UniCABA

Conversamos con Dra. Adriana Puiggrós, pedagoga, Diputada Nacional (mandato cumplido) y ex Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, sobre el derecho a la Educación Superior. En esta entrevista analiza las políticas educativas del gobierno de Cambiemos, la formación docente y los intentos de mercantilizar la educación superior.

¿Qué significa pensar a la Educación Superior como derecho?

En principio todo derecho tiene carácter universal, sino no es un derecho. Si lo aplicamos a la educación, nos encontramos con que es un derecho de todos. En segundo lugar, nuestra Constitución Nacional no admite diferencia entre los ciudadanos. Durante la Constituyente de 1994, hubo una discusión muy fuerte sobre el derecho a la educación en relación con la gratuidad y equidad. La bancada oficialista, inspirada en el discurso del Banco Mundial, sostenía que la gratuidad debía ser limitada con la equidad. Si a la noción de derecho le agregamos el adjetivo equitativo, que implica adaptar la norma a circunstancias y necesidades específicas, puede darse que algunos van a tener el derecho y otros no, o que se reconozca como derecho universal a los tres niveles de educación obligatoria y no a la educación superior. Por eso hablar del derecho a la educación, y en particular de la Educación Superior como derecho universal, implica que el acceso debe ser para todos y, por lo tanto, gratuito.

¿Qué tipo de políticas permitirían la concreción de ese derecho?

Una medida muy importante en este sentido fue la modificatoria de la Ley de Educación Superior, aprobada a fines del 2015, ya que tiene puntos que son fundamentales para el derecho a la Educación Superior. En primer lugar, se concibe al conjunto de organismos de educación superior como sistema que incluye y articula a los institutos de formación docente, las universidades, los viejos colegios universitarios y centros de investigación. Destaca el papel principal del Estado y su responsabilidad en este sistema de educación superior. En segundo lugar, establece la gratuidad de la educación superior y el ingreso irrestricto. Aconseja fuertemente que se realicen cursos de nivelación y de orientación vocacional para facilitar la permanencia y acompañar las trayectorias. En tercer lugar, establece que las universidades públicas deben rendir cuentas, no sólo de los fondos presupuestarios, sino del propio producido. Y finalmente establece la prohibición de hacer convenios de mercantilización o comercialización de la educación.

Fotografía: Damián Ferrari

Con el proyecto de la UNICABA se puso discusión qué instituciones deberían ocuparse de la formación docente, ¿qué opina sobre este debate?

Creo que no hay una respuesta fundamental única a eso, depende de cada época, pero hay que considerar que en la Argentina hay formación docente en las universidades, en los institutos, en la Universidad Pedagógica. El tema es cómo orientar la formación docente y el papel del Estado en esta orientación. Para darte un ejemplo, la educación sexual integral tendría que estar en la formación docente de toda institución pública o privada. La formación ciudadana es otro eje ineludible, para que los docentes puedan conocer y reflexionar sobre sus derechos y sobre las normativas que regulan su trabajo. Es importante que se trabaje en hacer un planeamiento de la educación superior con sus diversas instituciones. El INFOD, la SPU, la CONEAU, tendrían que trabajar en conjunto porque son miradas distintas.

Desde la creación del INFOD no ha habido un diálogo fuerte entre la educación superior universitaria y los institutos, ¿qué creé que lo ha obstaculizado?

Eso es histórico, los institutos fueron inicialmente escuelas normales destinadas un sector distinto de la población universitaria, más descalificado, para el trabajo de las mujeres, para las esposas de los militares en la Patagonia, las esposas de los médicos, la solteras y las viudas, las mujeres sin familia a cargo, entonces en el comienzo se pensó que una cosa era el profesional y otra cosa era la sustituta de la madre. En el origen esa era la idea, era distinto ir a una escuela normal que ir a la universidad. Con el correr del tiempo fue cambiando la población, desde hace 20, 30 años quienes van a los institutos en realidad son un sector de clase media, media-baja y les cuesta más llegar a la universidad. Hay una insistencia no consciente sobre esto, aunque no sé si en este gobierno no hay alguno que conscientemente piense: “este es un sector más desvalorizado, que siga siéndolo”, sería perfectamente posible ese tipo de pensamiento en este gobierno, pero a mí no me consta. Lo que sí creo es que hay alguna voluntad social de los universitarios de descalificar mucho a los docentes graduados en institutos de educación superior. Todo sector que tiene algún privilegio, que tiene alguna diferencia de status siempre le conviene que haya otro un poquito inferior porque lo ayuda a construir su identidad y yo creo que hay algo de eso por parte de los universitarios que les ayuda a construir su identidad, lo cual es muy grave porque no hay grandes diferencias entre las 4 años que se cursan en la universidad y los 4 años que se cursan en institutos públicos y privados.

Anteriormente mencionabas al ingreso irrestricto como una de las claves del derecho social a la educación, sin embargo, algunos sectores afirman que el ingreso irrestricto deteriora la calidad de la formación.

La educación secundaria en Argentina es obligatoria desde el 2006, es decir desde la Ley de Educación Nacional, es necesario fortalecer este nivel para que los chicos lleguen mejor preparados a la educación superior. Luego, tiene que haber cursos de orientación y nivelación que acompañe a las trayectorias de los ingresantes. Ahora bien, hay un posicionamiento contra el ingreso irrestricto basado en un criterio económico. El argumento financiero en contra del ingreso irrestricto sólo se sostiene si vos tenés una idea meritocrática, una idea de la educación como gasto. No es cierto que sea carísimo sostener la educación superior para todos los que quieran ingresar. No es cierto si consideras el presupuesto para educación como una inversión y no un gasto. El arancelamiento es una obsesión de los organismos internacionales. He tenido discusiones en el año 2000, siendo presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica, en varias reuniones con el Banco Mundial, insistían en el arancelamiento.

Distintas propuestas del actual gobierno de Cambiemos enfatizan la necesidad de evaluar a la formación docente y la creación de operativos e instituciones de evaluación a nivel nacional y jurisdiccional como mecanismos para contribuir a la mejora de la calidad, ¿qué intencionalidades encuentra en estas propuestas de evaluación?

En primer lugar, todos nosotros evaluamos y hemos sido evaluados. La evaluación forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje en Argentina. Ahora otra cosa son las pruebas estandarizadas. Las evaluaciones estandarizadas en realidad son un gran negocio de la editorial Pearson por ejemplo que es productora de las pruebas PISA y, al mismo tiempo, son un instrumento de trabajo político e ideológico. Considero que no hay que crear ningún instituto de evaluación, ningún órgano de evaluación puesto que Ley establece que la evaluación es una función que cumple el Ministerio de Educación de la Nación. La creación de institutos de evaluación autónomos y autárquicos termina quedando al servicio de las corporaciones como ocurrió en Chile o en Colombia. Hay que resignificar la evaluación y resignificar la idea de calidad.

¿Qué aspectos o que características debería tener una formación docente de calidad?

Yo creo que tiene que haber una formación política de los docentes y cuando digo política me refiero a una formación como ciudadanos, no es una formación partidaria, sino que es una formación política fuerte y tiene que haber también una fuerte formación disciplinaria, me parece que hemos estado muchos años atrapados por la dinámica de grupo, está muy psicologizada la tarea pedagógica. No digo que no haya que trabajar con los docentes en su vínculo con los alumnos, pero yo creo que todo ese aspecto más bien debe ser tratado en la escuela, en el distrito, en reuniones donde los docentes puedan discutir sobre los problemas que tienen. Y en los institutos deben trabajar sobre la base de esos problemas que se presentan. Estoy en contra, a lo mejor por lo que hace este gobierno, de los cursos de sensibilización y toda esa pavada que hacen. Me parece terrible, es una descalificación enorme del trabajo docente. En esa formación ciudadana, la educación sexual integral me parece que es indispensable, me parece que es indispensable una mirada sobre la realidad educativa, de mayor conocimiento de la propia comunidad del docente, habría que pensar cómo debería trabajarse con el barrio del propio instituto, con la comunidad del instituto y con qué otros institutos tendría que vincularse.