aquel que se encuentra por debajo de los 3,2 dólares diarios.

Según De Schutter, la pobreza afecta  también a muchas comunidades desfavorecidas, las cuales podrían quedar excluidas de los planes de protección, debido a detalles como el hecho de que muchos programas piden que los beneficiados se inscriban a través de internet, un medio al cual muchas familias de bajos ingresos no tienen acceso.

Otro de los ejemplos expresados por De Shutter es que hay programas que plantean «condiciones imposibles de cumplir» para personas en condiciones laborales precarias o sin domicilio permanente, como muchos trabajadores migrantes o aquellos en el sector informal, los cuales alcanzan un 61 por ciento de la fuerza laboral mundial.

De igual manera, el funcionario de Naciones Unidas expresó que «las peores consecuencias de la crisis sobre la pobreza están aún por venir», al tiempo que también lamentó que muchos de los programas de protección social ya se están eliminando de manera gradual o podrían no ser renovados si el signo político de los Gobiernos cambia en futuras elecciones.

En las próximas semanas debe comenzar, en línea, la sesión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, cuyo tema fundamental será el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/onu-aumento-pobreza-covid-20200911-0011.html

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Erradicar la pobreza, de sueño a pesadilla

El objetivo planetario de erradicar la pobreza en el 2030 se diluye entre los zarpazos de la pandemia que arrastrará a 250 millones de personas al borde de la inanición. Sin embargo, las causas del incumplimiento de esta meta esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se limitan al impacto sanitario del  COVID-19.  Sino que hay que buscarlas en mecanismos internos propios de un sistema oxidado por la desigualdad.

Constatación que no surge -en este caso- de la crítica alter mundialista. Sino que condensa las conclusiones centrales de un nuevo informe de Naciones Unidas que acaba de ser presentado la primera semana de julio en Ginebra por el experto belga Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. “El pésimo historial de la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desprecio por la vida humana precede en gran medida a esta pandemia”, enfatiza el experto (Versión preliminar en inglés bajo la denominación  A/HRC/44/40 Advanced Unedited Version).

El documento anticipa que la misma arrastrará a 176 millones de personas más a la extrema pobreza, agravando la situación, ya dramática, de personas de muy bajos ingresos, entre las que se encuentran, fundamentalmente, mujeres, trabajadora-es migrantes y refugiada-os o demandantes de asilo.

Estadísticas “manipuladas”

«Muchos líderes mundiales, economistas y expertos han promovido con entusiasmo un mensaje de autocomplacencia, proclamando que el progreso contra la pobreza es uno de los mayores logros humanos de nuestro tiempo», dice el documento de las Naciones Unidas. Sin embargo, «la realidad es que miles de millones de personas se enfrentan a pocas oportunidades, innumerables indignidades, hambre innecesaria y muerte evitable, y no disfrutan de sus derechos humanos básicos».

«En demasiados casos, los beneficios prometidos del crecimiento no se materializan o no se comparten», enfatiza. Y desnuda el mecanismo de polarización social planetario:  «la economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría, y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares al día, principalmente porque los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos».

Según estadísticas oficiales de organismos internacionales, entre 1990 y 2015 se habría logrado reducir el nombre de personas pobres de 1.900 millones a 736 millones. Sin embargo, según el informe de la ONU, esa cifra se basa en una medición “insatisfactoria” de la pobreza aplicada por el Banco Mundial, que fija el piso de la misma en 1,90 dólares diarios. Si la barra de análisis se estableciera en 2,50 dólares diarios, en los últimos 25 años casi no se percibieron mejorías. Incluso, se comprobaría un empeoramiento de la situación de al menos 140 millones de personas que viven, especialmente, en África subsahariana y el Medio Oriente.

El documento – por el momento solo en una versión preliminar en inglés- fue elaborado por el profesor australiano Philip Alston, quien hasta abril de este año fue el Relator de la ONU en esta temática y quien sintetiza su contenido de 20 páginas en tres conclusiones principales.

Hay que parar con la apuesta al crecimiento económico como medio para reducir la pobreza y centrarse, sobre todo, en la reducción de la desigualdad y la redistribución de las riquezas.  En segundo lugar, la filantropía no puede reemplazar el rol esencial de protección que deben jugar los gobiernos. Adicionalmente, propone implementar una más efectiva justicia fiscal, profundizar la democracia y adoptar una gobernabilidad participativa.

La diabólica evasión fiscal

Casi en paralelo a la presentación en el 44 período del Consejo de Derechos Humanos del informe de Philip Alston, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) se pronunció sobre uno de los temas centrales del informe sobre la pobreza.

“La evasión fiscal en América Latina es un obstáculo para la recuperación de la crisis del coronavirus”, subraya el organismo al presentar el 6 de julio su Panorama Fiscal (https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada).

Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19 -en lugar de un mayor endeudamiento- es la fórmula que recetan los expertos económicos de la ONU para América Latina y el Caribe. Región donde solo en 2018, el incumplimiento tributario –denominando como evasión fiscal- representó 325.000 millones de dólares, monto equivalente al 6,1% del Producto Interior Bruto de la región.

La evasión del impuesto sobre la renta corporativa, es decir la que deberían pagar las grandes empresas, en la región latinoamericana es especialmente aguda, subraya la CEPAL. Quien llega a la conclusión que los sistemas tributarios que tienen un impacto significativo en el PIB, en algunos casos de más del 5%, en algunos países, debido a la evasión, generan menos de la mitad de lo que deberían recaudar.

Esa evasión fiscal empresarial constituye una “de las principales barreras” para una mayor movilización de recursos internos en la región. Una parte significativa de los recursos destinados por los Estados en la situación de la emergencia pandémica podrían ser cubiertos por el correcto pago de los impuestos empresariales. Evitando así un incremento del endeudamiento interno.

La justicia fiscal 

“La pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos», afirmó Olivier De Schutter en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra el martes 7 de julio. «Es una cuestión de desempoderamiento, de abuso institucional y social, y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos». Y llamó a conformar un Fondo de Protección Social para ayudar que los países puedan asegurar garantías básicas de seguridad social a los sectores más empobrecidos de su población.

El mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad «para evitar el sonambulismo hacia el fracaso asegurado mientras se producen interminables informes insípidos», subraya el informe del Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos.

La justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social: en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40 % de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38 por ciento en 1980 al 24,18 % en 2019.

La pandemia, subraya por su parte el Panorama Fiscal de la CEPAL, ha expuesto las deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.

Por lo tanto, “América Latina debe acelerar hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad…” enfatiza.

Fuente: https://rebelion.org/erradicar-la-pobreza-de-sueno-a-pesadilla/

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Millones de niños obligados a trabajar como consecuencia de la Covid-19 ¿o del capitalismo?

Por: Eduardo Camín

 

Millones de niños corren el riesgo de tener que trabajar como consecuencia de la crisis de la Covid-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances, según se desprende de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Según el informe «Covid-19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis», es hora de actuar; el trabajo infantil había disminuido en 94 millones de niños desde 2000, una mejora que ahora podría verse amenazada. Las estimaciones globales en 2017 indicaban que 152 millones de niños trabajaban en todo el mundo. Los niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores condiciones.
Muchos de ellos podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo, lo que causaría un daño significativo a su salud y a su seguridad.  “Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT.
“La protección social es fundamental en épocas de crisis, puesto que permite brindar asistencia a los más vulnerables (..) “Tener en cuenta los problemas asociados al trabajo infantil en el marco de políticas de mayor alcance sobre educación, protección social, justicia, mercados de trabajo y derechos humanos y laborales a escala internacional supone una diferencia fundamental”, añadió Ryder.
Según el informe, la pandemia podría resultar en un aumento de la pobreza y por tanto en un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir. Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7%, o más, del trabajo infantil.
“En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.  “A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar», señaló.
Fore añadió que «Cuando imaginamos el mundo después de la Covid, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias dispongan de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro: una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas”. Hay cada vez más pruebas de que el trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran durante la pandemia, lo que actualmente afecta a más de mil millones de alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela.

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Como resultado, más niños podrían verse forzados a realizar trabajos peligrosos y de servidumbre. La desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico, según el informe.

 

 

 

En el informe, OIT y Unicef proponen un conjunto de medidas encaminadas a paliar el riesgo de que aumente el trabajo infantil, entre ellas, ampliar la protección social, facilitar la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos de escolaridad, y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales y hacer cumplir la ley.

 

Trabajo infantil; el catalogo de la deshonra

Los tiempos cambian. Hace menos de un año la Asamblea General de Naciones Unidas había instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y había declarado al 2021 como el Año para la Eliminación del Trabajo Infantil.

El desafío previsto para 2025 aparentemente se adelantaba en cuatro años. Hoy es más que probable que se agraven las causas fundamentales del trabajo infantil y el trabajo forzoso, entre ellas la pobreza, el acceso limitado a oportunidades de trabajo decente para las personas en edad legal de trabajar, la marginación social, la discriminación, la falta de una educación universal de calidad, la prevalencia de la economía informal y la debilidad del diálogo social.

El último relevamiento de la OIT en el año 2017 detectaba 218 millones de niñas y niños que realizaban alguna actividad productiva en el mundo. De ellos, 152 millones, el 70 % formaban parte del trabajo infantil y cerca de la mitad (73 millones) realizaba trabajos peligrosos.

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El informe resalta que la crisis económica y social afectará especialmente a los niños. Se estima que este año entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis, lo que se suma a los 386 millones de niños que en 2019 ya se encontraban en esa situación.

Los niños “invisibles” que provienen de grupos minoritarios marginados, discapacitados, personas que viven en la calle y sin hogar, hogares monoparentales o encabezados por niños, migrantes refugiados, desplazados internos o de zonas afectadas por conflictos o desastres, son más vulnerables al trabajo infantil y corren un riesgo especial en la crisis actual. Los niños, en particular las niñas, además del riesgo de trabajo infantil, pueden verse abrumados por el aumento de las tareas domésticas y las responsabilidades de cuidado.

Las personas y familias vulnerables que han perdido sus empleos en la economía informal, y que necesitan urgentemente financiamiento para la supervivencia del hogar pero que tienen pocos ahorros y un acceso limitado a la protección social u otras formas de apoyo del Estado, es probable que corran un mayor riesgo de ser víctimas de los prestamistas que conceden créditos en condiciones que constituyen servidumbre por deudas.

Los trabajadores vulnerables tienen más probabilidades de ser engañados y atrapados en trabajos forzosos. La probabilidad de que más trabajadores contraigan deudas para sobrevivir, hace que el riesgo de aumentar la servidumbre por deudas sea particularmente importante. Las redes criminales pueden utilizar activamente esta crisis mundial para explotar las vulnerabilidades a fin de restringir aún más la libertad de las víctimas y aumentar el beneficio financiero que generan el trabajo forzoso y la trata de personas.

Las restricciones a la circulación pueden modificar las formas de explotación. Por ejemplo, las mujeres y los niños pueden ser explotados sexualmente con fines comerciales por sus abusadores en línea o en domicilios privados.

 

Los controles más estrictos en las fronteras pueden aumentar el riesgo de trata de personas. De hecho, las víctimas con documentación confiscada pueden correr el riesgo de sufrir abusos, detención y revictimización por parte de agentes de seguridad/policía que aplican cuarentenas y gestionan puntos de control.

Las víctimas a quienes los explotadores les han quitado su documentación personal pueden experimentar barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y otros servicios relacionados con la Covid-19.

Una condena inherente al capitalismo

Una mirada mas inquisitoria del trabajo infantil por sector de la actividad económica arroja que el 70,9 % lo hace en la agricultura, el 17,2 % en los servicios y el 11,9 % en la industria.

El peso superlativo del sector primario indica el carácter aberrante del capitalismo que en pleno siglo XXI se aprovecha de la fuerza de trabajo de los menores en las tareas más duras y en las peores condiciones, expuestos a las altas temperaturas, a los agrotóxicos, a las alimañas, en síntesis, el trabajo en la naturaleza bajo el capitalismo no es apto para los niños y niñas.

Por fuera de la actividad agrícola, multinacionales como Apple, Samsung, Sony, entre otras, han sido denunciadas por obtener el mineral de cobalto para la fabricación de baterías para celulares o tablets de mano de miles de niñas y niños en el Congo.

En el mundo se registró en el último cuarto del siglo XX un resurgir del trabajo infantil en países sobre todo de Asia que han desarrollado sus industrias con trabajo muy simplificado, volviendo en algunos casos a situaciones de trabajo preindustrial.

Hasta aquí hemos visto como usa el capital la fuerza de trabajo y su propia dinámica de valorización nos lleva a la conclusión de que el trabajo infantil le es inherente.

Las actuales formas extremas de trabajo infantil, en la que los niños sufren tanto el efecto de las condiciones del trabajo peligroso como el trauma de la coacción, la amenaza de una pena y la falta de libertad, requiere la adopción de medidas urgentes por parte de los gobiernos y la comunidad internacional.

Pero las metas que declaman, los organismos del sistema de Naciones Unidas no pasan mas allá de las buenas intenciones, puesto que no atacan a la raíz del problema, la propiedad privada capitalista, sino al contrario buscan lavarle la cara al capitalismo con promesas de ponerle fin al trabajo infantil. Cada vez que señalan un objetivo como el de llegar a la erradicación del trabajo infantil en 2025, termina obviamente fracasando.

El mentado uso capitalista de los avances en la tecnología, en vez de liberar cada vez más a la humanidad del trabajo asalariado, extiende el tiempo vital dedicado al trabajo. Y, por otro lado, expulsa fuerza de trabajo y precariza las condiciones laborales de cada vez más amplios sectores.

En tiempos de barbarie todo intento de erradicar el trabajo infantil dentro de los marcos de la sociedad capitalistas está condenado al fracaso.

Fuente e imagen: https://rebelion.org/millones-de-ninos-obligados-a-trabajar-como-consecuencia-de-la-covid-19-o-del-capitalismo/

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