Sistema Educativo

Estados Unidos/17 noviembre 2016/Autoras:Christine Armario y Jennifer C. Kerr /Fuente: El Nuevo Herald

Los programas de cupones para escuelas en la capital del país y en el estado de Indiana, donde gobernaba el vicepresidente electo Mike Pence, podrían servir como modelo para el plan de Donald Trump de utilizar dinero público para permitir a estudiantes desfavorecidos a asistir a la escuela pública o privada que elijan.

El presidente electo dejó claro durante la campaña que la elección de escuelas sería una de sus prioridades en educación.

En una comparecencia en septiembre en una escuela concertada de Cleveland, prometió reasignar 20.000 millones de dólares en dólares federales para becas a estudiantes con bajos ingresos. Las escuelas concertadas estadounidenses reciben dinero del estado pero operan de forma independiente.

Un primer paso sería pedir al Congreso que restaure el financiamiento al programa de becas D.C. Opportunity, el primer programa de cupones para escuelas privadas financiado por el gobierno federal. La Cámara de Representantes votó a favor de ampliar el financiamiento este año, pero la ley que acompaña a la medida se ha atascado en el Senado.

Gerard Robinson, miembro del conservador American Enterprise Institute y que asesoró a la campaña de educación sobre política educativa, describió el programa de Washington D.C. como «un buen sitio para empezar».

El programa, creado en 2004, dio cupones el año pasado a unos 1.200 estudiantes de bajos ingresos. Los cupones cubren hasta 8.452 dólares entre jardín de infancia y 8vo grado, y hasta 12.679 dólares para la escuela secundaria. Entre las más de 40 escuelas participantes hay centros privados como Sidwell Friends, que ha tenido entre sus estudiantes a Chelsea Clinton y Malia y Sasha Obama.

La idea de permitir el empleo de fondos públicos para escuelas concertadas, especializadas o privadas no es nueva. Ya hay mecanismos en estados como Indiana, donde Pence supervisó como gobernador una gran expansión del sistema de cupones. Casi 33.000 estudiantes participaron el año pasado, respecto a los casi 4.000 de 2011-12. Los cupones se conceden en una escala gradual basada en los ingresos y el tamaño de la familia. Para 2015-2016, la media fue de casi 5.500 dólares por cada estudiante de secundaria.

El Tribunal Supremo de Indiana respaldó el programa en 2013, señalando que no viola una cláusula en la constitución del estado contra el financiamiento público de programas religiosos.

A nivel federal, el Congreso valoró permitir que los fondos incluidos en el Título 1 para estudiantes de bajos ingresos pudieran seguir a los estudiantes a la escuela en la que se inscriban, pero la idea terminó por abandonarse en la versión definitiva de la reforma educativa, conocida como «Ley Éxito de todos los estudiantes».

Vic Klatt, director del Penn Hill Group y que ha trabajado en una política federal educativa durante más de dos décadas, dijo que la libre elección de escuelas tiene más posibilidades ahora, pero no será fácil de instaurar.

«Habrá un montón de apoyo para las concertadas. La elección privada al completo será una batalla», dijo Klatt en una mesa redonda esta semana de la Asociación de Escritores Educativos. «Va a depender de cuánto énfasis ponen el presidente y su gente en la elección de escuelas privadas».

Expertos en educación señalan que hay otras maneras de conseguir ese objetivo, como incentivos fiscales por cambiar a los menores de escuelas públicas a privadas o un programa de becas como el «Carrera a la cima» en el que se insta a los estados a adoptar políticas favorables a la libre elección a cambio de fondos.

La competición Carrera a la cima lanzada por el gobierno de Obama dio 4.000 millones de dólares a los estados que se comprometieron a endurecer sus estándares y redirigir las escuelas en problemas. Los estados que adoptaron los estándares en matemáticas y lectura tenían más probabilidades de conseguir fondos.

Trump ha reiterado sus promesas de poner fin a esos estándares comunes, pero fueron adoptados por los estados de forma individual y la nueva ley educativa prohíbe al gobierno federal decir a los estados qué estándares deben adoptar, ya sean los comunes o no.

Al plan de campaña de Trump sobre la libre elección de centros le faltaban detalles. No dijo de dónde saldrían los 20.000 millones de dólares de financiamiento federal ni cómo se repartirían.

«Creo que vamos a ver un cambio en sus palabras, del término elección de escuela a elección paterna», comentó Robinson en una entrevista con Associated Press, añadiendo que hablaba por sí mismo y no por el equipo de transición de Trump. Robinson ha sido mencionado como un posible secretario de Educación en el gobierno de Trump.

Los estudios sobre programas de libre elección como el D.C. Opportunity muestran resultados dispares.

Una evaluación del sistema en la capital mostró que los alumnos tenían una puntuación ligeramente superior en lectura, pero no mejoras significativas en matemáticas. Una revisión posterior de ese estudio, sin embargo, determinó que había restado importancia a los resultados que mostraban que las puntuaciones más altas se concentraban en algunos grupos de estudiantes.

«Yo habría confiado y esperado mejores resultados de los que vimos», dijo Kevin Welner, director del Centro Nacional de Política Educativa en la Universidad de Colorado Boulder.

Algunos líderes educativos expresaron sus dudas sobre que la propuesta de Trump sea bien recibida en todas partes, en un momento de creciente escepticismo sobre grandes expansiones de alternativas como las escuelas concertadas.

Los votantes en Massachusetts y Georgia rechazaron en las urnas medidas que habrían allanado el camino a más escuelas concertadas.

«Creo que habría un número limitado de estados que lo aprovecharía», dijo Kristen Amundson, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Educación. «No es algo que se esté demandando de forma generalizada».