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La esclavitud moderna: Un caso en Brasil

Un caso en Brasil evidencia la persistencia de intolerables casos de abuso de los derechos humanos.

La mirada sobre la esclavitud ha adquirido notoriedad en los últimos años a partir de los ataques a figuras de esclavistas que, como se ha analizado largamente, no pueden ser juzgados bajo la ética y las normas del presente. Que el tráfico de esclavos fue un capítulo aterrador, nefasto y aún no superado es una cuestión siempre digna de revisitar, aunque asumiendo ese principio de extemporaneidad que lo sitúe en su perspectiva histórica. Lo que sí requiere una mirada muy exigente del presente es la herencia viva de la esclavitud que perdura entre nosotros. Mucho más extensa de lo que se suele considerar y con tentáculos enormes en todos los contextos.

El rescate de Madalena Gordiano, una brasileña captada por una familia del Estado de Minas Gerais cuando apenas tenía ocho años y pedía limosna, en cuyo seno ha servido casi 40 años como criada sin sueldo, sin derechos, sin educación e incluso explotada económicamente como un activo bajo su propiedad, debe remover conciencias. Y abrir debates.

Gordiano, que al ser liberada en noviembre tras la denuncia de un vecino tenía 46 años y se expresaba con dificultad, es un símbolo del legado de la esclavitud que pervive en Brasil, el último país americano en abolirla después de 350 años de una explotación que dejó una herencia aún insoportable. Se trata de un caso extremo que está en manos de los jueces, pero nos recuerda que la explotación a personas sin recursos —especialmente si son mujeres— y sin el poder que da la raza blanca corroe nuestro universo.

En Brasil, los negros y mestizos, herederos de los africanos, constituyen el 56% de la población, pero su esperanza de vida, sus ingresos, su formación y seguridad es sensiblemente menor a la de la población blanca. El 75% de las víctimas de asesinato son negros o mestizos. En los últimos 25 años, en Brasil han sido rescatadas 55.000 personas de trabajos esclavos, labor más complicada en el caso de las criadas.

La desigualdad a la que condujo el esclavismo y que pervive en la actualidad forma parte de los debates abiertos en el continente americano, desde las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos a la mencionada ofensiva contra las estatuas esclavistas. Pero la fenomenología del abuso de derechos básicos con sabor a esclavitud del siglo XXI es plural y en muchos casos no tiene que ver con un componente racista, desde los niños soldados hasta la explotación sexual o trabajos forzosos de distinta índole. La línea de avance que une el Renacimiento, la Ilustración, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras conquistas más recientes tiene todavía recorrido por delante, incluso en los países más avanzados. No cabe complacencia de ninguna clase.

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Israel: ONG israelí denuncia régimen de racista en su país

Asia/Israel/15-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La organización denunció que Israel insiste en «promover y perpetuar la supremacía de los judíos sobre los palestinos”.

La ONG por los derechos humanos, B’tselem calificó este miércoles a través de un comunicado a Israel y a su control de los territorios palestinos como “un solo régimen de apartheid».

B’Tselem sostuvo en el documento que la política del primer ministro Benjamín Netanyahu ha promovido «un apartheid de facto» que se perpetúa para millones de palestinos desde 1967.

La organización israelí denunció que el estado judío no es una democracia a la que se le atribuye una ocupación, sino que “es un solo régimen desde el río Jordán hasta el mar basado en una política que consiste en promover y perpetuar la supremacía de los judíos sobre los palestinos”.

Fuentes diplomáticas de Israel han reaccionado de forma inmediata para calificar este informe de “propaganda” y rechazan lo que consideran “acusaciones falsas basadas en un punto de visto ideológico, y no en la realidad”.

Creado en 1989 durante la primera intifada, B’Tselem documenta abusos contra los derechos humanos en Judea y Samaria (Cisjordania), Jerusalén oriental y Gaza. En presentaciones ante las Naciones Unidas y la Unión Europea, sus representantes han alegado que los israelíes han cometido violaciones de derechos humanos y en ocasiones crímenes de guerra.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/israeli-denuncia-regimen-racista-20210113-0039.html

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Racismo estructural, desigualdad y salud en Estados Unidos

Por: VientoSur.info

En los 5 años desde que uno de nosotros publicó «#BlackLivesMatter – A Challenge to the Medical and Public Health Communities» en el Journal /1 , hemos visto un cambio radical en el reconocimiento del racismo como un rasgo duradero de la sociedad estadounidense y de su alto costo en vidas de personas negras. Tanto los funcionarios electos como los dirigentes empresariales y académicos utilizan el lema «Black Lives Matter», que también ha sido adoptado ampliamente por el público, que por millones protestó por la ejecución extrajudicial de George Floyd /2 . Este encuadre queda plasmado en el término «racismo estructural».

No existe una definición «oficial» de racismo estructural -o de los conceptos, estrechamente relacionados, de racismo sistémico e institucional- aunque se han ofrecido múltiples definiciones /3-7. Todas las definiciones dejan claro que el racismo no es simplemente el resultado de los prejuicios privados de los individuos /8, sino que también es producido y reproducido por leyes, normas y prácticas, sancionadas e incluso aplicadas por diversos niveles de gobierno, y que está arraigado en el sistema económico, así como en las normas culturales y sociales /3,8.

Como legado de la esclavitud africana, el racismo estructural afecta tanto a la población como a la salud individual en tres ámbitos interrelacionados: la política de líneas rojas y la segregación residencial racial, el encarcelamiento masivo y la violencia policial, y la desigualdad en la atención médica. Estos ejemplos, entre otros, comparten ciertos rasgos cardinales: los daños tienen un fundamento histórico, implican a múltiples instituciones y se basan en metáforas culturales racistas.

Líneas rojas y segregación residencial racializada

En 1933, el gobierno federal estableció la Corporación de Préstamos a los Propietarios de Viviendas (HOLC) para expandir la propiedad de viviendas como parte de la recuperación de la Gran Depresión /8. Para guiar las determinaciones de la solvencia hipotecaria, HOLC creó mapas de al menos 239 ciudades de los Estados Unidos. Utilizando la composición racial como parte de su evaluación, el personal de HOLC literalmente dibujó líneas rojas (por lo tanto, «redlining») alrededor de las comunidades con grandes poblaciones negras, señalándolas como áreas de inversión peligrosas cuyos residentes no recibirían préstamos de HOLC. El trazado de líneas rojas hacía que las hipotecas fueran menos accesibles, lo que hacía que los posibles compradores de vivienda negros fueran vulnerables a condiciones depredadoras, con lo que aumentaban las ganancias de los prestamistas, se reducía el acceso a la propiedad de la vivienda y se privaba a esas comunidades de un activo que es fundamental para la transferencia intergeneracional de riqueza. Las hipotecas federales fueron rechazadas independientemente de las opiniones raciales de los oficiales de préstamos hipotecarios; no fue algo personal.

Esta práctica aprobada por el gobierno validó otras maniobras racistas, como los pactos restrictivos que prohibían a las personas negras ser propietarios de viviendas mediante acuerdos legales establecidos por los propietarios anteriores, la infravaloración de los bienes inmuebles en los barrios negros y la violencia de las turbas contra las personas negras que se trasladaban a los barrios blancos. Aunque la política de líneas rojas terminó oficialmente con la Ley de Vivienda Justa de 1968, su impacto se ve hoy en día en la geografía social de las ciudades. La segregación residencial constituyó una plataforma para una amplia desinversión social, especialmente en la infraestructura de los barrios (por ejemplo, espacios verdes, parque de viviendas y carreteras), servicios (por ejemplo, transporte, escuelas y recogida de basura) y empleo.

La segregación racial residencial sigue siendo un poderoso factor de predicción de la desventaja de las personas negras /3,5,9. Hay un legado directo de la política de líneas rojas en la salud y el bienestar: los nacimientos prematuros, el cáncer, la tuberculosis, la depresión materna y otros problemas de salud mental se producen en mayor medida entre los residentes de las zonas señaladas por la política de líneas rojas /3-5. Los mecanismos plausibles de los efectos continuos de la política de líneas rojas sobre la salud merecen ser estudiados más a fondo, teniendo en cuenta la exposición a las toxinas ambientales (teratógenos, carcinógenos, contaminantes atmosféricos, etc.) y el impacto físico sostenido de los factores estresantes psicosociales concentrados /5,9-11. Las mejores calificaciones de los vecindarios HOLC se asocian con niveles más bajos de carcinógenos en el aire y niveles más altos de cobertura de las copas de los árboles (que mitiga los contaminantes del aire y el calor) /12. Los vecindarios predominantemente blancos generalmente tienen niveles más bajos de contaminación del aire /13, mientras que las exposiciones más altas contribuyen a la incidencia de asma y bajo peso al nacer en las comunidades negras /14.

La política de líneas rojas requirió la cooperación del gobierno; de las industrias bancaria, crediticia e inmobiliaria y los promotores privados; así como de los propietarios de viviendas. Juntas, estas partes ayudaron a avivar las creencias culturales de que las personas negras eran malos vecinos, cuya presencia disminuiría los valores de los inmuebles y aumentaría la delincuencia. Además, el racismo estructural que permite y sostiene la segregación facilita el racismo estructural en otras formas, incluyendo el encarcelamiento masivo y la violencia policial y la injusta distribución de la atención médica de alta calidad.

La violencia policial y el estado carcelario

Los Estados Unidos tienen la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, y la policía de los Estados Unidos mata a civiles mucho más a menudo que la policía de otros países ricos /15,16. Un gran número de investigaciones científicas documenta tanto los resultados de la desigualdad racial como los prejuicios raciales en prácticamente todos los aspectos del sistema jurídico penal, y la comunidad negra sufre resultados más duros que los blancos en los encuentros con la policía, la fijación de fianzas, la duración de las sentencias y la pena capital /17,18. La historia de los tribunales, las prisiones y la policía como instituciones que mantienen la jerarquía racial es clave para comprender la naturaleza profundamente punitiva y racialmente desigual del sistema jurídico penal de los Estados Unidos, con importantes y persistentes implicaciones para la salud de las comunidades negras.

La policía contemporánea de los Estados Unidos tiene sus raíces en las patrullas de esclavos, que se establecieron por primera vez en la Virginia colonial del siglo XVIII en un esfuerzo por capturar a los fugitivos y sofocar las revueltas. Tras la abolición de la esclavitud y el efímero progreso de la Era de la Reconstrucción, la policía y las prisiones sirvieron como instituciones clave para reafirmar el dominio de los blancos, especialmente en el Sur. Las fuerzas del orden sancionaron, permitieron y participaron en el linchamiento de personas negras, que las turbas blancas solían llevar a cabo con el pretexto de castigar el delito; en realidad, el linchamiento a menudo tenía motivos económicos y políticos más amplios /19. Los blancos del Sur también utilizaron la policía y las prisiones para hacer cumplir las leyes de vagabundeo y los sistemas de arrendamiento y aparcería para obligar a las personas anteriormente esclavizadas a regresar a los campos – «la esclavitud con otro nombre», como dijo un autor famoso /20.

Cuando el Congreso aprobó las Leyes de Derechos Civiles de 1964, los linchamientos se habían vuelto raros y el sistema de arrendamiento de convictos había sido abandonado hacía mucho tiempo. Pero sólo unos meses después, el Presidente Lyndon Johnson declaró una «Guerra contra el crimen», a la que siguió en la década siguiente la «Guerra contra las drogas» del Presidente Richard Nixon, que apeló a los temores sobre la supuesta criminalidad de la población negra. Estos acontecimientos propiciaron un aumento de siete veces el tamaño de la población encarcelada, y los negros eran encarcelados en una proporción cinco veces mayor que la de los blancos /21,22. Al igual que en la era posterior a la Reconstrucción, el desarrollo del encarcelamiento en masa también tenía dimensiones económicas, por ejemplo, la expansión de las prisiones proporcionaba empleo en las zonas rurales blancas desindustrializadas /23.

A finales del decenio de 1960 también se produjo un aumento masivo de los asesinatos de hombres negros a manos de la policía /24, y no fue hasta el decenio de 1980 que la Corte Suprema de los Estados Unidos impuso restricciones que pueden calificarse de modestas al uso de la fuerza por parte de la policía -por ejemplo, declarando inconstitucional que la policía dispare a un civil que huye de la escena de un crimen pero que no causa daño a los demás /25.

La policía aplicó en su día restricciones raciales en las ciudades que segregaban a las personas negras fuera de las horas de trabajo (sundown towns); ahora se dirige de manera desproporcionada a los negros que entran en los vecindarios de los blancos /26. La actividad policial que dio lugar al tiroteo mortal de Breonna Taylor por parte de la policía en Kentucky ha estado vinculada a un plan de «revitalización urbana» /27.

La actividad policial y el encarcelamiento tienen profundas consecuencias adversas para la salud de las personas negras. Algunas de esas consecuencias son directas: el uso de la fuerza por parte de la policía mata a cientos de personas de raza negra cada año y causa heridas no fatales a muchos miles más. Las personas encarceladas -que son desproporcionadamente negras- corren un alto riesgo de morir después de ser liberadas /28, y las prisiones y cárceles han sido los principales lugares de transmisión de enfermedades durante la pandemia de covid-19 /29. También hay efectos indirectos -por ejemplo, la violencia policial puede perjudicar la salud mental de comunidades enteras mediante la vigilancia constante y la amenaza de violencia /30, y la rotación dentro y fuera de la cárcel puede dar lugar a la propagación en la comunidad de infecciones de transmisión sexual u otras enfermedades infecciosas, como el covid-19 /31.

La idea de que la reforma de la policía por sí sola resolverá la violencia policial es incompleta y engañosa. Un enfoque desde el racismo estructural nos permite ver cómo la policía y las prisiones han cumplido su objetivo de control social de la población negra, que durante mucho tiempo se ha impuesto mediante la violencia. Para que el cambio sea efectivo, debemos determinar qué sectores (como la salud mental y los servicios sociales) deberían participar en el tratamiento equitativo de la seguridad pública sin que sea necesaria una respuesta policial.

Atención sanitaria desigual

La medicina moderna americana tiene raíces históricas en el racismo científico y en los movimientos eugenésicos. El racismo científico reificó el concepto de raza como un atributo biológico innato, y más tarde genético, utilizando la teoría y la investigación científica culturalmente sesgada /32. Los científicos estadounidenses, como Samuel Morton, continuaron esta tradición, utilizando características anatómicas como el tamaño y el volumen del cráneo para clasificar las razas de manera que consagraran la superioridad de los blancos /32,33. El movimiento de eugenesia moderna se extendió por los Estados Unidos a principios del siglo XX, dando lugar a leyes que prohibían el «mestizaje» y la esterilización forzada de «razas» indeseables en un esfuerzo por crear una nación mejor, más inteligente y más blanca /32.

Respetados doctores en medicina, catalogaron a las personas negras como enfermas innatas y deshumanizaron su sufrimiento, utilizando argumentos científicos para dar la ilusión de neutralidad y objetividad. Por ejemplo, en 1851 el médico sureño Samuel Cartwright describió la drapetomanía, una «enfermedad mental» que, según él, causaba que los africanos esclavizados huyeran de su encierro; sostenía que podía evitarse manteniendo a los negros en sumisión y que podía curarse con latigazos /34. Cartwright también «descubrió» la disestesia aethiopica, una enfermedad de los negros caracterizada por la reducción de la capacidad intelectual, la pereza y la insensibilidad parcial de la piel /34. De manera análoga, el médico J. Marion Sims, aclamado como el padre de la ginecología moderna, debía su éxito en la reparación de la fístula vesicovaginal a las repetidas operaciones realizadas, sin anestesia, en mujeres negras esclavizadas, mujeres para las que el consentimiento informado no tenía sentido /35.

Las concepciones racializadas de la susceptibilidad a las enfermedades persisten hasta el día de hoy. En su informe de 2003 titulado Tratamiento desigual: Confronting Racial and Ethnic Disparities in Health Care, el Instituto de Medicina examinó más de 100 estudios y llegó a la conclusión de que los sesgos, los prejuicios y los estereotipos contribuían a las diferencias generalizadas en la atención de la salud por raza y etnia /36. Quince años más tarde, el Informe Nacional sobre la calidad y las disparidades de la atención sanitaria de 2018 documentó que los pacientes negros, los indios americanos y los nativos de Alaska, y los nativos de Hawai y las islas del Pacífico seguían recibiendo una atención más deficiente que los pacientes blancos en el 40% de las medidas de calidad incluidas, con poca o ninguna mejora respecto de las décadas pasadas /37. Por ejemplo, en un estudio realizado en 2016 para evaluar las actitudes raciales, la mitad de las y los estudiantes y residentes médicos blancos tenían creencias infundadas sobre las diferencias biológicas intrínsecas entre las personas negras y blancas. Esas falsas creencias se asociaban con evaluaciones del dolor de los pacientes negros como menos grave que el de los pacientes blancos y con decisiones de tratamiento menos apropiadas para los pacientes negros /38.

Sería miope pensar que el prejuicio y la discriminación individuales por sí solos conducen a una atención deficiente. La desinversión sistemática en los sectores público y privado dentro de los barrios negros segregados ha dado lugar a instalaciones con pocos recursos y menos médicos, lo que hace más difícil contratar proveedores de atención primaria y especialistas experimentados y bien acreditados y, por lo tanto, afecta al acceso y la utilización /3. Independientemente de la intención, las acciones de las partes que van desde las escuelas de medicina a los proveedores, las aseguradoras, los sistemas de salud, los legisladores y los empleadores han garantizado que las comunidades negras racialmente segregadas tengan una atención limitada y deficiente /3.

La aceptación de este trato desigual como «normal» está históricamente arraigada y apoyada por la creencia de que el pueblo negro es intrínsecamente propenso a las enfermedades y, implícita o explícitamente, no merece una atención de alta calidad. Al igual que en el caso de la policía, el desmantelamiento del impacto del racismo estructural en la atención sanitaria no es una cuestión de «unas cuantas manzanas podridas»; debemos reflexionar sobre la forma en que nuestras prácticas cotidianas y aceptadas cosifican la raza, es decir, tratan la construcción social de la raza como una diferencia biológica intrínseca, ejemplificando así y contribuyendo a un sistema más amplio de racismo estructural.

Nuestro papel en el desmantelamiento del racismo estructural

El racismo estructural se remonta a los comienzos de la historia de los Estados Unidos, se extiende a través de sus instituciones y su economía, y habita en nuestra cultura. Su durabilidad contribuye a la percepción de que la desventaja de los negros es intrínseca, permanente, y por lo tanto normal. Pero considerar el racismo estructural como una causa fundamental no es una analogía moderna de la teoría de que las enfermedades son causadas por miasmas – algo que está en el aire, amorfo e indiferenciado. El racismo estructural funciona para dañar la salud en formas que pueden ser descritas, medidas y desmanteladas. Las acciones para desmantelar el racismo necesariamente involucran a toda la sociedad. Ir más allá de la educación individual y la percepción personal para cambiar la política y las normas sociales requerirá la participación de muchas instituciones, pero las comunidades médicas y de salud pública pueden contribuir directamente en al menos cuatro áreas clave.

La primera es la adopción del proyecto intelectual de documentar las repercusiones del racismo en la salud. A pesar de la larga y continua historia del racismo, las investigaciones empíricas que muestran sus repercusiones en la salud rara vez se publican en las principales revistas médicas. Aunque consideramos que las pruebas de los efectos del racismo estructural en la salud son convincentes y están respaldadas por más de un siglo de amplios estudios teóricos y empíricos, siguen siendo marginadas y eclipsadas por otras prioridades de investigación /3-6,39. Cuando las principales revistas médicas abordan el racismo estructural, a menudo se limitan a comentarios y editoriales, como si estos temas fueran adecuados para el debate pero no para los descubrimientos. Se necesita un amplio acuerdo -por parte de los financiadores, editores y revisores- en que el racismo y las desigualdades en los determinantes sociales de la salud en general son temas tan válidos para la investigación como los marcadores biológicos (y ciertamente ambos pueden combinarse).

Además, debe mejorar la disponibilidad de datos que incluyan la raza y el origen étnico, y hay que apoyar los esfuerzos por desarrollar y mejorar la medición del racismo estructural, en particular los que utilizan las bases de datos administrativas disponibles. Esa labor está en marcha y creemos que debe ser ampliamente fomentada /6,40-44.

En tercer lugar, las comunidades médica y de salud pública deben mirar hacia sí mismas, tanto como instituciones como cada individuo. El profesorado y los estudiantes necesitan una visión más completa tanto de la historia de los Estados Unidos como de las formas en que la medicina y la salud pública han participado y siguen participando en prácticas racistas. La reflexión incluye el reconocimiento de los daños derivados del uso acrítico de las categorías raciales, lo que refuerza las suposiciones implícitas de que las diferencias raciales son de origen genético. Además, incluye la medición del éxito de las intervenciones en función de la medida en que reducen las desigualdades en materia de salud (en este caso, entre negros y blancos) en lugar de centrarse únicamente en la población en general. Se han propuesto normas rigurosas y claras para publicar las investigaciones sobre las desigualdades en materia de salud racial /45.

Mientras tanto, abordar la cada vez mayor escasa representación de estudiantes negras y negros en la facultad de medicina /46, y la desventaja que enfrentan las y los investigadores negros en la búsqueda de premios de los Institutos Nacionales de Salud /47 no deben esperar. Deberíamos cuestionar las afirmaciones de que hay un grupo inadecuado de solicitantes negros cualificados para ser reclutados, contratados y promovidos.

En cuarto lugar, deberíamos reconocer que el racismo estructural ha sido desafiado, tal vez con más éxito, por los movimientos sociales de masas. El cambio requerirá políticas que reestructuren las oportunidades de una vida saludable para la gente de color, corrigiendo los errores cometidos por la jerarquía racial fundacional que continúan moldeando la vida cotidiana. La medicina organizada y la salud pública tienen una larga historia de oposición a la desegregación y a un acceso más amplio a la atención médica (por ejemplo, Medicare), de prohibición de médicos negros, de defensa del racismo científico y de consagración de la raza como una variable biológica. Nuestros campos tienen mucho que lamentar, y aún tenemos mucho que ofrecer para corregir nuestros errores históricos. No nos quedemos al margen.

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Zinzi D. Bailey, Justin M. Feldman, Mary T. Bassett. Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami, Miami (Z.D.B.); y del Centro FXB para la Salud y los Derechos Humanos, Universidad de Harvard, Boston ( J.M.F., M.T.B.).

16/12/2020

The New England Journal of Medicine

Traducción viento sur

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Por un Pacto Ecosocial con la desobediencia

Por definición un pacto plantea un acuerdo entre dos o más partes, muchas veces solemne, donde se establece una obediencia a cumplir los puntos establecidos en lo que puede ser o no un contrato formal, en ocasiones conseguido incluso debajo de la mesa.

Tan agobiante definición puede generar confusiones, más cuando erradamente se mete en un mismo saco a todos los pactos nacidos en estos convulsos tiempos. Pese a ello, el Pacto Ecosocial del Sur no plantea un acuerdo formal para cumplir una hoja de ruta cerrada ni propone un listado de demandas dirigidas a los gobernantes. No es un pacto con el poder, ni para acceder al poder; este pacto enuncia ideas de cambio de las fuerzas sociales que lo impulsan.

Vivimos la peor crisis moderna de la humanidad; una crisis que rebasa al azote sanitario del coronavirus pues se descubren las fracturas multifacéticas y sistémicas de la civilización dominante. En medio de esa crisis, y pese al aislamiento físico, un grupo de personas sintonizadas desde hace tiempo elaboró un documento corto proponiendo -lo que a mi juicio es- un pacto con la desobediencia, buscando alternativas sistémicas y concertadas con diversos procesos sociales.

En clave de transiciones (en plural), sin olvidar el horizonte utópico, se plantean nueve puntos de acción:

  • una transformación tributaria solidaria donde “quién tiene más, paga más”; anular las deudas externas estatales y construir una nueva arquitectura financiera global, como primer paso de reparación histórica de la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia;
  • crear sistemas nacionales y locales de cuidado donde la sostenibilidad de la vida sea el centro de nuestras sociedades, entendiendo al cuidado como un derecho que exige un papel más activo del Estado en consulta y corresponsabilidad permanente con pueblos y comunidades;
  • salir de la trampa de la pobreza extrema con una renta básica universal que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas de herencia neoliberal;
  • impulsar la soberanía alimentaria combinada con políticas que redistribuyan la tierra, el acceso al agua y una profunda reforma agraria, alejándose de la agricultura industrial de exportación y sus nefastos efectos socioambientales;
  • construir economías y sociedades postextractivistas para proteger la diversidad cultural y natural desde una transición socioecológica radical, impulsando salidas ordenadas y progresivas de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, y de los grandes monocultivos, frenando la deforestación masiva;
  • recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos, para disputar los sentidos históricos de convivencia;
  • fortalecer la autonomía y sostenibilidad de las comunidades locales frente a la fragilidad de las cadenas globales de producción, para potenciar la riqueza de los esfuerzos locales y nacionales;
  • y, concluyendo este listado siempre preliminar, propiciar una integración regional y mundial soberana favoreciendo los sistemas de intercambio local, nacional y regional, con autonomía del mercado mundial globalizado y enfrentando al monopolio global corporativo.

Muchas de estas ideas aparecen en otros documentos elaborados en estos años, no solo durante la pandemia. La diferencia radica en que este Pacto Ecosocial propone acciones concretas a corto plazo sin olvidar las utopías y la imperiosa necesidad de construir imaginarios colectivos, para acordar un rumbo compartido de transformaciones radicales y una base para caminar con plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades.

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra, quizás con más brutalidad que antes la incertidumbre y fragilidad de nuestro futuro, siempre en juego. Nos toca enfrentar un mundo desigual e inequitativo en extremo, plagado de todo tipo de violencias (patriarcales, racistas, extractivistas…) que aumentan aceleradamente con la pandemia. Pero también es una enorme oportunidad para (re)construir nuestro futuro desde principios básicos para una vida digna: el cuidado, la redistribución oel reparto, la suficiencia y la reciprocidad, desde bases comunitarias y autonómicas antes que estatales. En concreto, el campo principal de acción aparece en donde podemos actuar propiciando vidas mancomunadas, en espacios comunes: plurales y diversos, con igualdad y justicia, con horizontes construidos colectivamente, para resistir el creciente autoritarismo y construir simultáneamente todas las alternativas posibles.

En realidad este Pacto viene desde abajo, desde los movimientos sociales y la Madre Tierra (origen y base de todos los derechos); eso sin ocultar la responsabilidad de quienes lo redactaron. Este Pacto surge, en definitiva, desde múltiples luchas de resistencia y de re-existencia en nuestra región, incluso se sintoniza con la larga memoria de los pueblos originarios, algunas de cuyas más importantes organizaciones lo respaldan.

Así, desde esas luchas, reflexiones y realidades se propone este Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural desde el Sur, desde América Latina, desde Abya Yala y Afro-Latinoamérica, proyectándolo a los sures del mundo, convocando a desobedecer y confrontar al poder para enterrar al mundo del capital y crear un mundo nuevo. Y para conseguirlo, caminando desde el aquí y el ahora, quienes escribimos este Pacto buscamos horizontes de transformación civilizatoria, en esencia postcapitalistas, tanto para superar el antropocentrismo, como la colonialidad, los racismos y el patriarcado. El fin es construir un mundo donde quepan muchos mundos -un pluriverso- pensados desde las perspectivas, deseos y luchas de los pueblos y sus derechos.-

Fuente: https://rebelion.org/por-un-pacto-ecosocial-con-la-desobediencia/

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Prohibido hablar de racismo y feminismo: los profesores de las escuelas militares de Brasil denuncian censura

En febrero de 2019, el entonces comandante del Colegio Militar de Porto Alegre, en el sur de Brasil, reunió a unos 200 empleados en un auditorio escolar para anunciar que, desde ese momento, algunos temas quedaban prohibidos en el aula. Entre los temas vetados, el coronel citó explícitamente las palabras homofobia y racismo.

«Trató de minimizar su injerencia y dijo que era una orden superior de la DEPA (Dirección de Educación Preparatoria y Asistencial, Departamento del Ejército). Pero, en tono amenazante dijo que cualquiera que intentara contravenir estas normas, podría sufrir las consecuencias», relata el profesor Rafael (nombre ficticio), a Agencia Pública. La mayoría de los empleados entevistados para este reportaje prefiere mantener oculta su identidad.

Lo que sorprendió a Rafael no fue la injerencia en el contenido de las clases. El profesor, que ha trabajado en el sistema de escuelas militares durante más de diez años, dice que ya había recibido instrucciones por escrito para modificar pruebas y exámenes con temas políticos «para evitar la propaganda partidista», pero si se asombró de que se hiciera una reunión para divulgar normas que, hasta ese momento, estaban implícitas. Esta extraña situación hizo que los profesores enviaran una carta de rechazo al comandante dos semanas después de dicho episodio.

«Las cosas se han vuelto más evidentes, como por ejemplo tener una reunión con todos los profesionales de la enseñanza para decir algo que siempre se ha practicado de forma disimulada. Esto me pareció una posición de ataque más explícita. En el pasado, la persecución era más individual», analiza el profesor.

El relato de Rafael se suma a una decena de entrevistas más que Agencia Pública ha hecho a los profesores del sistema de escuelas militares en las capitales Recife, Río de Janeiro, Distrito Federal y Porto Alegre. Los educadores denunciaron «censura» e «injerencia en el contenido» de las aulas en las 14 instituciones educativas administradas por el Ejército y vistas como un modelo de enseñanza por el presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Las escuelas militares forman parte del Departamento de Educación y Cultura del Ejército (DECEX), pero no preparan para una carrera militar. Son escuelas convencionales que van desde el sexto hasta el último año de educación básica (hasta los 15 años). La mayoría de los estudiantes son hijos de militares, quienes sufren los reflejos de las obligaciones profesionales de sus padres debido a las peculiaridades de sus carreras. El resto de las vacantes se abren al público a través de concursos. El primer colegio militar se fundó en Río de Janeiro en 1889. El más reciente, ubicado en São Paulo, se inauguró este año.

La prohibición de abordar el feminismo y el género, citar programas de gobiernos anteriores, debatir la existencia del racismo en Brasil o hacer analogías con debates recientes en las noticias fueron algunos de los episodios que relataron los docentes al mencionar el aumento del conservadurismo y la influencia de los discursos del movimiento Escola Sem Partido en la administración de los colegios militares, que se mantienen con el presupuesto del Ministerio de Defensa. El movimiento Escola Sem Partido defiende el final de lo que llama «adoctrinamiento ideológico» en las escuelas y censura los debates con temas como la igualdad de género en las aulas. Además, los profesionales denunciaron presión y hostigamiento hacia los docentes que cuestionaban los planes de regresar a las clases presenciales, después de seis meses de enseñanza remota por la cuarentena, en ciudades que aún tienen un alto número de casos de COVID-19.

El profesor Antonio Araujo Jr, profesor de Biología en el Colegio Militar de Brasilia desde 2015, asegura que el proyecto pedagógico de la escuela «siempre ha simpatizado con las Fuerzas Armadas», en especial en las áreas académicas como Historia o Portugués, pero señala que ha aumentado la interferencia en el contenido enseñado, incluso ha llegado a las áreas de Cálculo y Biología. «Pensé que tenía libertad por ser profesor en un área técnica. Tenía esa idea positivista de que la ciencia es neutral. Mis clases de sexo, reproducción y sexualidad no eran controladas», señala el profesor. «La postura negacionista y anticientífica se limitaba a algunas materias en las áreas de humanidades». Los docentes entrevistados cuentan que deben entregar los exámenes que se realizarán a los estudiantes con al menos un mes de anticipación para ser analizadas.

La primera vez que Antonio vio una injerencia ideológica en una prueba que no pertenecía a humanidades fue a mediados de 2016, cuando el consejo escolar envió un equipo para volver a diseñar una evaluación de Química porque un problema contenía la fórmula de la cocaína. «Dijeron que esto podría ser entendido por los padres como un incentivo para consumir drogas o incluso para producirlas», recuerda. «En ese momento nos reímos porque era como si el comandante solo hubiera entendido ‘fórmula’ como una ‘receta’ para preparar algo. Pero no nos dimos cuenta de que ya había una especie de articulación con el principio ideológico del movimiento Escola Sem Partido, que ya empezaba a tomar fuerza».

Los casos, según el profesor, ya no son puntuales. Recuerda un tema de Biología en el que contextualizó procesos hormonales en el cuerpo humano, como la estimulación del sistema nervioso que hace que el corazón lata más rápido cuando sientes atracción y el aumento de hormonas durante el embarazo. El examen, entregado al colegio para su aprobación, fue vetado. «El consejo dijo que podría dar la impresión de que estamos enseñando a los estudiantes a enamorarse. Y la escuela estaba en contra de las citas en la adolescencia».

Vitrina conservadora

Durante las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro, aún candidato a la presidencia, prometió en su plan de gobierno crear colegios militares en todas las capitales brasileñas en dos años. La valoración del profesor Araujo es que, a partir de ese año, el colegio militar de Brasilia se convirtió en la vitrina de una enseñanza ultraconservadora. «Por lo tanto, la escuela no podría tener características progresistas. Cualquier actividad, clase, documento y examen tenía que estar libre de cualquier cosa que se pudiera confundir con progresismo».

Entre las actividades que se eliminaron en el último año encontramos que la escuela dejó de participar en las Olimpiadas Nacionales de Historia de Brasil en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), competición que premia a escuelas públicas y privadas de todo el país. Ese año, el concurso tuvo como tema un homenaje a los «excluidos de la historia». Este anuncio fue recibido con sorpresa por educadores y estudiantes, recuerda otro profesor, Reinaldo, quien enseña historia en el Colegio Militar de Río de Janeiro. El maestro dice que algunos temas están «absolutamente prohibidos» en su asignatura. «No se puede hablar del ‘golpe de 1964’ (que estableció la dictadura militar en Brasil que duró hasta 1985), sino de la ‘revolución de 1964’. No se puede hablar de tortura y cosas así». «Siempre, en las escuelas militares, hubo presión sobre el contenido y las formas de trabajar. Esta es una constante. Siempre tenemos mucho control sobre nuestro trabajo».

Marcia, compañera de Reinaldo que enseña Portugués, dice que la posibilidad de trabajar con libros de literatura de autores contemporáneos se ha vuelto aún más limitada. A partir del año pasado la escuela adoptó una lista de libros permitidos, la mayoría de ellos clásicos. «Ya hemos solicitado otros autores, pero la respuesta de la dirección es que no se justifica la inclusión de ningún otro libro en esa lista. Entonces, si aparece un nuevo libro en este momento, no podremos trabajar con él».

Según ella, los temas que aparecieron en el Examen Nacional de Bachillerato (ENEM), que evalúa el desempeño académico de los estudiantes al finalizar la educación básica y da acceso a la educación superior, como la intolerancia religiosa en 2016 y la violencia contra la mujer en 2015, no son bienvenidos. «A ENEM ya lo habían etiquetado de comunista», dice la profesora. «Me siento terrible. Es una censura que, aunque tomes todas las precauciones, resulta muy agotadora. Por supuesto, sé que tenemos una legislación que dice que los militares no deben tomar partido político. Como estamos dentro de una institución militar, siempre hemos respetado eso. Pero ellos confunden mucho la política. Por ejemplo, dependiendo de cómo vayas a hablar del hambre, el tema estará censurado. Este es un tema político, pero no tiene nada que ver con el partidismo. El hambre siempre ha existido en Brasil. Pero todo lo que puedan leer como crítica hacia el Gobierno actual será prohibido».

En junio de este año, un profesor de Geografía del Colegio Militar de Brasilia fue despedido tras haber criticado, durante una clase en una plataforma virtual, el papel de la Policía Militar en una manifestación prodemocrática que tuvo lugar en Sao Paulo en mayo. El profesor de 9º grado dijo a los alumnos que la acción policial «era muestra de un fascismo que ya no queremos en el mundo».

El consejo de DECEX ha respondido a Agencia Pública afirmando que el Sistema de Colegios Militares de Brasil (SCMB) utiliza los libros del Programa Nacional de Libros de Texto (PNLD) y otros previstos en los Estándares de Planificación y Gestión Escolar (NPGE).

Aun así, el organismo no ha respondido a preguntas sobre si existe una directriz para los docentes sobre temas que no se pueden tratar en el aula. «Si las Escuelas Militares se destacan en el escenario educativo brasileño, es por el conjunto que forman las tradiciones y valores de la institución que las sustenta, el Ejército brasileño. Entre estos valores destacan la fidelidad, el respeto, la disciplina y el orden. También destaca por la competencia efectiva de nuestros profesores en el aula, que realmente entienden el Proyecto Pedagógico SCMB», dice la nota.

Los profesores de las escuelas militares señalan la interferencia ideológica en el plan de estudios disciplinarios Agencia Pública

El plan de campaña de Bolsonaro para crear escuelas militares en todas las capitales ya era considerado por los expertos en educación como una «promesa imposible», ya que implicaba una estructura costosa y tiene un público restringido, recuerda la investigadora Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y coordinadora en el Distrito Federal de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Sin cumplir la promesa de campaña, el Gobierno federal apuesta por otra salida: la militarización de las escuelas públicas existentes. En 2019, el Ministerio de Educación (MEC) lanzó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que funciona a través de adhesiones municipales. La meta del Gobierno federal es que 216 escuelas funcionen con este modelo al final de la administración de Bolsonaro.

*Los nombres se cambiaron a petición de los encuestados.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/prohibido-hablar-racismo-feminismo-profesores-escuelas-militares-brasil-denuncian-censura_1_6474172.html

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¿Por qué enseñar justicia retributiva y restaurativa en el aula?

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En las clases de civismo y ética es crucial la educación en distintas vertientes de justicia y sus aplicaciones en el mundo moderno.

Desde el 2017 hemos visto el surgimiento y repunte de diversos movimientos sociales que han hecho de estos tres años un periodo sumamente activo en términos de la búsqueda de la equidad y la justicia social. Instancias de activismo como #MeToo y #BlackLivesMatter han sido la punta de lanza para una tendencia de crítica y reevaluación sobre las estructuras sociales que generan violencia sexista, racial, xenofóbica, homofóbica y transfóbica.

Pero este despertar epistemológico tuvo un precio que nos ha llevado a reflexionar sobre la validez de los métodos y proceder de estos movimientos. Si bien su necesidad es indiscutible, existe una razón por la cual los movimientos de justicia social están siendo cuestionados. El motivo de este desafío no es propiamente una negación de que la equidad que pretende traer consigo es necesaria, es más bien que la idea de justicia que tenemos, aún antes de entrar a su dimensión social, es un concepto que entendemos superficialmente.

Si no fuera así, sabríamos que estamos usando justicia de retribución como base de los movimientos sociales más importantes hoy en día, y que este tipo particular de justicia no es suficiente para conseguir los objetivos que persiguen los grupos activistas, para esto habría que tener un mayor dominio de la justicia restaurativa. ¿Pero qué significa esto? ¿Hay más de un tipo de justicia? ¿En qué consiste cada uno?¿Por qué necesitamos los dos?

Estos serían cuestionamientos de gran utilidad que deberían enseñarse  en las escuelas y universidades. Si eres maestro de ética, civismo, ciencias sociales o solo buscas una forma de proporcionar a tus alumnos un mejor entendimiento de cómo funciona el activismo, la justicia y cómo ha resultado esta última ola de movimiento social, los conceptos de justicia de retribución y justicia restaurativa te resultarán útiles.

Justicia de retribución: un sistema de relevancia histórica

La justicia de retribución se define como una respuesta directa hacia una conducta criminal que se enfoca el castigo sobre los infractores y la compensación para las víctimas. En teoría, la mayoría de los casos considera la severidad de castigo en proporción a la seriedad del crimen. Este es el tipo de justicia con el que estamos más familiarizados, y en el que se basan el grueso de los códigos penales desde sus inicios históricos.

Si bien se pueden encontrar instancias de justicia restaurativa en los códigos antiguos penales y modernos, las bases que tenemos para entender la justicia hoy en día, que serían documentos como el Código de Hamurabi o La Ley de las 12 tablas, fueron estructuradas de acuerdo a un entendimiento punitivo de la justicia.

El principio filosófico sobre el cual se escribieron estos códigos penales designaba un crimen como una violación a los derechos de otra persona. Bajo este contexto, las víctimas tendrían que ser compensadas por el daño sufrido, intencional o no, y los infractores tendrían que ser castigados en consecuencia de sus acciones incorrectas.

Estas primeras instancias de justicia impartida por el Estado y sus consecuentes evoluciones, fueron eficaces en desplazar las disputas generacionales entre familias o clanes como la forma más aceptada administración de justicia. Gracias a esto, en distintas civilizaciones se pudieron instaurar códigos basados mayoritariamente en justicia retributiva bajo la tutela de un poder judicial. Esto ayudó a que se estableciera un sistema de leyes que partiera de la intención de un orden social y no de un deseo directo de venganza o ajuste de cuentas. Sin este cambio en el mundo antiguo no habría sido posible concebir ni perseguir la idea de equidad social que tenemos hoy en día.

Pero los principios y evoluciones de la justicia de retribución vienen de las necesidades de un mundo que se cobraba justicia “ojo por ojo”. Por eso, en el ambiente social que marca el siglo XXI comienza a presentar limitaciones que se traducen en trabas y hasta tropezones en los esfuerzos de los movimientos sociales de actualidad.

Para un contexto tan complejo como el de aquí y ahora, la justicia de retribución no logra abarcar todas las ramificaciones necesarias para cubrir la agenda de movimientos sociales  de actualidad. Si lo que se busca dentro del ejercicio del activismo en 2020 son mecanismos para rendición de cuentas, instancias de aprendizaje, diálogo, entendimiento, trabajo en conjunto y superación de situaciones sistémicas sin la invalidación o deshumanización de afectados o infractores; un marco teórico que sólo considera delito, pena y compensación se queda corto.

Sin duda, el trabajo planteado por los activistas actuales es en extremo retador, sin embargo, para completar su conjunto de herramientas, es necesario traer al centro otro tipo de aproximación a la justicia que no se limite a considerar solo crimen y castigo.

Justicia restaurativa: una nueva aproximación al equilibrio social

Una justicia basada en el castigo para los infractores y la compensación para las víctimas es buena para establecer un orden social, pero no presenta utilidad si lo que se busca es el progreso a una sociedad más equilibrada, empática y con conciencia propia. La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, se compone de elementos que expanden el alcance de la justicia de retribución.

Este tipo de justicia se conforma de un sistema en el que las partes involucradas o que poseen un interés sobre cierto delito o acción incorrecta, deciden cómo lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro.

La justicia restaurativa ve un crimen como algo más que el rompimiento de la ley, también dimensiona el daño que esta acción causa a las personas involucradas, las relaciones interpersonales entre infractores y afectados, así como el impacto en la comunidad a la que pertenecen. El proceso restaurativo se entiende como un medio de gestión para la resolución de conflictos. Más que castigar y compensar, se enfoca en comprender, conciliar y solucionar. El diálogo es su base y su objetivo principal es restablecer la paz social fracturada por un conflicto o acto criminal.

Gordon Bazemore, profesor, catedrático y director del Instituto de Justicia en Comunidad para la Universidad Atlántica de Florida, así como Lode Walgrave, catedrático de la Red Internacional de Investigación de Justicia Restaurativa para jóvenes, puntualizan certeramente el resultado final ideal de la justicia restaurativa: hacer justicia a través de la restauración o reparación del daño causado por el delito.

La justicia restaurativa permite a los involucrados acordar en conjunto una manera de actuar a posteriori, que tome en cuenta los impactos y las necesidades de todas las partes. Tanto infractor como afectado. Esta es la parte más difícil de entender, de cómo funciona este tipo de justicia o porqué podría ser útil para la resolución de conflictos modernos. Estamos históricamente condicionados a pensar en el crimen como la violación de los derechos de otra persona, y como consecuencia, los derechos de quien comete el crimen deben ser reducidos o anulados en cierta capacidad para encontrar un balance.

Esto no nos permite ver la raíz de las acciones incorrectas o los crímenes y si bien sirve como medida de control, no nos ayuda a prevenir que determinado crimen o acción incorrecta vuelva a repetirse, castigo y corrección no son lo mismo que aprendizaje. 

En algunos casos, el disparador de crímenes, como el robo, puede ser la pobreza sistemática. La razón para crímenes como destrucción de propiedad pública o manifestaciones no pacíficas puede ser un hartazgo hacia un sistema de seguridad pública y síntomas sociales tan marcados que imposibilitan al Estado de brindar una vida digna y libre de violencia a todos sus ciudadanos. Estos actos traen consigo un desorden social, y sí pueden ser tipificados como crímenes, pero al aplicar un enfoque mayoritariamente retributivo, ¿estamos resolviendo el problema que generó el crimen en primer lugar?, ¿estamos evitando su reincidencia?, ¿estamos aprendiendo algo?

Por otro lado, existe mérito y utilidad en remover de una posición de poder a personas que han causado daño sistémico, que han contribuido consciente y voluntariamente para crear estructuras que favorecen el ejercicio de la violencia. Idealmente, esto es lo que grupos de activistas en movimientos como #MeToo y #BlackLivesMatter pretenden hacer, pero no puede lograrse sólo con el uso de la justicia de retribución que se ha estado usando desde hace milenios y que no dimensiona completamente las aristas de las necesidades sociales actuales.

Si no hay en el centro de la conversación instancias tanto de retribución como de restauración, caemos en el riesgo de no ser efectivos en la obtención de una rendición de cuentas para los infractores o de no lograr un aprendizaje que prevenga las infracciones que se quieren erradicar en primer lugar.

La necesidad de aproximaciones nuevas a la justicia que incluyan un uso proporcionado y utilitario de ambos rubros es crucial para evitar un estancamiento y desacreditación de los movimientos sociales, así como para asegurar la continuidad de un avance hacia la sociedad más justa y equitativa que pretenden lograr a través de su activismo. En las clases de civismo y ética, ¿has aprendido o enseñado sobre diversos tipos de justicia?, ¿crees que saber más sobre esto es necesario para tener un mejor entendimiento de cómo avanzar hacia una sociedad mejor? Cuéntanos en los comentarios.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/teoria-justicia

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España: Más de 40 organizaciones denuncian racismo institucional en el acceso a las escuelas infantiles de Andalucía

Europa/España/20-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.tercerainformacion.es

  • La Junta de Andalucía excluye del sistema educativo a los niños y niñas de 0 a 3 años con madres y padres en situación irregular, al excluirlos de la bonificación.
  • Critican que no se garantiza la igualdad en el acceso a las escuelas infantiles.
  • Exigen a la Consejería de Educación que ponga fin a este trato discriminatorio y active un procedimiento extraordinario de matriculación y bonificación.

Andalucía, 17 de diciembre. Unas 40 organizaciones se han sumado a la denuncia promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Alianza por la Solidaridad Action-Aid, que han denunciado hoy que la última instrucción de la Junta de Andalucía, relativa a la matriculación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, excluye de cualquier bonificación de pago a aquellas familias cuyo padre o madre se encuentran en situación irregular. Esto supone en la práctica, la expulsión de niños y niñas del sistema educativo en lo que, denominan, “una práctica inadmisible de racismo institucional” por parte del Gobierno andaluz.

Esta es la conclusión del Informe Familias Invisibles: La Administración nos da la espalda. Barreras en el acceso al primer ciclo de escuelas infantiles. Análisis y demandas’, un estudio en el que se han entrevistado a decenas de centros educativos, trabajadores y trabajadoras sociales, que incluye consultas a la Administración, y en el que las organizaciones han constatado que siguiendo las últimas instrucciones que recibieron las escuelas infantiles, a las personas que no cuentan con DNI o NIE -y de las que la Agencia Tributaria no tiene información- se les asigna directamente cero puntos, quedando excluidas de la bonificación.

Esta práctica significa su exclusión del sistema educativo y de los servicios asociados a los centros, como la atención educativa, el aula matinal o el comedor, censuran las organizaciones. “Además, sin darle opción como a otras personas, de presentar otro tipo de documentación, como podría ser la declaración jurada”, critican. Una situación similar ya fue denunciada por APDHA en los en los años 2013 y 2014.

La situación administrativa no puede operar como base para la exclusión de derechos reconocidos a la infancia. Estamos ante un trato discriminatorio por la situación documental del padre o madre, que implica una vulneración a los derechos esenciales de la infancia y de las familias”, denuncian desde los colectivos.

Además, recuerdan a la Administración andaluza que “esta bonificación se ha establecido como un mecanismo para garantizar la inclusión” y que ”la educación infantil no puede ser un privilegio”. Aseguran que, al mismo tiempo, han podido comprobar la existencia de plazas no cubiertas en los centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda para el fomento de la escolarización.

Del mismo modo, se muestran muy preocupadas por el impacto que esta situación tiene en las vidas  de numerosas mujeres, madres y migrantes, porque “cuando fallan todos los mecanismos de protección y conciliación, el peso de los cuidados recae mayoritariamente sobre las mujeres y quedan expuestas a una mayor vulnerabilidad social, dado que se dificultan aún más las posibilidades de obtención de ingresos mínimos para sostenerse a ellas y a sus familias”.

Queja ante Educación y el Defensor del Pueblo

Las organizaciones han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) y un escrito ante la Consejería de Educación y Deporte y la Agencia Pública Andaluza de Educación con una serie de demandas.

Entre ellas, exigen la revocación de esta última instrucción, la adopción de un protocolo que garantice procedimientos de acceso inclusivos, solicitando que se considere “la declaración jurada como el único mecanismo que puede garantizar el acceso sin barreras administrativas a los servicios de educación infantil”, y la urgencia de “un nuevo plazo extraordinario de matriculación y bonificación de plazas, para que puedan acceder a la mayor brevedad los niños y niñas que quedaron excluidos”.

Las organizaciones informan a la Junta de Andalucía de que la instrucción del pasado mes de febrero, que ha dado origen a este desamparo institucional de niños y niñas, es contraria a otras normativas de rango superior como la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles, y el Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

Asimismo, recuerdan que “la etapa educativa de la educación infantil, especialmente el primer ciclo (0-3 años), reviste una importancia fundamental” y que “cada una de las leyes estatales y autonómicas que la regulan afirman que debe tener un carácter compensador de las desigualdades, especialmente para la población con desventaja sociocultural”.

Organizaciones que se adhieren a la Campaña ‘Familias Invisibles: La Administración nos da la Espalda’:

  1. A.C.C.S. Córdoba Solidaria
  2. Accionenred Andalucía
  3. África con voz propia
  4. Alianza por la Solidaridad Action-Aid
  5. Asamblea de Andalucía
  6. Asamblea Feminista UnitariaGranada
  7. Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. AFUS
  8. Asociación Andaluza Africando
  9. Asociación Claver- Servicio Jesuita a Migrantes
  10. Asociación Cultural de Nacionales de Nigeria en Andalucía
  11. Asociación DARAY Coki solidaridad
  12. Asociación feminista Kódigo Malva
  13. Asociación Nosotras por los cuidados y el empleo de hogar Granada
  14. Asociación Portal Progresivo de Inmigrant Cultura Africana
  15. Asociación socio cultural Adultos Cartuja
  16. ASPA
  17. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
  18. ATA-Sylvia Rivera
  19. Café Afrofeminista Sevilla
  20. Cáritas Diocesana de Sevilla
  21. CEI Nazaret
  22. CEI Virgen del Pilar
  23. Centro de Iniciativas para la Cooperación, Batá (C.I.C. BATÁ)
  24. CESPYD. Centro de Investigación-Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla
  25. Colectivo de Prostitutas de Sevilla
  26. Colectivo Feminista Trebujena
  27. Colectivo Sirirí: MujeresMigrantes Creando
  28. Coordinadora Colectivos feministas Provincia de Cádiz
  29. Diapó con África
  30. Entrepueblos /Entrepobos/Entrepobles/Herriarte
  31. Escuela Infantil ‘San Jerónimo’
  32. Federación de Asociaciones de Madres Solteras
  33. Granada Acoge
  34. Indigenous people of biafra
  35. Iniciativa Cambio personal, Justicia global
  36. Llano Acoge
  37. MAD África
  38. Marea Violeta Sanlúcar
  39. Mujeres Feministas de Cádiz
  40. Mujeres supervivientes
  41. Plataforma Somos Migrantes

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/17/12/2020/mas-de-40-organizaciones-denuncian-racismo-institucional-en-el-acceso-a-las-escuelas-infantiles-de-andalucia/

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