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Mundo: Es necesario apoyar a los educadores de manera que puedan contribuir a forjar un mejor futuro del trabajo, dice la OIT

Mundo/28-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.ilo.org

Los trabajadores de la educación precisan de un mayor apoyo si han de proporcionar el aprendizaje adicional necesario para construir una recuperación de la pandemia más sostenible y resiliente.

© Phil Roeder

GINEBRA (OIT Noticias) – Existe la necesidad urgente de invertir en la educación, en la formación y en el trabajo decente para los trabajadores de la educación de manera que puedan contribuir con la recuperación post COVID-19, puso de manifiesto la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo de la OIT .

El aprendizaje permanente eficaz y una educación de calidad para todos son esenciales para un futuro del trabajo mejor. Si los educadores, los formadores y el personal de apoyo han de satisfacer esta necesidad y preparar el camino para los desafíos del futuro, será necesario que dominen las nuevas tecnologías y técnicas de enseñanza, comprendan la demanda de competencias del mercado laboral y reciban el apoyo para hacer frente a sus nuevas responsabilidades.

“El futuro va a requerir inversiones en la educación y en las competencias, y necesitamos maestros y trabajadores de la educación motivados y que cuenten con un buen apoyo de manera que puedan preparar a los alumnos para la vida y el trabajo”, declaró Chad Blackman, Embajador de Barbados y Presidente de la reunión que congregó a gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores de todas las regiones.

La pandemia de COVID-19 ha representado un gran desafío para los educadores. La reunión puso de manifiesto la rapidez de los cambios que están teniendo lugar, en particular el uso masivo de la tecnología. Estos cambios, además de las funciones y responsabilidades adicionales, están revolucionando los empleos de los docentes, los administradores y el personal de apoyo de la educación.

El futuro va a requerir inversiones en la educación y en las competencias, y necesitamos maestros y trabajadores de la educación motivados y que cuenten con un buen apoyo de manera que puedan preparar a los alumnos para la vida y el trabajo.»

Chad Blackman, Embajador de Barbados y Presidente de la reunión

Otro desafío es poner en relación el mundo de la educación con las necesidades de los empleadores e invertir en la educación y la capacitación técnica y profesional.

“Garantizar que la educación y los sistemas de formación respondan a las necesidades de los mercados de trabajo es una prioridad absoluta”, explicó Santiago García Gutiérrez, vicepresidente empleador. “Existe la necesidad urgente de poner en contacto el sector privado con la educación y la formación a fin de proveer recursos y experiencia, y dotar a los alumnos con las competencias que requieren los empleadores”.

Los problemas que afectan las condiciones de trabajo de los educadores deben ser abordados, y la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo social, destacaron los participantes a la reunión técnica.

“El diálogo social es fundamental para promover el trabajo decente, lo cual incluye estabilidad laboral, los salarios adecuados, el bienestar, la gestión de la carga de trabajo, las políticas educativas y la autonomía profesional”, señaló el vicepresidente trabajador, Jelmer Evers. “Las conclusiones de la reunión incluyen además disposiciones para la negociación colectiva sobre el uso de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, la protección de los datos y la privacidad, que serán importantes para garantizar que los educadores tengan una voz en los numerosos cambios que están configurando la educación”.

La reunión adoptó unas conclusiones que otorgan a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores un fuerte mandato para invertir en la educación y la formación de calidad, así como en el trabajo decente para los educadores. Los participantes pusieron de manifiesto que la educación es un derecho humano, un bien y público y una responsabilidad pública, y no una mercancía. La reunión destacó además que el sector privado tiene un papel que desempeñar en el suministro de una educación de calidad.

“La adopción de estas conclusiones es muy importante”, declaró el vicepresidente gubernamental, el Embajador Mahlet Hailu Guadey de Etiopía. ¨Los educadores y el personal docente son los elementos fundamentales de los sistemas de educación de calidad. Ofrecerles trabajo decente es esencial para garantizar una educación de calidad”.

Fuente e Imagen: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_794442/lang–es/index.htm
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China tomó medidas para limitar el papel del sector privado en la educación primaria

Los individuos y las organizaciones privadas no podrán tomar el control, a través de fusiones, adquisiciones o acuerdos, de la educación obligatoria.

China tomó medidas para restringir el papel de las escuelas privadas en los primeros años de educación, como parte de un esfuerzo más amplio del presidente Xi Jinping para fortalecer el papel del Estado y el Partido Comunista en la sociedad.

Los individuos y las organizaciones privadas no podrán tomar el control, a través de fusiones, adquisiciones o acuerdos, de escuelas que brindan educación obligatoria, que cubre los primeros nueve años de escolaridad, de acuerdo con las reglas revisadas del Consejo de Estado publicadas el viernes por la noche.

Las regulaciones, que entrarán en vigencia el 1 de septiembre, también prohíben que las entidades de propiedad extranjera controlen las escuelas privadas que ofrecen educación hasta el noveno año. Todas las escuelas de educación obligatoria deben seguir el liderazgo del Partido Comunista, dijo el Consejo de Estado.

Las autoridades provinciales ahora podrán limitar las tasas de matrícula en las escuelas privadas que utilizan activos estatales o reciben subsidios del gobierno. Todas las escuelas privadas obligatorias deben ser sin fines de lucro, dijo el Consejo de Estado.

Las especulaciones sobre las próximas reglas se difundieron en las redes sociales chinas a principios de esta semana, lo que provocó que las acciones de educación se desplomaran el 11 de mayo. Las acciones de tecnología también han sido volátiles este año a medida que Beijing toma medidas para endurecer su escrutinio de los gigantes del sector privado, incluido Alibaba Group Holding Ltd.

Fuente: https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-tomo-medidas-para-limitar-el-papel-del-sector-privado-en-la-educacion-primaria-3170275

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Mundo: La respuesta al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres

Los impactos de la pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria (PDF, en inglés) en los países más pobres y vulnerables que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. ¿Qué significa esto para el tipo de apoyo que necesitan estos países y qué está haciendo la AIF para abordar esta crisis emergente?

En primer lugar, es importante entender la escala de este aumento de la inseguridad alimentaria y lo que está en juego.

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguridad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.

Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil.  El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.

En segundo lugar, es fundamental comprender las raíces de la crisis alimentaria provocada por la COVID-19.

A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, impulsada por perturbaciones en los mercados mundiales, la actual crisis es fomentada por alteraciones en los mercados locales de trabajo y de productos. Las grandes pérdidas de ingresos y remesas han reducido la capacidad de los hogares urbanos y rurales de comprar alimentos.  Además, las interrupciones del suministro a los mercados locales han disminuido la disponibilidad de alimentos y han aumentado los precios de los alimentos locales.

Las economías que dependen de las importaciones enfrentan dificultades adicionales debido a que las depreciaciones monetarias han elevado el costo de los alimentos y otras importaciones esenciales.  Las alteraciones del suministro incluyen: las restricciones a la circulación que impiden el comercio de alimentos, el cierre de ‘mercados húmedos’, la menor disponibilidad de mano de obra, la falta de liquidez (especialmente para los grandes comerciantes de alimentos), el cierre de empresas informales así como de microempresas y pymes frágiles (que dominan las cadenas de valor agrícolas en la mayoría de los países de la AIF), y el acceso limitado a insumos agrícolas para la producción de la próxima temporada. Como resultado de estas interrupciones del suministro, la inflación de los precios de los alimentos en los países de la AIF aumentó significativamente y más rápido que la inflación general, afectando en particular el precio de los alimentos perecederos y de mayor valor nutritivo en comparación con los cereales.

Estos impactos se suman a las múltiples causas subyacentes de la tendencia al alza del hambre en el mundo desde 2014 (PDF) observada antes de la pandemia de COVID-19. Esta tendencia ha sido considerablemente más pronunciada y comenzó antes en los países de la AIF que en el resto del mundo.

Las causas de fondo del aumento a largo plazo del hambre incluyen el clima, los conflictos, las enfermedades zoonóticas y las plagas, así como las crisis económicas.

En África al sur del Sahara, por ejemplo, la frecuencia de las crisis climáticas en la producción de alimentos per cápita aumentó de 1 vez cada 12,5 años entre 1982 y 2006 a 1 vez cada 2,5 años entre 2007 y 2016. Mantener el crecimiento de la producción de alimentos per cápita a largo plazo es cada vez más difícil con estos contratiempos causados por condiciones meteorológicas más frecuentes.

Los conflictos violentos han aumentado desde 2010, siendo la inseguridad alimentaria tanto una consecuencia como una causa de los conflictos. La inseguridad física ha reducido los incentivos para las inversiones y la violencia ha alterado el transporte a los mercados y destruido la infraestructura esencial para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria, impulsada por las crisis climáticas, la volatilidad de los precios de los alimentos, la exclusión y la falta de oportunidades económicas, ha incrementado el riesgo de conflictos.

La frecuencia y el impacto de otros brotes de enfermedades zoonóticas −enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos− más allá de la COVID-19, como la gripe aviar, el SRAG, el SROM y el ébola, han aumentado en las últimas dos décadas. Las plagas de los cultivos, como la reciente plaga de langostas, agravan los impactos. Las crisis macroeconómicas también han hecho subir los precios de los alimentos y la inflación general en varios países de la AIF.

Según el último consenso entre asociados del Mecanismo de Acción contra la Hambruna (i), los “puntos críticos” de inseguridad alimentaria aguda durante los próximos 12 meses se concentran en 12 países de la AIF: Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Zimbabwe.

Es por esta razón que la respuesta de la AIF se ha centrado tanto en las necesidades alimentarias inmediatas como en las causas subyacentes a largo plazo de la inseguridad alimentaria.

La AIF comprometió USD 5300 millones en nuevo financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la inseguridad alimentaria.

Las respuestas para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas han sido importantes: duplicar el monto total de financiamiento del Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos entre 2008 y 2011. Este incluye fondos para ampliar los programas de redes de protección social, mantener la circulación de alimentos, distribuir y mejorar el acceso a los alimentos, proteger el empleo y los medios de subsistencia, apoyar a las agroindustrias y los pequeños emprendedores (y la producción de alimentos de la próxima temporada) y mitigar los impactos y la propagación de langostas para reducir los efectos acumulativos en los hogares.

Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis alimentarias se repetirán.  En Haití (i), por ejemplo, la AIF combina asistencia a corto y largo plazo: a fin de contrarrestar las pérdidas de ingresos, proporciona a los agricultores semillas y fertilizantes para salvaguardar las cosechas futuras, apoyando al mismo tiempo pequeñas obras de riego que aumentan la resiliencia a largo plazo frente al cambio climático.

Las respuestas para abordar los factores subyacentes de la inseguridad alimentaria se basan en el historial de la AIF durante la última década.

Desde 2008, la AIF ha triplicado su apoyo anual destinado a la agricultura y la protección social, centrándose al mismo tiempo cada vez más en mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir el riesgo de conflictos, abordar el riesgo de enfermedades zoonóticas a través del enfoque Una salud (i) y ampliar las oportunidades económicas. Por ejemplo, una donación de USD 60 millones de la AIF (i) ayuda a los países africanos a fortalecer la resiliencia al cambio climático de sus sectores agrícolas incorporando estudios del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) (i) en esta zona. La AIF también ha hecho hincapié en mejorar la nutrición para desarrollar capital humano.

En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas y el gasto público para lograr mejores resultados en el área de la seguridad alimentaria. Esta alineación es fundamental para atraer mayor inversión privada y promover el cambio tecnológico. Una mejor logística y tecnologías digitales también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas.

Las respuestas en materia de seguridad alimentaria implementadas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos deben abordar cada vez más las características convergentes que limitan el desarrollo en estos entornos. Esto incluye reducir los riesgos de conflicto, mejorar la cohesión social y la percepción ciudadana de la legitimidad del Estado, desarrollar el sector privado y crear empleo, y proporcionar medios de subsistencia a los desplazados y refugiados, todo lo cual puede ayudar a mejorar aún más la seguridad alimentaria.

El programa de seguridad alimentaria es amplio y urgente, y abarca a todos los sectores, regiones y segmentos de la sociedad.  La AIF enfrenta el desafío trabajando con una coalición de diversos asociados, que incluye organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones humanitarias e instituciones de investigación, para enfrentar la inseguridad alimentaria en múltiples frentes, abordando los problemas en la agricultura, las redes de protección social, la salud, el agua y la estabilidad macroeconómica. Una respuesta oportuna al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres supone un futuro mejor para todos. 

Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM94613

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España: ¿Cómo puede el sector privado contribuir a reducir la desigualdad?

El IV informe del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo (OEPCI) propone ser una herramienta útil en la búsqueda de soluciones sostenibles para los retos de desigualdad y pobreza. En este sentido, la publicación ilustra cómo las empresas pueden contribuir a un crecimiento inclusivo y así ayudar a disminuir la pobreza y la desigualdad que no han hecho más que aumentar tras la pandemia.

La mejor forma de corregir un problema es comprenderlo, así comienza el IV informe del El Observatorio empresarial para el crecimiento inclusivo (OEPCI) en el cual aborda los problemas de la pobreza y la desigualdad. A las consecuencias todavía visibles de la crisis económica de 2008, se suma ahora el golpe de la COVID-19 y la pobreza y la desigualdad en nuestro país y el mundo entero es uno de los problemas más urgentes a resolver.

Las preguntas son muchas y difíciles de responder: ¿Qué entendemos por pobreza? ¿Cómo se mide? Y, sobre todo: ¿cómo puede contribuir a reducirla el sector privado? , estas son algunas de las cuestiones que aborda la publicación “Crecimiento inclusivo. En busca de una prosperidad compartida”, el cual profundiza en el concepto de “crecimiento inclusivo”, facilitando la adhesión a esta forma de hacer empresa. También visibiliza la situación de pobreza y desigualdad en España, agravada por la COVID-19. Por último, trata de guiar a las empresas en su compromiso con el crecimiento inclusivo a través de sus negocios, más allá de la filantropía y la acción social.

El informe sostiene que lograr reducir la pobreza es responsabilidad de todos los sectores. Y solo lo lograremos con un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, empresas e instituciones. En medio de un escenario adverso, el liderazgo del sector empresarial es clave en este esfuerzo para que, junto a la necesaria y rápida reactivación económica, se logre que ese crecimiento beneficie a toda la sociedad y contribuya a una prosperidad más amplia y compartida.

La desigualdad es tratada en la publicación del OEPCI desde las perspectivas sociológica, políticas y económicas. Asimismo, según el informe, la desigualdad es, junto al cambio climático, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en un mundo globalizado e interconectado. El documento asevera que aquello que no se mide, no se conoce, y lo que no se conoce, no se cambia. Pese al acuerdo en cuestiones como la crisis climática y la importancia del sector privado en su solución, los avances en materia social parecen ir un paso por detrás. En este sentido, la investigación afirma que uno de los motivos por los cuales esto ocurre es la indefinición de cómo contribuir, de qué significa lo social o cómo ser inclusivo desde el propio negocio. Ya no es cuestión de proyectos puntuales, sino de un modelo nuevo. O, en otras palabras, una empresa comprometida con el crecimiento inclusivo busca cómo lograrlo a través de cualquier área de negocio y hacia todos sus grupos de interés.

El documento explica que en relación con la desigualdad económica, uno de los baremos más utilizados es el índice de Gini, que no considera nuevas formas de pobreza presentes en nuestro país, como la pobreza laboral, infantil o energética. Para mejorar la medición de la desigualdad, nació el Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI), promovido por el Foro Económico Mundial. Esta herramienta añade al análisis otras variables, como la esperanza de vida, los índices de pobreza y la ratio de dependencia. En comparación con el resto de países europeos, España no sale bien parada, concretamente, ocupa la posición 26 de 29. El informe también menciona el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IPM considera dimensiones como la educación, la asistencia sanitaria y el grado de bienestar social. Por su parte, el Indicador AROPE de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión social (EAPN) ofrece una radiografía del impacto de la pobreza y la exclusión social en España. Según los registros, en nuestro país, el porcentaje de españoles en situación de pobreza relativa es del 26%.

Con la COVID-19, han surgido nuevos indicadores que reflejan la pobreza o la desigualdad. Por ejemplo, tener o no tener ordenador puede ser un indicador para acceder a la educación. En definitiva, esta pandemia ha hecho más visible la pobreza y la vulnerabilidad de grandes sectores de la población. Para contribuir a hacerle frente a esta grave situación, el informe propone que el crecimiento inclusivo es una gran alternativa en tiempos de pobre y desigualdad, siguiendo esa línea argumental, la publicación esboza una serie de consejos que puede tomar le sector privado para aportar su granito de arena:

  • Buscar alianzas que se puedan sostener a largo plazo. Compartir propósitos y estrategias.
  • Identificar los objetivos de forma clara.
  • Cambiar el modelo de empresa. El compromiso comienza en el interior de las organizaciones.
  • Adaptar el impacto social a la capacidad de la organización.
  • Responder a demandas reales con capacidades reales. Vincular negocio y compromiso social.
  • Garantizar la diversidad en los órganos de dirección y equipos de trabajo.
  • Apoyarse en dinámicas y procesos ya asentados: retribuciones variables, obligaciones de reporting.
  • Contribuir también es innovar. Apostar por soluciones de crecimiento inclusivo que puedan suponer un ingreso, no solo un coste.

Fuente: https://diarioresponsable.com/noticias/30606-como-puede-el-sector-privado-contribuir-a-reducir-la-pobreza

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Implicaciones de un modelo híbrido en educación

Por:  Mauro Jarquín Ramírez*

Durante la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Esteban Moctezuma presentó el nuevo enfoque pedagógico a seguir en las escuelas mexicanas: un modelo híbrido a través del cual convivirán en el futuro la educación presencial y a distancia, con miras a responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto fue publicado en el Boletín Nº 196 de la SEP.

Dado que en los hechos el modelo híbrido representa la integración, de ahora en adelante, de distintas tecnologías ofertadas por el sector privado en los trabajos del sistema educativo (organización de los planteles educativos, evaluación de aprendizaje, análisis de desempeño docente y currículo) vale la pena plantear las posibles implicaciones que de ello puede derivarse a nivel político, es decir, en lo relativo al ejercicio del poder en el gobierno educativo nacional. Como en muchas otras partes del mundo, la pandemia ha sido un escenario perfecto para la expansión operativa de grandes corporaciones dedicadas a la tecnología educativa, como Microsoft, Google y Discovery Education. En pocos meses, dichas firmas han logrado mejorar sustancialmente su situación presente al tiempo de construir condiciones más favorables hacia el futuro. Por un lado, han sumado millones de usuarios nuevos a sus plataformas, como efecto del seguimiento de trabajo y clases a distancia y, por otro, han podido expandir su influencia en sistemas educativos públicos de todo el mundo, con lo cual buscan garantizar el desarrollo de una posterior fuerza de trabajo joven, quienes llenará(n) la cartera de candidatos potenciales para unirse a nuestras empresas un día, según el liderazgo de Discovery Education. La irrupción de dichas empresas en el campo educativo ha provocado que la educación a distancia, mediada por el software provisto por ellas, se convierta en un elemento esencial de los sistemas educativos en el mundo, lo cual se está cocinando ya en México.

La asistencia que Microsoft y Google han brindado en el desarrollo del programa Aprende en Casa y el diseño del modelo híbrido que viene, no fue ni fortuita ni coyuntural. Es parte de un proceso de expansión corporativa que ha hallado en el sistema educativo nacional, compuesto por más de 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes, un atractivo lugar de inversión. Representa, además, la creación de un espacio de consumo dominante que favorece a Google, dado el apoyo recibido por parte de la SEP para incluir en su base de datos prácticamente a todos los trabajadores de la educación, a los cuales se les ha negado la posibilidad de elegir si quieren o no integrarse a dichas plataformas. Si bien la oferta de los servicios de Google ha sido en primera instancia gratuita, la lógica comercial con la cual se ha manejado en sistemas educativos del mundo ha causado fuertes críticas, como en España o en Brasil. En el contexto australiano, el uso generalizado de G Suite ha sido descrito por Anna Krien como un entrenamiento de consumidores de Google desde la infancia y un programa de fidelización de marca presentado como revolución educativa.

La estrecha relación entre las corporaciones tecnológicas y la autoridad educativa federal, presentada como un “gran paso“ por el discurso educativo oficial, representa un salto preciso a lo que Williamson ha denominado una gobernanza educativa digital, en la cual “nuevos actores políticos-técnicos ubicados fuera de las burocracias gubernamentales cumplen (…) la función de vincular las tecnologías digitales de ingeniería de software y procesamiento de datos con diversos procesos y estructuras educativas”. Esto conlleva implicaciones políticas, dado que la generación de información sobre el sistema educativo –requerida para el desarrollo de soluciones de política pública– se generará en infraestructura privada, la relación entre el gobierno federal y Google puede convertirse, de facto, en un proceso de deliberación sobre política educativa que puede institucionalizarse si a largo plazo el sistema educativo termina dependiendo de tal infraestructura. Además, esto ha servido como plataforma para que otras organizaciones privadas, otrora rivales declarados del magisterio organizado, ocupen cada día más espacios importantes en la Nueva Escuela Mexicana online. Un claro ejemplo de ello es la centralidad que la Fundación Unete, fundada y presidida durante años por Claudio X. González Guajardo, la cual ha logrado estar al frente de las campañas de capacitación del magisterio en el uso de Facebook para fines educativos, con el respaldo directo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP. Al parecer, el modelo de gobernanza a través del cual coaliciones de política integradas por asociaciones civiles pro empresariales, sectores confesionales, think tanks pro mercado, han logrado fortalecersu programa al interior de sistema educativo nacional, ahora se plantea también a escala del mundo digital.

En este contexto, resulta imperativo incluir a los docentes en el proceso de toma de decisiones respecto al futuro de su trabajo. Más allá de reconocimientos sobre lo irremplazable que es el docente en la vida pública del país, se requiere que el magisterio ocupe un lugar efectivo en el diseño de cualquier estrategia de educación a distancia. Que pueda verificar que en efecto los datos de las comunidades educativas no sean objeto de un uso deshonesto y que sus necesidades sean escuchadas y atendidas por la autoridad educativa.

Eso sería impulsar una gobernanza democrática. Lo contrario es mantener la gran simulación.

* Politólogo

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/26/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR05AwzqLV3oxKw8KPdD_fvzFVlgXk47VSaF5iin8ewdLFEr7Dkxma70URg

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La Confederación Intersindical en defensa de los Servicios Públicos

Por: Tercera Información

  • La Confederación Intersindical exige que la experiencia del COVID-19 sirva para blindar unos servicios públicos gratuitos, universales y 100% públicos.
  • Exige la protección de todo el personal de la Administración Pública que está en primera línea de lucha contra el COVID-19: sanidad, dependencia, mayores y limpieza.

Comunicado

La Confederación Intersindical se muestra firme en lo que debe ser una lucha común para todo el Estado, la defensa de unos Servicios Públicos gratuitos, universales y 100% públicos.

La Confederación Intersindical reclama, no solo que se recupere todo lo arrebatado durante esta última década, especialmente la recuperación de las 35 horas semanales que supone la contratación de miles de personas, sino que exige ir más allá y ampliar el sector público hasta equipararnos, al menos, a los niveles escandinavos. Queremos recordar que llevamos más de una década denunciando la merma en los servicios públicos, la falta de recursos humanos y materiales, la necesaria renovación de centros públicos obsoletos y la privatización de servicios esenciales. Con esta crisis sanitaria y social se demuestra que nuestro compromiso siempre ha sido y será la defensa del estado del bienestar que llegue a toda la ciudadanía en igualdad y equidad.

Las organizaciones ecologistas y la comunidad científica vienen advirtiendo desde hace años que una epidemia de estas dimensiones podía darse y convertirse en algo recurrente de manera cíclica. La realidad del cambio climático y de una economía capitalista globalizada que tiene como último objetivo la obtención de beneficio a costa de esquilmar el medio natural y la vida de las personas y los derechos de trabajadoras y trabajadores, nos sitúa en un escenario en el que el modelo económico en el que vivimos es insostenible y peligroso para la propia supervivencia de la especie y del planeta.

Exigimos, por tanto, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la gestión pública directa de los servicios públicos y todos los trabajos relacionados con los mismos, desde limpieza hasta gestión de residuos, pasando por la gestión de aguas, comedores, atención a mayores y personas dependientes… Exigimos que el sector privado se ponga al servicio del sector público de manera inmediata y permanente para desarrollar una economía puesta realmente al servicio del interés de la mayoría social trabajadora y no de minorías privilegiadas.

La Confederación Intersindical exige, de manera inmediata, que todos los equipos de trabajo que son primera línea contra el COVID-19 estén protegidos. Es urgente que todas las personas cuenten con el material necesario para protegerse, garantizar espacios de trabajo seguros que impidan el contagio y, por supuesto, el respeto por sus derechos laborales, el derecho a la salud laboral y el de conciliación con la vida familiar.

La Confederación Intersindical es consciente del enorme esfuerzo que estamos haciendo, por parte de toda la sociedad, pero recuerda que algunas de las personas que están haciendo frente al COVID-19 pertenecen a sectores enormemente castigados por las medidas neoliberales y se enfrentan con falta de personal y material al virus, estando al cuidado de un sector de riesgo, como son las personas mayores y dependientes.

Exigimos el necesario aumento de las plantillas de manera inmediata y permanente, su adecuada protección y la garantía de que su trabajo se realizará en espacios seguros con rigurosa atención al derecho de trabajadoras y trabajadores.

La Confederación Intersindical quiere recordar también, que precisamente quienes están más expuestas al contagio son sectores feminizados, especialmente castigados por los recortes y por la falta de seguridad laboral y económica. Sanidad, limpieza, cuidado de mayores y dependientes, supermercados… Trabajos feminizados que, en muchos casos se encuentran externalizados y con unos salarios bajos, en comparación con trabajos de la misma categoría pero con mayor presencia masculina (hablamos de brecha salarial).

La Confederación Intersindical exige recuperar la gestión directa por las diferentes administraciones públicas, las medidas necesarias para garantizar que el trabajo realizado se haga de forma segura y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar, porque por desgracia, siguen siendo las mujeres quienes se encargan de los cuidados también en sus casas.

Exigimos el reconocimiento a nivel estatal del artículo 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, para equiparar de una vez por todas este trabajo central con el resto de trabajos. Exigimos una especial atención para quienes están desempeñando labores de cuidado en la economía informal, un sector especialmente vulnerable que, además, forma parte de la red global de cuidados, que permite que los hogares de este país y sus miembros más vulnerables sean cuidados por mujeres migradas, en muchos casos sin papeles y sin ningún tipo de seguridad ni protección legal.

La Confederación Intersindical quiere hacer una llamamiento a toda la sociedad para que reflexionemos cómo esta crisis se está gestionando en nuestras casas, cómo la diferencia de renta hace que se pase mejor o peor esta cuarentena en función del dinero que tengas, de la casa que tengas, de si hay libros, acceso a internet, espacios de ocio, balcones o terrazas, o ventanas que den a un patio interior. No se puede trabajar y cuidar al mismo tiempo. Qué sociedad es esta que hemos construido que permite que haya personas ancianas solas y aisladas, con muy pocos recursos algunas de ellas, otra vez principalmente mujeres. Cómo se puede trabajar y al mismo tiempo atender a hijas e hijos sin una red de cuidados.

La Confederación Intersindical exige que los cuidados se pongan en el centro, que la vida se convierta en lo prioritario, que tengamos, de una vez, una economía para el planeta y para las personas. Exige que la salida de esta crisis fortalezca el Estado del Bienestar que tan necesario se está demostrando en estos días.

Defiende lo público. Defiende lo de todxs!

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/31/la-confederacion-intersindical-en-defensa-de-los-servicios-publicos

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La educación pública necesita del apoyo de los alcaldes y gobernadores

Por: Ángel Pérez. 

  • De acuerdo con Martha Nussbaum sigue siendo un deber del Estado proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades para el desarrollo humano, tales como una educación integral, que ella considera esenciales para alcanzar una vida en libertad, donde se pueda elegir y actuar para conseguir objetivos y metas que permitan una vida digna.

En Colombia el compromiso político y social con la educación pública sigue siendo débil, sin desconocer los notables avances en cobertura escolar, bienestar de los estudiantes y disminución de la deserción, durante los últimos veinte años. Es evidente, no hemos sido capaces de construir un sistema educativo que ayude a cerrar brechas, como las diferencias entre los costos de la canasta educativa que tiene la educación pública y la privada de buena calidad, y más grave, cuando se comparan los resultados de calidad que logran unos y otros en la educación básica y media y el posterior destino de los estudiantes; brechas que se agravan cuando se compara entre regiones o entre la educación rural y urbana.

Para solo mencionar el caso de Bogotá donde la matrícula en el sector privado representa el 40% del total de los estudiantes de la educación básica y media. En el año 2017 de 34.986 estudiantes que terminaron el grado once, en los colegios privados, el 60% ingresó en el año 2018 a la educación superior; esta cifra disminuye para quienes terminaron el bachillerato en los colegios oficiales, para los mismos años, egresaron 46.237 bachilleres y solo el 40% de ellos fue a la educación superior, con énfasis en el Sena. Estos datos demuestran que en la capital la condición de ser bachiller no ayuda a disminuir brechas entre los jóvenes; en el resto del país esta situación es más crítica.

Por fortuna, las grandes ciudades y los departamentos con mayor población estudiantil eligieron alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación; además, ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y otras cuentan con secretarios de educación y equipos directivos que conocen el sector, ellos tendrán cuatro años para ayudar a cerrar las brechas que promueve el sistema educativo, de manera especial el bajo acceso de los niños más pobres a la educación inicial, la exigencia de incrementar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público hasta la educación superior y el reto de cerrar las brechas de calidad.

Contar con alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación por todo el país es un hecho nuevo y sin duda puede ser una oportunidad para millones de niños y adolescentes que asisten o están por fuera de la educación básica y media, niveles educativos donde los nuevos gobernantes son responsables de la gestión educativa e inciden de manera directa. De entrada, va a ser interesante observar su comportamiento frente a reformas acordadas por el gobierno nacional con Fecode, como el ajuste al Sistema General de Participaciones, fuente principal de los recursos para financiar la educación pública; hacen falta recursos, pero también se requieren acciones para mejorar las decisiones de gasto y los resultados.

Lo anterior no soslaya la responsabilidad que tienen las entidades territoriales para destinar recursos propios para subsanar debilidades del sistema educativo oficial, por ejemplo, los programas de inclusión para estudiantes con discapacidades, o reconocer que en preescolar y en primaria los niños no reciben clases de inglés y luego cuando llegan a secundaria tienen solo 2 o 3 horas a la semana, en algunas ocasiones con docentes sin la preparación adecuada; resultado: el bilingüismo o el fortalecimiento de un segundo idioma es otra brecha que se genera entre los estudiantes la educación pública y la educación privada de buena calidad.

Alcaldes, gobernadores y secretarios de educación deben ser conscientes de que el país requiere valorizar la educación pública; los colegios públicos no pueden ser referentes de mal clima escolar y de mala calidad, además de sitios con entornos inseguros y hasta ilegales (el microtráfico acecha las instituciones escolares en las grandes ciudades), donde algunos profesores son víctimas de amenazas, extorsiones y hasta de traslados obligatorios por seguridad. Los nuevos gobernantes tienen cuatro años para cambiar esta situación, los colegios oficiales deben ser bonitos, aseados, con accesos pavimentados y con infraestructuras seguras y diseñadas para el proceso educativo, donde no existan excusas para promover y desarrollar un ambiente educativo para la calidad, pero sobre todo deben contar con los maestros suficientes y en el aula; es increíble que por temas normativos y exigencias sin fin, para remplazar en un colegio a un maestro incapacitado, una secretaría se puede demorar hasta 3 meses o más en proveer el remplazo ¿y los niños qué? Bien gracias, sin maestro, rector defiéndase como pueda. Al final le caemos a los colegios y a la educación oficial por no producir los resultados esperados, por favor ¿cuánto daño causa que un niño esté un mes o más sin profesor?

En este sentido, recomiendo que la gestión de las secretarías de educación se diseñe y se enfoque en apoyar a los colegios, en atender sus necesidades y en fortalecer sus prioridades de cambio e innovación, esta decisión debe producir mejores resultados que políticas de intervención hechas desde los despachos gubernamentales, sin ninguna consideración con la cultura institucional de los colegios y sus demandas.

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-educacion-publica-necesita-del-apoyo-de-los-alcaldes-y-gobernadores-por-angel-perez-martinez/281173

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