Estados Unidos/23 febrero 2017/Fuente: huffingtonpost
Ahora los estudiantes están luchando de regreso.
Los administradores de una escuela de Maryland, Estados Unidos en la que el 93% son blancos pidió hace poco a una maestra de secundaria quitar los posters prodiversidad de los salones porque los percibían como «políticos» y «anti-Trump», un vocero de la escuela le dijo a The Huffington Post.
Los maestros de Westminster High School habían colocado posters que mostraban a mujeres latinas, musulmanas y negras, diseñados por Shepard Fairey, el artista que creó los posters de «Hope» del presidente Barack Obama en 2008. Las mujeres son presentadas en colores patrióticos, con mensajes como «nosotros la gente somos más grandes que el miedo». Los maestros colocaron los posters como una «muestra de diversidad», dijo Carley Gaddis, una vocera de Carroll County Public Schools.
Por lo menos uno de los empleados se quejó de los posters y se les pidió a los maestros «retirarlos porque la administración los percibía como mensajes anti-Trump», dijo Gaddis.
Tras retirar los posters, inicialmente se les permitió a los maestros colocarlos nuevamente. Pero la administración hizo una investigación más profunda en internet y determinó que los posters podrían ser considerados como políticos. La escuela no permite a los maestros colocar posters políticos en los salones de clase » a menos de ser parte de una dinámica y representar ambas partes», dijo Gladdis. (Esta historia fue reportada primero por Carroll County Times).
Cuando el presidente de EU Donald Trump tomó posesión prometió acabar con la inmigración y vetar a los musulmanes de viajar a Estados Unidos, promesas que ya ha intentado llevar a cabo. Su administración está repleta de defensores antiinmigración y su campaña se ganó el apoyo de nacionalistas blancos, que sin convicción alguna trató de negar.
El arte reconoce grupos que podrían sentirse marginados bajo la administración de Trump. Pero «definitivamente NO es anti-Trump en su naturaleza», dijo Aaron Huey, un fotoperiodista cuya organización colabora con Fairey en los posters.
Fairey le djo al HuffPost en un comunicado vía correo electrónico que la idea detrás de la campaña «We the People» es que «la equidad, el respeto y la libertad de religión son valores estadounidenses irrefutables e imparciales». «Me resulta muy perturbador que alguien pueda considerar esas ideas específicamente, y por generalizar, como parciales o problemáticas».
La campaña se diseñó intencionalmente para no hacer referencia a ningún presidente o partido político, según Huey. «Cualquiera que considere que estos mensajes son peligrosos o polarizadores necesitan evaluarse a ellos mismos», dijo.
El sistema de la escuela de Carroll County ha luchado por conseguir a empleados más diversos, según un reporte de la escuela del año pasado, y solo cerca del 4% de los empleados son identificados como minorías. Jim Doolan, presidente del consejo en ese momento, le dijo a Carroll County times en 2016 que cuando entró al sistema escolar a dar clases por primera vez, hace 30 años, recibía invitaciones del Ku Klux Klan en el parabrisas de su coche.
Carroll County también tiene una reputación de ser un lugar donde personas de color no quieren estar después del horario laboral, le dijo el intendente Stephen Guthrie a Times. Los empleados están tratando de cambiar esa percepción.
La misión de Westminster High School incluye predicar «tolerancia y aceptación a la diversidad», dijo Steve Johnson, el superintendente adjunto.
El director está buscando imágenes alternativas que las personas puedan colocar, dijo Johnson. Pero comparó el problema de la controversia a la de la bandera confederada.
«La bandera confederada en sí no tiene ninguna imagen de esclavitud, odio y opresión, pero sí simboliza eso», le dijo Johnson al HuffPost. «Estos posters no tienen ninguna intención de mencionar a Trump o cualquier otro asunto político, es el simbolismo de lo que representa. Fueron estandartes durante las protestas».
Hamial Waince, una estudiante de 17 años de Westminster High y presidenta del club de mujeres de matemáticas y ciencias dijo que como estadounidense-paquistaní y musulmana, ha sido motivo de discriminación en el pueblo. Pero considera que su secundaria es un lugar seguro donde la gente está dispuesta a defenderla.
«Ahora que quitaron los posters, ¿qué le dice eso a los estudiantes?», Waince preguntó. «¿Que es correcto quitar algo que apoya un valor moral que cada uno de los seres humanos debería tener?»
Sara Wach, egresada en 2012 de Westminster High ha iniciado una colecta de fondos por internet para imprimir blusas con las imágenes para que los estudiantes las porten. Una vez que la orden de blusas se concluya, el restante será donado a la fundación Amplifier Foundation, la organización que imprime los posters.
Los estudiantes planean usar estas blusas el 1 de marzo. (Gaddis dijo que permitirán que lo hagan) Hasta el martes, la colecta de Wack había alcanzado US$5,000.
«Yo me pondré la blusa para ir a la escuela para apoyar a aquellos afectados por haber retirado los posters», dijo Delaney McKelvie, estudiante del último año de secundaria. «También espero difundir el mensaje de que promover la diversidad debería ser lo habitual».
Ethan Grandinetti de 17 años, estudiante de Winters Mill High School en el condado de Carroll defendió la decisión de los administradores vía correo electrónico al HuffPost, diciendo que él considera que la comunidad sí acepta la diversidad.
«Se les invita a los estudiantes a pensar libremente y la administración actúa de manera bipartidista para hacer lo que pueden y prevenir que los maestros influencien a los estudiantes con opiniones políticas», escribió Grandinetti. «Si en algún momento están en Maryland, los invito a visitar el condado de Carroll, ya que acogemos a todos con los brazos abiertos», dijo.
El consejo escolar agendó a una reunión sobre los posters, dijo Gaddis.
Madin Mancera, estudiante, dijo que conoce a dos estudiantes, una afroamericana y otra que practica la fe musulmana, que estaban «preocupadas y afectadas porque los maestros tenían que quitar los posters de mujeres parecidas a ellas».
«Quiero que la gente entienda que estas también son personas estadounidenses», dijo Macera, quien ayuda a organizar demostraciones en la escuela. «Son muestra de lo que Estados Unidos es en un todo».
09 febrero 2017/ Autora:Karina Bidase/Fuente:Mujeres en Red
El contenido de este libro es propio del tiempo en que vivimos. Se encuentra inscrito en la genealogía de las luchas de las mujeres y feministas frente a los feminicidios, ejemplificadas aquí por el acontecimiento conocido como «Ni Una Menos».
En ese mapa de los feminismos del Sur, las teorías feministas des y poscoloniales ocupan un lugar destacado, cuestionando las representaciones victimizantes y homogeneizadoras de las mujeres del Tercer Mundo hoy llamado Sur Global, bases de «una retórica salvacionista» que resulta en un proyecto de corte colonizador.
Asimismo, reflexiona acerca de la ética de la responsabilidad feminista ante el problema de la narración de la trama y la memoria. Frente a lo «inenarrable», ¿cómo llegar a escribir una narrativa feminista que sea eficaz simbólicamentede escribir esas pérdidas, que sea capaz de interpelar al mundo?
«Escribo este libro a la luz de las movilizaciones de organizaciones sociales que luchan contra los feminicidios en mi país: Ni Una Menos. Junto con La Casa del Ecnuentro; la Campaña Nacional contra las Violencias a las Mujeres; la Comisión Provincial de la Memoria; la comunidad Siluetazo contra los feminicios y las desapariciones de mujeres (…)
El espesor de este libro es propio de este tiempo. Concentración de cuerpos reclamando justicia por las mujeres asesinadas en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay por el sistema capitalista y patriarcal-racista y en nombre de él. Se encuentra inscripto en la geneaología de las luchas de los movimientos de mujeres y feministas de la región.»
En las escuelas normales sufren «xenofobia» y a veces «no les dan de comer», explica el director de un colegio sudafricano que da apoyo escolar gratuito a niños refugiados.
«Luchemos contra la xenofobia», se lee en los carteles de un aula de Sacred Heart College de Johannesburgo.
«Os damos las gracias por nuestro colegio y nuestros profesores», rezan en coro, con los ojos cerrados y las manos juntas alrededor de 175 niños en uniforme azul marino. Así comienzan su jornada escolar a las tres de la tarde.
Se sientan en las aulas de las que acaban de salir los alumnos habituales.
Durante tres horas los profesores imparten cursos de inglés y matemáticas a estos refugiados de entre 5 y 13 años. Son de la República Democrática del Congo (RDC), de Burundi, de Mozambique, de Zimbabue o de Eritrea.
Sudáfrica es la primera potencia económica del continente, por lo que cada año atrae a migrantes económicos o políticos. Según la página web Africa Check, en el 2015 ocupaba el segundo lugar mundial, después de Alemania, en número de solicitantes de asilo.
«En las escuelas, los pequeños refugiados sufren xenofobia por parte de sus compañeros y profesores; en ocasiones, no les ponen notas, o no les dan de comer», Colin Northmore, profesor.
Esta situación genera tensiones en una nación a la que le cuesta aplicar los ideales de su primer presidente negro Nelson Mandela (1994-1999) debido a la violencia heredada de los tiempos del apartheid.
Xenofobia
En las escuelas, los pequeños refugiados «sufren xenofobia por parte de sus compañeros y profesores», explica el director del centro, Colin Northmore. En ocasiones, «no les ponen notas, o no les dan de comer».
Ellos plasman sus vivencias sobre el papel, a su manera. En el despacho del director hay un dibujo de uno de estos niños en el que se ve a un joven uniformado a punto de tirarse de un trampolín suspendido en el vacío.
Ante la marginación existente, muchos niños de familias inmigrantes renuncian a ir al colegio. Otros no pueden acudir a los centros públicos por falta de documentación y de dinero para comprar los uniformes y los libros, según Colin Northmore.
Para ellos, el Sacred Heart College lanzó en el 2008 «Three2Six» (de 3h a 6h de la tarde), un programa concebido para los refugiados. Los propios profesores están a la espera de documentación, por lo que no pueden ser contratados en el sector público.
Antecedente
En 1976, cuando las barriadas arremetían contra el régimen del apartheid, el colegio se volvió multirracial. Le costó amenazas de la policía, que prendió fuego a la estatua de Jesucristo en la entrada del establecimiento.
«Aquí aprendo todo lo que necesito para salir adelante cuando vaya a un colegio normal», dice Claude, un congoleño de 12 años, con cara aniñada.
Después de tres años de clases en «Three2Six», Claude pasará al sistema educativo nacional, al igual que un cuarto de los alumnos del programa.
Su vida en Sudáfrica es complicada. «Nuestra vida en Congo era bonita, aquí compartimos apartamento con tres familias», describe.
Una oportunidad: Ante la marginación existente, muchos niños de familias inmigrantes renuncian a ir al colegio ahora el programa les ofrece otro panorama. (Foto Prensa Libre: AFP).
Compromiso social
Cada noche, Claude deja su estuche, sus libros y su diccionario de inglés en clase.
«En casa se estropean debido a las condiciones lamentables en las que viven los niños», explica Gilbert Kongolo Kabasele, un profesor congoleño, que también se ve obligado a compartir vivienda con otra familia.
Con «Three2Six», el Sacred Heart College, un establecimiento creado por los maristas en el siglo XIX y frecuentado por varios nietos de Nelson Mandela, recupera su tradición de compromiso social.
En 1976, cuando las barriadas arremetían contra el régimen del apartheid, el colegio se volvió multirracial. Le costó amenazas de la policía, que prendió fuego a la estatua de Jesucristo en la entrada del establecimiento.
«Aquí aprendo todo lo que necesito para salir adelante cuando vaya a un colegio normal», Claude, 12 años.
Con la llegada de la democracia en 1994, la escuela se preguntó: «¿Dónde está la nueva injusticia?, ¿dónde está el nuevo apartheid? Son los niños de los refugiados privados de educación», recuerda Colin Northmore.
Él está convencido de que el «Three2Six», financiado con US$2.9 millones de fondos privados, podría servir de modelo a Europa, un continente confrontado desde hace dos años a la mayor ola de refugiados de su historia desde la Segunda Guerra Mundial.
Por de pronto, de vuelta a Alemania, una antigua voluntaria alemana del Sacred Heart College se inspiró de él para el lanzamiento de un programa de apoyo a los jóvenes sirios.
Estados Unidos/04 febrero 2017/Fuente: Univisión Noticias
Distritos escolares en varias partes del país están derivando a estudiantes inmigrantes en edad de terminar la secundaria a escuelas alternativas o técnicas en donde no reciben instrucción académica ni aprenden a hablar inglés.
Un tribunal de apelaciones de Pennsylvania determinó que un grupo de adolescentes refugiados que llegaron a EEUU desde países en guerra tienen derecho a asistir a una escuela secundaria regular y no a escuelas alternativas para estudiantes con problemas disciplinarios donde ni siquieran están aprendiendo inglés.
Los demandantes son tres varones y tres niñas de entre 17 y 21 años de edad procedentes de Sudán, Somalia, República Democrática del Congo y Birmania, quienes intentaron entrar a una escuela en el distrito escolar de Lancaster (80 millas al oeste de Philadelphia) pero les negaron el ingreso.
Tras mucho insistir fueron enviados a una institución disciplinaria donde estuvieron sometidos a un «ambiente altamente restrictivo y abiertamente agresivo» que no les da el apoyo que necesitan para salir adelante, indica la demanda.
Los jóvenes no son los únicos en el país con el mismo problema. Demandas similares fueron sometidas el año pasado en la ciudad de Utica, estado de Nueva York, y en el condado de Collier, en Florida.
Los afectados en este último estado son dos guatemaltecos y un haitiano, de 17 años de edad, que llegaron a Estados Unidos sin hablar inglés, les negaron acceso a la secundaria y fueron derivados a una escuela técnica para adultos donde no reciben instrucción académica.
En el caso de Pennsylvania, los funcionarios escolares de Lancaster dijeron que dan la bienvenida a los refugiados pero que necesitan flexibilidad para ubicarlos en donde mejor crean.
Afirmaron que los estudiantes de más edad tienen mayor posibilidad de obtener un diploma en la escuela alternativa del distrito, la Phoenix Academy.
Pero según la demanda, en la escuela alternativa los estudiantes son sometidos a registros, no pueden llevar pertenencias -incluyendo libros, papeles, bolsas, alimentos, teléfonos o más de $10 dólares- utilizan camisetas de colores de acuerdo a su conducta, deben confrontar a otros estudiantes con conducta negativa y documentar las confrontaciones, y pueden ser restringidos físicamente.
Phoenix Academy, que es una institución privada, tampoco tiene profesionales que trabajen con estudiantes que hablen inglés como segundo idioma (ESL) ni traductores.
Casos pendientes en cortes migratorias de menores no acompañados y de madres con hijos menores ya no serán prioridad/Univision
Las escuelas públicas de Pennsylvania, por el contrario, están obligadas por ley a educar a estudiantes entre 6 y 21 años de edad en el barrio en donde residen y proveerles apoyo a los estudiantes de ESL, indica la demanda.
De los 11,300 estudiantes del distrito escolar de Lancaster, 1,872 están aprendiendo inglés (16.5%) y 517 son refugiados (4.5%). La mayoría de los estudiantes (60%) son hispanos.
El año pasado un juez federal de distrito le dio la razón a los demandantes y ordenó que los inscribieran en la Secundaria McCaskey, que además tiene un programa específico llamado ‘Escuela Internacional’, diseñado para atender a estudiantes recién llegados a EEUU que no hablan inglés.
El distrito escolar, sin embargo, apeló la decisión al Tercer Circuito de Apelaciones en Philadelphia y el tribunal afirmó esta semana la decisión del distrito y dejó a los jóvenes en libertad de decidir adónde quieren estudiar en lo que se resuelve el caso de manera definitiva en verano.
Un juez del apelativo, Michael Fisher, expresó que los demandantes “ya demostraron una probabilidad razonable de que los programas de Phoenix no son sanos para ellos y de hecho no les ayudan a superar las barreras del lenguaje” como exige la ley federal.
Sin embargo, agregó que el distrito escolar merece la oportunidad de proveerle al tribunal un plan aceptable para lidiar con estos estudiantes.
Durante las audiencias en el circuito otro juez cuestionó qué valor tiene un diploma de la Phoenix Academy si los estudiantes, tal y como testificaron, ni siquiera saben suficiente inglés como para entender los cursos.
“Esta decisión envía un mensaje claro e inequívoco a todas las escuelas públicas de que tienen el deber de proveer servicios de idioma inglés sólido y efectivo», dijo Maura McInerney, abogada de uno de los estudiantes.
«Muchos estudiantes inmigrantes, particularmente quienes llegaron hace poco a EEUU con poca educación previa, tienen necesidades de idioma únicas y significativas que hay que tratar proactivamente. No pueden languidecer en salones de clase en donde no pueden acceder al currículo”, agregó la abogada.
La Unión Americana de Libertades Civiles, que representa a los demandantes, dijo que intentarán expandir el caso y convertirlo en una demanda colectiva que beneficie a todos los estudiantes en situación similar a los de Lancaster.
Por su parte, la superintendente de escuelas de Lancaster, Damaris Rau, dijo estar decepcionada con la decisión.
“Hemos ido mucho más allá de lo que han ido otros lugares para darle la bienvenida a los refugiados…por eso (la decisión) es tan desmoralizadora. Esta demanda realmente no se trata de refugiados, se trata de que los distritos escolares tengan control sobre las decisiones de ubicación” de los estudiantes, agregó.
Siguiendo instrucciones emanadas de las más altas instancias del gobierno, la policía de Filipinas ha matado y ha pagado a otros para que maten a miles de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que podrían ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
La investigación de Amnistía Internacional, “If you are poor you are killed”: Extrajudicial Executions in the Philippines’ “War on Drugs” expone en detalle cómo la policía actúa sistemáticamente contra personas pobres e indefensas en todo el país al tiempo que coloca “pruebas”, contrata a asesinos a sueldo, roba a las personas a las que mata y falsifica informes oficiales sobre los incidentes.
“Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido victimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía.”
Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres.
Instigados por la retórica del presidente Rodrigo Duterte, policías, asesinos a sueldo incluidos en su nómina e individuos armados desconocidos han dado muerte a más de 1.000 personas al mes con el pretexto de una campaña nacional para erradicar las drogas. Desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo, hace siete meses, se han cometido más de 7.000 homicidios relacionados con las drogas, de los que la policía ha matado directamente al menos a 2.500 presuntos autores de delitos relacionados con las drogas.
La investigación de Amnistía Internacional documenta en detalle 33 casos que implicaron el homicidio de 59 personas. El equipo de investigación entrevistó a 110 personas en las tres divisiones geográficas principales de Filipinas, que hablaron en detalle de ejecuciones extrajudiciales en 20 ciudades del archipiélago. La organización también examinó documentos, incluidos informes policiales.
Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios ilegítimos y deliberados cometidos por funcionarios, por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia. Además, violan el derecho a la vida consagrado en la legislación filipina y en el derecho internacional.
Homicidio de personas desarmadas y falsificación de informes policiales
El informe documenta cómo la policía, actuando a partir de listas sin verificar de personas que presuntamente consumen o venden drogas, irrumpió en viviendas y mató a tiros a personas desarmadas, incluidas aquellas que estaban dispuestas a entregarse.
Falsificando sus posteriores informes sobre los incidentes, la policía ha afirmado una y otra vez que habían disparado contra sus agentes previamente. Contradiciendo directamente las afirmaciones de la policía, testigos de los hechos relataron a Amnistía Internacional cómo la policía había realizado allanamientos a altas horas de la noche, no había intentado practicar detenciones y había abierto fuego contra personas desarmadas. En algunos casos, según los testigos, la policía colocó drogas y armas que después presentó como pruebas.
En un caso, en la ciudad de Batangas, la esposa de una víctima refirió cómo la policía mató a su esposo disparándole a quemarropa mientras ella les suplicaba clemencia. Una vez muerto su esposo, la policía la agarró, la sacó a la fuerza a la calle y la golpeó, causándole hematomas.
Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar.
En la ciudad de Cebú, cuando Gener Ondina vio que un numeroso contingente de agentes de policía rodeaba su vivienda, les pidió que le perdonaran la vida y les dijo que estaba dispuesto a entregarse. “La policía siguió golpeando la puerta [y] cuando entró él gritaba: ‘Me entregaré, me entregaré, señor’”, dijo un testigo a Amnistía Internacional.
La policía ordenó a Gener Ondina que se tumbara en el suelo, mientras decía a otra persona que estaba en la habitación que saliera. Los testigos oyeron después disparos. Un testigo recordó que “se lo llevaron como a un cerdo” fuera de la casa y después dejaron su cuerpo cerca de un sumidero antes de cargarlo finalmente en un vehículo.
Los familiares dijeron que, cuando se les permitió entrar de nuevo en la casa, seis horas después de la muerte de Gener, vieron salpicaduras de sangre por todas partes. Faltaban objetos de valor, entre ellos un ordenador portátil, un reloj y dinero, que, según los familiares, la policía no les había reintegrado ni había incluido en el inventario oficial de la escena del crimen.
El padre de Gener, Generoso, sirvió en la fuerza de policía durante 24 años hasta su retiro en 2009. Generoso dijo a Amnistía Internacional que se sentía “avergonzado” por el consumo de drogas de su hijo. También manifestó su apoyo a las medidas contra las drogas del gobierno. “Pero lo que hicieron fue demasiado”, dijo. “¿Por qué matar a alguien que ya se ha entregado?”
Otras personas con las que Amnistía Internacional habló describieron en términos semejantes la deshumanización de sus seres queridos, que fueron asesinados sin piedad y sus cuerpos arrastrados y abandonados.
“El trato que reciben los cadáveres muestra el escaso valor que la policía de Filipinas concede a la vida humana. Cubiertos de sangre, son arrastrados sin cuidado en presencia de sus familiares horrorizados, con la cabeza rozando el suelo antes de ser abandonados a la intemperie”, ha afirmado Tirana Hassan.
“Las personas asesinadas proceden, en proporción abrumadora, de los sectores más pobres de la sociedad, y entre ellas hay menores de edad, uno de los cuales tenía sólo 8 años.”
En los contados casos en que la policía ha actuado contra bandas extranjeras de la metanfetamina, ha demostrado que puede llevar a cabo detenciones sin recurrir a medios letales. El hecho de que se niegue a las personas pobres la misma protección y el mismo respeto ha afianzado la percepción de que se trata de una guerra contra los pobres.
Una economía del asesinato
Los homicidios policiales son impulsados por presiones desde arriba, entre ellas la orden de “neutralizar” a los presuntos delincuentes relacionados con las drogas, además de incentivos económicos que han creado una economía informal de la muerte, detalla el informe.
En conversación con Amnistía Internacional, un agente de policía con rango de funcionario superior de policía 1, que lleva un decenio en la fuerza policial y realiza operaciones como parte de una unidad contra las drogas ilegales en Metro Manila, describió cómo se paga a la policía por “encuentro”, término que se emplea para presentar falsamente las ejecuciones extrajudiciales como operaciones legítimas.
“Siempre se nos paga por encuentros. […] La cantidad oscila entre 8.000 pesos [161 dólares de EE. UU.] y 15.000 pesos [302 dólares]. […] Esa cantidad es por cabeza. De modo que si la operación es contra cuatro personas, son 32.000 pesos (644 dólares). […] Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. […] No hay incentivos por detener. No nos pagan nada.”
El espeluznante incentivo para matar a las personas en vez de detenerlas fue subrayado por el funcionario superior de policía, que agregó: “Nunca se da el caso de que haya un tiroteo y no muera nadie”.
Este experimentado agente policial de primera línea dijo a Amnistía Internacional que algunos policías han establecido un arreglo con funerarias, que les recompensan por cada cadáver que les envían. Algunos testigos dijeron a Amnistía Internacional que los policías también se enriquecen robando en las viviendas de las víctimas, entre otras cosas objetos de valor sentimental.
La policía se comporta como el submundo criminal contra el que supuestamente ha de aplicar la ley, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales disfrazada de asesinos desconocidos y “subcontratando” homicidios.
Más de 4.100 de los homicidios relacionados con las drogas que se cometieron en Filipinas en los últimos seis meses han sido obra de individuos armados desconocidos. “Viajando en tándem”, nombre que recibe localmente este fenómeno, dos personas a bordo de una motocicleta llegan, matan a tiros a sus objetivos y se alejan a gran velocidad.
Dos asesinos a sueldo dijeron a Amnistía Internacional que reciben órdenes de un agente de policía, que les paga 5.000 pesos (100 dólares de EE UU.) por cada consumidor de drogas que matan, y entre 10.000 y 15.000 pesos (200-300 dólares) por cada pequeño vendedor que matan. Antes de que Duterte asumiera el poder, dijeron los asesinos a sueldo, tenían dos “trabajos” al mes. Ahora tienen tres o cuatro a la semana.
Los objetivos proceden a menudo de listas sin verificar de personas sospechosas de consumir o vender drogas confeccionadas por autoridades gubernamentales locales. Sin importar cuánto tiempo hace que una persona pueda haber consumido drogas, ni la cantidad que haya consumido o vendido, su nombre puede ser añadido de forma irrevocable a las listas.
En otros casos, sus nombres ser añadidos arbitrariamente, por venganza o por haber incentivos para matar a un número mayor de personas a las que se considera consumidoras o vendedoras de drogas.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Filipinas es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre de 2016, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo pública una declaración en la que expresó preocupación por los homicidios e indicó que su oficina podría iniciar un examen preliminar sobre posibles crímenes en virtud del Estatuto de Roma.
Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación la posibilidad de que que los homicidios deliberados, generalizados y sistemáticos de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, que parecen planificados y organizados por las autoridades, puedan constituir crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.
“Lo que está ocurriendo en Filipinas es una crisis que debe alarmar al mundo entero. Pedimos al gobierno, del presidente Duterte hacia abajo, que ordene que se ponga fin a todas las ejecuciones extrajudiciales. También pedimos al Departamento de Justicia de Filipinas que investigue y procese a toda persona implicada en estos homicidios, sean cuales sean su rango o posición en la policía o el gobierno”, ha afirmado Tirana Hassan.
“Filipinas debe abandonar la ilegalidad y la violencia letal y reorientar sus políticas sobre drogas hacia un modelo basado en la protección de la salud y los derechos humanos.
“Queremos que las autoridades filipinas aborden esta crisis de derechos humanos por sí solas. Pero si no se toman sin dilación medidas contundentes, la comunidad internacional debe dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que lleve a cabo una investigación preliminar sobre estos homicidios, incluida la implicación de funcionarios de las más altas instancias del gobierno.”
Alrededor de las 18 horas del 1 de febrero de 2017, el gobierno del estado de Michoacán, México, a través de la policía estatal desató una brutal represión en contra de cientos de maestros que se manifestaban pacíficamente en la Ciudad Lázaro Cárdenas, para pedir la liberación del maestro Miguel Benítez Elías quien fue encarcelado injustamente por defender la educación pública y gratuita que pretende ser desmantelada a través de la privatizadora reforma educativa.
En estos momentos la policía estatal ha encarcelado y reprimido a los profesores Félix Morales Campos, Gonzalo Soto y David Rizo y mantiene un cerco en contra del grueso del contingente donde se encuentran maestras, maestros y pobladores de las comunidades aledañas, por lo que se teme por la integridad física e incluso la vida de los que se encuentran sitiados. Por lo anterior solicitamos a los organismos de Derechos Humanos y de la sociedad civil de México, América Latina y del Mundo para que envíen telegramas al Gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo para que cese la represión y la violación a los Derechos Humanos de las maestras, maestros, padres de familia y niños que tienen como único delito defender su derecho a la educación pública y gratuita, la libertad inmediata e incondicional de los maestros detenidos en particular del Profesor Miguel Benítez Elías.
Atentamente
Profesor Miguel Guerra Castillo
Profesor Antonio Castro López
Profesor Alejandro Trujillo González
Secretaria General Colegiada del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Enviar denuncias a: contacto@michoacan.gob.mx
@GobMichoacan
En Malí, la violencia contra las mujeres ha llegado a un nivel jamás pensado. Hoy enterramos a nuestras hermanas, mañana tal vez a nuestras hijas.
Vemos casos de maridos que asesinan a sus mujeres sin recibir castigo alguno. Lo peor es que a veces hay incluso profesionales de la medicina, agentes de policía o jueces que preguntan qué fue lo que hizo la mujer. Como si hubiera algo que pudiera justificar que le arrebaten su vida.
Es imperativo romper el silencio que rodea a este asunto, y debemos ayudar a las mujeres a hacerse oír. Ningún padre o madre debería alentar a su hija a permanecer en una relación violenta y sufrir en silencio. ¿Acaso es mejor su muerte que un divorcio?
La tarea de detener esta injusticia debe comenzar por los hombres. Deben asumir responsabilidades por sus acciones y comprender que no son dueños de las mujeres, ni superiores a ellas.
Hace poco, junto con otras mujeres y hombres jóvenes que creen en la igualdad de género, organicé una marcha popular contra la violencia doméstica en Bamako. Esto derivó en la creación del Colectivo HVC (Halte aux Violences Conjugales), una red nacional de mujeres y hombres que trabajan para prevenir la violencia doméstica.
Cambiar la mentalidad y las conductas de las personas es una tarea que lleva tiempo, pero por algo hay que empezar. Y ese cambio comienza con nosotros.”
Ballo Mariko
* Ballo Mariko tiene 40 años y es padre de dos hijas y un hijo jóvenes. Es miembro de distintas redes de la sociedad civil que promueven los derechos humanos, así como también del colectivo recientemente fundado conocido como Halte aux Violences Conjugales (Paremos la Violencia Doméstica). ONU Mujeres colabora con la organización en sus acciones destinadas a la promoción de los derechos de las mujeres. La labor del Sr. Mariko contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, relativo a la igualdad de género, y a su meta de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
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