Por: CLADE.
Además de Ecuador y Nicaragua, la Clade reunió más 11 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de sus miembros en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano
Fuente del documento: https://redclade.org/wp-content/uploads/Casos_Incidencia_vol_3_v7-1.pdf
Por: CLADE.
La persistencia de una mirada patriarcal y adultocéntrica en la sociedad; niños y niñas que siguen siendo vistos como personas que “van a ser” y no que “están siendo” y la naturalización de la violencia de las personas adultas contra las niñas, niños y adolescentes fueron algunos de los puntos que se destacaron en un balance y debate respecto a los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, realizado este lunes (28) durante un panel de alto nivel, que reunió a autoridades y sociedad civil en Cartagena, Colombia.
El panel cerró el III Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil realizado en el marco del XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el debate.
Según Najat Maalla M’jid, representante especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra la niñez, desde la creación de la Convención, se ha avanzado en marcos legales y políticas, producción de datos y evidencia, pero es necesario un mayor compromiso político de los gobiernos y autoridades en todos lo niveles, y desde el más alto nivel de las políticas, para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y para superar la violencia contra la infancia y la adolescencia.
“Se necesitan más financiamiento y datos desagregados sobre el cumplimiento de los derechos que tengan calidad y sean fiables. Se necesitan políticas desde un enfoque multisectorial y que alcancen a los niños, niñas y adolescentes que más necesitan”, dijo.
La experta señaló como desafíos importantes de la actualidad: la situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes refugiadas/os y migrantes, el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por pandillas y grupos criminosos, la falta de acceso a la justicia, la corrupción y la impunidad.
“No es solo un tema de cambiar leyes, es cambiar la cultura, la mente de las familias sobre cómo disciplinar de manera positiva a los niños y las niñas. Es necesario fortalecer los roles de la sociedad civil para presionar y vigilar por los cambios, avances y políticas. Se necesita articular diferentes actores, sectores y niveles de gobierno para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo con la articulación entre salud, educación, protección de las familias, etc.”, subrayó.
Victor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) también defendió que, más allá de la creación de leyes, es necesario un cambio cultural para que los derechos de las niñas y niños sean garantizados.
Afirmó que es necesario cuestionar el lugar que tienen los niños, niñas y adolescentes en los procesos decisorios de las organizaciones de la sociedad civil, e instó por el fortalecimiento de una sociedad civil comprometida con los derechos humanos, que actúe de forma coordinada, desde una mirada estratégica y de capacidad propositiva.
“Se necesitan conocimiento, interpretación y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. El contenido de la Convención debería ser un tema central del currículo de educación básica, para que las niñas, niños y adolescentes se apropien de estos derechos y los exijan. Además, se necesita formación de las personas adultas que trabajan con la infancia y la adolescencia, para que respeten estos derechos y aseguren la convivencia intergeneracional y la participación de las niñas, niños y adolescentes”, destacó.
Giorgi también señaló algunos desafíos y amenazas para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en la región, como: la violencia de Estado y las violencias cotidianas e invisibilizadas contra niñas, niños y adolescentes; el discurso de la seguridad y sus efectos en términos de criminalización y represión contra niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad; políticas que argumentan ser necesario disminuir el rol de los Estados y recortar recursos públicos en derechos sociales; y los fundamentalismos religiosos que contribuyen para profundizar la discriminación.
“Es necesario incrementar la inversión en los derechos de la infancia, desde los presupuestos de los Estados, de la cooperación internacional y de la OEA [Organización de Estados Americanos]”, añadió.
La gerente de Programas de la organización Child Rights Connect, Ilaria Paolazzi, presentó el rol de su organización en acompañar la presentación de informes por los Estados al Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN), y hacer incidencia ante relatores especiales de la ONU y Consejos de Derechos Humanos, para hacer que se cumplan los derechos de las niñas y niños.
Afirmó que faltan informes desde la sociedad civil, conducidos por las niñas, niños y adolescentes, que aborden la situación de sus derechos. Señaló como otro desafío el cierre de espacios de participación de la sociedad civil en las políticas públicas en diferentes países y contextos.
“Los Estados fueron invitados por el Comité de los Derechos del Niño a presentar propuestas concretas para poner en práctica la CDN, hasta el 20 de noviembre. De la OEA, apenas Canadá, Chile y Ecuador respondieron hasta ahora. Unicef también ha solicitado estos compromisos; 14 Estados de la región respondieron, pero no hay información pública al respecto”, explicó.
Además, la representante de Child Rights Connect apuntó como desafíos para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes: la trata y explotación, la violencia contra niñas, niños y adolescentes en situación de calle, la violencia sexual y doméstica, el castigo y la punición corporal, y la violencia contra niñas, niños y adolescentes que son defensores de derechos humanos.
El Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es uno de los tres órganos que integran el IIN (junto al Consejo Directivo y la Dirección General), y su objetivo es promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los Estados miembros del Sistema Interamericano.
Desde el año 1916, los Congresos Panamericanos han sido instancias de diálogo, reflexión y comunicación, en las que se hacen visibles los diversos niveles alcanzados por los países americanos en el desarrollo de sus políticas hacia la niñez y la adolescencia. En esta edición del Congreso, se abordan como ejes centrales: la superación de la violencia contra la niñez y la adolescencia, la participación de las niñas, niños y adolescentes, y sistemas integrales de protección y garantía de derechos para la niñez y la adolescencia.
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/violencia-contra-la-ninez-es-tema-de-iii-foro-panamericano/
Por: CLADE.
En el marco del “Foro internacional sobre inclusión y equidad en la educación” de la UNESCO celebrado en Cali – Colombia (11 al 13 de septiembre 2019), Camilla Croso, de la CLADE, y Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), dialogaron con María Cianci Bastidas, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de la comunicación en la promoción de realidades con inclusión e igualdad.
Compartimos el diálogo completo a continuación
María Cianci Bastidas – La comunicación, si la entendemos como derecho humano, es también una puerta y una ventana, porque nos muestra el mundo. Cuando tomamos la palabra, también compartimos una interpretación de nuestro lugar en el mundo, y el lugar que queremos que ocupe nuestra comunidad, nuestra forma de entender la economía, de entender la política, la relación con el medio ambiente, la alimentación, con nuestro cuerpo… Es justamente tomando la palabra, como la podemos compartir y distribuir. Entonces, es la comunicación una forma de poder, y cuando aliada a la educación nos ayuda a comprender un mundo que pueda ser más justo, más equitativo, sin discriminación, en que la democracia se pueda realmente vivir con pluralidad, para que nadie se sienta discriminado/a, excluido/a o víctima de violencia.
María Cianci Bastidas – Para eso hay que comprender el mapa de los medios de comunicación. Quienes han estado en los medios hegemónicos representan a los intereses de una élite comercial, una élite que ha tenido intereses en mantener los valores que favorecen el grupo de siempre (status quo). Ellos también establecen el reto de que estamos subordinadas, subordinados, que formamos parte o no de un empleo, que somos destinatarias y destinatarios de las políticas públicas.
Hay una disputa de sentidos por esta otra comunicación, por una comunicación en la que haya más protagonismo de la gente, en la que se puedan construir otras formas de poder y de establecer las decisiones colectivas. El capitalismo no es el destino final de la humanidad, sino que hay alternativas para construir otro mundo posible.
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/hay-una-disputa-de-sentidos-por-otra-comunicacion-que-pueda-construir-otras-formas-de-poder-y-de-establecer-las-decisiones-colectivas/
América del Sur/ Brasil/ 23.09.2019/ Fuente: redclade.org.
Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina y presidenta mundial electa de la OMEP, estuvo presente en foro internacional organizado por la UNESCO en la ciudad de Cali
Durante las sesiones paralelas del viernes 13 de septiembre, Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina y presidenta mundial electa de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), participó de la mesa redonda “Fomentando asociaciones para la inclusión, el aprendizaje y el desarrollo de la primera infancia”. El diálogo formó parte en el programa del “Foro internacional de la UNESCO sobre inclusión y equidad en la educación: todas y todos los estudiantes cuentan”, realizado del 11 al 13 de septiembre en Cali, Colombia.
“En América Latina, ¿se está ofreciendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los niños y niñas en la primera infancia?”
La mesa mencionada fue coordinada por Dragana Sretenov de Open Society Foundations, y contó con la presencia de Carmen Dionne, de la Universidad de Québec à Trois‐Rivières (Canadá); Natalia Soffi, Directora de la ONG Step by Step (Ucrania); y Ekaterine Dgebuadze, del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte (Georgia), al lado de Mercedes Mayol Lassalle.
La intervención de la Vicepresidenta Regional para América Latina de OMEP partió del siguiente interrogante: “En América Latina, ¿se está ofreciendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los niños y niñas en la primera infancia?”. En este punto, se buscó interpelar no solamente en lo que toca a la discapacidad, sino también por los niños y niñas que crecen en la pobreza, con violencias, en situación de migración o siendo desplazados, encarcelados; los afectados por el cambio climático, la contaminación, la degradación ambiental y el aumento de la frecuencia de los desastres provocados por el hombre; aquellos que sufren racismo, xenofobia y discriminación de género, explotación sexual o laboral.
Desde la OMEP, se afirmó que:
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle analizó la situación en América Latina y el Caribe: ¿qué es lo que está funcionando como obstáculo para la inclusión en la educación de la primera infancia en la región?, ¿cuáles son los obstáculos en los marcos legales?, ¿cuáles son los obstáculos vinculados a las políticas públicas?, ¿cuáles serían las cualidades de una política pública dirigida a garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad?
Según estudio regional, realizado en conjunto por CLADE, EDUCO y OMEP (lanzado en el 2018), sobre la situación del derecho a la educación y al cuidado de la primera infancia en la región, se ha constatado que el primer obstáculo tiene que ver con la desatención de ciertas condiciones irrenunciables que están relacionadas con el derecho a la educación. Katarina Tomasevski, ex directora general de la UNESCO, definió esas condiciones como la disponibilidad, asequibilidad (adaptabilidad), accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la educación a lo largo de la vida.
En cuanto a las políticas públicas de AEPI, hay una fragmentación por edad, por lo que la niñez de 4 a 8 años está, de manera prioritaria, bajo la responsabilidad del sector educación, mientras que los niños y niñas desde el nacimiento a los 3 años, son atendidos/as por las áreas de protección social, o no son comprendidos dentro de políticas de gobierno, lo que lleva a un vacío en la provisión de la atención de sus derechos. La falta de protagonismo de los Estados impulsa el desarrollo de programas comunitarios y/o del sector privado con fines de lucro, lo que incrementa la estratificación y las desigualdades en el acceso y la educación de calidad basada en las condiciones económicas.
Las cualidades de una política pública dirigida a garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad deberían ser aquellas que contemplen los siguientes principios: universalidad, progresividad, enfoque integral, variedad de formatos programáticos e institucionales, calidad entendida como construcción de sentidos: a nivel de la política pública, del sistema y de la práctica de las educadoras y los educadores, enfoque multi e intersectorial y financiamiento sostenible.
Resumiendo, Mercedes Mayol Lassalle destacó en su presentación que:
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/se-destaca-la-educacion-en-la-primera-infancia-en-foro-internacional-sobre-inclusion-y-equidad/?fbclid=IwAR02FJFksidD_3AsqRKdfOQrWUjtFIPl0YJUyTayIL12cTzHzKHxG2twJy4
América del Sur/ Brasil/ 10.09.2019/ Fuente: redclade.org.
Pueden participar miembros de instituciones de gobierno, universidades, centros de investigación, ONGs, fundaciones, empresas y escuelas
El Informe de Monitoreo Global de Educación de la UNESCO (GEM) está desarrollando una edición especial regional, que será lanzada el año entrante: el GEM 2020 sobre el Derecho a la Educación e Inclusión en América Latina y el Caribe. Su objetivo es contribuir con la sensibilización y comprensión de ámbitos críticos de inclusión educativa en la región.
Para eso, la UNESCO está promoviendo una serie de diálogos virtuales de consulta, involucrando a distintos actores, incluso organizaciones de la sociedad civil. Pueden participar miembros de instituciones de gobierno, universidades, centros de investigación, ONGs, fundaciones, empresas y escuelas.
Cada sesión de las consultas virtuales se enfoca en un tema o aspecto distinto de la inclusión en la educación. Los próximos encuentros, con duración de 1 hora y 30 minutos, tratarán:
¡Participa en este proceso de consultas e invita a organizaciones que actúan en estas temáticas para que también se sumen a esta iniciativa!
Los formularios de inscripción para las próximas consultas se publicarán en la página web, en la sesión “Discute y aprende”. En esta misma sesión, están disponibles las grabaciones de las sesiones de consultas temáticas ya realizadas.
Los diálogos previos abordaron la educación y la inclusión con énfasis en los siguientes temas: estatus socioeconómico; discapacidad; y pueblos indígenas y afrodescendientes.
Para más informaciones, descarga aquí la nota conceptual sobre esta serie de diálogos virtuales, que incluye el horario correspondiente de los encuentros en cada país.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/gem-unesco-impulsa-consultas-virtuales-sobre-educacion-inclusiva-en-america-latina-y-el-caribe/
América del Sur/ Brasil/ 09.09.2019/ Fuente: redclade.org.
La existencia de tantas personas sin competencias básicas de lectura y escritura en la región es preocupante. Uno de los principales desafíos pendientes para alcanzar la alfabetización universal en América Latina y el Caribe, es la garantía del derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas
De las más de 630 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe, alrededor de 32 millones viven en situación de analfabetismo. Es lo que señala informe del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, publicado el año pasado.
“Alfabetización y multilingüismo”
Este año, UNESCO celebra el Día Internacional de la Alfabetización con énfasis en el tema “Alfabetización y multilingüismo”. A pesar de los avances logrados, las brechas de alfabetización persisten, distribuidas de manera desigual entre los países y las poblaciones del mundo. Tener en cuenta la diversidad lingüística en el desarrollo de la educación y la alfabetización es esencial para enfrentar estos desafíos y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La existencia de tantas personas sin competencias básicas de lectura y escritura en la región es preocupante. Uno de los principales desafíos pendientes para alcanzar la alfabetización universal en América Latina y el Caribe, es la garantía del derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA).
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) considera que la EPJA debe ser una prioridad en las agendas políticas de la región, en base a los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en esta temática, y para que se pueda lograr la realización de todos los ODS.
Publicado por la CLADE, el documento explica la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de los ODS.
“La EPJA debe de ser entendida como el componente básico de la educación a lo largo de la vida y comprende todos los procesos educativos formales, no formales e informales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades para la vida y el trabajo”, afirma la Campaña.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/dia-mundial-de-la-alfabetizacion-la-epja-debe-ser-una-prioridad-en-las-agendas-politicas-de-la-region/
América del Sur/ Brasil/ 30.07.2019/ Fuente: redclade.org.
El documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, presenta experiencias de activistas en la defensa de diferentes aspectos del derecho humano a la educación. Entre ellos, se destaca la temática del financiamiento educativo, la cual se enfocó en las acciones llevadas a cabo por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en ámbito regional, así como por sus miembros en El Salvador y Haití, respectivamente: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT).
En distintos contextos, con diversas acciones y estratégias, las iniciativas tienen como punto en común el objetivo de presionar por el fortalecimiento de la educación pública y gratuita, exigiendo de los Estados un financiamiento justo y adecuado para este derecho. Los tres casos resultaron en importantes logros y generaron valiosos aprendizajes, que pueden ser útiles para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. A continuación, conoce más sobre cada una de estas experiencias.
La Campaña Mundial por la Educación (CME) lanzó, a inicios de 2017, un llamado a la acción por más y mejores recursos financieros para el cumplimiento del derecho humano a la educación.
La CLADE atendió a este llamado y, en conjunto con sus miembros en diferentes países, puso en marcha la movilización regional “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”.
Con la iniciativa, se buscó alertar para los retrocesos presupuestarios en la educación en distintos países de América Latina y el Caribe (AL&C). En ese contexto, la CLADE lanzó el “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C”, una plataforma virtual que compila datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región, referentes al período del 1998 al 2016.
Otras acciones desarrolladas fueron: la difusión de mensajes en eventos internacionales estratégicos; el apoyo y difusión permanentes a eventos, debates, acciones de incidencia y movilización, así como estudios organizados por los miembros de la CLADE; la realización de un diálogo virtual con estudiantes de la región, para discutir de qué manera las reformas educativas que se impulsan en distintos países afectan el derecho a la educación; y la realización de encuentros presenciales sobre financiamiento educativo y justicia tributaria en Argentina y Perú, así como una campaña de comunicación y movilización a través de las redes sociales sobre esta temática, desde una alianza de la CLADE con Latinidad y Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, con miras a sensibilizar e informar la ciudadanía sobre la importancia de la justicia tributaria como forma de asegurar la sostenibilidad del financiamiento del derecho humano a la educación.
La campaña generó amplia visibilidad a las demandas de la iniciativa “¡Financien lo justo!” en el marco de la 72ª Asamblea de la ONU y de la Conferencia sobre el Financiamiento Educativo de la Alianza Mundial por la Educación (AME), donde los gobiernos reconocieron que el financiamiento es un elemento clave y señalaron la necesidad de aumentar los presupuestos educativos. En la Conferencia de la AME, 50 países en desarrollo de todo el mundo anunciaron el aumento de su presupuesto nacional educativo en 30 mil millones de dólares del 2018 al 2020.
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), coalición de organizaciones y movimientos de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en El Salvador, desde su principio, en 2013, tomó el financiamiento educativo como su principal bandera de incidencia y movilización.
En el 2014, en el marco de las elecciones presidenciales, y con miras a incidir en los planes y propuestas de las candidatas y los candidatos, RESALDE desarrolló y lanzó el estudio “El financiamiento de la educación en El Salvador”, que demostró la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país para lograr un financiamiento adecuado. En base a sus hallazgos, la red desarrolló la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad.
En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.
Gracias a su labor de incidencia permanente y al diálogo respetuoso y constructivo que mantuvo con las diputadas, diputados y representantes del Ministerio de Educación, la RESALDE conquistó el apoyo de las autoridades a la campaña y para elaborar el anteproyecto de ley.
La iniciativa, así mismo, buscó informar a la población sobre la importancia de garantizar más recursos y mejor uso del presupuesto para la educación, estimulando la participación y movilización de la ciudadanía. Mensualmente, se han organizado reuniones y círculos de diálogo con la sociedad civil. En 4 años, se realizaron debates en 42 municipios.
“Hemos concientizado mucha gente, sobre todo las personas más vulnerables de nuestro país, que ahora nos apoyan y reconocen como red aliada, además de un colectivo relevante en el país”, celebra Max Ayala, coordinador de Comunicación de RESALDE.
En Haití, cerca del 80% de las escuelas son privadas. Además de las tasas de matrícula y mensualidades, las escuelas privadas cobran una tasa anual para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Frente a ese escenario, en el 2009, el ex senador de Haití, Kely Bastien, presentó un proyecto de ley para regularizar el cobro de tasas escolares por el sector privado, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado en ese mismo año.
Sin embargo, la aprobación de la ley generó una amplia resistencia por parte del sector privado, haciendo que la Presidencia de la República no la publicara, postergando su entrada en vigor. Fue solamente en enero del 2017, luego de una insistente movilización popular, que la Presidencia decidió publicar el reglamento.
Para hacer frente a la resistencia del sector privado a la ley de regularización de las cuotas escolares, visibilizar el derecho humano a la educación y presionar por la aprobación y publicación de la ley, la Reagrupación Educación para Todas y Todos (REPT), desde 2009, puso en marcha una serie de actividades de incidencia política y movilización social en todos los departamentos del país.
La divulgación de la ley a los distintos grupos de base que componen la membresía de la REPT, entre ellos sindicatos docentes, madres y padres en distintas partes del país; la realización de encuentros con comunidades educativas y movimientos sociales para presentarles la propuesta de ley; conferencias de prensa; y la organización de encuentros con parlamentarias y parlamentarios para presentarles recomendaciones de la sociedad civil e incidir por la aprobación de la ley, fueron algunas de las acciones desarrolladas.
“Nuestra estrategia fue crear a nivel nacional una opinión pública, primero, favorable al voto y, segundo, a la publicación de la ley. Eso se hizo en muchas zonas del país, para que muchas organizaciones hicieran públicas sus opiniones a favor de la ley, lo que contribuyó mucho a su aprobación”, afirma William Thélusmond, coordinador general de la REPT.
Cuando la ley fue finalmente publicada, la REPT realizó una masiva difusión de su contenido en todos los departamentos del país, y promovió encuentros con actores de la comunidad educativa y autoridades locales, exhortándoles a aplicar el reglamento. Solicitó también al Ministro de Educación y Formación Profesional que se pronunciara públicamente sobre la obligatoriedad de la aplicación de la ley, y demandó la creación de mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento de la norma.
Resultado de un esfuerzo permanente de la CLADE en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros, la publicación presenta casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/experiencias-de-lucha-por-el-financiamiento-adecuado-para-una-educacion-de-calidad/
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