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La creación de una “democracia” tipo Estado de la seguridad nacional o cómo cambió el sistema político de Estados Unidos y nadie se dio cuenta.

Por: Tom Engelhardt

Hago regresar a mis padres de la muerte para las elecciones de 2016.

Decir que esta es una elección infernal es insultar al infiernoNo ha habido nada parecido desde que Washington pasó el Rubicón, o Trump cruzó el Delaware o pronunció el discurso de Gettysburg (ya sabéis; el que empieza “Hace cuatro tantos y once mujeres…”). Si preferís, elegid vuestro propio momento seminal en la historia de Estados Unidos.

Billones de palabras, esa cara, esos gestos, los interminables insultos, las mujeres maltratadas y los correos electrónicos, el espectáculo que dura las 24 horas de los siete días de cada semana que muestra todo esto… Pase lo que pase el día de las elecciones, admitamos una realidad: en este país, hemos entrado en una nueva era política. Solo que no nos hemos dado cuenta del todo. De verdad que no.

Olvidaos de Donald Trump.

¡Caramba! ¿Por qué escribí esto? ¿Cómo podría alguien olvidarse del primer candidato presidencial de nuestra historia que anticipó que no está dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones? (en 1860, hasta los sureños aceptaron la elección de Abraham Lincoln antes de intentar separarse de la Unión). ¿Quién podría olvidar al hombre que denunció que con la ley actual las mujeres podían abortar el mismo día del nacimiento o apenas un día antes? ¿Quién podría olvidar al hombre que aseguró ante una audiencia de unos 72 millones de estadounidenses que no conocía a las mujeres que le acusaban de agresión sexual y maltrato, entre ellas la periodista de la revista Peopleque lo entrevistaba? ¿Quién podría olvidar al candidato que se jactaba mes tras mes de los resultados positivos de los sondeos en los mítines políticos y en twits antes de que (cuando esos mismos sondeos se volvieron contra él) se descubriera que todos ellos estaban amañados?

Piénsese lo que se piense de Donald, ¿quién en este mundo –y con esto quiero decir todo el mundo, incluyendo a los iraníes– podría olvidarse de él o de las elecciones por las que apostó tan ominosamente? Sin embargo, cuando pensemos en él no lo convirtamos en la causa de la disfunción política de Estados Unidos. Él no es más que el síntoma –extravagante, trastornado e inquietante– de la transformación del sistema político de Estados Unidos.

Admitámoslo, Donald es un “político” que no tiene igual, incluso entre sus colegas de la emergente derecha nacionalista y movimientos anti-todo del ámbito global. Él hace que la francesa Marine Le Pen parezca la racionalidad personificada y que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se asemeje a un experto táctico de nuestra época. Pero lo que de verdad convierte a Donald Trump y su carrera por la presidencia en algo fascinante y desconcertante es que no estamos hablando solo de la presidencia de un país: Estados Unidos es el país. El país que, en términos del despliegue de sus fuerzas armadas y su poder económico y cultural para influir en el funcionamiento de todo en prácticamente cualquier sitio, sigue siendo la gran nación imperial del planeta Tierra. Aun así, sobre la base de lo acontecido en este insólito año de campaña electoral, cuesta mucho no pensar que hay algo –y no se trata solo de Donald– incómodamente equivocado en el contexto estadounidense.

La generación de la Segunda Guerra Mundial en 2016

Algunas veces, cuando me dejo llevar por mis fantasías (me pasó mientras miraba el último debate presidencial), monto un milagro privado y traigo –de regreso de la muerte– a mis padres para que observen nuestro mundo estadounidense. Con ellos en la sala, trato de imaginar la incredulidad que muchos de la generación de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial con toda seguridad sentirían ante nuestro tiempo presente. Por supuesto, ellos debieron soportar una devastadora depresión económica, a años luz de cuanto hemos experimentado en la gran recesión de 2007-2008, como también una conflagración mundial de una magnitud como nunca se había experimentado, y –aparte de una guerra nuclear– es improbable que vuelva a suceder.

A pesar de esto, no dudo que nuestro mundo les dejaría boquiabiertos, sobre todo el particular caos con el que convivimos. Para empezar, en el ámbito global, tanto mi madre (que murió en 1977) como mi padre (que falleció en 1983) vivieron varias décadas de la era nuclear, la era de los más grandes –para quienes querían un mundo mejor– logros de la humanidad. Después de todo, por primera vez en la historia, los seres humanos tomamos el Apocalipsis de las manos de dios (o de los dioses) –donde había estado durante miles de años– y nos apropiamos de él. Sin embargo, lo que no llegaron a vivir fue, potencialmente, el segundo rompimiento de contrato –el cambio climático–, que ya está trastornando el planeta y amenazándolo con un Apocalipsis en cámara lenta del que no hay precedentes.

Ciertamente, las armas nucleares no fueron utilizadas hasta el 9 de agosto de 1945, aunque se diseminaron por los arsenales de numerosos países; el cambio climático será visto como la versión paso de tortuga de la guerra nuclear; no olvidéis que la humanidad continúa bombeando gases de efecto invernadero en la atmósfera en volúmenes siempre cercanos al récord. Imagino el asombro de mis padres si supieran que el tema más peligroso y maldito en la Tierra no mereció una sola pregunta –por no hablar de una respuesta– en los tres debates presidenciales de 2016; las cuatro horas y media de acusaciones, insultos e interrupciones que acaban de pasar. Ni un moderador, evidentemente, tampoco un votante indeciso (en el segundo debate en el ayuntamiento), ni un candidato presidencial –cada uno de ellos preparado para cambiar de tema en un momento de apuro con preguntas sobre agresiones sexuales, correos electrónicos o cualquier otra cosa– pensó que eso mereciese la menor atención. En resumen, era un problema demasiado grande para discutirlo, uno cuya existencia Donald Trump (como cualquier otro republicano) niega, o mejor aún, en su caso, rotula como un “engaño” y solo atribuye a una conspiración china para hundir a Estados Unidos.

Otro tanto de locura (y de estupidez) cuando se trata de la cuestión más vasta de todas. En una algo más modesta escala, mi madre y mi padre no habrían reconocido como estadounidense nuestro ámbito político de hoy, y no solo debido a Donald Trump. Se hubieran quedado pasmados por el dinero que se vierte en él: por lo menos 6.600 millones de dólares en estas elecciones según la última estimación; más del 10 por ciento del cual provino de solo 100 familias. Se habrían sorprendido por nuestras elecciones del 1 por ciento; por nuestra nueva Era Dorada; por un famoso multimillonario de la televisión que se presenta como un «populista» y tiene el apoyo de la gente blanca de clase trabajadora que antes era demócrata y que ahora se siente atraída por personas como Trump y su marca de capitalismo de casino, fraudes y espectáculo; por todos esos otros multimillonarios que derraman dinero en las arcas del Partido Republicano para crear un Congreso manipulable que responda a sus pujas obstruccionistas; y por las enormes cantidades de dinero que en estos días se puede “invertir” en muestro sistema político de una forma perfectamente legal. Y ni siquiera he mencionado a la Otra Candidata, que dedicó todo agosto a la verdadera “campaña electoral”, codeándose no con estadounidenses de a pie sino con millonarios y multimillonarios (y una colección de celebridades) para llenar su fenomenal “arcón de guerra”.

Yo debería haber aspirado profundamente y explicado a mis padres que en el Estados Unidos del siglo XXI, por decisión del Tribunal Supremo, el dinero se ha convertido en el equivalente del discurso, aunque sea cualquier cosa menos “libre”. Y no olvidemos esa otra atracción financiera en una elección estadounidense de estos días: las noticias televisadas, por no hablar de los demás medios. ¿Cómo podría siquiera empezar a esbozar eso a mis padres –para quienes las elecciones presidenciales eran un acotado acontecimiento otoñal– la naturaleza extravagante de una temporada de elecciones que se inicia con la especulación mediática justo cuando la temporada anterior está acabando y desde entonces continúa más o menos sin interrupción? ¿O el espectáculo de los comentaristas discutiendo las 24 horas de los siete días de la semana sobre nada que no sean las elecciones en la televisión por cable durante al año entero, o los miles de millones en anuncios que alimentan esta interminable Súper Copa de campañas, llenando las arcas de los propietarios de los cables y las redes de noticias?

Nosotros hemos crecido extrañamente habituados a todo esto, pero mi madre y mi padre sin duda pensarían que estaban en otro país -y eso hubiera ocurrido incluso antes de conocer el sistema político actual, cuyo estrafalario representante es Donald Trump.

De cualquier modo, ¿qué planeta es este?

Me gustaría haber conservado un texto de educación cívica de la escuela secundaria. Si tienes cierta edad, lo recordarás: aquel en que un marciano pone pie en Main Street, Estados Unidos, para escuchar una conferencia sobre las glorias de la democracia estadounidense y la cuidadosamente construida, comprobada y equilibrada división de poderes de nuestros órganos de gobierno. Estoy seguro de que el conocimiento de este sistema cambió la vida en Marte para mejor, aunque en tiempos de mis padres ya hubiese algo de fantasía en este rincón de la Tierra. Después de todo, el presidente republicano Dwight D. Eisenhower –mis padres votaron al demócrata Adlai Stevenson– fue quien, en 1961, en su discurso de despedida llamó la atención de los estadounidenses por primera vez sobre “la desastrosa posibilidad de conceder poder a quien no lo merece” y sobre “el complejo militar-industrial”.

Es cierto; todo eso ya estaba cambiando en aquellos días y, aun en tiempos de paz, el país estaba convirtiéndose en una maquinaria de guerra de un tamaño sin precedentes en la historia. Aun así, 30 extraños años después de la muerte de mi padre, observando el panorama estadounidense, es posible que mis padres se creyeran en Marte. Sin duda se preguntarían qué le podría haber pasado al país que ellos conocían. Después de todo, gracias a las tácticas de tierra arrasada del Partido Republicano en estos últimos años en la bipolar Washington, el Congreso, esa colección de supuestos representantes del pueblo (hoy, un grupo de bien pagados y mejor financiados representantes de los intereses especiales del país en una capital plagada de grupos de presión corporativos), ya rara vez funciona. Carente de relevancia, merodea entre los pórticos del Capitolio. Por ejemplo, hace poco tiempo. John McCain (en general considerado un senador republicano relativamente “moderado”) sugirió (antes de dar un paso atrás en sus comentarios) que si Hillary Clinton fuera elegida para la presidencia, sus compañeros senadores republicanos podrían decidir anticipadamente no confirmar cualquier nominación que ella hiciera para el Tribunal Supremo mientras estuviese en el cargo. Esto, por supuesto, significaría que un tribunal, que ahora parece ser un equipo permanente de ocho miembros, encogería en consecuencia. Los comentarios de McCain que alguna vez habían conmocionado profundamente a Estados Unidos, apenas provocaron una marejadilla de incomodidad y protesta.

En mi paseo por este nuevo mundo, yo podría comenzar señalando a mi madre y mi padre que Estados Unidos está hoy en permanente estado de guerra; en este momento está operando en por lo menos seis países del Gran Oriente Medio y África. Todos estos conflictos armados son esencialmente presidenciales; el Congreso ya no tiene un papel real en ellos (como no sea para soltar el dinero que haga falta y batir el parche para apoyarlos). Cuando se trata de asuntos de guerra, que alguna vez eran controlados y contrapesados por la Constitución, el poder ejecutivo está solo.

De ningún modo pretendería que mis padres se limitaran a observar qué sucede en el extranjero. La militarización de Estados Unidos se ha realizado a ritmo acelerado y de una forma que –no tengo la menor duda– los horrorizaría. Por ejemplo, podría llevar a mis padres a la Gran Estación Central, cerca del centro de Manhattan, el barrio donde ellos vivían y sigue siendo el mío; cualquiera que fuese el día de la semana, verían algo inconcebible en otros tiempos: soldados de guardia con armamento de guerra y uniforme de camuflaje. Yo podría comentarles que, en mi estación de metro, vi varias veces un grupo de agentes de la unidad antiterrorista de la policía de Nueva York que muy bien podría tomarse por un grupo de operaciones especiales del ejército, con sus fusiles de asalto, pero ya nadie se detiene para mirarlos con la boca abierta. Podría agregar que los cuerpos policiales de todo el país se parecen más cada día a unidades militares y son pertrechados directamente por el Pentágono con armamento y equipo igual al utilizado en los lejanos campos de batalla de Estados Unidos, incluyendo vehículos blindados de distinto tipo. También podría mencionar que los drones militares de vigilancia, los precursores de la futura guerra robótica (salidos, para mis padres, de las novelas infantiles de ciencia ficción que yo acostumbraba leer), surcan ahora regularmente los cielos de Estados Unidos; que dispositivos de vigilancia de última generación diseñados para operar en remotas zonas de guerra, hoy en día son utilizados por la policía en el ámbito nacional; y que, a pesar de que el asesinato por razones políticas fue oficialmente prohibido en los años setenta del pasado siglo, después del Watergate, en estos tiempos el presidente está al mando de una formidable fuerza aérea de drones operada por la CIA que se ocupa regularmente de tales asesinatos –de los que no se salvan ni los ciudadanos estadounidenses– en grandes zonas del planeta, sin que sea necesario el ‘visto bueno’ de nadie fuera de la Casa Blanca, tampoco de los tribunales. Podría mencionar que quien era presidente en tiempos de mis padres comandó un ejército secreto de modestas proporciones –los paramilitares de la CIA–; en estos momentos, el presidente es el jefe de una fuerza armada secreta –el Comando de Operaciones Especiales (SOC, por sus siglas en inglés)– formada por 70.000 soldados de elite ocultos dentro del ámbito mayor de las fuerzas armadas de Estados Unidos. En el SOC hay equipos de elite preparados para ser desplegados y realizar misiones de tipo ‘comando’ en cualquier sitio del mundo.

Yo podría señalar que en el siglo XXI, el espionaje estadounidense ha erigido un estado de vigilancia de ámbito global que habría avergonzado a las potencias totalitarias del siglo precedente. Todos los ciudadanos de Estados Unidos –absolutamente todos– están en la mira de este estado de vigilancia; nuestros correos electrónicos (algo desconocido por mis padres) son recogidos por millones, nuestras llamadas telefónicas están a disposición de este estado. En resumen, que la intimidad ha sido declarada anti-estadounidense. También podría observar que, sobre la base de un día aciago [el 11-S] y de lo que en última instancia es la más modesta de las amenazas que se ciernen sobre los estadounidenses, un solo temor –al terror islamista– ha sido el pretexto para la puesta en marcha del estado de la seguridad nacional ya existente hasta transformarse en una construcción de proporciones poco más o menos increíbles a la que se ha dotado de unos poderes que en otros tiempos eran inimaginables y financiada de una manera que dejaría atónito a cualquiera (no solo a los visitantes del pasado estadounidense) y hasta llegar a ser el cuarto poder del Gobierno de Estados Unidos sin haber sido debatido ni votado previamente.

Poco de lo que hace –y hace mucho– está abierto al escrutinio público. Por su propia “seguridad”, “el Pueblo”, no debe saber nada de su funcionamiento (excepto lo que ese poder quiera que se sepa). Mientras tanto, un claustrofóbico secretismo se ha propagado por importantes partes del Estado. En 2011, el gobierno de Estados Unidos declaró secretos 92 millones de documentos, y desde entonces las cosas no parecen haber mejorado. Además, el estado de la seguridad nacional ha estado elaborando un cuerpo de “legislación secreta” –en la que se incluyen normas, regulaciones e interpretaciones de leyes existentes, todo ello debidamente clasificado– que permanece oculto al público y, en algunos casos, hasta a las comisiones de control del Congreso.

En otras palabras, los estadounidenses saben cada día menos de lo que sus gobernantes hacen en su nombre, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Yo podría sugerir a mis padres que solo imaginen que en estos años la Constitución de Estados Unidos esta en un proceso de permanente reescritura y enmienda realizado con total secretismo y entre bambalinas, con poco más que un gesto de cabeza a “Nosotros, el Pueblo”*. De este modo, al mismo tiempo que nuestras elecciones se transforman en un elaborado espectáculo, la democracia ha sido vaciada de contenido y desechada en todo salvo el nombre; ese nombre es –no cabe ninguna duda– Donald Trump.

Considerad esta nota, entonces, una versión abreviada de cómo describiría yo a mis asombrados padres este nuevo mundo estadounidense.

Estados Unidos, un estado de la seguridad nacional

De nada de esto es responsable Donald Trump. En los años en que el nuevo sistema estadounidense se estaba desarrollando, él estaba echando gente en la televisión. Por supuesto, podéis verle como el muchacho de un cartel en el que se muestra un Estados Unidos donde el espectáculo, los famosos, la clase dorada del 1 por ciento y el estado de la seguridad nacional se combinan en un bebedizo narcisista y autorreferencial de extraordinaria toxicidad.

Ya sea que Hillary Clinton sea electa presidente o que el electo sea Donald Trump, hay una cosa incuestionable: la vasta construcción que es el estado de la seguridad nacional, con su 17 agencias de inteligencia y unas formidables fuerzas armadas imperiales, continuará creciendo y expandiendo su poderío en nuestro mundo estadounidense. Ambos candidatos han jurado volcar todavía más dinero en esas fuerzas armadas y el aparato de espionaje y Seguridad Interior que les acompañan. Por supuesto, nada de esto tiene algo que ver con la democracia en Estados Unidos tal como una vez fue imaginada.

Tal vez algún día, al igual que mis padres, “yo” sea llamado del más allá por alguno de mis hijos para ver con espanto y horror el mundo de esos días. Mucho tiempo después de que una inimaginable presidencia de Donald Trump o de que un mucho menos imaginable mandato de Hillary Clinton sean un párrafo de un maldito y a medias olvidado capítulo de nuestra historia, yo me pregunto si en ese momento eso “me” sorprendería o “me” desconcertaría. En 2045, ¿con qué país y con qué planeta “me” enfrentaría?

* We the People son las palabras con que comienza la Constitución de Estados Unidos, que desde 1789 es la ley suprema de esta nación. (N. del T.)

Tom Engelhardt es cofundador del American Empire Project, autor de The United States of Fear y de una historia de la Guerra Fría, The End of Victory Culture. Forma parte del cuerpo docente del Nation Institute y es administrador de TomDispatch.com. Su libro más reciente es Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World.

 

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Guerra y democracia Los militares peruanos y la construcción nacional

América del Sur/Perú/Octubre 2016/Eduardo toche medrano/http://biblioteca.clacso.edu.ar/

Las fuerzas armadas peruanas han venido experimentado en los últimos años un proceso de reforma institucional, cuyo diseño se ha asentado en dos elementos fundamentales. En primer lugar, una evaluación de su desempeño durante las dos últimas décadas, periodo en el que tuvieron que hacer frente a una importante amenaza subversiva contra el Estado, incorporarse a la lucha antinarcóticos, enfrentar un conflicto bélico internacional focalizado con las fuerzas armadas del Ecuador y, además, apoyaron políticamente al régimen autoritario que se instala luego del autogolpe que realizara en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori. En segundo lugar, la forma en que debe realizarse su inserción en la institucionalidad democrática que empezó a construirse luego de que el régimen fujimorista se desmoronara, al sobrevenir una situación en la que se combinaron la recesión económica, la anticonstitucional reelección presidencial del año 2000, la exposición de evidencias incuestionables de una red de corrupción organizada desde el Estado, la movilización social antiautoritaria y la presión internacional.

Tomada la decisión de reformar a las instituciones armadas peruanas, se debió considerar no sólo el nuevo panorama que plantea la seguridad nacional en la actualidad, y los ajustes imprescindibles que deben adoptar para hacerlas funcionales a los criterios democráticos, sino también la manera de revertir la serie de resultados negativos provocados por el tipo de acciones en las que se vieron involucradas durante los años previos, como la alta incidencia que tuvo la corrupción entre sus mandos, la desestructuración organizativa debida a la influencia política que ejerció sobre ellas el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo la conducción del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y las secuelas generadas por una lucha antisubversiva que generó una alta victimización en la población civil —especialmente en los sectores rurales más pobres— y que, a pesar de los tenues avances realizados entre la última etapa del gobierno del presidente Alejandro Toledo y el inicio del periodo gubernamental del presidente Alan García, aún espera una decisiva política de reparaciones y, sobre todo, la debida judicialización a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

La urgencia de los cambios quedó establecida cuando el 28 de julio del 2001, al asumir la presidencia de la República, Alejandro Toledo anunció la conformación del Acuerdo Nacional, espacio concebido para que las diversas fuerzas sociales y políticas del país establecieran consensos respecto de una serie de políticas de Estado. La novena de ellas refiere a la seguridad nacional, mientras que la vigé- simo quinta establece los criterios generales desde los cuáles debe impulsarse la reorganización de los institutos armados1 . Además, el Presidente de la República convocó a una comisión encargada de estudiar y proponer los lineamientos que dirigirían las acciones que debían realizarse en la órbita militar. De esta manera, el gobierno democrático, a través del Ministerio de Defensa, inició el desarrollo de las mismas, teniendo como objetivo modernizar a las fuerzas armadas, y revertir la aguda crisis que atravesaban.

Al cabo de tres años, la evaluación ya era desalentadora. A fines del 2003, una publicación electrónica especializada en la reforma militar, editada por el Instituto de Defensa Legal, afirmaba que “no existía evidencia de una decidida voluntad política en las más altas esferas del ejecutivo y el legislativo para abordar una reforma del sector defensa a fondo”2 . Más aun, desde mediados del 2004 hay indicios claros de que el proceso se ha detenido e, incluso, ha empezado a mostrar claras señales de reversión.

Este panorama indica que lo diagnosticado acerca de los problemas que aquejaban a los institutos militares era cierto, pero desbordaba la simple ausencia de voluntad política por parte de las más altas autoridades del país. La reforma militar intentó llevarse a cabo mediante cambios constitucionales y legales en los roles que deben cumplir los militares y, por otro lado, potenciando al Ministerio de Defensa como el ámbito en donde se formulase y ejecutase la política de defensa del país. Ambas cuestiones, aunque necesarias, no son suficientes.

La búsqueda de mejores marcos legales e institucionales, sin haber procedido a comprender los profundos sentidos que adquirió la cuestión militar en el Perú (en lo que hace a su organización, relaciones con su entorno y justificaciones de su función) pueden dar como resultado, como parece haber sucedido, cambios meramente formales que no provocan efectos sustanciales ni sostenibles. De esta manera, algunas medidas contempladas en el diseño de reorganización que han podido llevarse a cabo, como la sustitución del servicio militar obligatorio por el voluntario, la publicación del Libro Blanco de la Defensa Nacional, la reforma de los planes de estudios de las escuelas de oficiales para dar cabida a cursos de derechos humanos y de derecho humanitario, entre otras, están siendo cuestionadas, y no hay mayor seguridad de que pueda impedirse la distorsión de sus objetivos.

La insuficiencia de estas medidas, así como su relativa eficacia, quedó en evidencia cuando surgió una situación de tensión con Chile durante los primeros meses del 2004, a propósito de la demanda peruana sobre la delimitación marítima entre ambos países. El acontecimiento, que no debió trascender de los marcos diplomáticos, fue aprovechado por las fuerzas armadas de ambos lados para justificar la necesidad de aplicar considerables recursos en gastos de defensa.

En el caso del Perú, la coyuntura sirvió para que el gobierno del presidente Toledo accediera a las presiones de los militares, adquiriendo fragatas misilísticas y, posteriormente, creando un fondo destinado a suplir las demandas del sector Defensa. Paralelo a ello, fue evidente que el gobierno no mostró mayor disposición para implementar las recomendaciones que se indicaron en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aunque finalmente dio señales positivas respecto de la reparación debida a los familiares y víctimas de la violencia política. Pero no ocurrió lo mismo con las sanciones pendientes sobre aquellos efectivos identificados fehacientemente como responsables de violaciones de derechos humanos cuando se aplicó una generalizada política contrasubversiva en el país.

En todo caso, puede decirse que el marco desde el cual se intentó dar curso a la reforma militar en el Perú debió facilitar la realización de los ajustes pertinentes para que tanto la norma como los encargados de hacerla cumplir fueran eficientes; pero la pregunta al respecto sería: ¿qué sucede cuando el fundamento mismo de ambos, el Estado, muestra graves fallas estructurales en su relación con la sociedad? Sobre ello, la conducta de las fuerzas armadas no puede ser desligada del marco institucional-estatal en el que se hayan inscritas, ni de las diversas, continuas y muy complejas relaciones que establecen con los actores civiles.

Bajo estas consideraciones, es muy importante para conocer las consecuencias de la intervención política de los militares en el Perú, remitirse a las conclusiones expuestas en el Informe Final de la CVR que, por lo mismo, resulta ser una herramienta indispensable para analizar los posibles remedios que podrían adoptarse para cancelar la posibilidad de una abierta violencia del Estado en el futuro.

Según la CVR, la importancia que adquirió el fenómeno subversivo en el Perú estuvo en directa relación con las debilidades mostradas por la democracia formal que se desarrolló en el país entre 1980 y 1992. En este sentido, la inoperancia de las autoridades elegidas alimentó la paulatina abdicación del poder civil, permitiendo la creciente presencia política de las fuerzas armadas (CVR, 2003: IX, 91).

El resultado fue la cada vez más evidente autonomización de las fuerzas armadas, que dio lugar a una situación que las alejó de los controles debidos sobre sus funciones, y que permitió la aparición de instancias que fueron usadas contra los opositores al régimen autoritario vigente en los años ’90 (como fue el caso del SIN).

Entonces, lo acontecido en torno a la violencia política ocurrida en el Perú durante las dos décadas previas, y la actuación que tuvieron las fuerzas armadas en este contexto, hace suponer que el problema a considerar cuando se intenta reformar a estas instituciones es más complejo que lo asumido hasta el momento, y sólo puede ser entendido si nos remontamos a periodos anteriores a 1980. En ese sentido, está claro que la manera como concibieron los militares el problema subversivo y, a su vez, cómo asumieron los gobernantes y autoridades civiles los roles que debían cumplir ante esta circunstancia no fueron productos que se elaboraron en el momento en que se presentó el problema. En gran medida, todo parece indicar que lo que allí se desplegó fue un discurso que fue construyéndose desde mucho antes —inscrito, además, en la forma como fue desenvolviéndose la construcción del Estado nacional peruano durante el siglo XX.

En este sentido, lo crucial para los militares peruanos fue definir a los miembros de la comunidad nacional, y a quiénes serían los que estaban fuera de ella. Además, entre los últimos, no hubo homogeneidad de criterios para caracterizarlos, pues —como intentaremos demostrar a lo largo del presente estudio— hubo quienes mostraron aptitudes para ser incorporados en esta comunidad nacional militarmente imaginada, y hubo quienes no. Aun así, la división no fue tajante, y muchos elementos no sólo se intercambiaron entre ambos grupos sino que, con el transcurso del tiempo, tal como afirmamos líneas arriba, ambas dimensiones operaron una especie de retroalimentación entre ellas.

Descagar aquí:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120419125101/medrano.pdf

Fuente:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120419125101/medrano.pdf

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