Redacción: AN
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, comenta que la evaluación magisterial se convirtió en un mecanismo «perverso» de control laboral y pidió al futuro gobierno de AMLO «serenarse» antes de decidir si modifica, deroga, revoca o revisa las leyes secundarias de la Reforma Educativa o la propia Constitución.
Fuente: https://aristeguinoticias.com/1207/mexico/la-reforma-educativa-de-epn-y-el-efecto-cobra-gil-anton-video/
El virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció las principales reformas legislativas que planteará al nuevo Congreso –contará con mayoría en ambas cámaras– y que incluyen medidas como una consulta popular vinculante para revocar el mandato presidencial y la incorporación al Artículo 3 constitucional del derecho a la educación superior gratuita.
El proyecto de educación sin costo en todos los niveles escolares fue una de las promesas de campaña de López Obrador, bajo la premisa de que “no es un privilegio sino un derecho”..
En esa materia, e incluida en la serie de propuestas prioritarias,también se enumeró revertir o modificar leyes de la Reforma Educativa, una de las promesas más polémicas durante su campaña.
“La gente votó para que haya un cambio verdadero, el Gobierno no puede estar ensimismado”, dijo López Obrador al presentar las iniciativas que comprenden también modificar el Artículo 108 constitucional para permitir que se juzgue al Presidente de la República en funciones por delitos de corrupción y contra las libertades electorales.
Actualmente la ley sólo permite procesar al Presidente al dejar el cargo. “Ese fue el mandato de los mexicanos en las elecciones. Nos apoyaron, votaron por nosotros, porque quieren que se acabe con la corrupción, y vamos a cumplir con ese mandato”, agregó el virtual Presidente electo.
López Obrador tendrá 307 de los 500 diputados en el Palacio de San Lázaro y 69 de los 128 senadores. El nuevo Congreso entrará en funciones el 1 de septiembre.
La propuesta de un mecanismo de encuesta para la revocación de mandato contempla quitar trabas para realizar procesos de consulta ciudadana, los cuales deberán tener carácter vinculante, precisó en conferencia de prensa.
Otra de las propuestas se basa en cambios legales para reducir la alta burocracia como parte de un llamado “plan de austeridad republicano”.
• Ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el Artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República.
• Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
• Terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el 108 de la Constitución, para que pueda ser juzgado el Presidente en funciones por delitos de corrupción. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
• Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a fianza: la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.
• Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo Gobierno.
• Reformar la Ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Sedena.
• Revertir el decreto de privatización del agua y solicitar la participación de la próxima secretaria de Medio Ambiente.
• Revertir o modificar leyes de la Reforma Educativa en coordinación con el titular de la dependencia. Cumplir con el compromiso de cancelar la Reforma Educativa.
• Cumplir con el Artículo 3 constitucional para que la educación sea pública y gratuita en todos los niveles.
• Consulta para la revocación de mandato y quitar trabas y candados a todos los procedimientos que tengan carácter vinculatorio.
• Aumentar el salario mínimo al doble para la zona fronteriza en el país.
Fuente:
Por: Roberto Rodríguez
En política uno de los mayores desafíos, si no es que el principal, consiste en la posibilidad de conciliar voluntades e intereses en torno a un determinado conjunto de propuestas, programas o proyectos de acción gubernamental. Que una política pública consiga ser calificada como legítima depende de la solución que se alcance para tal desafío. No es sencillo, por supuesto, porque con frecuencia los intereses en juego se oponen entre sí, como al parecer es el caso del futuro de la reforma educativa y de su eventual reemplazo por otra fórmula de transformación, aún por dilucidar.
La solución de imponer un proyecto de cambio por vía del acuerdo interpartidario, como fue el caso de la reforma normativa de 2012-2013 tuvo una efectividad limitada si se mide en términos de su aceptación por lo protagonistas centrales, los maestros. La imposición de la reforma, además de haber abiertos espacios de confrontación y posturas encontradas, desgastó la autoridad gubernamental para avanzar con fluidez sobre otros aspectos de la problemática educativa nacional.
La opción de sujetar a procesos de negociación simple las nuevas propuestas del programa educativo, incluida la cancelación o modificación de la reforma, corre riesgos de suma cero: lo que unos ganan otros lo pierden. Como se identificó en algunas encuestas, la reforma implantada en el sexenio contó, en población abierta, con el mayor nivel de aprobación de las reformas estructurales propuestas. Es probable, en consecuencia, que la sola abrogación de la normativa básica de la reforma educativa produjera aceptación entre los críticos más radicales pero también rechazo en un sector amplio de la población interesada. Peor aún, que fuera esta medida calificada como un retroceso.
Si el gobierno entrante consigue asegurar políticamente el planteamiento, que ya circula en el equipo de transición, de que la mejor opción es revisar y en su caso replantear, corregir y mejorar el enfoque de la reforma, en especial la evaluación de docentes y estudiantes en los niveles obligatorios del sistema educativo, las posibilidades de conseguir legitimidad, que no consenso, mejoran considerablemente.
Sin embargo, hasta ahora se han mantenido en el escenario las dos posibilidades: cancelar o reformar la reforma. Este dilema debe ser resuelto con prontitud para procesar las fórmulas de convocatoria, interacción y anticipación de resultados de la consulta que, todo parece indicar, se organizará para definir la ruta de acción gubernamental por venir.
Ya anunció Esteban Moctezuma, nominado por Andrés López Obrador como posible titular de la SEP en el próximo gabinete, que una nueva ley o un nuevo paquete normativo para gobernar el sistema de educación serán elaborados a través de una consulta social amplia. Lo que quiere decir, según sus palabras, “que van a participar los maestros, los padres de familia, las autoridades educativas, estatales y federales, los integrantes de los consejos de participación ciudadana en las escuelas, entre otros” (El Universal, 7 de julio 2018).
La idea es buena, pero tiene sus riesgos. Comenzando por los maestros, pues resulta que hay posiciones encontradas entre las organizaciones que los agremian. La CNTE ha dicho que la intención de “despenalizar” la reforma, o evitar los efectos punitivos de la evaluación docente, no responde a su demanda de cancelación. Ha señalado también que, a menos que proceda la abrogación, y la aprobación de su Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, así como el Proyecto de Educación Alternativa en Chiapas, mantendrán y acrecentarán sus acciones de resistencia (Milenio, 9 de julio 2018).
La postura del SNTE al respecto es, por ahora, poco clara. Aunque el sindicato ha manifestado su intención de colaborar con el gobierno en su plan educativo, así como de interactuar con la autoridad educativa para identificar aquello que debe de modificarse en las normas, hasta ahora no se han manifestado sobre lo que debe permanecer y lo que tendría que modificarse. Los grupos afines a la anterior dirigencia sindical, la encabezada por Elba Esther Gordillo, hicieron pública su intención de generar una propuesta legislativa en que se eliminen los riesgos laborales de la evaluación docente.
Aparte, todo parece indicar que la diputación federal plurinominal a la que aspiraba el líder Juan Díaz de la Torre no se concretará en virtud de la votación obtenida por el PRI. Por ese factor, y por la aproximación del antiguo SNTE a la candidatura de López Obrador, es de anticiparse algún reacomodo en las filas sindicales, y en consecuencia posibles cambios en su posicionamiento ante la reforma del régimen por concluir. Habrá que ver.
Tampoco son un bloque uniforme las posturas de los especialistas e investigadores educativos sobre la reforma. Desde luego la apertura de un proceso ordenado de consulta puede abrir horizontes para un debate razonado, lo que también debiera ocurrir con respecto a las organizaciones sociales competentes. Pero no será tan sencillo en el espacio de las autoridades educativas estatales, en que ya están a la vista posiciones diferentes y en algunos aspectos contrarias. El que Morena haya conseguido gubernaturas en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos, puede facilitar las cosas en estos estados, como también sus triunfos en la gran mayoría de las elecciones legislativas. Pero eso no puede evitar la tarea política de articular consensos.
No menos importante, la diversidad de opiniones al seno de Morena, algunas favorables a la alternativa radical y otras a la moderada. Pacificar el espacio educativo sin renunciar a su transformación tendría que ser el camino.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/transformacion-educativa-el-reto-de-conciliar-voluntades/
Por: ODEJ
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Carolina Bodewig
Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Ibero, Ciudad de México
SIMO Consulting[1]
A inicios de 2013, a través de un decreto presidencial, se realizó una reforma al artículo tercero constitucional, lo que devendría en el punto de partida y sustento jurídico de la Reforma Educativa que desde entonces ha generado tantos desacuerdos, tensiones y encontronazos en el sistema educativo, sobre todo, entre las y los docentes y las autoridades educativas.
Esta reforma al artículo tercero implicó la creación del Servicio Profesional Docente – la cual regula el ingreso, la promoción y la permanencia de las y los docentes en el sistema a partir de una evaluación obligatoria – y, por lo tanto, la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya máxima autoridad es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), constituido en este contexto como una entidad autónoma.
La reforma educativa también se constituye a partir de otros ejes como la mejora de la infraestructura escolar, el impulso de la política de la Escuela al Centro, la formación continua de docentes, una estrategia de equidad e inclusión, el diseño del Nuevo Modelo Educativo, reforma de escuelas normales, entre otras acciones relevantes.
Mucho se ha dicho sobre esta reforma educativa, sin embargo, la razón por la que más se ha hablado y discutido sobre ella es por la evaluación docente. La evaluación vista como una forma de controlar, castigar y perseguir a las y los docentes es uno de los principales argumentos en contra de este proceso, además de concebirla como una evaluación de carácter punitivo y con consecuencias laborales sobre la planta docente. Es esto lo que hace que muchos críticos a la reforma – entre ellos investigadores y organizaciones de la sociedad civil- concluyan que más que una reforma impulsada con un objetivo pedagógico, esta reforma es de carácter laboral y punitivo contra las y los docentes.
Durante la pasada jornada electoral SIMO Consulting levantó una encuesta de salida. Ésta reveló que, en términos generales, hay una gran cantidad de votantes que no están de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa. Sin embargo, cuando esta opinión se separa según los candidatos, se encuentran diferencias llamativas.
De los que votaron por Anaya, 34% está de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa, mientras que el 59% no lo está. En 2013, el candidato había votado a favor de la ley promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, luego, al inicio de su campaña presidencial, sostuvo una postura en la que manifestaba que la Reforma Educativa era un buen proyecto, pero que “lamentablemente fue mal implementado”. Además, su postura sobre la evaluación docente –el tema que ocupa el centro de la discusión – se observó un poco floja o quiso mantenerse en la “zona segura”. Es decir, resonó el discurso “oficial” de la evaluación que trajo la reforma como un proceso formativo y de mejora continua, sin que retomara, por ejemplo, la discusión de cómo la evaluación podría ser más equitativa y la consideración de los contextos en los que trabajan las y los docentes.
De los que votaron por José Antonio Meade, el 23% manifestó estar de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa y un 64% no estuvo de acuerdo. Durante su campaña, la postura del candidato consistió en mantener la reforma educativa tal como está: “La reforma educativa va, porque le vamos a apostar a los niños, le vamos apostar a los maestros, porque estamos comprometidos con los padres de familia y en el futuro de nuestros hijos. No nos vamos a echar para atrás.”[2]
De los que votaron por Jaime Heliodoro Rodríguez (El Bronco), el 29% estaba de acuerdo con cancelar la reforma y el otro 57% se mostró en contra. Por su parte, el candidato expresó que no cancelaría la evaluación docente, sin embargo, no profundizó mucho en su postura.
Finalmente, con respecto a los que votaron por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ve algo diferente, es un porcentaje mayor de votantes quienes están de acuerdo con la cancelación (49%) que con su continuidad (39%). Esto tiene bastante lógica porque él sí sostuvo, durante la mayor parte de su campaña, que cancelaría la reforma educativa.
Y sí, lo cierto es que el candidato, ahora electo presidente, expresó que una de sus acciones en materia educativa sería cancelar la reforma educativa, asegurando que ésta atentaba contra la estabilidad laboral y contra los derechos de las y los docentes. De hecho, quien sería el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que la reforma será derogada, que conservarán lo que sea útil para el aprendizaje y trabajarán en un nuevo marco jurídico que sustente estos cambios. En cuanto a la evaluación docente, el próximo titular de educación aseguró que se mantendría, pero prescindiendo de su carácter punitivo; es decir, sin estar ligada a consecuencias laborales.
También manifestaron que parte de su plan es impulsar un nuevo plan educativo nacional a partir de una gran consulta nacional con docentes, padres y madres de familia, directivos y especialistas en educación. Lo cual, en palabras del equipo de AMLO, garantizaría la viabilidad de la reforma educativa.
Ahora bien, en este contexto en el que el equipo recientemente electo comenzará a prepararse para tomar posesión y seguramente a tomar acciones sobre la reforma educativa que está en vigencia, considero necesario pensar más allá de las dos posturas antagónicas existentes: estar de acuerdo o no con la cancelación de dicha reforma. Antes que nada, se debe tener en cuenta que la reforma educativa abarca diferentes procesos y componentes como el nuevo modelo educativo o el tema de la infraestructura escolar. Al tener presente esta acotación, se comprendería mejor a cuáles aspectos se hace referencia al hablar de “derogar” la reforma: aquellos que están relacionados estrictamente con el enfoque de la evaluación docente como una herramienta con consecuencias laborales sobre las y los docentes.
En este tenor, también es muy importante no perder de vista que la derogación de la reforma tiene implicaciones jurídicas, políticas y administrativas. Por ejemplo, para lograr cancelar – como es su intención- o modificar algunas partes de esta reforma, se debe remitir a la ley que dio origen a la misma, por ejemplo, se modificaría o cancelaría la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que finalmente da lugar a la evaluación vinculada al tema laboral de las y los docentes. Pero esta modificación o cancelación de la ley solo sería posible hacerla a través del Congreso de la Unión. Es decir, finalmente, derogar la reforma educativa tal como se conoce hoy, no es tarea fácil, es necesario también pasar por un proceso jurídico y político; más aun, contar con una plataforma jurídica como contrapropuesta.
En lo que sí han dado un poco más de detalle es en una propuesta alterna respecto al nuevo modelo educativo que la reforma educativa en cuestión planteó. Su propuesta toma como punto de partida el argumento de que dicho modelo llegó casi al final del sexenio de EPN de forma apresurada, inconclusa y con baja participación de agentes ajenos a las autoridades educativas. En este sentido, con la nueva propuesta, se busca valorar y garantizar la implementación de dicho modelo a través una gran consulta con docentes, pares y madres de familia, expertos y sociedad en general. Su idea es que este modelo “mejore, de verdad, la calidad, de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio” (Documento de respuesta a la iniciativa “10 por la educación”, p. 2).
A partir de estos dos grandes temas que forman parte de la postura y propuesta de AMLO ante la reforma educativa tal como está, es necesario asumir un rol que acompañe este proceso que iniciará el 1 de diciembre y en adelante. Es decir, acompañar en la construcción de este proyecto: desde el seguimiento, el cuestionamiento, la participación en el diálogo, el intercambio. Debe existir una postura de exigibilidad por parte de las y los ciudadanos, pero también de toma de responsabilidad de construir y transformar los procesos educativos actuales.
En este sentido, el primer paso es obtener claridad sobre su postura; en algunos discursos sostuvo que cancelará la reforma educativa completamente, pero en otros momentos ha asegurado que no la derogará en su totalidad, que lo que busca es un reajuste de la misma. Aún no queda claro cuál es el destino de la reforma educativa en términos jurídicos y administrativos. Por ejemplo, no queda claro todavía qué partes de la ley cambiarían, cuál sería una contrapropuesta a lo que ya existe y cuál sería el mecanismo para lograrlo.
Segundo –y, por supuesto, tomando en cuenta que no ha iniciado la gestión de su sexenio- hay que requerirle a su equipo los “cómos” de sus planteamientos sobre el proceso de “reajuste” de la reforma, sea cual sea el caso, y acompañar en este proceso de construcción. Finalmente, construir ciudadanía desde el acompañamiento y seguimiento al proceso de cambio educativo que se está vislumbrando en la propuesta de AMLO y su equipo.
También habrá que requerir los “cómos” de la consulta que planea hacer con padres, madres, académicos y docentes: cómo se organizará, cómo se convocará, cómo se sistematizará e integrará en un modelo educativo y en una nueva propuesta de reforma a partir de toda la información y la reflexión que resulte de ese proceso.
El reto de este nuevo gobierno en cuanto a la reforma educativa está en dejar de repetir lo que le faltó o falló a la reforma educativa actual, porque eso se ha escuchado ya en incontables discursos o apariciones públicas. El reto está en hacer del proceso de reforma educativa – con los componentes que se decidan de forma colectiva y participativa- algo incluyente, más equitativo, contextualizado, dialogado y respetuoso, sin prisas. El reto está en construir el diálogo sobre los cómos: sobre el camino a seguir para transformar el rumbo que llevaba la reforma educativa actual, sobre las prioridades que se trazarán, con quiénes se trazarán y el porqué de esas prioridades.
[1] Simo Consulting es una consultora dedicada al análisis de fenómenos sociales y económicos, a través de investigación disruptiva para el cambio social mediante la aplicación de diversas metodologías que alimentan la teoría del pensamiento radical; es decir, repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias. Sus áreas de trabajo son: estudios electorales, política pública y evaluación, sociedad civil, estudios educativos, entre otros.
[2] Canchola, A. (2018). “Meade: Vamos por reforma educativa.” El Universal, 15 de mayo de 2018.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/voces-de-la-ciudadania-el-proyecto-educativo-en-la-era-de-andres-manuel-lopez-obrador/
Centro América/Puerto Rico/12 Julio 2018/Fuente: Metro
El gobierno de Puerto Rico recurrió mediante un recurso extraordinario de certificación al Tribunal Supremo para que revisen una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró inconstitucional las escuelas charters y los vales educativos de la Reforma Educativa. La determinación del tribunal de instancia se basa en jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Ahora, el máximo foro deberá determinar acoger el recurso y, de ser así, revisar lo que ese mismo foro determinó en la década de los 90.
La acción del gobierno de Puerto Rico fue informada mediante declaraciones escritas del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario.
“Muchos de nuestros niños y niñas llevan décadas sin recibir la educación pública de excelencia que merecen. Es lamentable que, en muchas instancias y en todo Puerto Rico, se limite la educación de excelencia a estudiantes cuyos padres tienen recursos económicos para pagar una escuela privada. Hacer más de lo mismo no es una opción para el gobernador y, por ello, se le propuso al Pueblo la Reforma Educativa que fue avalada democráticamente en un proceso eleccionario. La Reforma Educativa viabiliza en Puerto Rico un sistema de alianzas con instituciones educativas sin fines de lucro para mejorar la educación pública, que seguirá siendo gratuita. Esto permitiría que universidades, públicas y privadas, así como otras instituciones especializadas mejoren nuestro sistema educativo público que hoy es deficiente. De igual forma, los vales educativos permitirían a nuestros estudiantes de escasos recursos participar de programas de enseñanza privados que son exitosos y que hoy solo benefician a personas con poder económico. Ante esto, solicitamos al Tribunal Supremo que revise la decisión del foro primario y, para evitar que se haga académica la controversia, que se haga de forma expedita para continuar con los procesos de selección de las entidades educativas sin fines de lucro que empezarán este próximo agosto a transformar nuestro sistema público de educación”, expuso Rosario.
La impugnación a la reforma educativa la lleva la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
Fuente: https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/07/11/gobierno-lleva-al-supremo-pleito-reforma-educativa.html
Por Fernanda Viláros
La educación en México ha sido un punto clave analizado por el gobierno actual a partir de la reforma educativa, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de la enseñanza a partir de políticas educativas integrales que transformen la relación entre autoridades, docentes, alumnos y sociedad.
Las políticas implementadas se enfocan en eliminar los vicios del sistema, con maestros seleccionados con base en sus capacidades, fortalecer la autonomía de las escuelas, exigir la profesionalización de maestros con evaluaciones anuales, actualizar los programas de estudio y promover la inclusión, reduciendo así la desigualdad en el acceso a la educación y ofreciendo financiamientos y becas que permitan a los jóvenes continuar con sus estudios.
En la educación superior, una de las disyuntivas es mejorar la calidad y la expansión del sistema de las universidades públicas, pero para hacerlo tangible es crucial fomentar políticas de transparencia y eficiencia de los recursos. Un análisis de la administración de los recursos para el sistema educativo revela que gran parte de los fondos para la educación son destinados a la nómina de los docentes, disminuyendo la inversión para capacitación, certificaciones, infraestructura y equipo especializado.
Bajo esa premisa, se puede confirmar la relevancia política que tiene el tema educativo en la coyuntura electoral. La reforma educativa que entró en vigor entre 2012-2013 se convirtió en un punto crítico para la población, ya que inició una reestructura del sistema educativo permitiendo que más estudiantes tengan acceso a educación de calidad. El proyecto de esta reforma conlleva un proceso a largo plazo. La complejidad de esta problemática es tan extensa que los resultados serán visibles paulatinamente y no puede esperarse que se modifique por completo en tres años.
Por esto, es crucial que el próximo gobierno retome el proyecto en pro de la educación y no elimine las políticas que han logrado implementarse, ya que la única consecuencia que tendría es un retroceso en el sector educativo. La competitividad y la educación son desafíos que enfrenta el capital humano; una preparación académica integral da como resultado trabajadores profesionalizados con facultades para desempeñarse y competir de manera equitativa a nivel internacional y la única forma de conseguirlo es construyendo un sistema educativo sólido.
Los docentes son parte indispensable en la formación de los jóvenes y la implementación de evaluaciones anuales permitiría una constante capacitación del personal promoviendo la calidad en la enseñanza. Sí, es cierto que los maestros deben formar parte del rediseño de la reforma del sistema educativo, pero ¿por qué los sabios considerados así en la antigüedad se negarían a presentar exámenes que sólo confirmarían sus conocimientos? No es humillar, es enaltecer a los docentes y capacitarlos para promover su sabiduría.
En un mundo globalizado, en el que la competitividad entre profesionistas ha incrementado considerablemente, los docentes tienen la gran tarea de instruir a los estudiantes y darles las herramientas necesarias para competir en un ámbito laboral internacional. Ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿cómo afecta en la educación este acuerdo trilateral?
La apertura comercial entre México, Canadá y EU es la clave del reto en la educación y la competitividad, sus disposiciones no sólo se enfocan en eliminar aranceles, sino en el papel que tienen los gobiernos en relación con la propiedad intelectual y los servicios.
Marcela de la Sota, directora de la Licenciatura en Economía, comentó que “el TLCAN representa un reto importante en la concepción, financiamiento y desarrollo de las instituciones de educación superior; la apertura comercial y la mayor competencia exigen la modernización de la educación superior, replanteando la forma en que la profesión se ejerce en el mercado laboral”.
Como consecuencia, descubrimos que la internacionalización de la educación superior, a través de intercambios académicos o docentes, permite mejorar la calidad de enseñanza e investigación a partir de la globalización y modernización en la formación del capital humano. En México, las oportunidades de hacer posgrados ha crecido y se han logrado alianzas estratégicas con universidades extranjeras para propiciar estos encuentros; las facilidades en el marco migratorio en años anteriores representó una parte crucial de la relación cooperativa entre estos países. Un ejemplo es el intercambio docente, en el que maestros especializados son contratados por universidades extranjeras y solicitan las visas otorgadas a través del marco TLCAN.
Es importante tomar en cuenta que desde 1985 el comercio de servicios ha crecido de forma exuberante, específicamente en educación a distancia. El marco migratorio para los estudiantes no se vería directamente afectado con las visas de estudiante; sin embargo, si algún corporativo extranjero busca contratar estudiantes foráneos, no podría solicitar las visas otorgadas a través del TLCAN y tendría que recurrir a un proceso migratorio complejo, que implicaría una mayor inversión económica y de tiempo.
En relación con el sector económico, si el TLCAN no se renegocia equitativamente tendríamos como consecuencia una depreciación de la moneda nacional, disminuyendo considerablemente el número de jóvenes que tendrían el poder adquisitivo para sostener una educación fuera del país. Retomando el concepto, el capital humano es el principal generador de riqueza y por eso la inversión en la educación podría combatir la desigualdad social.
Debido a la incertidumbre de las campañas electorales y de la renegociación del TLCAN, la elección de nuestro gobernante definirá el curso que tomará no sólo la educación sino las relaciones internaciones de México con el mundo. Es crucial ser un país independiente y soberano, pero sin cerrar los ojos y caer en la soberbia de creer que no necesitamos de nadie para mejorar. Vivimos en un mundo globalizado; por ello, debemos ser críticos y trabajar en conjunto para buscar soluciones y alianzas estratégicas que beneficien y promuevan el reconocimiento y crecimiento económico del país, a partir no sólo de la apertura comercial sino de la integración y restructuración del sector educativo.
*La autora es egresada de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. El artículo se realizó con la asesoría de la Dra. Marcela de la Sota, directora de la Facultad de Economía y de la estudiante Almudena Wolff; egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte.
Argentina / 8 de julio de 2018 / Autor: Miguel Andrés Brenner / Fuente: Educación Futura
La fuerte represión a docentes en la Provincia del Chubut de Argentina (que gracias a Dios no culminó en algún muerto/asesinado) es ocultada por los grandes medios de comunicación. Por eso la CTERA (Confederación de Trabajadores de la República Argentina) convoca a un paro docente nacional para los próximos días. Recordemos que años atrás la policía asesinó al maestro Carlos Fuentealba en la Provincia de Neuquén (cuyos autores intelectuales siguen impunes).
No hay reforma educativa posible sin revalorizar el rol docente. Y resulta imposible revalorizar el rol docente con una reforma educativa sobre-ellos y a pesar-de-ellos, cuando debiera ser con-ellos.
Pero, más aún, y tan grave. Existe un aprendizaje social. Al día siguiente de la muerte del maestro Carlos Fuentealba, sus propios alumnitos de escuela primaria aprendieron que “no tuvieron clases porque su maestro fue asesinado”. Los alumnos del Chubut están aprendiendo que el Estado reprime a sus docentes. Tienden a realiza un aprendizaje social: el nulo valor que el Estado le otorga a su maestro, donde el diálogo pareciera ser imposible, siendo que el diálogo es el alma de la relación entre maestros y alumnos. Por lo que cabe la siguiente pregunta, que los alumnos viven aunque no la teoricen o verbalicen: ¿qué valor se le asigna a mi maestro y por qué debo respetarlo cuando me dice qué tengo que hacer para aprender?
No hay auténtica reforma educativa sin el reconocimiento de un auténtico sentido de la autoridad del maestro por parte de la sociedad, y en particular de los alumnos.
Fuente del Artículo:
La represión a los docentes es mala educación en cualquier país
ove/mahv
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