Page 1 of 2
1 2

El fin del PNPC

Por: Miguel Ángel Casillas

Como ya lo habían anticipado desde el año pasado, hace unos días, el gobierno federal anunció el fin del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En el futuro, el Sistema nacional de evaluación y acreditación que dependerá de la SEP, cuando funcione y tenga claros sus lineamientos, será quien determine la calidad y la acreditación de los programas de posgrado. En palabras del subsecretario de educación superior, esa evaluación, a diferencia del periodo neoliberal, dejará de ser punitiva, mercantilizada y competitiva, será un medio para la mejora continua y no un fin en sí misma.

A mediados de los años ochenta del siglo pasado dio inicio una época de crecimiento desregulado del posgrado, en ocasiones se ofrecían programas sin cuerpos docentes especializados o sin las instalaciones y los recursos indispensables; muchos de los programas eran fuentes de recursos autofinanciables para las instituciones y una posibilidad de un ingreso extraordinario para sus profesores, en una época de graves devaluaciones y penurias económicas. También a finales del siglo XX fue evidente la importancia estratégica de este nivel, tanto para formar a los cuadros especializados de las empresas públicas y privadas, como para la ampliación del número de académicos y científicos que reclamaba la expansión de la educación superior y su revaloración como herramienta indispensable para salir del subdesarrollo e incorporar a México a la sociedad del conocimiento.

En el contexto de un crecimiento desregulado del posgrado, donde proliferaban ofertas de muy dudosa calidad y con resultados educacionales muy pobres, el PNPC fue un eficaz instrumento de política pública para orientar el desarrollo de los programas y para determinar la distribución de las becas hacia los programas de mayor calidad. Legitimó sus decisiones en las evaluaciones de pares sobre la base de normas y reglas claras. En términos generales, acreditar la evaluación del PNPC garantizaba que los programas de posgrado se sostenían en núcleos académicos que constituían líneas de generación y aplicación del conocimiento, que sus profesores se distinguían por su alta calidad y reconocimiento académico, que debían tener sus programas y procedimientos públicos en sus páginas institucionales, que debían garantizar prácticas académicas rigurosas en el estudio y la producción de las tesis, que disponían de reglamentos, espacios físicos adecuados y ofrecían diversos recursos para el aprendizaje.

Muy pronto, el PNPC se fue volviendo un instrumento burocrático, cuadrado y rígido; que registraba y medía los indicadores principalmente de modo cuantitativo, que sobre valoraba la pertenencia de los profesores al Sistema Nacional de Investigadores, y que imponía una visión del posgrado que tenía como base a las ciencias naturales y a las ciencias duras. Frente a indicadores inflexibles hubo lugar para muchos absurdos y simulaciones. La acreditación de los programas, basada en la desconfianza, exigió cada vez más una exagerada documentación basada miles de evidencias.

La evolución reciente del posgrado ha dado como resultado un sistema segmentado y desigual. Por un lado, su matrícula se encuentra distribuida mayoritariamente en maestrías y especialidades principalmente del sector privado y la minoría en el nivel de doctorado. En contraste con la lógica de mercado, los posgrados de más alta calidad se encuentran en las universidades públicas y en los centros nacionales de investigación. Los posgrados profesionalizantes son mayoría en el sector privado, mientras que la mayoría de los posgrados de investigación se ubican en el sector público.

Al anunciar el fin del PNPC (https://www.youtube.com/watch?v=jMJh2GA8L8o), la directora del Conacyt explicó que será la SEP, a través del Sistema nacional de evaluación y acreditación quien acredite a los programas e instituciones; por su parte, el Conacyt distribuirá las becas de posgrado no de acuerdo con la acreditación ni la calidad de los programas, sino en las áreas prioritarias determinadas por el gobierno (salud, producción de alimentos, empresas públicas), en los programas de investigación de las instituciones de educación superior públicas (física, química, matemáticas, biología, medicina, ciencias sociales, ciencias agropecuarias, etc.), y hacia las áreas históricamente excluidas como las humanidades, las artes y las disciplinas creativas.

En el discurso se expone que esta decisión favorece a los estudiantes que solicitan la beca, que no se quiere dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, y que se atenderán todas las solicitudes. En realidad, al entregar las becas sin intermediarios, el gobierno federal promueve un intercambio político directo con los estudiantes de posgrado con el fin de obtener lealtad hacia la 4T, como sucede ya con las becas de licenciatura y de otros niveles.

En su crítica hacia el pasado reciente, la directora del Conacy acusó que se privatizó el ejercicio de la formación de posgrados, denunció que se favorecieron áreas enfocadas al lucro. Cuestionó que en educación hay muchos posgrados de cuestionable calidad enfocados en fortalecer la mal llamada reforma educativa, es decir la privatización de la educación y que áreas como administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional fueron favorecidas de manera indiscriminada, esto a costa de otras disciplinas: este fue un ataque permanente y fuerte a favor del debilitamiento de los posgrados en ciencias. De acuerdo con la directora de Conacyt el PNPC mostró una centralidad en la productividad académica, desvinculó la investigación científica de la atención de los problemas nacionales y el avance genuino del conocimiento y se convirtió en un objetivo de cuantificación productivista. Dijo que dejó de ser un tema con pertinencia nacional, con relevancia de Estado, para convertirse en un instrumento que desvirtuó lo académico y lo público.

Como ha sucedido con otros instrumentos de la política pública hacia la educación superior, el gobierno de la 4T ha decidido desaparecer el PNPC sin tener un programa que lo sustituya. Mientras, de modo arbitrario, sin reglas claras, públicas y legítimas, el Conacyt continuará distribuyendo las becas de posgrado en las áreas y en los programas que considere prioritarios.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-fin-del-pnpc/

Comparte este contenido:

El impacto educativo de una farsa

Por: Manuel Gil Antón

Tercera llamada, tercera. En el Gran Teatro del Mundo, genial alegoría de Calderón de la Barca, advertimos que la vida social puede ser concebida como la puesta en escena en la que somos actores. De acuerdo con los que saben, en la dramaturgia se clasifican las obras por géneros: hay tragedias y comedias, por ejemplo. Conviene no olvidar otro tipo de representaciones, conocidas como farsas.

Una farsa es (RAE) “una obra dramática desarreglada, chabacana y grotesca”. Otra definición considera que se refiere a “una pieza de teatro de carácter cómico y satírico, en especial aquella que muestra aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos”.

El caso del galimatías alrededor de la figura del fiscal Gertz Manero, suscitado por su reciente e inexplicable incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) luego de muchos años de intentarlo, sin éxito, dado que varias comisiones evaluadoras consideraron que su labor académica no era, ni de lejos, suficiente para ello y, por si fuese poco, el posterior señalamiento, fundado en evidencias, de la falta de originalidad en buena parte de sus obras, cabe, a mi juicio, en la representación de una farsa.

Muchos colegas han tratado el tema desde distintos puntos de vista, y en este escrito me sirvo de la figura teatral no solo para clasificar, de manera análoga, lo que sucede en la realidad con un tipo de representación propia de la dramaturgia, sino para reflexionar sobre el impacto educativo que implica.

Con todas sus limitaciones, el SNI se ha convertido en un sistema que concede el aval de una comunidad experta en un tema, sobre la producción y actividades asociadas al oficio académico que ha desarrollado una persona. El hecho de conferirle al señor Gertz el nombramiento como integrante del Sistema en el nivel más alto, al que solo supera el de Investigador Emérito, es una farsa. Cumple con todas las características: un desarreglo monumental que pasa por alto las consideraciones de las comisiones adecuadas, y por ende deviene en algo chabacano y sobre todo grotesco, que muestra aspectos ridículos.

Hay quien sostiene que es más bien una tragedia, pero, sin desechar su parecer, creo que se desestima la fuerza crítica del pésimo humor involuntario y la participación de todo un elenco. Asociado a la farsa, muestro idioma cuenta con la palabra farsante, que se aplica “a la persona que aparenta lo que no es, o se hace pasar por quien no es”: en otras palabras, finge.

La farsa se ahonda cuando otros actores, siguiendo la trama, tropiezan con la misma piedra: hay debates jurídicos al respecto de lo que se entiende por plagio, su relación con los derechos de autor y su propiedad, y otras aristas; no soy experto en la materia, y no se necesita serlo para, a la luz de los documentos exhibidos, reconocer una falta de ética en la que incurre el fiscal sin duda alguna.

El negar el carácter burlesco a lo que henos vivido tiene consecuencias educativas: el incumplimiento de las normas sólo se aplica a las personas sin poder, o a las que no amenazan con represalias dada la investidura con la que cuentan. En este sainete, queda una cosa clara: la farsa tiene permiso. Si no tuviera impacto, disolvente, en la noción social de una ciencia sujeta a normas, bastaría reír. La risa se congela cuando las instituciones encargadas de asegurar las reglas aceptan su incumplimiento: fingen. Lo sucedido, entonces, no es menor, ni se agota en una anécdota ridícula. Tiene consecuencias, y no pocas ni triviales.

Fuente de la información: http://www.educacionfutura.org

Comparte este contenido:

México: La convocatoria de la Junta de Gobierno

La convocatoria de la Junta de Gobierno

Miguel Casillas

A principios de julio de este año, irá saliendo publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana para elegir rector para el periodo 2021-2024. Por Ley, la Junta tiene las atribuciones para definir las características del proceso. Normalmente hay un periodo de registro, luego otro de presentaciones ante la comunidad y luego hay una deliberación interna para designar la futura rectoría de la UV. Los criterios de participación definidos por la Ley Orgánica son muy amplios, diseñados el siglo pasado.

Artículo 37. Para ser Rector se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento
de su designación;
III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana;
IV. Haberse distinguido en su especialidad; y
V. Poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado, y publicado obra en el área de su especialidad.

En medio de la pandemia y de las políticas sanitarias para su contención, el proceso para renovar la rectoría de la UV estará atravesado además por el periodo vacacional de tres semanas en julio, limitando gravemente las posibilidades de participación de la comunidad.

Más allá de todas las posiciones críticas que sostenemos sobre la insuficiencia y las limitaciones de las juntas de gobierno en las universidades, es necesario asumir que en medio del proceso sucesorio es imposible cambiar las reglas del juego institucional y por tanto debemos ajustarnos a ellas. Sí se pueden cambiar las reglas, pero para ello debemos transformar la Ley Orgánica y mientras eso no suceda la sucesión rectoral en la UV se decidirá en un entorno de normas y procedimientos establecidos por la Junta en su convocatoria. En efecto, la Junta tiene la facultad de diseñar el proceso en cada ocasión.

Después del desastre que fueron los últimos dos procesos en donde privaron los intereses políticos sobre los académicos y donde la Junta fue cómplice de un atropello tras otro, a partir de la autocrítica es posible reconsiderar algunas cuestiones. Por ejemplo, es inadmisible que la Junta vuelva otra vez la espalda a los universitarios y sus notables integrantes supongan que son más sabios que la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad: los integrantes de la Junta se deben a la comunidad y fueron nombrados por el Consejo Universitario bajo un acto de confianza en donde se les encarga una tarea específica, para que la asuman con autonomía de las presiones sociales, económicas o políticas privilegiando el bien de la institución y de su comunidad. En el mismo sentido, es inadmisible que prime la manipulación, o el interés de uno o varios de sus integrantes para el beneficio privado o de grupo, por sobre el sentido colegiado de la decisión. Es inadmisible también que hasta ahora haya predominado la opacidad y la secrecía en los procesos, cuando deberían de ventilarse de modo transparente ante la comunidad. En el contexto actual no sería equívoco que la Junta tratara de recuperar la legitimidad perdida entre la comunidad, por ejemplo, todas las sesiones de la Junta deberían de ser transmitidas en vivo por TV UV y por las redes sociales de la Universidad, sus decisiones y acuerdos deberían ser difundidos ampliamente, y no debería ser descabellado que alguna vez recurriera a la consulta a la comunidad que dice representar.

Además de los criterios establecidos por la Ley Orgánica, la Junta debe establecer exigencias de participación que garanticen que la persona que sea designada para la Rectoría tenga un profundo conocimiento de la Universidad, de sus problemas y retos, de su comunidad y de sus aspiraciones por una educación de excelencia. La Junta debe decidir entre los mejores aspirantes y no puede convertirse en un órgano político que favorezca a un grupo de interés.

El primer criterio es el predominio de los criterios académicos y la valoración meritocrática de los referentes académicos principales: la antigüedad y el reconocimiento en la docencia; la experiencia y la valoración en la producción del conocimiento; la originalidad y la trascendencia en la creación artística. Para esto hay indicadores precisos como la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, los premios y reconocimientos académicos, la pertenencia a asociaciones científicas, la experiencia dirigiendo tesis de todos los niveles, la participación en proyectos culturales y científicos. Es indispensable que el próximo rector sea un líder académico.

Otro referente ineludible es el compromiso con la UV y su comunidad que derivan de su conocimiento, de su involucramiento en su desarrollo reciente, en su contribución efectiva al fortalecimiento de sus funciones, de su dimensión organizacional, de su gobernanza y de su vinculación. Es indispensable que el próximo rector conozca a la Universidad en sus regiones y en sus áreas, que valore la diversidad y se comprometa con la descentralización y el fortalecimiento de la UV en sus regiones.

Es necesario que la Junta garantice un proceso mediante el cual sea designado un rector que conozca a la comunidad y se identifique con sus causas y necesidades, que sea empático con los trabajadores y estudiantes, que comprenda, valore y se comprometa a resolver sus problemas.

La Junta tiene que privilegiar la honestidad y la austeridad y cerrar el paso a quienes lo que pretenden es utilizar a la UV como un patrimonio privado o de grupo, al servicio de unos cuantos y para su beneficio personal.

La Universidad requiere de un nuevo liderazgo capaz de conducir a la Universidad por el rumbo de la excelencia y un nuevo paradigma orientado al fortalecimiento de su proyecto académico.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-convocatoria-de-la-junta-de-gobierno/

 

Comparte este contenido:

Altar de muertos para la ciencia: cancelan estímulos a académicos de universidades particulares pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas 

del Sistema Universitario Jesuita (CEA-MOPE)

Durante la gestión de Juan Carlos Romero Hicks como director del Conacyt, se avaló que este consejo cubriera el 100% del estímulo a los investigadores nacionales de instituciones particulares de educación superior. Este estímulo fue producto de un convenio que se renovaba por mutuo acuerdo con cierta periodicidad, mediante el que las instituciones particulares y el Conacyt pactaban que la institución dedicaría a proyectos de investigación, el equivalente al monto del dinero que la federación otorgaba como estímulo a sus investigadores nacionales. Como un primer antecedente, es preciso mencionar que, al comparar, en términos proporcionales, el gasto que las instituciones particulares comenzaron a realizar en actividades y proyectos de investigación, no necesariamente es equivalente a la proporción de gasto en investigación vs estímulos otorgados a los investigadores en las universidades públicas.

Es importante aclarar que, en ningún momento, las instituciones particulares o cualquier otra instancia mediaba entre la entrega de los estímulos del Conacyt y el investigador. En otras palabras, no había ningún tipo de intermediación. Así también que los investigadores de instituciones particulares que pretenden pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores deben pasar por los mismos procesos de evaluación que cualquier investigador nacional. En este sentido, la institución de adscripción del postulante no es quien realiza la evaluación para otorgar los nombramientos, sino que son pares académicos los que definen el ingreso, la promoción y la permanencia en el sistema.

En este proceso, las instituciones de educación superior particulares han encontrado problemas e impedimentos para la renovación de dichos convenios desde 2019 y, para 2020, de manera sistemática, no han podido renovar los convenios sin que, hasta el día de hoy, haya alguna declaración formal del Conacyt sobre la política de estímulos a los miembros del SNI de instituciones particulares, ni elementos para obstruir la posibilidad de renovar los convenios señalados.

Toda vez que el beneficio del estímulo no tiene ningún tipo de intermediación y que la institución particular no tiene injerencia o beneficio alguno en el proceso de evaluación de los investigadores, la decisión de retirar el estímulo del Conacyt a investigadores de instituciones de educación superior particulares podría ser considerada una afectación directa a los individuos y no a sus instituciones. De tal suerte, este hecho es considerado un acto discriminatorio y autoritario, ya que carece de una explicación o sustento real por parte de la autoridad.

Es importante destacar que el tipo de investigación que se realiza en las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) se caracteriza porque busca “contribuir a transformar las injusticias que impiden el bienestar social y el desarrollo sostenible de México” (Ibero, CDMX, 08 de octubre de 2020). En este sentido, y derivado de su carisma, la investigación que realizan los académicos de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús privilegia, desde hace décadas, los proyectos que atienden y tienen un impacto directo sobre personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Para dar un ejemplo de la afectación, se puede mostrar el número de beneficiarios que han sido vulnerados en dos de las universidades del SUJ.

Nivel Universidad Iberoamericana, CDMX ITESO de Guadalajara
Candidato 33 23
Nivel I 74 38
Nivel II 35 5
Nivel III 8 1
Total 150 67

Algunas consecuencias de estas medidas contra los investigadores de instituciones particulares con reconocimiento SNI inician en la afectación al mérito previamente reconocido y acordado por el propio consejo y sus miembros. Al parecer, lo que sigue a la medida es desconocer la productividad de académicos mexicanos que, por el simple hecho de laborar en instituciones particulares, pierden su estímulo. Otra consecuencia es que, al romperse los convenios entre las instituciones particulares y el Conacyt, las primeras tendrán que redefinir los montos asignados a los investigadores y a las diferentes actividades y proyectos de investigación. Esto significa, en la práctica, dañar en cantidad y calidad la investigación y conocimiento generado en las instituciones particulares.

Además de lo anterior, emergen nuevas interrogantes como las implicaciones para el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), pues uno de los más importantes rubros para la pertenencia al mismo es contar con núcleos académicos en los que la mayor proporción de integrantes forme parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De tal forma, el incentivo que muchos tenían para cumplir, más allá de los requisitos administrativos, con los requisitos académicos, parece perder valor.

Dado que esta medida, además de intempestiva, carece de explicación a los afectados (los académicos que forman parte del SNI y no sus instituciones), sería deseable que las autoridades brindaran fundamentos para generar, a partir de esta decisión, dos tipos de miembros del Sistema Nacional de Investigadores: los de instituciones públicas y los de instituciones particulares, si bien esto contradice el discurso de la Ley general de educación, el de la Ley general de educación propuesta y el del Programa sectorial de educación para el periodo 2020-2024, que han resaltado la trascendencia de la educación particular llevada a cabo, en buena medida, por investigadores nacionales que laboran en este tipo de instituciones.

Invitamos, finalmente, a esclarecer el posible panorama para aquellos académicos miembros del SNI y de instituciones particulares cuyos convenios no han finalizado y también para la comunidad de investigadores pertenecientes al Padrón que se encuentran adscritos a instituciones públicas.

Referencias

Universidad Iberoamericana, CDMX [@IBERO_mx]. (08 de octubre de 2020). La IBERO mantiene su compromiso con la investigación de calidad https://bit.ly/36K9XM7  [Descripción audiovisual]. Twitter. https://twitter.com/IBERO_mx/status/1314298965874049024?s=20

Fuente: http://www.educacionfutura.org/altar-de-muertos-para-la-ciencia-cancelan-estimulos-a-academicos-de-universidades-particulares-pertenecientes-al-sistema-nacional-de-investigadores-sni/

Comparte este contenido:

El Programa de Carrera Docente en UPES 2020: Cambio de rumbo

Por:  Jesús Galaz

El cuatro de febrero pasado la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) expidió los Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES 2020 Fondo Extraordinario U040 (PCD). Con antecedentes desde principios de la década de los 90s del siglo pasado, pero formalmente identificado como tal en 2008, el PCD ha sido el núcleo financiero de los diversos programas institucionales de incentivos dirigidos al personal académico de las UPES (universidades públicas estatales). Luego de comparar estos nuevos lineamientos con los previos, todo indica que se está dando un cambio con implicaciones potencialmente muy importantes para el personal académico mexicano. Por su relevancia, el caso amerita que se le discuta abiertamente y que en el análisis participen no solamente las autoridades del sector y de las instituciones de educación superior involucradas, sino también los actores destinatarios de este programa, que algo sabrán de ello, luego de participar “voluntariamente” en él a lo largo de tres décadas. Así las cosas, con esta nota inicio una reflexión a la que daré seguimiento en entregas posteriores.

Muchos estudiosos consideran que la creación en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), inauguró una nueva época en la forma en que el Estado mexicano financia a la educación superior pública en su conjunto y, en lo particular, a las remuneraciones de su personal académico.

Diseñado el SNI con el propósito de beneficiar al personal dedicado a la actividad científica más que para mejorar la educación superior nacional en su conjunto, no pasó mucho tiempo para que, bajo la consideración de que también los académicos centrados en la docencia merecían un reconocimiento monetario a su trabajo, se generara en 1990 el Programa de Becas al Desempeño. Poco después, en 1992, se creó el Programa de Carrera Docente. Finalmente, en 1994 se fusionaron ambos programas en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y Superior. Años más tarde, en 2008, se formalizó el Fondo Extraordinario U040 con el nombre de Programa de Carrera Docente en UPES, el cual ha estado sujeto desde entonces a una competencia entre las instituciones pertinentes (concursable) y, al mismo tiempo, no puede incorporarse al subsidio ordinario que reciben esas instituciones (no regularizable). Dado que las 35 UPES existentes atienden de una manera muy importante la matrícula de los niveles de técnico superior universitario y licenciatura, el PCD tiene una relevancia difícil de sobre-estimar.

A pesar de que los montos asignados al PCD están lejos de compararse con los dedicados a salarios y prestaciones del personal académico, han sido muy importantes como un componente de la política de evaluación y financiamiento de las instituciones de educación superior públicas y de su personal académico. Más específicamente, el PCD ha representado una alternativa de reconocimiento y remuneración adicional para un grupo de académicos, comparado con los que en tales instituciones forman parte del SNI, potencialmente más amplio.Tal alternativa y sus referencias discursivas a la calidad, competitividad y mérito del trabajo académico han tenido, luego de 30 años, un impacto poderoso en los académicos mexicanos. Junto con otros programas de pago por mérito el PCD ha contribuido a modificar el perfil y trabajo de los académicos mexicanos y, para una proporción considerable de ellos, los programas institucionales de incentivos son ya parte, con todo y sus consecuencias colaterales disfuncionales, de la normalidad de sus condiciones de trabajo.

Como es natural, el PCD no ha permanecido estático, pero desde su creación al amparo del Fondo Extraordinario U040 ha mantenido varias características que, en conjunto, han generado para las UPES, sus académicos y autoridades, una ecología laboral más o menos estable, particularmente a lo largo de las dos últimas décadas. Con los Lineamientos 2020 el horizonte, sin embargo, se ha modificado de una manera importante. En esta entrega abordaré brevemente los objetivos y criterios de asignación planteados en los Lineamientos 2019 y 2020 del programa que nos ocupa.

De acuerdo a los Lineamientos 2019 el objetivo del PCD es el de “distinguir a los PTC que realicen aportes significativos en la mejora de los indicadores de resultados de las UPE y, en consecuencia, el mejoramiento de los procesos para lograr la actualización y la transformación de los planes y programas de estudio de licenciatura y de tutoría para que logren un mayor aprovechamiento” (énfasis nuestro).

Los Lineamientos 2020 del PCD, por su parte, especifican que el objetivo general del programa es el de “transformar la educación superior para alcanzar la excelencia educativa, fomentando a través de la entrega de estímulos económicos un mayor involucramiento de las plantas académicas, una mayor y mejor atención docente, mejores trayectorias escolares y un mayor bienestar de los estudiantes.” Además, establecen que el programa tiene tres objetivos particulares: “promover una mayor dedicación a la docencia en licenciatura de las plantas académicas de profesores de tiempo completo de las UPES(,) mejorar las trayectorias escolares de los estudiantes de licenciatura de las UPES (y) aumentar significativamente la eficiencia terminal de los programas educativos de licenciatura de las UPES” (énfasis nuestro).

Mientras que el título del programa asociado al Fondo Extraordinario U040 ha hecho referencia explícita a la docencia desde su creación en 2008, los Lineamientos 2019 incluyen de una manera significativa otras actividades, particularmente algunas relacionadas con la investigación. Así, tales lineamientos establecen que los profesores de tiempo completo con Perfil Deseable reconocido por el Programa para Desarrollo Profesional Docente deberán, para hacerse acreedores de los estímulos correspondientes, “cumplir al menos cinco de los siguientes diez indicadores:” (1) Participar en posgrados reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; (2) Publicar en revistas indicadas; (3) Ser miembro del SNI o del Sistema Nacional de Creadores de Arte; (4) Ser integrante de un Cuerpo Académico Consolidado o en Consolidación; (5) Participar en programas de licenciatura de calidad de acuerdo a organismos acreditadores; (6) Tener patentes, modelos, prototipos, obras literarias y artísticas, o haber recibido estímulos a la innovación; (7) Impartir clases en un idioma extranjero; (8) Participar en programas educativos acreditados internacionalmente; (9) Haber cursado el programa institucional de formación en el modelo de Responsabilidad Social Universitaria, y (10) participar en acciones internacionales (haber estudiado en el extranjero, estancias o sabáticos en el extranjero, etc.).

Frente a las “consideraciones” anteriores “para la asignación de los recursos a los PTC de las UPE” (Lineamientos 2019), contrastan los tres nuevos “criterios de asignación a los PTC” (Lineamientos 2020): (1) “Dedicación a la labor docente: PTC que imparten al menos 10 hrs/semana/mes en cada periodo lectivo de 2019. (2) Contribución a las trayectorias escolares: PTC que registran en los controles escolares tasas de aprobación históricas iguales o superiores al 70% (promedio de todos los periodos lectivos regulares de julio de 2016 a junio de 2019) y (3) Alcance de la labor docente: PTC que atendieron en cada periodo lectivo regular de 2019 al menos 50 estudiantes.”

Así pues, los objetivos y criterios básicos de asignación de recursos del PCD 2020 han cambiado drásticamente respecto a los del PCD 2019. Mientras en éste se persigue reconocer al personal académico de tiempo completo que coadyuva a mejorar “los indicadores de resultados de las UPE,” los cuales van mucho más allá de los asuntos docentes que estas instituciones atienden, en el PCD  2020 hay una referencia muy específica a varios aspectos centrales de la docencia en el nivel licenciatura. Ya no se trata de “distinguir” a los académicos de tiempo completo que imparten docencia en posgrado de calidad; o aquellos que publican en revistas internacionales de alto impacto; o inclusive a los que forman parte de un cuerpo académico consolidado o, más aún, que son miembros del SNI. En lugar de ello, ahora se habla de una manera muy concreta de académicos que tienen, en el contexto de programas educativos de licenciatura, cierta dedicación mínima a la docencia en términos de tiempo y estudiantes atendidos y que, así mismo,contribuyen a mejorar las trayectorias escolares de sus estudiantes y la eficiencia terminal de sus programas.

El cambio descrito en los objetivos del PCD 2020 respecto a los del 2019 dista mucho de ser menor y tiene fuertes implicaciones. En la siguiente entrega continuaremos nuestra reflexión al respecto.

*Agradezco al Dr. Pedro Flores-Crespo haber llamado mi atención sobre este documento.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-programa-de-carrera-docente-en-upes-2020-cambio-de-rumbo/

Imagen: https://pixabay.com/photos/chalk-color-red-teacher-yellow-1551566/

Comparte este contenido:

Méjico: ¿Qué tanta ciencia y de qué calidad se hace en México?:

Roberto Rodríguez Gómez

UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales

Ahora que parece estar de moda cuestionar los privilegios, prerrogativas e incluso la actividad misma de quienes se dedican a la actividad científica en el país, es de interés ofrecer alguna aproximación a la pregunta que titula esta colaboración. Para ello acudiremos a algunos datos que ilustran los resultados de la producción científica nacional.

En primer lugar, los relativos al Sistema Nacional de Investigadores que, como se sabe, es una fuente hasta ahora legítima de ponderación de quienes se dedican a la investigación en ciencias, humanidades y tecnologías. La cifra más reciente, la de 2018, indica que en México hay un total de 28,633 personas que forman parte de ese sistema. Se distribuyen del siguiente modo: 6,548 en la categoría de candidato, lo que representa poco más de una quinta parte del total (22.9%). Para acceder a esta categoría, que para todos los efectos prácticos es la puerta de entrada al SNI, se necesita cumplir con dos requisitos básicos: contar con grado de doctor y haber publicado, cuando menos, un trabajo en medios académicos reconocidos. Hasta hace poco había un tercer requisito, ser menor de cuarenta años, pero ya lo quitaron.

En el nivel 1 del Sistema participan 15,145 académicos, en donde se agrupa más de la mitad de la membresía total (52.9%). El perfil del este nivel representa a quienes se dedican profesionalmente a la investigación, están adscritos a alguna institución académica y son capaces de producir, en la vigencia trianual de su nombramiento, y demostrar una producción de investigación y formación de recursos humanos sistemática y continua. El segundo nivel del SNI contiene a 4,572 investigadores (16.0%), califican para esa categoría quienes, además de mantener continuidad en su producción académica y docente, pueden demostrar que su trabajo ha tenido un grado importante de repercusión al menos en el ámbito nacional. Por último, al nivel 3, el máximo del sistema, pertenecen solo 2,368 académicos (8.3%), son aquellos que, aparte de los requisitos previos, demuestran que su trabajo es reconocido en el ámbito internacional de su disciplina.

Los estímulos que reciben los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores le cuestan al país 4.8 miles de millones de pesos al año ¿eso es mucho o poco? Depende con qué se compare. La cifra equivale, aproximadamente, al subsidio que otorga la federación a los partidos políticos para sus gastos; es inferior al dinero que se fugó de la “estafa maestra”, o equivale a una octava parte del presupuesto para el programa Jóvenes Construyendo Futuro.

¿Qué tanta ciencia se produce en México? También depende de los indicadores que se utilicen para resolver esta pregunta. Según la publicación “Principales indicadores cienciométricos de la producción científica mexicana 2018”, elaborado por el grupo consultor Scimago, al año más reciente de registro (2017) corresponde la cifra de 23,529 textos científicos publicados por académicos de México en revistas internacionalmente indizadas. Esa cifra es muy inferior a la correspondiente a las potencias económicamente desarrolladas, pero para el promedio regional es adecuada. En América Latina únicamente Brasil supera a México, aunque con el triple de producción. En la región solo estos dos países han conseguido un promedio anual de publicaciones superior a los 20 mil textos por año en el lapso 2013-2017.

Más relevante que el dato absoluto son los indicadores de calidad. Más de una tercera parte (38.2%) de los artículos de investigadores mexicanos se publicó, en 2017, en revistas de primer cuartil (Q1). Las revistas Q1 son aquellas que, en cada una de las disciplinas clasificadas ocupan, por el número de citas recibidas a los artículos que en ellas se publican, el 25% superior de todas las revistas indizadas de su disciplina. Para decirlo coloquialmente, son las revistas “top”. Si se consideran, de manera conjunta, las revistas Q1 y Q2, resulta que los investigadores mexicanos consiguieron colocar en ellas más del 70% de su producción de 2017. Este indicador es importante como expresión de la competitividad internacional de nuestra ciencia.

Ahora bien, la enorme mayoría de las revistas clasificadas Q1 y Q2 se producen en Estados Unidos y en países europeos, las revistas mexicanas en este rango casi que pueden contarse con los dedos, son 14 en total. Ello se traduce, como indica el informe citado, que en revistas científicas mexicanas se publica apenas el 13% de la producción científica relevante, según los estándares internacionalmente reconocidos, de los investigadores nacionales. Sólo 13 por ciento, dato a retener.

También es un indicador de calidad que 2,130 de los artículos de investigadores mexicanos publicados en 2017 se ubican dentro del 10% más citado de su campo, aunque se reconoce que la mayoría de estos artículos calificados de “excelentes” son producidos por colectivos de investigación de carácter internacional. No es un mal indicador, sin embargo, porque expresa la capacidad de colaboración internacional de los científicos del país.

¿Por qué si en México se produce ciencia de buen nivel de calidad, con capacidades de proyección en los circuitos internacionales, el impacto en términos de transferencia tecnológica es escaso? Hay varias razones, pero debilitar el eslabón de producción de conocimientos no es la respuesta.

Autor: Roberto Rodríguez Gómez

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/que-tanta-ciencia-y-de-que-calidad-se-hace-en-mexico/

Comparte este contenido:

El Sistema Nacional de Investigadores, en controversia

02 de agosto de 2017 / Fuente: http://www.excelsior.com.mx/

Por: Carlos Ornelas

El 4 de mayo, el Sistema Nacional de Investigadores envió un mensaje a los investigadores adscritos. Anunció el cambio de plataforma para el registro de actividades académicas en el currículum vitae único (CVU). El tono de la comunicación mostraba orgullo: un desarrollo propio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sustituye a People Soft, un programa de alquiler. El nuevo es un producto de la estrategia de mejora tecnológica del mismo Consejo

El manifiesto declara que el nuevo sistema presenta ventajas: acceso, aplicación, función y diseño. Su estructura es más compacta, “con mayor nivel de detalle y precisión”. Además, se basa en catálogos “que implica un ambiente más amigable”. El Conacyt otorga un año de gracia a los investigadores en activo para que actualicen sus datos.

Unos días después de que llegó el aviso comencé a explorar la nueva plataforma. Eran días de clases y dividía mi tiempo entre los estudiantes y la escritura de un libro. Hice correcciones sencillas en mis datos personales, como introducir mi registro del CURP y poner los años en que me gradué de mis programas de estudio. Pero lo dejé porque las otras tareas reclamaban mi atención (hasta hoy terminaré mis actividades de este trimestre). Me dije, en las vacaciones me daré tiempo de actualizar mis datos.

En esas estaba cuando me llegó una carta de mis colegas del Colegio de la Frontera Norte donde se solidarizan con los compañeros del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quienes protestan por la instauración de la nueva plataforma.

Mis cófrades de CIESAS y el Colef critican con acidez la decisión del Conacyt. Contrario a verle ventajas a la plataforma nueva, le encuentran limitaciones; en lugar de ser amigable, es restrictiva; en vez de motivar a la producción y la creatividad, segrega actividades sustantivas del quehacer científico. Mis colegas afirman que el cambio tiene un efecto “perturbador por la proclividad a la ‘comercialización y monopolización’ de los procesos de evaluación…”.

Esa advertencia me motivó a hurgar un poco más en mis registros del CVU con el propósito de constatar si la crítica que le hacían mis colegas tenía bases. ¡Las tiene! Observé que en la nueva plataforma no se registran muchas de las actividades que ya había incorporado. No puedo poner la labor que realicé como investigador visitante en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en uno de mis años sabáticos —uno de los más productivos de mi carrera—, porque el ILCE no aparece en el catálogo.

Además, tengo que incorporar los ISBN e ISSN de mis publicaciones y checar, una por una, que no les falte algún número. He publicado trabajos en revistas efímeras de escuelas normales o de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, que sirvieron en su momento para dar a conocer avances de mis investigaciones; algunas de ésas tuvieron efectos prácticos en la formación o actualización de docentes.

Me gradué del doctorado en 1980, imparto docencia con regularidad en licenciatura, maestría y doctorado (encargo tareas a mis estudiantes que reviso lo mejor que puedo), superviso el trabajo de mis asesorados y no dejo de publicar, tanto artículos y libros académicos como piezas de divulgación. Me da pavor pensar en la cantidad de horas, días y semanas que me costaría actualizar 37 años de vida profesional. Otros colegas, más productivos que yo, tendrán problemas mayores.

No estoy en contra del progreso. ¡Qué bueno que trabajaremos con una plataforma desarrollada por expertos nacionales! Por lo mismo, se puede mejorar en corto plazo, proveer de apertura para ingresar productos e instituciones y darle valor a la palabra amigable. Tal y como está, la nueva plataforma es hostil a los investigadores de las ciencias sociales y las humanidades.

Además, hacerle como dice el artículo 14 de la Constitución: que no tenga efectos retroactivos. Lo que hemos registrado desde que ingresamos al SNI debe pasar íntegro al nuevo sistema. Y, de aquí en adelante, ajustarnos a las nuevas normas. El reclamo y propuesta que hacen mis colegas es razonable. No quieren desmantelar lo nuevo; hay oportunidades para mejorar.

Conozco a Enrique Cabrero, director general del Conacyt. Contribuí con un capítulo en un libro que él compiló. Me consta que es una persona razonable y de mente abierta. ¡Él escuchará! La ciencia mexicana ya tiene bastantes problemas. No vale la pena adosarle uno nuevo.

Fuente artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/07/26/1177823

Comparte este contenido:
Page 1 of 2
1 2