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Foros de consulta educativa: qué consultar

Por: Abelardo Carro Navas

Hace unos días, sostuve una amena e interesante conversación con algunos profesores de educación primaria y secundaria. Como parece obvio, el tema que dio para hablar en demasía, fue el relacionado con los “Foros de Consulta” que el gobierno encabezado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, viene realizando en el país con el propósito de lograr un “Acuerdo Nacional Educativo”. Acuerdo que, a decir de muchos colegas, habrá de dar paso a la cancelación de la mal llamada reforma educativa que logró imponer el gobierno de Peña Nieto y compañía.

Así las cosas, llegado el tema de las propuestas, recuerdo que de la nada surgió una pregunta que a más de uno nos dejo pensativos por un momento: si la idea es realizar una serie de foros para recoger un cúmulo de propuestas que nos lleve a lograr un acuerdo educativo que beneficie a todos los mexicanos, ¿tendría que realizarse dichos foros si necesariamente tiene que mejorarse prácticamente todo el Sistema Educativo Mexicano (SEM) dados los problemas que existen en los diferentes niveles y subsistemas educativos? La respuesta, aunque parece obvia, encontró sentido si volteamos a ver al país, tal y como Peña lo ha dejado en esta materia.

Sí, se hace necesaria la atención de los problemas existentes, y sí, se hace necesaria la realización (aunque a más de uno no nos guste) de los foros que, por arte de magia, lograrán ese Acuerdo Educativo como el que en su momento logró: Salinas en 1992 (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica), Fox en 2002 (Compromiso Social por la Calidad de la Educación), Calderón en 2008 (Alianza por la Calidad de la Educación), Peña en 2012 (Pacto por México, que incluye sus famosas reformas estructurales, entre ellas, la educativa).

Y es que mire usted, lejos de lo que el mismo foro o foros puedan representar, éste se hace necesario como un ejercicio democrático que todo gobierno que se diga democrático debe realizar… pero, ¿cuál es su fin educativo? En un instante iré a ello. Obviamente que, al plantear tal interrogante, en absoluto demerito la participación que los interesados puedan realizar en un momento determinado. Como se sabe, en los estados de Chiapas, Puebla, Durango y Nuevo León, ya se realizaron esos foros y, en próximos días, Veracruz, Estado de México y Tabasco, harán lo propio. Sí, en todos ellos han participado cientos de maestros, padres de familia, integrantes de la sociedad civil, entre otros actores, y cuya voz ha sido escuchada y, en su caso leída por quién sabe quién, pero que al final de cuentas, ha participado, y que bueno que sea de esta manera, puesto que esto abre la posibilidad para que el día de mañana, esos mismos actores participantes, exijan el cumplimiento de los acuerdos y/o propuestas que se derivaron de un evento en el que éstos participaron. Bendita democracia.

Ahora bien, por el tema educativo (al que aludía en el párrafo anterior) llama la atención que, en los formatos que se entregan a quienes acuden a este evento, éstos solamente le destinen un espacio muy breve al tema del aprendizaje y la formación continua, y sí varias interrogantes al diagnóstico y a algo que no logro entender y que fue denominado “Propuesta de Guelatao”. Y bueno, sobre el perfil del egresado de una escuela pública, sobre la revalorización social del magisterio, y sobre el compromiso que asumiría cualquier ciudadano para la mejora de la educación pública, mejor ni hablamos, son tres rubros que se dejaron abiertos, sin ninguna opción a considerar, salvo la opinión que usted o yo pueda tener al respecto.

¿Es este un instrumento que recoja las problemáticas reales que lleven a formular una propuesta educativa de profundo calado? No, en absoluto. La respuesta es contundente en estos términos: si a usted le preguntaran qué tipo de educación quiere para sus hijos con seguridad la respuesta sería “la mejor”. Si en los formatos que les entregan a los participantes en los foros se cuestiona o solicita que se priorice o valore las necesidades en cuanto a equidad, calidad, fortalecimiento de la educación inicial, de las escuelas multigrado, de las escuelas tiempo completo, de la inclusión y atención de alumnos con discapacidad, que haya más universidades, más becas, etcétera, etcétera, etcétera, la respuesta, aunque parece obvia, lo llevaran a elegir una de las opciones que, tal vez, no represente o signifique su necesidad más apremiante. ¿Y entonces los formatos tienen cierto sesgo? Ya lo creo, aunque el sesgo no es realmente una preocupación que me agobie, lo que me causa cierto conflicto, es saber cómo le van a hacer para atender las necesidades que, por varios sexenios, se han dejado a la deriva y que nos han llevado a ocupar el lugar que conocemos en distintas pruebas nacionales e internacionales, o a las carencias que en varias regiones y entidades se observan con el simple hecho de salir y visitar una escuela del nivel educativo que usted guste.

No, el problema no es qué consultar, el asunto aquí es cómo se atenderán y fijarán esas prioridades. No, el problema no es la democracia, el asunto es cómo se aplica esa democracia.

Ciertamente el gobierno que en próximos meses entrará en funciones, no es del todo responsable del gran problema educativo que priva en México; no obstante, el que se realicen estos foros, sin mucha claridad y transparencia, y mucho menos, con información contundente, genera cierto “sospechosismo” de gobierno cuya bandera es la democracia y la rendición de cuentas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/foros-de-consulta-educativa-que-consultar/

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Ir y venir de las reformas

Por: Carlos Ornelas

De acuerdo con porciones de la literatura internacional sobre reformas educativas, todos los intentos de cambio expresan propósitos preclaros —elevar la calidad de la educación es el dominante en estos años— aunque a veces sus acciones se encaminan a lo contrario. Hay reformas “placebo”, como las califican Mark Ginsburg y Susan Cooper: ofrecen remedios a males detectados, pero son inocuos. Otras son “idílicas” porque hacen propuestas inalcanzables que, sin embargo, generan expectativas en amplios grupos que, al ver frustrados sus anhelos, caen en la desesperanza o en la protesta política. Éstas, según Hans Weiler, provocan legitimidad “compensatoria”, pero de corta duración.

No obstante, en los intentos serios de reforma, los propósitos de cambio se alinean a la identificación clara de fallas, rutinas o prácticas que los reformadores consideran perniciosas para el aprendizaje de los alumnos y diseñan instrumentos —políticos y legales— para afrontar las deficiencias.

Casi siempre, estos tres tipos de reforma siguen un derrotero descendente: de la cúspide del poder político o económico hacia las estructuras del sistema. En aquellas en que los reformadores se aplican tratan de que sus apuestas lleguen a la base del sistema —el salón de clases— y de convencer a los maestros de que modifiquen —al menos en parte— ciertas prácticas.

Ninguna reforma educativa, por muy elevados que sean sus fines y que haya detallado las deficiencias que quiere subsanar, tiene un éxito absoluto —ni aún en plazo largo—, pero tampoco fracasa por completo, siempre deja un sedimento que otros reformistas tomarán en el futuro.

La mayor parte de las reformas educativas que han emprendido los gobiernos de México han sido de superficie. Explico, no llegan a la base del sistema, no alcanzan profundidad. Desde mi perspectiva, sólo tres tocaron a escuelas y maestros y dejaron solera que aún gobierna parte del sistema educativo mexicano. La que lideró José Vasconcelos, el joven, la de los años de la educación socialista, de plazo breve, y la de la unidad nacional cuyo ideólogo e impulsor fue Jaime Torres Bodet.

Dado el diseño y las consecuencias, no implica una reflexión sesuda postular que la Alianza por la calidad de la educación, que firmó el gobierno de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo, fue una reforma placebo. La única derivación fue el crecimiento del poder de ella, su grupo y los líderes de todas las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con efectos graves en la institución de la Secretaría de Educación Pública y sin resultados positivos ni en la organización escolar, ni en la preparación de los docentes ni en el aprendizaje de los alumnos.

Desde su campaña y ahora con la consulta, el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, han generado expectativas inmensas: no habrá rechazados en la educación superior, becas para todo mundo, 100 nuevas universidades y crecimiento exponencial de la matrícula. Pero hay dudas de que puedan cumplirse; no es asunto de voluntad política, sino de recursos, diseño y seguimiento correctos. Seis años es un plazo breve.

Lo que sí podrá cumplir, dada la legitimidad del voto y la mayoría de Morena en las cámaras, es repeler ciertas tramas de la reforma del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, corre el riesgo de quedar prisionero de los viejos intereses corporativos y en lugar de una nueva transformación educativa tengamos un retorno al pasado.

EMB anunció la semana pasada en Durango que regresarán a las aulas “los maestros que fueron dados de baja por no asistir a las evaluaciones magisteriales”. Parece que hay voluntad de cumplirle a la CNTE, pero —tal vez— a costa de perjudicar a la niñez.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/ir-y-venir-de-las-reformas/

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La propuesta educativa. Profesionalizar todo para garantizar un avance integral del servicio educativo

Por: Miguel Ángel Pérez

El último intento de reforma educativa en nuestro país, terminó por caricaturizar lo que es verdaderamente una reforma educativa integral y estratégica. Los titulares de la SEP en el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvieron muy por debajo de sus propias aspiraciones, el caso más claro es el de Aurelio Nuño, él aspiraba a una reformas educativa como trampolín para garantizar (y encubrir) sus aspiraciones políticas. No le resultó y ahora será un desempleado más del sistema, al igual de tantos priistas que han perdido mucho, a partir de las pasadas elecciones.

Sin embargo las señales que ha mandado lo que será el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son turbias y contradictorias, el debate no está en si la reforma educativa sigue o se anula. El verdadero debate reside en cuáles son las vías y los recursos para garantizar mejoras sustantivas a la calidad educativa que la entidad pública ofrece en este país. En este sentido, la profesionalización de todas las instancias que abarcan el sistema educativo nacional es la clave.

El tejido institucional en el seno de la SEP ha tenido un deterioro notablemente significativo (por decir lo menos), para donde volteemos encontramos déficits e incumplimiento de metas. Ya sea Educación básica, Media superior, Superior, Normales, Educación especial, Indígena, etc. El problema reside en que el sistema funciona como una serie de instancias aisladas y desarticuladas entre sí, el sistema no lo es en realidad, sino sólo un concepto, una abstracción o distintas instancias que cada uno funciona por su lado.

Se trata ahora de definir por dónde empezar y trazar una ruta critica para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. En todo ello, el trabajo y las propuestas de los y las docentes son fundamentales para garantizar llegar a buen puerto en las aspiraciones del proyecto educativo para el país.

En este sentido, no sólo se aspira a modificar las formas de administrar y gestionar el curso de acción del propio sistema, también se trata de cambiar para mejorar los contenidos del mismo. La reforma educativa por venir, deberá pensar en realizar profundos cambios desde los cimientos del propio sistema. Por ejemplo ¿cuáles son las preguntas que se hacen desde la educación básica para mejorar la calidad educativa?, ¿cómo presentar una oferta educativa más atractiva y significativa para los jóvenes y adolescentes que asisten a la educación media? ¿Cómo garantizar una mejor formación profesional para garantizar una pronta inserción laboral de los y las egresados de la educación superior?

Las preguntas si bien están planteadas en un plano muy general, están pensadas en que nos ayuden a perfilar de mejor manera los cambios y las distinciones que caracterizan el nuevo rostro de la SEP en el siguiente sexenio.

Las señales que se han lanzado hasta ahora, no dan cuenta de que estamos ante una auténtica aspiración de verdaderos cambios en educación, parece que sólo cambiarán las personas y el estilo de hacer las cosas. El problema de fondo sigue estando presente ante la grava pregunta ¿Cuál es la reforma educativa que nuestro país necesita? Y después de responder seguiría ¿Cuáles serían las primeras acciones y los primeros pasos que se deberán dar para caminar congruentemente en dicha perspectiva?

Profesionalizar el sistema tiene que ver con un compromiso serio de exigirle tanto a las instancias de arriba pero también a las de abajo, de que contribuyan en el cumplimiento de sus tareas específicas. Profesionalizar significa saber hacer bien las cosas en la perspectiva de un proyecto más amplio cuya globalidad está definida en la perspectiva de un proyecto claro que responde socialmente a lo que este país necesita en términos del desarrollo educacional.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-propuesta-educativa-profesionalizar-todo-para-garantizar-un-avance-integral-del-servicio-educativo/

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Las propuestas de López Obrador para cambiar el modelo educativo en México

Por: Meritxell Freixas Martorell

Poco más de dos meses han pasado desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México con unos resultados que superaron todas las expectativas. El candidato de la izquierda mexicana (coalición Morena) todavía no ha asumido su nuevo cargo -lo hará el próximo 1 de diciembre-, pero desde su triunfo electoral ha repetido en varias ocasiones que cuando eso ocurra anulará la Reforma Educativa impulsada por el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto.

En la primera comparecencia conjunta entre presidentes celebrada en el Palacio Nacional el pasado 21 de agosto, el electo aseguró ante su futuro antecesor que “en su momento, en tiempo y forma, vamos a cancelar la reforma educativa y daremos a conocer un plan distinto”.

El actual mandatario, de tendencia centroderechista (PRI), instauró un programa para poner fin a un sistema educativo de casi 60 años. Desde 2012 y en diferentes etapas, se propuso mejorar los indicadores educativos del país, que hasta día de hoy siguen siendo muy desalentadores.

México es el país de la OCDE que más dinero destina a la educación, más del 5% de su PIB, pero es el que peores resultados obtiene debido a que el grueso de los gastos, el 86%, es para pagar los salarios de más de dos millones de maestros que enseñan a 36 millones de alumnos en 260.000 escuelas.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 el 17,4% de la población mexicana no alcanzó el nivel educativo considerado básico (secundaria), lo que corresponde a un total de 21,3 millones de adultos y jóvenes de entre 13 y 15 años. Además, sólo el 30% de los jóvenes llega a educación superior.

Evaluación docente “punitiva”

La Reforma de Peña Nieto se basó en tres pilares fundamentales: modernizar los contenidos educativos, mejorar la infraestructura en las escuelas y profesionalizar a los profesores a través de un sistema de méritos. Esta última ha sido, sin duda, una de las piedras en el zapato del presidente hasta hoy.

El 3 de septiembre el presidente ofreció un balance oficial de su gestión, ad portas de traspasar el cargo. En su sexto y último Informe de Gobierno, declaró que cuando llegó al poder había un sistema “discrecional, injusto e ineficiente”, que no reconocía a los maestros, porque “el clientelismo había sustituido al mérito”.

Pero, según él, todo cambió con sus nuevas reglas para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes: “Hoy el mérito, el esfuerzo y la preparación son los únicos criterios que determinan el desarrollo profesional de los maestros”, aseguró.

El sistema de evaluación de los docentes es obligatorio para todos los profesionales que resulten elegidos a través de un proceso de selección aleatorio. Aquellos que se niegan a realizar las pruebas son suspendidos de salario o cesados del lugar de trabajo. Desde su anuncio, el gremio ha mostrado una oposición muy mayoritaria a la iniciativa y, en algunos estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, incluso frontal. En 2016, la ola de protestas de los profesores en estas regiones dejó varios muertos y cientos de heridos.

Las pruebas, que se deben realizar cada cuatro años, permiten “promocionarse en la función”, es decir, obtener reconocimiento (económico) o mayor número de horas lectivas (con su respectivo aumento salarial); conseguir “reconocimiento en el servicio”, que significa llegar a ejercer como tutor o asesor técnico pedagógico; o permanecer y conservar el puesto de trabajo.

Contra este sistema de pruebas se ha posicionado desde el principio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización sindical que se creó como alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina en número de afiliados y cercano al actual Ejecutivo. Con una clara apuesta por dignificar el trabajo docente, la CNTE ha dado la pelea de forma perseverante contra la Reforma Educativa de Peña Nieto.

Mirna Santiago, miembro de la dirección política de la organización sindical y maestra de educación preescolar, asegura que la “evaluación punitiva es la columna vertebral” de la Reforma, y que opera “a través de exámenes estandarizados a alumnos y maestros para medir conocimientos en el marco de un proceso de mercantilización que deshumaniza y cosifica”.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, durante el mandato de Peña Nieto, 637.000 profesores han participado en evaluaciones de desempeño docente. Por su parte, la CNTE cifra en 586 personas cesadas en 2015 por negarse a examinarse, mientras que el mes pasado, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, fueron despedidos 17 maestros más por la misma razón.

Defensores y detractores

Han trascendido pocos detalles de los planes de López Obrador en materia educativa, más allá de acabar con la Reforma. Tampoco ha explicado cómo llevará a cabo este proceso. Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre de la evaluación docente, la única parte que el nuevo presidente quiere mantener. Eso sí, quitándole el “componente punitivo”. “Queremos tener a un maestro que esté pensando en que los niños mejoren, y no puede estar siendo hostigado por la autoridad educativa, no puede estar pensando en su evaluación”, ha anticipado el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Pero esta idea no convence a todo el sector. Entre los que más rechazo han mostrado a la decisión de anular la Reforma Educativa, en general, y modificar la evaluación docente, en particular, destaca la organización Mexicanos Primero, vinculada a empresarios de élite que en estos años se ha volcado a favor del programa reformista.

Su presidente ejecutivo, David Calderón explica a El Diario de la Educación que López Obrador cancelará “los mecanismos que permiten atender con mejores condiciones, con la compensación de justicia necesaria, a los alumnos de las zonas más pobres”, en referencia a la eliminación de los castigos por malos resultados en las pruebas. Para él, “la solución no es que los maestros no tengan exigencias, por el contrario, necesitan el máximo apoyo, compensaciones salariales y profesionales”. El director considera que si “ya el capital cultural de las familias más pobres no alcanza para que [sus niños] tengan oportunidades paralelas a los de las grandes ciudades, menos las van a conseguir con maestros que no saben cerrarles la brecha en cuanto a los aprendizajes y habilidades deseadas”.

Calderón también opina que es una “grave omisión” que el mandatario electo no se haya referido a políticas dirigidas a la primera infancia. Además, rebate el enfoque de las políticas educativas para jóvenes que se vienen. En esta línea, López Obrador ha planteado ampliar la cobertura de la educación universitaria y repartir becas a todos los jóvenes del país que se incorporen a empresas y organizaciones para desarrollar una formación temporal.

Para el director, esto es una “introducción temprana al subsidio para toda la vida” y “un incentivo a la dependencia”. Según él, López Obrador tiene que ir más allá de una solución temporal y lo invitó a buscar un “diseño más propositivo y sólido” que supere su promesa de campaña “de ofrecer becas indiscriminadamente”. En su opinión, estos “pequeños depósitos mitigan la pobreza y frustración, pero no son sustentables en el tiempo”.

Desde el otro lado de la cancha, la CNTE celebra que finalmente se reviertan las medidas que contempla la Reforma, cuya implementación necesitó incluso modificar la Constitución, y se muestra confiada ante eventuales “transformaciones” al sistema educativo del país. A la vez, pero, duda de que ese nuevo escenario pueda ser “real” si, al frente de la Secretaría de Educación, López Obrador ha designado a Moctezuma, un personaje vinculado a la Reforma del gobierno anterior.

Por ahora, la CNTE será uno de los actores clave de la Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, otro de los anuncios del nuevo presidente. Maestros, estudiantes, familias, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas participarán de 32 foros en distintos estados para diseñar el programa que guiará los próximos años en materia educativa.

Mirna Santiago observa el desafío con esperanza, pero también con determinación: “Enfrentaremos al nuevo gobierno con organización, movilización y disciplina, dando continuidad a la lucha y haciendo valer nuestras propuestas de educación emancipadora que ya se llevan a la práctica en las aulas desde hace años”, concluye.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/10/las-propuestas-de-lopez-obrador-para-cambiar-el-modelo-educativo-en-mexico/

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Reforma Educativa: mirada de un supervisor

Por Carlos Ornellas

Aparte de comentarios en el blog de Excélsior, recibo mensajes frecuentes en mi buzón del correo electrónico. Además, sostengo diálogos con colegas que comentan tramas que retomo en mis artículos en el periódico o en trabajos académicos. También, cada vez menos, recibo insultos de alguien que se molesta por la crítica que hago a los líderes, que no a los maestros, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

El 23 de agosto recibí una carta extensa del doctor Javier C. Ruiz Mijangos, inspector general de secundarias en Jalisco. Me comenta que es un asiduo lector de textos sobre su materia, que ha leído más de 90 piezas sobre la “llamada” Reforma Educativa y me invita a que haga trabajo de campo, realice entrevistas y levante encuestas; él me ofrece apoyo logístico para esas tareas. Excepto encuestas, que no levanto desde el año 2000 —por su costo y la complicación de seleccionar una muestra representativa—, siempre ando tomando notas y charlo con frecuencia con maestros, directores de escuela, funcionarios de varios niveles y colegas. Todos aportan información y opinión que me apoyan a normar mi criterio y a modular mi juicio.

Aprecio la carta del doctor Ruiz, aporta ideas para entender el sentir de muchos docentes. Expresa: “Soy un docente consciente que es necesaria e indispensable desde hace 20–25 años la implementación de la Reforma Educativa”. Pretende ofrecer una visión equilibrada de sus fortalezas —que sí se las reconoce— y sus debilidades, que refieren a las deficiencias burocráticas. No hay una objeción de fondo al propósito general de la reforma ni a la doctrina que está detrás de ella: el mérito como principio.

El supervisor destaca que la Reforma Educativa tiene haberes: la realización de los Consejos Técnicos Escolares; los exámenes de admisión para ingreso, promoción y permanencia; el apoyo de las ATP (asesores técnico-pedagógicos) en las supervisiones escolares, la disminución de contenidos en educación secundaria y la creación de autonomía curricular.

Luego marca los débitos que, desde su perspectiva, padece la reforma. Aquí agrega interpretaciones a su descripción: las tutorías para los nuevos docentes no funciona; los exámenes de admisión se manejan sin transparencia; los ascensos de ATP, subdirectores y directores, dejan a los grupos sin atención durante dos o más años; los puestos de directivos no se cubren oportunamente; los contratos de los docentes son de trato injusto y vergonzoso, de 15-30-60 días; los pagos se efectúan fuera de tiempo y desubicados; el pago de un docente supernumerario por hora, disminuye en 40%; la contratación de los nuevos docentes se efectúa sin planeación ni organización, en lugares inadecuados; no funcionan las plataformas para la actualización de directores y docentes; los puestos de funcionarios educativos son un reparto del botín del gobierno en turno; los docentes universitarios que ingresan con el examen de oposición no reciben ninguna capacitación pedagógica. Apunta deficiencias en la formación continua, no hay diagnósticos efectivos y veraces, la reforma no se ha evaluado en las aulas y escuelas de Jalisco ni los docentes fueron invitados a la elaboración del diagnóstico estatal. Lo más grave, apunta, es que en nueve secundarias de su zona hay mil 317 horas vacantes sin cubrir.

Como puede observarse, es un catálogo de pifias que el profesor Ruiz achaca a la Reforma Educativa y a la SEP, pero no toca al gobierno local ni habla de las trabas que imponen los dirigentes sindicales. Concluye censurando al secretario Otto Granados Roldán porque exclamó que sería una catástrofe cancelar la reforma.

No dudo del diagnóstico —a pie de tierra— del doctor Ruiz ni de su preocupación por la falta de mejoría. Pero me pregunto cómo era ese mundo hace cinco años. Quizá esos problemas existían, agravados por la herencia y venta de plazas y el control que líderes sindicales tenían (y que mantienen en cierta medida) de las trayectorias profesionales de los maestros.

Si estuviera en la situación del maestro Ruiz, exigiría que se cumpla con la reforma, no apostaría a su fracaso. ¡Qué bueno que no la juzga por sus propósitos, sino por la falta de resultados! No obstante, también me gustaría que analizara el papel de los líderes sindicales y de la baja burocracia, que incluye a supervisores que alcanzaron el puesto por méritos sindicales, no profesionales.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/reforma-educativa-mirada-de-un-supervisor/1262976
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La ADP y la reforma de la educación (3 de 3)

República Dominicana / 9 de septiembre de 2018 / Autor: Jesús de la Rosa / Fuente: Hoy Digital

Los dominicanos y las dominicanas vivimos hoy un periodo crucial de nuestra historia. El momento de las grandes transformaciones encuentra al país sumido en una crisis social y económica de grandes proporciones resultado, no sólo de hechos y conflictos internacionales que escapan a nuestro control, sino de la acumulación progresiva de problemas que no hemos podido o sabido resolver. El atraso industrial, el desempleo, los problemas financieros y monetarios, la falta de infraestructura técnica científica básica y otras deficiencias por el estilo responden a razones muy diversas, entre las que pueden contarse la rigidez de nuestro sistema productivo en consonancia con las políticas y acuerdos enmarcados en nuestras relaciones con las grandes potencias industriales.

El contexto más arriba señalado, plantea a nuestra comunidad académica retos de trascendencia en la búsqueda de elementos que nos permitan llegar, como lo expresan personas expertas en la materia, “a una dinámica concertación entre los distintos actores de la sociedad y consensos globales sobre el futuro que guiará el desarrollo de la ciencia y la tecnología” Nos urge el ampliar y consolidar nuestros espacios de formación, innovación y circulación del conocimiento. Y encontrar articulaciones pertinentes entre tales procesos y la vida económica del país, paso indispensable en un ordenamiento mundial en plena gestación.

A decir de muchos, la comprobada situación de deterioro en que hoy se encuentra el sistema dominicano de instrucción pública es, al mismo tiempo, una manifestación de la crisis a la cual nos estamos refiriendo y un factor que contribuye a agravarla, por cuanto una población como la nuestra con muy bajo nivel educativo (quinto curso del nivel básico como promedio) no está en condiciones de afrontar la difícil tarea de sacar al país de la crisis y conducirlo por el camino del progreso.

Durante las primeras décadas del siglo 21 han ocurrido muchos cambios en el panorama mundial como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de la reestructuración económica, de la competencia internacional, del movimiento multicultural y de las reformas en el ámbito del Estado. En ese contexto, las escuelas y nosotros los profesores tenemos que enfrentarnos a muchos y nuevos problemas, incertidumbre y desafíos.

La educación dominicana en particular, a pesar de la gran crisis que ha tenido que enfrentar, todavía se considera como la solución a muchos de nuestros problemas y como fuente de bienestar social y económico. Esa certeza de que la educación es una condición fundamental e imprescindible para el desarrollo económico y social, fue lo que dio origen al Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030, una iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina, de rectores de universidades, de asociaciones de profesores, de líderes sindicales, políticos y comunitarios, y de otros, que nos reunimos durante meses en un gran esfuerzo para encontrar soluciones a los problemas medulares que afectan al sistema de instrucción pública. Pero, tal y como bien lo expresara Dalila Oliveira “la idea de que la mejora del desempeño de los alumnos es un factor dependiente casi exclusivamente de la calidad docente ha llevado a que los problemas de aprendizaje se justifiquen en la baja cualificación profesional de los docentes”.

Fuente del Artículo:

http://hoy.com.do/la-adp-y-la-reforma-de-la-educacion-3/

ove/mahv

 

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La violencia de género en las escuelas

Por María Elena Naddeo

En el marco de las tomas de colegios realizadas contra la reforma educativa “Escuelas del futuro” el año pasado, estudiantes de las escuelas secundarias participaron de una mediación alentada por el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor.

Fueron jornadas de largas horas de debate, en las cuales cientos de estudiantes reiteraron importantes reclamos: ser escuchados frente a las modificaciones curriculares, evitar todo tipo de medidas represivas y de presencia intimidatoria de policías en las escuelas, pronta aplicación de la Ley de Educación Sexual integral y la elaboración de un protocolo de violencia de género en las escuelas.

Los argumentos para fundar los dos últimos reclamos impactaron por su contundencia y crudo realismo. Relatos de abusos sexuales y acosos verbales entre estudiantes de una misma escuela, de un mismo curso escolar, fueron denunciados por alumnas de varios establecimientos. Una joven de 5º año manifestó que debía convivir en el mismo curso escolar con quien la había abusado, que nadie escuchaba su reclamo.

Nos constituimos en las escuelas, hablamos con los directivos, con los equipo de orientación, con las y los estudiantes. Las respuestas institucionales dieron cuenta de la carencia de una perspectiva que incorpore la violencia de género en las relaciones interpersonales como un problema importante para abordar y prevenir. Respuestas que intentaban deslindar responsabilidades porque los abusos suelen ocurrir en bailes o reuniones fuera del establecimiento aunque los involucrados compartieran el aula cotidianamente. Otros directivos, preocupados por las distintas  situaciones denunciadas, reconocían no tener elementos suficientes para trabajar adecuadamente el tema.

Por ello elaboramos un proyecto de Protocolo de intervención ante las consultas y denuncias de las estudiantes de escuelas secundarias y terciarias atravesadas por distintos tipos de violencia. Incorporamos en la normativa escolar específica los contenidos de la Ley Nacional 26485 y sus concordantes de la CABA, a fin de identificar y reconocer las distintas formas de violencia que anidan en las prácticas habituales, y abordamos también a pedido de otros establecimientos y especialistas de la Defensoría y del Ministerio de Educación, la legislación antidiscriminatoria frente a situaciones de violencia o acoso hacia los y las alumnas del colectivo LGBT. Debatimos cada artículo con numerosos delegados y delegadas de los centros de estudiantes.

Dicho protocolo –modificado y consensuado con el propio Ministerio de Educación, el Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo social– constituye una herramienta fundamental para incorporar las dimensiones de género y diversidad en el sistema educativo, para la detección y prevención temprana de situaciones de violencia entre pares.

Su puesta en marcha requiere de los integrantes de la comunidad educativa y de los organismos de infancia un fuerte compromiso por involucrarse, por escuchar a las víctimas, por intentar soluciones reparadoras de las conductas crueles o violentas, nuevas y renovadas prácticas de los y las profesionales de los equipos de orientación y de los Consejos de Convivencia.

La tarea a encarar en lo inmediato será la capacitación de los equipos de conducción de cada establecimiento educativo, así como del conjunto de la comunidad, docentes y estudiantes. El Protocolo nos obliga a encararlo con absoluta celeridad.

Fuente del artículo: https://www.pagina12.com.ar/128309-la-violencia-de-genero-en-las-escuelas

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