Sectores populares oprimidos

Movilizaciones y movimientos en Nuestra América

Indignación y agotamiento social frente al despojo

El pasado 16 de septiembre las calles de Puerto Príncipe fueron tomadas por miles de mujeres y hombres haitianos exigiendo la dimisión de Jovenel Moïse y el fin de la ocupación militar de la Misión de Naciones Unidas para la estabilización (MINUSTAH). Posteriormente, el 3 de octubre, estalló una amplia movilización popular y étnica en Ecuador en rechazo al denominado paquetazo, decretado por el presidente Lenin Moreno, el cual eliminaba los subsidios a los combustibles, reducía los salarios y las vacaciones de los trabajadores, suprimía aranceles e impulsaba una agenda fiscal para la reducción del gasto público. El 18 de octubre se despliegan importantes manifestaciones en Chile rechazando no solo el alza del pasaje de metro, razones iniciales de las protestas, sino el despojo neoliberal del que ha sido víctima esta sociedad. Finalmente, el 21 de noviembre se da inicio al Paro Nacional en Colombia. Por citar los casos más destacados.

Aunque las razones iniciales y las consignas que han llenado las calles a lo largo y ancho de Nuestra América son diversas, en el trasfondo de estas protestas se encuentra un hartazgo frente al despojo, el autoritarismo y la profunda precarización de las condiciones de reproducción de la vida del pueblo latinoamericano. Es la expresión de una resistencia social, popular, étnica, campesina, juvenil y feminista al modelo neoliberal y al modo de gestionar la crisis del capitalismo mundial.

La necesidad de construir análisis no coyunturales de la coyuntura

Una valoración preliminar de las resistencias sociales desplegadas en Nuestra América durante el segundo semestre de 2019 implica un esfuerzo, siguiendo a Gramsci, por hacer elaboraciones que tengan como horizonte análisis no coyunturales de la coyuntura. Esto es, identificar la relación existente entre estos conflictos que se viven hoy en la región con las fuerzas y las estructuras en la historia latinoamericana reciente.

En nuestra perspectiva de análisis esto implica, entre otros, valorar cuatro asuntos: 1) el desarrollo del neoliberalismo durante las últimas décadas del siglo XX; 2) las resistencias populares de principios del siglo XXI; 3) el denominado giro a la izquierda; 4) la gestión de la crisis capitalista de 2008 con un acento importante en la región desde 2012.

Frente al primer asunto –desarrollo del neoliberalismo –, es importante señalar que el balance en términos de igualdad social es bastante problemático. Los niveles de concentración de riqueza han aumentado y la región es considerada como la más desigual del mundo: “la estructura social (vista desde los ingresos per cápita) sigue siendo altamente piramidal (…) el 76,8% de la población está compuesto por grupos pertenecientes a estratos bajos o medios bajos en América Latina” 1/ . Lo anterior es correlato del deterioro de las condiciones laborales, la precarización de los salarios, el ajuste fiscal, la perdida de amplios renglones de política social, entre otros asuntos que definen el neoliberalismo. La profundidad y extensión del despojo del que fue objeto el grueso de la población latinoamericana explica las resistencias populares de principios del siglo XXI . En varios países de la región la gente del común salió a las calles a exigir sus derechos y a rechazar los gobiernos neoliberales y sus políticas, estas manifestaciones fueron particularmente intensas en Bolivia, Ecuador y Argentina: en los dos primeros países condujeron a la renuncia de varios presidentes.

El desenlace de las movilizaciones, así como el hartazgo con los gobiernos afines al consenso de Washington permiten explicar el denominado giro a la izquierda en la región. Durante el primero lustro del siglo XXI asistimos a la derrota de las propuestas de derecha y al triunfo electoral de los denominados gobiernos alternativos: Hugo Chávez en Venezuela (1999), Luis Ignacio Lula en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), Pepe Mujica en Uruguay (2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007) y Salvador Sánchez en el Salvador (2014). Sin contar los fraudes electorales de los que fue víctima la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2006 y 2012).

El balance de la gestión de estos gobiernos es diverso. Es posible afirmar que, aunque durante este período no se quebró el sistema neoliberal y las condiciones de concentración de la riqueza y explotación de las clases trabajadoras, las políticas neodesarrollistas permitieron ampliar el sistema de bienestar de la población. Al respecto son ilustrativos los datos de la CEPAL: “Entre 2002 y 2014, la tasa de pobreza (promedio regional) se redujo significativamente, del 45,4% al 27,8%, de modo que 66 millones de personas superaron esa situación. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12,2% a un 7,8%. Sin embargo, a partir de 2015 los niveles de pobreza y especialmente de pobreza extrema aumentaron. En 2018, alrededor del 30,1% de la población regional estaba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10,7% se encontraba bajo el umbral de la pobreza extrema” 2/ .

Justamente, esta parcial ampliación de los beneficios sociales y los mecanismos usados para gestionar la crisis del capitalismo son los que nos permiten entender las trayectorias del movimiento y las movilizaciones que han expresado con fuerza el descontento social durante los últimos meses del año en curso. La identificación de estos cuatro asuntos no implica negar las singularidades y particularidades existentes entre los países de la región. Tan solo pretende ubicar una serie de elementos comunes que se inscriben en la forma como se ha insertado América Latina en la nueva fase del capitalismo mundial y que bien nos permitiría avanzar en hipótesis sugerentes sobre el deterioro de los sistemas hegemónicos del neoliberalismo en la región.

Crisis capitalista: El FMI y el neoliberalismo redoblado

La crisis del capitalismo de 2008 visibilizó, por una parte, las debilidades de un sistema económico soportado en la especulación, explotación, financiarización y trasnacionalización y, por la otra, los impactos que en términos de injusticia y desigualdad social se configuraron bajo la globalización neoliberal. El carácter especulativo y contradictorio del sistema dificultó sostener en el largo plazo tasas de crecimiento económico positivas y generar ganancias sociales para el grueso de la población mundial.

La crisis tuvo una expresión concreta en la región con la caída del precio de los commodities en el 2012. El impacto en términos de crecimiento económico y entrada de divisas a las economías regionales afectó los ingresos del Estado y sus posibilidades de inversión. Los gobiernos denominados alternativos no lograron una administración relativamente autónoma que les permitiera sostener su horizonte de política social. De ahí que la crisis condujo a limitar el alcance e impacto de sus políticas de asistencia social, con los consecuentes efectos que en términos de legitimidad política de esto se desprende.

Las medidas de política económica para gestionar la crisis a nivel mundial, y de manera específica en la región, profundizaron una tendencia del neoliberalismo: socializar las pérdidas, concentrar las ganancias y rescatar estatalmente al gran capital. Y es justamente este tipo de gestión la que explica las medidas económicas impulsadas por Moreno, Piñera, Moïse, Duque y Macri, por citar solo algunos casos que hoy son objeto de rechazo y manifestaciones; en el último caso permite entender la derrota electoral de Cambiemos y el triunfo presidencial de la fórmula de los Fernández.

Atendiendo a lo señalado queremos sostener que las políticas del último lustro pretenden solucionar la crisis del capitalismo a través de la profundización del despojo. Se trataría de impulsar una especie de neoliberalismo redoblado. De ahí que se desmonten los avances, aunque parciales, logrados por las experiencias políticas anteriores y se profundicen las medidas de precarización y despojo iniciadas finalizando el siglo XX. En este proceso el FMI y sus programas de auxilio económico vuelven a ocupar un lugar protagónico. Entre otras destacamos las siguientes medidas:

• Ajuste fiscal y recortes al gasto público: La reducción de los ingresos fiscales, entre otras razones por la caída del precio de los commodities y una estructura tributaria favorable al capital, y el incremento del endeudamiento de las economías nacionales se ha buscado solventar a través de recortes al gasto público y el traslado de costos sociales a las clases trabajadores. Medidas como el alza del precio del transporte público, la eliminación de los subsidios a los combustibles, los recortes al sistema de educación y salud, el aumento de las tarifas de los servicios públicos vividos en Chile, Ecuador y Argentina ilustran esta situación.

• Privilegio del pago de la deuda: Las deudas públicas de economías como la de Argentina superan el 80% del PIB. Pese al costo fiscal que tiene el pago oneroso de esta deuda, los gobiernos lo han privilegiado, argumentando que esto permitirá avanzar en una estabilidad nominal (tipo de cambio e inflación) de las economías y han sacrificado medidas efectivas de reactivación productiva y de bienestar social. Pese al comportamiento de buen deudor, los resultados son dramáticos. Esta situación ha impulsado un importante debate en la Argentina sobre “que la deuda pública es una hipoteca impagable a sufrir por varias generaciones (–) por lo que resulta imprescindible llevar adelante una auditoria integral con participación ciudadana para determinar la legalidad y legitimidad de la nueva y de la vieja deuda”. 3/

• Reformas laborales, pensionales y tributarias: Entre las medidas que impulsaron las movilizaciones en Ecuador y Colombia se destacan la pretensión de realizar reformas estructurales que precarizarían aún más las condiciones de la clase trabajadora, especialmente de la juvenil, así como de la población en edad de jubilación. Para el caso de la reforma pensional en Colombia se destaca la eliminación del régimen de prima media, aumentar la taza de cotización de forma gradual (pasando del 16 al 20%). Para la reforma laboral la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) propuso pagar a la población juvenil el 75 % del salario mínimo mensual vigente. Frente a la reforma tributaria el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia ha señalado “La Ley de Financiamiento (…) incluía exenciones por 9,5 billones de pesos, dentro de las que cabe resaltar la eliminación del IVA a la importación de bienes de capital –que suma cerca de 6,5 billones de pesos al año– y la reducción del impuesto a la renta del 33 al 31 % en 2021. Si se suman las exenciones anteriores, lo que realmente están pagando los empresarios por este concepto solo llega al 16 % aproximado, y la eliminación gradual de la renta presuntiva que desaparecerá igualmente en 2021. Estas exenciones, sumadas a las que tienen los inversionistas rurales durante diez años y el hecho de entregar mayores descuentos tributarios a las zonas francas, que ya cuentan con un régimen de inversión excepcional, solo debilitan los ingresos del Estado 4/.

De esta manera, se espera sortear la crisis capitalista con políticas de ajuste y austeridad que han demostrado históricamente su inviabilidad y como resultado de las cuales los sectores populares resultan siendo los más golpeados. Aunado a lo anterior, los gobiernos pretende feriar y enajenar los bienes comunes profundizando un modelo de acumulación primario-exportador y extractivista.

Democracias desde abajo y Deliberación popular

La necesidad de construir colectivamente análisis no coyunturales de la coyuntura radica en que los acontecimientos que vivimos en Nuestra América son la expresión de la condensación de un agotamiento social y de un deterioro del sistema hegemónico del capitalismo neoliberal que se ha venido construyendo desde hace más de dos décadas. Las movilizaciones y los movimientos de Nuestra América expresan un horizonte disruptivo y transformador del orden social vigente. De ahí, que recuperen el acumulado y los aprendizajes de las luchas históricas de nuestros pueblos. Los acontecimientos recientes parecieran indicar la configuración de un nuevo momento constituyente para la región: así deberían ser leídos los cabildos y asambleas barriales dinamizados con mucha fuerza en Chile y Colombia. Este escenario disruptivo del orden dominante ha sido respondido por las clases en el poder con el más amplio ejercicio de la violencia destructiva. La represión sufrida en Chile, Colombia, Ecuador y Haití así lo demuestran. Ante el agotamiento del consenso frente a su proyecto hegemónico se privilegia la coerción, al despliegue puro y descarnado de la violencia física. Pese a esta respuesta represiva, al despliegue del terrorismo de Estado, la gente del común, especialmente los jóvenes (estudiantes y trabajadores) mantienen llenan las calles expresando ese grito por el derecho a vivir dignamente.

Fuente de la Información: https://vientosur.info/spip.php?article15533