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Las empleadas de casas particulares quedaron fuera de la «Promoción del trabajo registrado»

La Ley Bases implica muchos ataques al pueblo trabajador. Pero hay un punto en particular que muestra la saña del Gobierno con las trabajadoras más precarias.

 

Las empleadas de casas particulares ya habían sufrido una primera agresión: el DNU 70/23 deroga el artículo 50 de la Ley de empleo doméstico, que estipula la indemnización agravada en caso de registración deficiente o falta de registración. Hoy ese capítulo está suspendido por la justicia. Pero Milei insiste. Ahora quedaron afuera del capítulo “Promoción del trabajo registrado”, que se reglamentó a fines del mes anterior.

 

Según denunciaron desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el decreto reglamentario “incorpora esa exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”.

 

El Decreto 847/2024 permite la regularización de “relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas” hasta el 31 de julio de 2024, aunque con un sesgo que favorece a los empleadores, que ven condonadas o reducida las infracciones. El reconocimiento es limitado a solo 60 meses de servicios con aportes, calculados en base al salario mínimo vital y móvil (SMVM), y deja afuera el cálculo para el haber previsional.

 

Pero para las empleadas ni siquiera habrá ese limitado mecanismo. Según el artículo 8 del decreto, quedan excluidas. Y no es porque el gobierno les permite seguir litigando legalmente “sin límites”. Lo que quiere, como adelantó con el DNU, es hundirlas en la informalidad eterna.

 

Se trata de más de 1,7 millones de empleadas y empleados domésticos, pero el 97% son mujeres. Y solo un 30% está registrado.

 

Más allá de las denuncias, los gremios que representan al sector ante las Cámaras patronales no hacen nada para organizar esa fuerza y terminar con tanta precarización.

 

Las trabajadoras de casas particulares perdieron 18% de salario real en la era Milei

 

Se calcula que en el país hay aproximadamente 2 millones de trabajadoras de casas particulares, uno de los tantos empleos feminizados donde la precarización laboral y los bajos sueldos son la ley.

 

A partir de la era Milei, el periodista económico Ismael Bermúdez calcula que este sector perdió un 18% de salario real, contemplando la devaluación de diciembre de 2023. Tras los últimos aumentos que recibieron acumulan en 9 meses una suba salarial de 99,8% contra una inflación estimada para el mismo período de 143.8%.

 

A junio de este año una trabajadora que presta servicio por tareas generales (limpieza, lavado, cocina, entre otros) tuvo un sueldo básico con retiro de $ 284.794. Ese mismo mes la canasta de indigencia calculada por el INDEC para un grupo familiar de tres personas fue de $313.128 y la de pobreza (que no incluye el costo de alquilar) $695.144.

 

Los aumentos salariales se fijan en la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, compuesta por representantes de las trabajadoras, de los empleadores, el ministerio de Economía y del ministerio de Capital Humano. El gobierno lleva adelante la misma postura que respecto a las jubilaciones o los salarios de los estatales donde toma la decisión directamente: que sigan perdiendo contra la inflación. La pérdida de poder adquisitivo del sector no es nueva, viene de arrastre de sucesivos gobiernos que fijaron aumentos llevando el salario a este piso.

 

Una progresión similar se observa al analizar el nivel de trabajo registrado del sector, particularmente desde el gobierno del Frente de Todos cuando comenzó a crecer la informalidad. Según analiza Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma: “Las trabajadoras en casas particulares siguen siendo las más afectadas por el deterioro del mercado formal de fuerza de trabajo. Ya no hay piso para el sector. La caída es ininterrumpida desde principios de 2020. Desde entonces se perdieron 52.743 puestos de trabajo (10,5%)”.

 

Una realidad que muestra un denominador común en aquellas mujeres que trabajan en la salud o la educación, donde son mayoría, o aquellas titulares de planes sociales que cobran montos de miseria que alcanzan para poco y nada. Sobre sus espaldas recae todo el ajuste y la crisis social que profundiza La Libertad Avanza, mientras desde la CGT siguen sin anunciar medidas de fuerza con el peso de la crisis sintiéndose más día a día.

 

“Tenemos que debatir, sacar conclusiones y organizarnos para volver a poner en pie el movimiento feminista sobre nuevas bases” plantea Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas y legisladora electa en CABA, a propósito de los debates que se entrecruzan estos días. Con la perspectiva de desarrollar la organización de cara del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual que será en Jujuy. Planteando así la necesidad de construir un movimiento de mujeres independiente políticamente de los Estados y partidos de gobierno, que recupere esa potencialidad que demostró en las calles en la perspectiva de enfrentar el ajuste voraz de Milei y todos sus cómplices, cuestionando el sometimiento al FMI y sacando conclusiones del derrumbe político y moral de un peronismo que busca recomponerse de la mano del Papa.

 

Salarios de niñeras y cuidadores de adultos en septiembre de 2024

 

Martín Martínez

 

Las niñeras y cuidadores de adultos verán reflejado en sus salarios un incremento del 4% a partir de septiembre, según lo establecido en el último acuerdo paritario para los trabajadores de este sector. Este aumento corresponde a la labor realizada en el mes de agosto y se suma al aumento del 8,5% que se aplicó en julio, generando así un efecto acumulativo en sus remuneraciones.

 

Detalles del Acuerdo Paritario

 

El acuerdo fue ratificado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), sindicato que representa a los trabajadores del sector. Aunque el Gobierno aún no ha oficializado el acuerdo, el sitio oficial de la Upacp ya ha actualizado las cifras por categoría y modalidad de trabajo.

 

Impacto en los Salarios de Niñeras y Cuidadores

 

Este ajuste salarial afecta a las personas que se desempeñan como niñeras y cuidadores de adultos, quienes se encuentran en la cuarta categoría de empleados de casas particulares, realizando tareas de asistencia y cuidado no terapéutico. Esto incluye el cuidado de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

 

Sueldo por Hora en Septiembre 2024

 

Las personas que trabajan en casas particulares y están contratadas por horas o por jornada recibirán los siguientes montos en concepto de salario por hora, tomando como referencia los valores actualizados hasta agosto:

 

· Por hora con retiro: $2825

 

· Por hora sin retiro: $3159

 

Estos valores son aplicables para quienes laboran menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

 

Sueldo Mensual en Septiembre 2024

 

Para aquellos empleados que operan bajo un esquema mensual, las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado en agosto serán:

 

· Mensual con retiro: $357.350

 

· Mensual sin retiro: $398.229

 

Las cantidades mencionadas están destinadas a los trabajadores bajo el régimen establecido por la ley N° 26.844 y son aplicables a quienes laboran 24 o más horas semanales para un mismo empleador, calculándose de forma proporcional según las horas efectivamente trabajadas.

 

Consideraciones Adicionales sobre el Salario

 

Es relevante señalar que los montos mencionados corresponden exclusivamente al salario, por lo que el empleador tiene la obligación de abonar también otros conceptos tales como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

 

Cálculo de la Antigüedad del Servicio Doméstico

 

Para determinar el monto que corresponde a la antigüedad de los empleados, se deberá calcular el 1% por cada año trabajado, considerando la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

 

Es importante que este pago adicional se estime como un nuevo ítem en los recibos de sueldo, facilitando así su identificación para los trabajadores del servicio doméstico.

 

22 de julio: Día Internacional del Trabajo Doméstico

 

El 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, una fecha proclamada en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1983. Este día tiene como objetivo principal reconocer y visibilizar la labor que millones de mujeres realizan en los hogares.

 

La realidad del trabajo no remunerado

 

El trabajo no remunerado incluye tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado a miembros del hogar, apoyo a otros hogares o trabajo voluntario. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021 del INDEC, el 92,7% de las mujeres realizan estas tareas no remuneradas. En el caso de los hombres, este porcentaje desciende al 75,9%.

 

¿Qué son las tareas de cuidado o trabajo doméstico?

 

Las tareas de cuidado se definen como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas para la existencia y el desarrollo de las personas (CEPAL, 2012). Esto incluye:

 

Cuidado personal y directo de otras personas.

 

Provisión de precondiciones para que estas tareas se realicen (como la compra de alimentos, insumos de botiquín o útiles escolares).

 

· Gestión y organización de dichas tareas, como cocinar, ayudar en actividades escolares, y administrar el tiempo de las mismas.

 

El trabajo doméstico y las tareas de cuidado son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad. A pesar de su importancia, estas labores a menudo no son reconocidas ni valoradas adecuadamente, lo que genera desigualdad de género y desequilibrios económicos.

 

Celebrar el Día Internacional del Trabajo Doméstico es una oportunidad para reflexionar sobre la equidad y la necesidad de políticas públicas que reconozcan y apoyen a quienes realizan estas tareas esenciales.

 

¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado?

 

Por Juliana Díaz Lozano

 

En América Latina y el Caribe, entre 11,5 y 18,6 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10,5% y 14,3% del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente feminizada, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social. Al mismo tiempo, en cuanto al peso de las personas migrantes dentro del sector de trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres (ONU-OIT-CEPAL, 2020).

 

Estas cifras dan cuenta de la importancia cuantitativa del sector dentro del empleo femenino, feminizado y racializado. Si bien, entonces, la relevancia numérica del sector es indudable, esto no se ha traducido en mejoras sustantivas en la adquisición masiva de derechos. Aunque el Convenio 189 de la OIT ha sido un logro en términos del reconocimiento global de derechos para el sector, -jornadas laborales razonables, condiciones de empleo y coberturas sociales básicas-, no todos los países lo han ratificado, y aún en los casos en los que lo han hecho, no siempre eso ha redundado en mejoras concretas para las trabajadoras. Un balance a diez años del Convenio en diversos países puede consultarse aquí. En la práctica, en el mundo, el 90 % de las trabajadoras no tiene prestaciones de seguridad social, el 50 % no llega al salario mínimo, y otro 50 % sin protección contra la extensión de la jornada laboral. En América Latina las TDCR perciben ingresos inferiores a las mujeres ocupadas en otras categorías laborales (Torres, 2023).

 

Por otra parte, y más allá del subregistro que padece la actividad, la OIT reconoce que el aporte de este trabajo al producto bruto de los países de América Latina ronda entre el 15% al 24%. Sin embargo, la importancia del sector para la economía y para el sostén social, no redunda necesariamente en la visibilización de estas trabajadoras en la sociedad, lo que las perjudica a la hora de dar sus luchas. Esto también se verifica dentro de los sindicatos y otros movimientos sociales más amplios, donde padecen una segregación de sus demandas y sus capacidades políticas (Martínez Prado, 2014). Esto se conjuga con la particular naturaleza de este trabajo que ocurre en ámbitos privados y aislados, con diversos empleadores, con regímenes muy variantes y escasa disposición para tiempos propios de las trabajadoras, ya sea para la educación, para ocuparse de la salud y la de sus familiares y para organizarse colectivamente.

 

Además de tener una posición lateral dentro de los sindicatos y movimientos sociales y populares, algo similar ocurre con el movimiento de mujeres y feminista, incluso en los llamados feminismos anticapitalistas. Si bien durante los 70 estas perspectivas dentro de los feminismos pusieron en escena la importancia de los trabajos del hogar remunerados (Pérez, 2015), estos han perdido centralidad en las preocupaciones actuales. En lo que va del siglo, la economía feminista, junto con otras disciplinas y bajo el impulso de los aprendizajes de la lucha cotidiana, logró posicionar conocimientos y demandas en relación a los cuidados, fundamentar la necesidad de las huelgas internacionales de los 8M, redefinir la propia noción de trabajos, ampliándola. Al mismo tiempo, se desplazó la división entre trabajo reproductivo y productivo, cuestionando la noción neoclásica de que la producción de mercancías movía el mundo y posicionando que las labores que sostienen la reproducción social son poco reconocidas, permanentes, no están pagas y están mal repartidas. Se demostró que la gestión, la desigual distribución clasista, racista y patriarcal de los cuidados sostiene otras desigualdades estructurales (Pérez Orozco, 2014).

 

A pesar de este énfasis que ponen los feminismos sobre los cuidados no reconocidos que sostienen el mundo, solo en honrosas excepciones posicionan con la misma centralidad las demandas de las trabajadoras del hogar asalariadas dentro de las demandas generales feministas. Salvo en fechas o casos puntuales, las organizaciones feministas y las de trabajadoras del hogar funcionan como dos sujetos separados, que enfocan el tema cuidados desde ópticas diferentes y fragmentadas. Esta distancia refuerza, a su vez, la debilidad del sector de asalariadas del hogar dentro de las organizaciones sindicales y en general perjudica las posibilidades de imponer demandas hacia el estado y empleadorxs.

 

Ahora bien, ¿a qué se debe este desencuentro bastante generalizado? Según la investigadora Martínez Prado (2014), una de las dificultades en la articulación entre feministas y trabajadoras domésticas deviene de la ambigua relación que el feminismo ha tenido con la “valoración” del “trabajo doméstico”. Esto se debe, según la autora a la contradicción no resuelta entre la valoración del trabajo doméstico en general, y la búsqueda de su abolición. Según la autora, la disyuntiva para las feministas es la siguiente: si se acompaña a las trabajadoras del hogar en la lucha por mejores condiciones laborales, dejando intactas las relaciones de género sobre las que descansa la asignación de este trabajo a las mujeres, no se cuestiona la dominación masculina que dispone la distribución de dicho trabajo entre mujeres. Pero, por otra parte, si se ataca al trabajo doméstico por las relaciones de opresión que origina, se termina atacando la fuente laboral femenina más importante de la región y debilitando la lucha por derechos. Quizás, esta disyuntiva tenga alguna similitud con el debate mucho más visible y encarnizado en torno a la prostitución/trabajo sexual, que no se desarrollará aquí.

 

A su vez, volviendo al trabajo del hogar remunerado, desde algunos sectores de los feminismos se critica a esta labor como la que garantiza privilegios de unas mujeres – quienes pueden pagar los cuidados-, sobre otras, las que cuidan y al decir de Nancy Fraser (en Gimeno, 2019) no tienen quién las cuide. Este dilema es inseparable de la imbricación de las relaciones de género con las de clase y raza. Efectivamente las que cuidan son en su mayoría mujeres y feminidades racializadas, pobres, del sur. Y, en gran medida, lejos de liberar a otras mujeres de sus quehaceres, resuelven los cuidados abandonados por los varones en las familias y comunidades (ídem, 2019), por lo que la división del trabajo se refuerza, descansando sobre mujeres pobres con dobles y triples jornadas laborales. Si bien la disyuntiva aquí planteada parece generalizada, pueden reconocerse algunas experiencias de articulación no sólo de luchas concretas, sino también de elaboraciones conceptuales.

 

Por ejemplo, en muchos países, los procesos de convocatoria a huelgas feministas para el 8 de marzo con el eje central de visibilizar y parar los múltiples trabajos de cuidados, ha tenido el protagonismo de las organizaciones y sindicatos de TdH. En Chile, por ejemplo, los llamados a huelga feminista en el año 2019 incluyeron como protagonistas a las trabajadoras del hogar, quienes, como parte de un comité sindicalista dentro del movimiento feminista, generaron formas creativas de manifestarse, colgando delantales en la puerta de su lugar de trabajo cuando no podían parar (AAVV, 2021). Algo similar ha ocurrido con algunas propuestas feministas para la reorganización social de los cuidados, donde el trabajo del hogar y cuidados remunerado aparece junto al no remunerado como espacios interrelacionados económica y socialmente. Justamente, en juntar las luchas reivindicativas con lo político parece estar un camino fructífero para la unidad.

 

Rafaela Pimentel, referenta de Territorio Doméstico, una organización madrileña de trabajadoras del hogar en su mayoría migrantes latinoamericanas, acerca ambas posiciones. Afirma que la lucha del sector por derechos no puede desvincularse del proyecto de una reorganización general de los cuidados. En sus palabras:

 

“No solamente luchamos por los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, sino que queremos una reorganización social de los cuidados. Queremos un sistema comunitario del cuidado. No queremos que a este sistema lo sigamos sosteniendo las trabajadoras de hogar pobres, migrantes y específicamente las mujeres, que somos las que estamos haciendo el cuidado de manera remunerada o gratuita en las casas” (Capire, 2022).

 

Además de ser parte activa en la organización de las huelgas feministas en Madrid, las trabajadoras del hogar lograron, según la referenta, instalar la lucha por la ratificación del convenio 189 de la OIT en España como parte de las demandas centrales feministas y de sectores migrantes latinoamericanos, lo que según ella permitió alcanzar el logro a mediados de 2022. En este caso específico, se enuncia la articulación de demandas de corto plazo vinculadas a derechos y de largo plazo como cambiar la organización y distribución capitalista, patriarcal y racista de los cuidados como estrategia para unificar al sujeto de lucha. En otras experiencias como la ya citada, del Comité Sindicalista 8 de Marzo en Chile, que agrupa trabajadoras del hogar y feministas, y la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras, también aparece el esfuerzo de hilar demandas a corto y largo plazo1. Esta politización de las luchas por derechos y su articulación con un horizonte de organización de cuidados anticapitalista y feminista se muestra imprescindible para romper la fragmentación.

 

Para retomar la pregunta del título, ¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado? Por una parte, porque constituye uno de los empleos mayoritarios para las mujeres y feminidades en el mundo y el más importante en Latinoamérica. Por otra parte, porque luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar nos permite cuestionar la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados y visibilizar su aporte económico a las sociedades. Al mismo tiempo, desde los feminismos es importante cuestionar la distribución racista y patriarcal de los cuidados ya sea remunerados o no remunerados, y pensar estrategias para su socialización y reorganización no sólo por género, sino su injusta distribución en el globo. En un marco donde las propuestas en torno al sector se emparentan con el sistema de Vouchers y otras formas de subsidio a empleadorxs, que poco tienen que ver con la mejora en las condiciones de vida de las trabajadoras, una mirada feminista es imprescindible. Propuestas como la de la Municipalización del trabajo del hogar remunerado, o la exigencia de sistemas integrales de cuidados feministas, pueden ser claves para unir la lucha por derechos con la organización de ciudades con la vida en el centro.

 

Por último, un feminismo anticapitalista solo es posible si incorpora en un lugar central la lucha de todas las trabajadoras, y entre ellas de las más precarias. Luchar juntas puede fortalecer también a las trabajadoras del hogar en sus posiciones dentro de sindicatos y movimientos mixtos, al tiempo que se construyen feminismos de izquierda donde todas y todes sean protagonistas.

 

1. Estas experiencias nombradas, junto a otras de Paraguay, Argentina, Alemania confluyen en un proyecto actualmente en curso para el fortalecimiento del sector en vínculo con los activismos feministas, desarrollado por el Programa de Feminismos Internacionalistas de la Fundación Rosa Luxemburgo.

 

Referencias bibliográficas:

 

AAVV (2021) ¡La huelga general feminista Va! Historias de un proceso en curso, Buenos Aires: Tiempo robado editoras. https://www.rosalux.de/en/beyond_c189 Capire (2022) https://capiremov.org/es/entrevista-es/rafaela-pimentel-las-trabajadoras-dehogar-estamos-articuladas-en-una-de-las-luchas-mas-potentes-en-espana/ Municipalización del trabajo del hogar remunerado Gimeno, Beatriz (2019) “¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica?” en Diario Femenino. Disponible en https://diariofemenino.com.ar/df/es-compatible-ser-feminista-y-tenerempleada-domestica/ John, Maya (2023) “Beyond Private Power of Employers and Precarity. Why municipalizing paid domestic work will benefit everyone”. Policy Paper. Disponible en https://www.rosalux.de/en/publication/id/49798/beyond-private-power-of-employers-and precarity?fbclid=IwAR1wJ63RrXrKGidRCbgwlu4RaOcxGPkS__5mFvO3Xk7Hr5_xhmMFiF5I4i0 Martínez Prado (2014) Discursos Feministas sobre las Trabajadoras del Hogar. (Des) Articulaciones Políticas. publicada en Latin American Policy, Issue 5, n° 2, Pp.303-318. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lamp.12042/abstract ONU-OIT-CEPAL (2020) Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del Covid-19, disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/files/trabajadoras_remuneradas_del_hogar_v11.06.20_1.pdf Pérez, Inés (2015) “Un ´régimen especial´ para el servicio doméstico. Tensiones entre lo laboral y lo familiar en la regulación del servicio doméstico en la Argentina, 1926-1956”, en El trabajo doméstico: entre regulaciones formales e informales. Miradas desde la historia y la sociología. Buenos Aires: Cuadernos del Ides. Disponible en https://static.ides.org.ar/archivo/www/2012/03/Cuadernos-del-IDES-N%C2%BA-30-Octubre 2015.pdf Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños. Torres, Aylin (2023) “Bordes, movilidades y ciudadanías. Notas sobre trabajo de cuidados y migraciones en América Latina”, en Torres Santana, Martínez y Muggenthaler (comp.) Y aquí estamos. Migraciones populares, trabajo y economías. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

 

 

Las empleadas de casas particulares quedaron fuera de la «Promoción del trabajo registrado»

 

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El número de niños y niñas que carecen de protección social esencial está aumentando a nivel mundial – OIT y UNICEF

Según un nuevo informe, las múltiples crisis podrían llevar a más niños a la pobreza y crear la necesidad urgente de fortalecer la protección social.

En Siria, Radwan, de 9 años, y su hermana Rimas, de 5, se beneficiaron del programa de ayudas de UNICEF durante el invierno, que consistió en asistencia en efectivo para ayudar a las familias a sobrevivir durante la temporada de invierno.

El número de niños que no tienen acceso a servicios de protección social aumenta cada año, lo cual los expone al riesgo de sufrir pobreza, hambre y discriminación, según un nuevo informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF.

El informe, Más de mil millones de razones: La necesidad urgente de construir una protección social universal para la infancia, advierte que entre 2016 y 2020, otros 50 millones de niños de 0 a 15 años no recibieron prestaciones básicas de protección social (en particular las prestaciones por hijos a cargo, pagadas en efectivo o a través de créditos fiscales), lo que llevó el número total de niños menores de 15 años en esta situación a 1.460 millones a nivel mundial.

“En definitiva, fortalecer los esfuerzos a fin de garantizar una inversión adecuada en protección social universal para la infancia, idealmente a través de las prestaciones universales por hijos a cargo para apoyar a las familias en todo momento, es una decisión ética y racional, y nos sitúa en el camino correcto hacia el desarrollo sostenible y la justicia social”, declaró Shahra Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT.

Según el informe, las tasas de cobertura de las prestaciones familiares y por hijos a cargo disminuyeron o se estancaron en todas las regiones del mundo entre 2016 y 2020, lo cual significa que ningún país está en vías de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de lograr una amplia cobertura de protección social de aquí a 2030. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la cobertura disminuyó de manera significativa de aproximadamente el 51% al 42%, mientras que en otras regiones se estancó o sigue siendo baja. En Asia Central y Asia Meridional; Asia Oriental y Asia Sudoriental; África subsahariana; Asia Occidental y África del Norte, las tasas de cobertura se sitúan alrededor del 21%, el 14%, el 11% y el 28% respectivamente desde 2016.

Cuando no reciben una protección social adecuada, los niños y las niñas están más expuestos a la pobreza, las enfermedades, la falta de escolarización y la malnutrición, y tienen más probabilidades de caer en las redes del matrimonio precoz y el trabajo infantil.

A nivel mundial, los niños tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza extrema (aquellos que luchan por sobrevivir con menos de 1,90 dólares (PPA*) al día), aproximadamente 356 millones de niños. Mil millones de niños viven también en situación de pobreza multidimensional o, lo que es lo mismo, carecen de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. La cifra de niños y niñas que viven en situación de pobreza multidimensional aumentó en un 15% durante la pandemia de COVID-19, lo cual supuso un retroceso en los avances que se habían conseguido hasta ese momento en la reducción de la pobreza infantil y subrayó la necesidad urgente de otorgarles protección social.

Además, la pandemia puso en evidencia que la protección social es una respuesta fundamental en tiempos de crisis. Casi todos los gobiernos del mundo introdujeron nuevos programas de protección social o adaptaron con rapidez los regímenes existentes a fin de apoyar a los niños y las familias, pero la mayoría no hizo reformas permanentes orientadas a garantizar una protección ante crisis futuras, según el informe.

“Cuando las familias enfrentan dificultades económicas, inseguridad alimentaria, conflictos y catástrofes relacionadas con el clima, las prestaciones universales por hijos a cargo pueden ser vitales”, señaló Natalia Winder-Rossi, Directora de Política Social y Protección Social de UNICEF. “Existe la necesidad urgente de fortalecer, ampliar e invertir en sistemas de protección social que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las niñas y sean capaces de responder a las crisis a fin de proteger a los niños de la pobreza e incrementar la resiliencia de los hogares más vulnerables”.

El informe pone de manifiesto que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, tienen dos opciones: “una vía óptima”, o estrategia de inversión que fortalezca los sistemas de protección social; y “una vía fácil”, una estrategia que omita las inversiones necesarias y deje a millones de niños atrás.

Con el objetivo de revertir la tendencia negativa, la OIT y UNICEF instan a los responsables de la formulación de políticas a dar pasos decisivos a fin de alcanzar la protección social universal para todos los niños, a través de medidas como las siguientes:

  • Invertir en las prestaciones por hijos a cargo, que son una manera demostrada y rentable de combatir la pobreza infantil y garantizar que los niños prosperen.
  • Proporcionar una serie de prestaciones por hijos a cargo a través de sistemas nacionales de protección social que, además, conecten a las familias con los servicios sociales y de salud esenciales, como una atención infantil gratuita o accesible de alta calidad.
  • Desarrollar sistemas de protección social basados en los derechos que tengan en cuenta las cuestiones de género y sean inclusivos y capaces de responder a las crisis para hacer frente a las desigualdades; y que ofrezcan mejores resultados para las niñas y las mujeres, los niños migrantes y los niños sometidos al trabajo infantil, por ejemplo.
  • Garantizar una financiación sostenible para los sistemas de protección social a través de la movilización de recursos nacionales e incrementando la asignación de presupuestos para la infancia.
  • Fortalecer la protección social para los progenitores y los cuidadores al garantizar el acceso a un empleo decente y prestaciones adecuadas, como las de desempleo, enfermedad, maternidad, discapacidad y jubilación.

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Notas para los editores

*PPA se refiere a la paridad del poder adquisitivo. La paridad del poder adquisitivo es una medida del precio de bienes específicos en distintos países y se utiliza para comparar el poder adquisitivo absoluto entre países.

Fuente: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/numero-ninos-que-carecen-proteccion-social-esta-aumentando-nivel-mundial

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“La mitad de la población latinoamericana está quedando por fuera de la protección social”

Por: Karina Batthyány

Recordemos a modo de contexto general que los países de nuestra región tienen un panorama económico más que complejo. Al menor crecimiento económico, se suman en nuestros países las presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación del empleo, las caídas de la inversión y crecientes demandas sociales que vuelven a observarse en las calles de América Latina y el Caribe.

Esta situación se traduce en desafíos muy importantes por supuesto para la política macroeconómica que tiene que conciliar políticas que impulsen la reactivación económica, pero también con políticas dirigidas a controlar la inflación y a dar sostenibilidad a las cuentas y finanzas públicas.

Al escenario complejo desde el punto de vista interno de nuestra región, tenemos que agregar el escenario internacional, donde un elemento central es la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ocasiona crecientes tensiones desde el punto de vista geopolítico, pero también un menor dinamismo del crecimiento económico global: una menor disponibilidad en materia de alimentos –nada más ni nada menos– y aumentos en el precio de la energía que incrementan esas presiones inflacionarias que ya venían dándose como resultado de la post pandemia del COVID-19.

Recordemos también que la CEPAL está proyectando para este 2022 que América del Sur crecerá solo un 2.6% (el año pasado creció un 7%), que Centroamérica y México van a crecer un 2.5% (el año pasado lo hicieron en el entorno del 6%) y que el Caribe va a ser la única sub región de nuestra región que va a crecer casi un 5% (en comparación con el 4% que creció en el año anterior).

Además, hay un aumento de la pobreza por sexto año consecutivo y la desigualdad también sigue aumentando, quebrando esa tendencia a la baja que se había iniciado en el entorno de 2002 hasta el 2014 de manera ininterrumpida. También tenemos que sumarle la crisis en la educación en términos de los problemas de continuidad, las brechas de aprendizaje, el aumento del abandono, que son un tema realmente complejo para nuestra región.

En este panorama, la situación laboral de América Latina y el Caribe, dio algunas muestras de recuperación parcial –muy parcial– durante 2021 tras la crisis causada por la pandemia, los distanciamientos y las cuarentenas en 2020. La tasa de participación laboral y el empleo registraron leves mejoras, pero algunos de los grupos más afectados por el impacto de la pandemia, como las mujeres y las personas mayoritariamente mujeres que trabajan en el servicio doméstico, siguen presentando grandes rezagos en comparación con la situación previa a la pandemia.

La recuperación parcial de la demanda local y la influencia del entorno internacional en los costos de producción, inciden en el aumento de la inflación regional, y esto afecta a los salarios mínimos y los salarios reales. Dicho de manera más sencilla: estamos observando una caída en materia salarial y en materia de salarios reales en la región.

Los salarios reales se encuentran más rezagados que la reactivación del empleo, es decir, la recuperación salarial no acompaña a la recuperación del empleo que se observa en la región, siempre comparando con los niveles anteriores a la pandemia. Y allí algunos grupos particularmente afectados como son las mujeres, los y las jóvenes y los y las trabajadoras menos calificadas, donde también observamos además un fuerte conjunto de trabajadores migrantes que están padeciendo esta crisis con mayor intensidad.

Si miramos la primera de estas dimensiones, la de género, que afecta a las mujeres, la pandemia ocasionó una salida muy importante de las mujeres del mercado de trabajo (una salida total o parcial), con una importante pérdida de ingresos y un aumento de la sobrecarga de cuidados durante las situaciones de pandemia. Mientras que la tasa de desocupación masculina pasó del 10% a fines del segundo trimestre de 2020 a 7% a fines del primer trimestre de 2022 (con una reducción mayor a los 3 puntos porcentuales), la tasa de desocupación femenina registró una disminución solamente de 2 puntos porcentuales en el mismo periodo, es decir, pasó de 12% a 10% del segundo trimestre de 2020 al primer trimestre de 2022.

También a fines del primer trimestre de este año, la tasa de participación laboral femenina se ubicaba en 51% frente a la masculina que es del 74%. Allí observamos una brecha de 23 puntos, y esto tiene que ver con el rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo que está condicionado por el atraso en la recuperación de los sectores económicos que concentran el empleo femenino y también, una vez más, por el aumento de la necesidad de cuidados que se manifestó con mucha fuerza tras el inicio de la pandemia.

Además, dicho empleo femenino, tomando los datos de un informe de la CEPAL, se habla de un retroceso de más 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, es decir, hemos retrocedido más de 18 años a causa de los efectos de la pandemia.

Esta recuperación que estamos observando en el mercado laboral de América Latina, es desigual, es desigual desde el punto de vista género y es desigual también en relación a los sectores formales o informales y al desempleo. Veamos entonces la región de América Latina y el Caribe, que reanudó su crecimiento económico, pero con una reactivación de los mercados laborales limitados, porque en gran medida se basó en el trabajo informal esa recuperación. Y, por lo tanto, no tuvo una consecuencia directa sobre el desempleo. El desempleo llegó a superar el 10% durante la pandemia, se prevé que va a disminuir al 9% en 2022 y al 8.8% en 2023 de acuerdo a los estudios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Recordemos que antes de la pandemia nuestra región se ubicaba a niveles de desempleo menores al 8% (7.8% para ser más exacta).

Además, en 10 de los 14 países que brindan estos datos, la tasa de ocupación en este primer trimestre de 2022 no había registrado todavía los niveles del 2019. Y solo en 3 de los 14 países que presentaron los datos para el primer trimestre del 2022, la tasa de participación económica había recuperado los niveles del primer trimestre de 2019.

Además, entre 50% y 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación, han sido en condiciones de informalidad, en una región donde ya sabemos que los niveles de informalidad en el empleo rondan el 50%. Y donde ya sabemos también que estos trabajadores y estas trabajadoras en situación informal, no tienen ningún tipo de acceso a protección social y seguridad social, lo que implicó graves niveles de inseguridad durante la pandemia.

Y, por último, el tema de los jóvenes. Sabemos muy bien que la inserción laboral en la juventud siempre es un tema relevante y desafiante. Allí volvemos a encontrar el empleo juvenil como uno de los más afectados como consecuencia de la pandemia y además donde también se producen brechas de género al interior de este sector de la población entre los y las jóvenes. La brecha de género persiste en los indicadores de empleo juvenil. Tanto la tasa de actividad juvenil como la tasa de empleo, tiene una diferencia de 25 puntos porcentuales menor en el caso de las mujeres en comparación con los varones. Y la brecha en la tasa en el desempleo juvenil, alcanza en promedio los 6 puntos porcentuales, siendo el doble de la que se observa para el total de los trabajadores de la economía. Es decir, vemos cómo estos fenómenos de género también se acentúan en un sector difícil desde el punto de vista de la inserción laboral.

Los problemas justamente de inserción laboral son generalizados entre la población juvenil, aunque se manifiestan por supuesto de manera diferencial de acuerdo a los logros educativos y a la zona de residencia de estos jóvenes. Evidentemente los jóvenes con niveles educativos medio o superior tienen menores dificultades que aquellos que no han completado los niveles medios o que tienen niveles muy básicos de ocupación. Las dificultades de inserción entre los jóvenes disminuyen en estos sectores de mayor nivel educativo o de nivel educativo medio. Los problemas también de calidad de empleo afectan a los jóvenes, y es particularmente importante el nivel de informalidad entre la población joven en el momento de la inserción laboral. La informalidad realmente es mayor que en la población en general. La inserción laboral de la población juvenil, en términos de la calidad del empleo, realmente es bastante deficitaria en comparación con los empleos que obtienen los adultos. Y eso se traduce una vez más también en términos de carencias de protección y de seguridad social.

Entonces, frente a esta situación y estos datos que estamos empezando a conocer de lo que es el desempeño de 2022, marcado por los problemas de nuestra región, pero también por esta coyuntura internacional que se prolonga e implica altos niveles de inflación, encarecimiento de los alimentos, de la energía y de servicios básicos, miremos qué está pasando a nivel del mercado de trabajo y cómo volvemos a colocar una vez más esta discusión sobre la necesidad de discutir nuevas bases para el contrato social, en este caso nuevas bases para los contratos en término sociales desde el punto de vista laboral. Y cómo una vez más, necesitamos fortalecer la participación estatal, las distintas instituciones y particularmente las vinculadas a los sistemas de protección social, para que efectivamente sean universales, sostenibles, integrales, porque si no, si lo miramos desde el punto de vista del mercado de trabajo, la mitad de la población latinoamericana nos está quedando por fuera de esta protección social. Entonces, coloquemos una vez más estos nudos estructurales en el centro de la discusión.

-Me quedé con un dato que me llamó mucho la atención que tiene que ver con el efecto después de la pandemia más dura y restrictiva de 2021, con crecimiento del 7% en América del Sur y al día de hoy las previsiones del 2.6%. Es un cambio enorme, se trató de un cierto efecto rebote después de la pandemia en cuanto a la parálisis total de la economía de la subida muy grande y después regulación… ¿Qué pasó ahí?

-Exacto. Es justamente el efecto rebote que estaba previsto que así fuera. Lo que no estaba previsto es que después de esos niveles de crecimiento, que una parte se explicaban por el rebote, la disminución fuera tan grande en este 2022. Por eso comencé explicando el contexto tanto de las dificultades regionales como las dificultades internacionales, particularmente este conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania y el alza en determinadas materias como los alimentos, la energía y la inflación que es la que afecta directamente todo lo expuesto.

https://www.clacso.org/la-mitad-de-la-poblacion-latinoamericana-esta-quedando-por-fuera-de-la-proteccion-social/

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España: el envejecimiento poblacional y la atención que demanda

El impacto causado por el covid-19 ha sido terrible en el entorno más vulnerable, el de las personas de mayor edad, tanto en la altísima mortalidad sufrida en las residencias como en las condiciones en que se encuentran quienes han sufrido la pandemia en su hogar. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa el especial cuidado que merece la tercera edad y las personas dependientes, un enorme desafío de alto contenido ético que el conjunto de la sociedad debe afrontar, tanto en lo que se refiere a su salud como a la propia calidad de vida. La insuficiente falta de financiación del sistema de dependencia, aun a pesar de la ley que la regula, provoca, por ejemplo, que en España haya más de 230.000 personas dependientes todavía sin prestación y casi 150.000 a la espera de ser valoradas, sin contar con que las ayudas son precarias y muy raramente sirven para paliar los déficits de asistencia.

Galicia, a la cabeza del envejecimiento demográfico en España, tiene en consecuencia un reto mayor que el de otras regiones para prestar a toda esta población la atención obligada. En 2035 un 33% de los habitantes de la comunidad tendrá más de 65 años, es decir, uno de cada tres gallegos ya estará en la franja de la tercera edad. Y para entonces pasará de tener el 4,1% de su población en situación de dependencia pendiente de protección pública al 5,5%, lo que supone nada menos que 28.000 personas más que ahora. Si a ello se suma el desplome de la natalidad y en consecuencia la falta de relevo generacional, la atención en los hogares de nuestros mayores en dificultades se torna una misión casi imposible.

La ley de Dependencia supuso, sin duda, un salto cualitativo en la protección social de este amplio colectivo poblacional, aunque cuenta con severas dificultades financieras para su pleno desarrollo. Las políticas de asistencia social necesitan un giro para paliar una situación deficitaria en lo que se refiere a la oferta pública de residencias, sometidas en la actualidad a unas listas de espera insoportables. En el otro lado de la balanza, el vacío lo ocupa la iniciativa privada, cuyo catálogo de atención de mayores se rige por los precios de mercado, solo aptos para quien pueda pagarlos y no todos pueden hacerlo. Resulta apremiante seguir impulsando más y mejores alternativas frente a un problema que crecerá exponencialmente debido a la baja tasa de natalidad y a los cambios que se vienen produciendo en los entornos familiares, donde además los núcleos tradicionales mutan hacia otros modelos que no contemplan la convivencia con los mayores.

El futuro solo puede abordarse, por un lado, con la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la creación de una red residencial sostenida en parte a través de las aportaciones de los peticionarios, cuyas pensiones serán imprescindibles para sufragar los gastos de un sistema equilibrado que cubra el amplio abanico de necesidades de una generación con hábitos muy diferentes a los de sus ancestros.

La previsible demora en crear una completa oferta pública estable obliga a alcanzar acuerdos con centros privados a través de los necesarios concursos. Prueba del colapso y los trastornos sociales que provoca la carencia de un proyecto para los mayores en el conjunto del país no radica solo en las eternas listas de espera, sino también en los ingresos hospitalarios de ancianos que ocupan camas en los centros sanitarios al oponerse sus familias al traslado domiciliario porque aquellos no pueden regresar sin apoyos o porque éstas carecen de medios para atenderlos en el hogar. Solo en 2020, la Xunta internó de urgencia en residencias a casi 800 ancianos que no podían valerse por sí mismos y no tenían a nadie que los pudiera cuidar.

Esta es la situación actual, a la que se suma que más del 85% de los cuidadores son familiares sometidos a la presión de tener que conciliar sus vidas privadas y laborales con la atención a sus mayores. No obstante, el escenario demográfico de futuro es aún peor. Urge que las administraciones actúen en consecuencia, previendo que la generación de los baby-boomers llegará en la próxima década a la senectud. Y en menos de veinte años, el sistema tendrá que atender al doble de personas que en la actualidad, una cifra que las proyecciones elevan a dos millones de ancianos. La población envejecida se incrementará, habrá más dificultades en el acceso y en la conservación de la vivienda, tendrá una menor cobertura familiar y menos ingresos para hacer frente a sus necesidades, el pago de las pensiones se complicará y, con las restricciones a la inmigración, habrá también menos personas que puedan intervenir en el sistema de cuidados.

Además de residencias adaptadas a las exigencias de tiempos pandémicos, hace falta un programa moderno de atención. Adaptado a las nuevas circunstancias laborales y a los cambios sociológicos en los entornos en el que se priorice una efectiva atención domiciliaria, con proyectos para acompañamiento a las familias y una mayor cobertura de cuidadores, tanto en extensión de las horas invertidas como de su estatus y condiciones laborales.

La Xunta viene esta semana de anunciar por boca de su presidente Feijóo en el debate sobre el estado de la Autonomía un nuevo modelo de residencias de mayores, que se enviará en las próximas semanas al Parlamento. Entre las novedades, figura que todos los centros nuevos deberán estar divididos en unidades de convivencia de 25 personas como máximo, que servirán como pequeños hogares dentro de cada residencia. También se crearán las primeras unidades de cuidados intermedios en las que se atenderá a los mayores, que tras recibir el alta de un centro de salud, necesiten un “acompañamiento social”. Al anuncio se suma el acuerdo entre PP y PSdeG para la creación de 2.000 nuevas plazas públicas en residencias de mayores en tres años. Son pasos, que a falta de conocer el recorrido final, apuntan en la buena dirección.

El Gobierno, por su parte, ha impulsado un plan de choque, de común acuerdo con autonomías y agentes sociales, que implica una inversión en tres años de 3.600 millones de euros con el objetivo prioritario de reducir las listas de espera e introducir avances en los servicios y prestaciones. La administración central calcula llegar a un porcentaje de financiación del 26,5% para paliar los recortes promulgados por el PP, pero aun alejado de la cifra prevista por la ley. La Xunta se ha comprometido a reducir la burocracia y agilizar la valoración de los beneficiarios de ayudas, consciente del galimatías jurídico existente, y del sufrimiento de muchos afectados. Los concellos, a los que se ha transferido la competencia autonómica del servicio de ayuda al hogar, ven como estas partidas se llevan la mayor parte del gasto social. Ni aun así los fondos llegan ni hay profesionales suficientes para su atención. Con el coste de los cuidados disparado, el aumento de dependientes y la demanda creciente de personal cuadrar las cuentas es un triple reto.

El envejecimiento de la generación más numerosa, más allá de su impacto en la pirámide poblacional, afectará también sensiblemente a la economía y a la distribución de la riqueza. Por eso resulta esencial salvaguardar los derechos básicos del Estado del bienestar para evitar un aumento de la desigualdad y, especialmente, la defensa de la dignidad en una sociedad que, como hemos visto y sufrido, no puede permitirse dejar de lado a sus mayores.

Fuente de la información e imagen: https://www.laopinioncoruna.es

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Europa: Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a la natalidad

Un nuevo estudio analiza los cambios en la tasa de natalidad de 22 países de ingresos altos durante los primeros meses de la covid-19. Los estados del sur de Europa, como España e Italia, presentaron peores datos de natalidad que los nórdicos, lo que podría estar vinculado a una mayor protección social en los últimos.

Un estudio internacional, liderado por la Universidad Bocconi (Italia), confirma que la llegada de la covid-19 está relacionada con un descenso de las tasas de natalidad en los países de renta alta. Los resultados, publicados en la revista PNAS, revelan que los nacimientos disminuyeron especialmente en el sur de Europa, como España.

Las pandemias son un factor clave de los cambios en las poblaciones humanas, ya que afectan tanto a las tasas de mortalidad como de fertilidad. Hay registros de que la pandemia de la gripe española (1918-1919) provocó, en Estados Unidos, un descenso de hasta un 13 %. En Reino Unido, Japón, India y Noruega, entre otros, también se observó la misma tendencia.

Para analizar con detalle este fenómeno, los investigadores del nuevo trabajo estudiaron 22 países de renta alta (Estados Unidos, Israel, Singapur, Corea del Norte, Japón y varios europeos, como España) y compararon las tasas brutas de natalidad mensuales medias desde noviembre de 2020 ─nueve meses después de que la OMS declarará la pandemia─ hasta marzo de 2021, con las del mismo periodo un año antes.

“Las diferencias entre países atienden a varias razones. Una de ellas es el alcance de la pandemia, diferente en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay registros de concepciones entre febrero y marzo. En ese momento, la enfermedad aún no había cobrado ahí toda su fuerza. Sin embargo, territorios como Italia y España estaban ya en pleno estado de alarma”, indica a SINC Arnstein Aassve, primer firmante de la investigación.

Datos negativos, con diferencias entre países

Las tasas de natalidad cayeron en casi todos los países analizados. Los peores datos fueron recogidos en el sur de Europa. Las tasas brutas de natalidad descendieron un 9,1 % en Italia, un 8,5 % en Hungría, un 8,4 % en España y un 6,6 % en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso significativo.

Sin embargo, se encontraron valores positivos, aunque no significativos, para 9 de los 22 países de la muestra: Eslovenia, Corea del Sur, los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia), Alemania, Países Bajos y Suiza.

“Tener hijos forma parte de una estrategia de planificación a largo plazo, y es muy costoso. Es cierto que el alcance de la pandemia fue menos grave en los países nórdicos. Pero, al mismo tiempo, sus habitantes saben que la protección social es más fuerte en caso de que pierdan su empleo como consecuencia de esta situación”, afirma el investigador.

Así, los países que cuentan con estrategias políticas que ayudan a las personas a hacer frente a los problemas que pueden surgir de una pandemia, se ven menos afectados por este tipo de crisis. “La covid-19 impacta en la dinámica de la población y puede conllevar implicaciones políticas para el cuidado de los niños, la vivienda y el mercado laboral”, apunta el estudio.

Qué puede esperarse en las siguientes oleadas

Aassve quiere dejar claro que este estudio analiza solo los primeros meses de la pandemia. “La primera oleada fue sin duda un choque enorme e inesperado. Y no cabe duda de que una mayor incertidumbre conlleva una menor fertilidad. Aunque es posible que las siguientes oleadas hayan supuesto una experiencia de choque: la mayoría pensaba que todo había terminado en el verano de 2020, cuando las tasas de infección eran drásticamente más bajas”.

“Por ello, la segunda ola podrían haber sido un nuevo shock y, por tanto, una nueva disminución de la fertilidad. Pero quizás en la tercera ola la gente haya empezado a adaptarse a la nueva normalidad. De momento no podemos saberlo, aunque seguro que habrá muchos estudios de seguimiento al respecto”, concluye el autor.

Referencia:

Aassve et al. “Early assessment of the relationship between the COVID-19 pandemic and births in high-income countries”. Proceedings of the National Academy of Sciences 2021

Fuente de la información e imagen: SINC

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La OIT pide aumentar la protección de los trabajadores a domicilio

La pandemia acelera el paso al teletrabajo en medio de legislaciones deficientes, según el organismo de la ONU

La pandemia ha aumentado la nómina mundial de los trabajadores a domicilio. En medio de restricciones de movilidad para contener la propagación del virus, las empresas e instituciones han modificado sobre la marcha su modus operandi para garantizar la continuidad de sus cadenas de producción, mientras los trabajadores han tenido que convertir las mesas de sus cocinas en escritorios y escenarios para innumerables videoconferencias por Zoom. Pero el reajuste deja una cuenta pendiente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): garantizar la protección social y económica de los empleados que trabajan desde el hogar.

En el informe Trabajo a domicilio. De la invisibilidad al trabajo decente publicado este miércoles, la OIT pone de relevancia una deuda cotidiana para unos 260 millones de personas que ya trabajaban a domicilio en todo el mundo antes de la crisis de la Covid-19, un 7,9% del empleo mundial. «Por lo general, la reglamentación del trabajo a domicilio es deficiente y el cumplimiento de la legislación vigente resulta complejo. En muchos casos, los trabajadores a domicilio son considerados contratistas autónomos y, en consecuencia, quedan excluidos del ámbito de la legislación laboral», afirma el organismo.

Entre las mayores deficiencias, la OIT denuncia la desventaja salarial. En el caso de Europa, en países como Reino Unido, los trabajadores a domicilio ganan un 13% menos que aquellas personas que trabajan fuera de casa. Pero la diferencia es aún mayor en otros continentes. En Estados Unidos, el salario es un 22% menos, mientras que en Argentina o México llega hasta un 50% menos.

Al desfase económico, el organismo de la ONU agrega una problemática agudizada durante las cuarentenas impuestas en 2020: el aislamiento social. Esto ha puesto de manifiesto que los trabajadores a domicilio no poseen el mismo grado de protección social que los demás trabajadores. Como este tipo de trabajo tiene lugar en la esfera privada, los home workers son menos proclives a formar parte de un sindicato, figurar en convenios colectivos o disfrutar de programas de formación, lo que aumenta la sensación de “invisibilidad” de quienes trabajan desde casa, de acuerdo con la OIT.

Estos hándicaps ya impuestos antes de la pandemia, ahora se extienden a quienes han tenido que incorporar el teletrabajo a su rutina, de la noche a la mañana. En los primeros meses de la pandemia, según el informe, en torno a uno de cada cinco empleados realizó su trabajo desde casa. Y aunque aún no se dispone de la cifra total de 2020, la OIT advierte de un crecimiento exponencial en esta modalidad a lo largo de los próximos años.

Solo en España, recelosa del trabajo remoto, el porcentaje de población que trabajaba desde casa se duplicó en los meses de emergencia y alcanzó un 30,2%, según los datos de Eurofund. Tras el experimento impuesto, ya para diciembre, ocho de cada diez empresarios afirmaban que favorecerán el teletrabajo tras el fin de la pandemia, según el estudio El futuro del trabajo después de la Covid-19, realizado por The Adecco Group Institute.

Ante este escenario, la OIT demanda a los gobiernos “garantizar que todos los trabajadores a domicilio pasen de un estado de invisibilidad a una situación con trabajo decente, con independencia de que trencen mimbre en Indonesia, elaboren manteca de karité en Ghana, clasifiquen fotografías en Egipto, cosan máscaras en Uruguay o trabajen a distancia en Francia”.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/13/economia/1610543407_026737.html

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La noción de trabajo decente, ¿un ardid de la teología del capitalismo?

Por: Eduardo Camín

 

El lenguaje es una de las herramientas usuales para interpretar y comprender la realidad. En nuestros días es habitual la utilización del lenguaje fingido, para controlar la forma de pensar o legitimar desigualdades. Y ciertas nociones o enunciados que surgen de un determinado contexto se convierten en claves para objetivar cuestiones hasta entonces no objetivadas.

Un concepto muy manido en estos tiempos es el del trabajo decente, emergente del actual contorno socio-histórico en donde la situación laboral es endeble y la categoría trabajo ha perdido significación, un concepto que se constituye en un término altamente valorativo y explicativo de la realidad, pero que, paradojalmente lleva implícito su déficit.Ponencia sobre el trabajo decente

Si bien el sentido ético es el carácter más visible de este término, cuestión que puede llevar a confundirlo con un anhelo, las dimensiones que la constituyen estructuran una sólida noción analítica y dan cuenta de cómo puede ser el trabajo, o bien, de cuánto adolece hoy en día y en cada lugar esta actividad vital, ese acto social propiamente humano.

En el marco de este proceso de formación de una nueva cultura civilizatoria, en la que teoría e historia van configurando nuevos escenarios de conocimiento y realidades sociales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1999, el Programa de Trabajo Decente ,con el cual se compromete a promover las condiciones que brinden oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Y lo definició como “el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT 1999a: 4).

Después de aquella 87ª reunión de la OIT, esta organización ha elaborado varios documentos en los que se profundiza en el concepto. En el 2000, el entonces Director General Juan Somavia, presentó una nueva metodología en la que el trabajo decente debe entenderse como un concepto integrador, en cuya realización es necesario combinar aspectos relativos a los derechos, el empleo, la protección y el diálogo en un todo.

Además debe constituir una meta, un marco para la definición y la actuación de políticas, un método de organización de actividades y programas, y una plataforma para la asociación con otras entidades (OIT 2000: párrafos 1.1 y 3.5).

Trabajo decente en condiciones indecentes

El trabajo decente | Voces en el FenixCuando hablamos de trabajo, hemos limitado su significado habitual al empleo, al trabajo asalariado. Pero abarca mucho más que eso, en capacidad creadora, construcción social, desarrollo humano, solidaridad… Muchos de los trabajos que desarrollamos, sin ser empleos, son imprescindibles para la vida humana (el trabajo en el hogar y la familia, el del cuidado, el voluntariado…) y sin ellos el empleo no se podría sostener.

La OIT acuñó el término “trabajo decente” y lo convirtiera en su prioridad a partir de 1999, entendido desde la promoción de oportunidades para que hombres y mujeres pudieran conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Desde ese momento comenzó a diseñar estrategias internacionales para que el trabajo decente ocupara un lugar central en las políticas de los gobiernos y, con ello, se lograra un progreso social y económico que fortaleciera a personas, familias y comunidades. El objetivo era reafirmar que el trabajo decente es fuente de dignidad personal, indispensable para reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo equitativo, global y sostenible.

La realidad neoliberal: ¿cómo andamos de trabajo decente?

Nuestras sociedades se han ido configurando de tal manera que lo no-productivo, lo que no es útil para obtener beneficio en el menor tiempo posible, se desecha, se descarta. En el actual contexto globalizador, el mundo se mueve alrededor de la “economía”, del mercado: trabajo, política, sociedad, ocio, relaciones, la persona es un todo. Nada queda fuera del alcance del culto al dios dinero, que convierte todo en mercancía. Incluidas las personas. Una economía que destruye toda noción de vida.

La lógica del modelo económico neoliberal dominante ha impuesto una nueva configuración del trabajo en la que el desempleo y la precariedad son lo habitual, lo normal, puesto que lo nuclear no son las personas sino la rentabilidad. Desde esa perspectiva, el empleo, y las personas que lo desarrollan, se vuelve inestable, inseguro, a merced de las fluctuaciones del mercado.El trabajo decente sigue lejos para mujeres latinoamericanas

Éste es el que acaba decidiendo qué persona y en qué lugar trabajará o no hoy, en qué empresa, con qué horario, en qué puesto, por cuánto salario. Se precariza el empleo y, con él, la vida de las y los trabajadores y de sus familias. Tanto que cada vez es más difícil planificar el futuro: se dificultan las relaciones familiares y sociales, así como la participación.

Del trabajo decente pasamos a una “flexiprecariedad”, a la fragmentación del mundo del trabajo ante las diversas y siempre cambiantes modalidades de empleo, con constantes salidas del mercado laboral y con retornos, la mayoría de las veces, en peores condiciones.

El salario cada vez cumple menos su función de dar estabilidad, seguridad y cubrir necesidades personales y familiares. Ahora tener un trabajo no asegura estar fuera de la pobreza: miedo a perderlo es, muchas veces, miedo a la exclusión que acecha.

Las malas condiciones de trabajo también se manifiestan en los bajos ingresos. En 2019, más de 630 millones de trabajadores en todo el mundo –el 19 por ciento de todos los empleados– no ganaron lo suficiente para salir ellos y sus familias de la pobreza extrema o moderada, que se define como la situación en la que los trabajadores ganan menos de 3,20 dólares al día, en términos de paridad de poder adquisitivo.

Así, se niega en la práctica el derecho al trabajo: Los derechos laborales son un obstáculo para la rentabilidad; se estigmatiza la negociación colectiva, pues el objetivo es que el trabajador – y su familia – sea “flexible”, se adapte a las exigencias de la producción.

Sin embargo, nunca en la historia ha habido tanta riqueza acumulada como ahora. El problema del hambre es solucionable, al igual que la posibioidad de que todas las personas puedan vivir dignamente. Es un problema de equidad, de solidaridad y de justicia, que debe traducirse en prioridades políticas, económicas y sociales.

Necesitamos trabajo y sustento … y nos ofrecen empleo cada vez más precario, cada vez más indecente. Este es el problema por resolver. Y no tiene solución viable razonando con la lógica del lucro, del dinero.

Covid 19, realidad convertida en ardid

El Derecho del Trabajo en la emergencia del Covid-19 | Blog Alternativas | EL PAÍSSomos conscientes de las consecuencias del Covid-19 en el empleo son profundas, de gran alcance y sin precedentes. El ajuste del empleo suele seguir a la contracción económica con cierto retraso. La presente crisis, los cierres y otras medidas han afectado al empleo directamente y en una magnitud mayor a la prevista inicialmente al comenzar la pandemia.

Vivimos la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, con un rápido aumento de la destrucción de empleo en el mundo Para captar con mayor precisión las características actuales de la crisis del COVID-19.

El Estado podría –y debería– ampliar sus competencias para ofrecer siempre oportunidad de trabajo e ingreso a cualquier personas empleadas de empresas privadas, públicas o cooperativas lanzadas al desempleo por las fluctuaciones de la demanda. Ante esta situación, el empleo –tenerlo o no, las condiciones en que se desarrolla, los ingresos que aporta– condiciona enormemente la vida de las personas, de las familias y de la sociedad entera.

Hasta hoy el empleo es un elemento decisivo en la inclusión social y no tenerlo aboca a muchas personas y familias a la pobreza o la exclusión. En el modelo capitalista, el capital privado sufraga una parte de la vida del obrero que no tiene nada que ver con la esfera productiva. Cumple, por tanto, una función social, que convierte al capitalista en un gestor que goza de un importante poder para condicionar la vida de un número de personas.

El capitalismo sustrae a los actores reales de la actividad económica la soberanía material sobre sus vidas: los convierte en juguetes zarandeados por estrategias empresariales orientadas al máximo beneficio para el capital.

El «impotente» discurso de los gobiernos sobre el “trabajo decente” se ha transformado, en definitiva, en una versión laica de las encíclicas papales. Obviamente, la caridad no es vocación de las empresas.

Los dueños de empresa y los operadores financieros tienen todos los motivos del mundo para felicitarse por el estado de cosas y vivir la vida que se presenta como una situación y una época bendita, ya que ninguna teoría, ninguna manera de pensar; ninguna acción seria se opone a ellos. El virus tampoco, lo hará.

Entonces, ¿por qué continuar en la retórica discursiva de la «indignación» en los foros sociales, en las cumbres mundiales y renunciar a una acción seria en sus propios países, que se oponga a este estado de las cosas?

Una de las tentaciones permanentes es acabar aceptando el mensaje mil veces repetido, de que las cosas son así y no hay alternativa posible. Hasta que no se elabore una propuesta real y valiente para intentar salir de la situación presente – y no simplemente para paliar sus efectos más atroces, con planes de emergencia, ayudas sociales y trabajo decente – su destino político seguirá preñado de melancolía.

¿Será cierto que un mundo de transformación seguirá reduciéndose en la nostálgica llorona de un universo perdido en décadas de miseria. ¿El mundo de las modernidades nacionales, y la retórica del discurso del neoliberalismo conservador globalista, seguirá marcando el sentido de los tiempos? … A esta barbarie parece que vamos encaminados.

Fuente e imagen:  http://estrategia.la/2020/09/12/la-nocion-de-trabajo-decente-un-ardid-de-la-teologia-del-capitalismo/

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