Violencia

Más de 25.000 refugiados y solicitantes de asilo se apiñan como pueden en este recinto de poco más de 200 hectáreas de tierra rojiza cedido por el Gobierno de Malawi en 1994. Se trata de una antigua cárcel a 40 kilómetros al norte de Lilongüe, la capital de este país del sudeste de África, pequeño para los estándares del continente, con graves problemas de seguridad alimentaria y a la cola en casi todos los indicadores de desarrollo.

Cada mes, una media de 400 personas que llegan al país en busca de refugio o asilo son dirigidas a Dzaleka. Vienen —o vinieron— huyendo del horror o la persecución desde lugares como República Democrática del Congo, Burundi, Somalia o Ruanda. Pero en ninguno de esos países hay emergencias novedosas o de actualidad que atraigan atención (y fondos). Desde hace más de 20 años, el campo recibe un goteo constante y olvidado que desborda por todas partes, aunque también hay un cierto número de salidas que evita que la cifra total se dispare del todo. Pero hay demasiada gente en un emplazamiento ideado para acoger a menos de la mitad de habitantes. “Antes nos centrábamos en cubrir las necesidades más básicas”, explica Ochieng. “Ahora, ni siquiera llegamos a eso”.

Francine, 23 años, mirada dura y madre soltera de dos niños, lo confirma. “La comida no llega, el centro médico no es adecuado, no tengo ni jabón para lavar la ropa y, con el frío que hace [en la presente época invernal las temperaturas bajan hasta los 8º] no tenemos mantas”. Esta burundesa tiene referencias para comparar. No guarda recuerdos de su país de origen —era un bebé cuando sus padres huyeron a Tanzania— pero sí muchos de otros lugares como este, el tercer campo de refugiados que sirve de escenario a su vida. “En los otros sitios cubrían nuestras necesidades. Aquí la vida es muy difícil y nadie viene a ver cómo estamos”, afirma. Dany, un chico de 16 años de la República Democrática del Congo que destila tristeza, no sabe qué fue de su familia. Calza unas chancletas polvorientas y aprovecha la charla para preguntar cómo podría conseguir unos zapatos. «Para los huérfanos es complicado conseguir cosas», lamenta.

Aunque el esmerado acabado en ladrillo de algunos refugios y el movimiento en los mercados organizados en el campo pudieran sugerir cierta normalidad, realmente solo dicen que hay gente que lleva aquí mucho tiempo. Demasiado. Son casos como el de Raheem, que llegó de Somalia con 16 años y hoy tiene 35. Pero con un simple vistazo a las cifras, la necesidad canta. Hay un pozo de agua para cada 1.000 habitantes, un profesor para cada 80 alumnos de Primaria y un centro médico pensado para 10.000 personas que atiende a más de 60.000, entre los habitantes del campo y los de las poblaciones cercanas. Por ejemplo. Los recién llegados prácticamente no tienen con qué levantarse un techo y Acnur tiene problemas para darles lonas de plástico.

Porque de donde no hay, no se puede sacar, vienen a coincidir las agencias presentes en el lugar. “Esta es una historia casi olvidada, y no conseguimos más apoyo de los donantes”, insiste Mietek Maj, subdirector del Programa Mundial de Alimentos —el encargado de distribuir comida en Dzaleka— en Malawi. De junio a diciembre del año pasado, las raciones —ya limitadas solo a los básicos: maíz, legumbres y aceite vegetal— tuvieron que reducirse a la mitad. Y ahora mismo las reservas solo cubren hasta agosto. Esa falta de fondos se siente en todos los ámbitos. “Los donantes llevan muchos años prestando ayuda aquí. Y hay otras crisis [incluso en el propio Malawi, por cuya frontera sur entran miles de mozambiqueños huyendo de la violencia] lo que hace que ahora mismo no sea tan fácil volver a vender Dzaleka al mundo”, apunta Kelvin S. Sentala, asistente de campo de Acnur, que gestiona el campo junto con el Ejecutivo y coordina la actuación de todas las agencias y organizaciones participantes.

El cuello de botella está claro. La gente no para de llegar, y los que no consiguen ser reasentados en otros países —los Estados que suelen aceptar recibirlos también han dirigido el foco a otros lugares en detrimento de este— tienen que seguir allí. Este año se planea solicitar el reasentamiento de hasta 1.200 personas, pero el éxito de la operación está por ver. El Gobierno malauí, que abre sus puertas a refugiados y solicitantes de asilo pese a sus propias dificultades, circunscribe su hospitalidad a los límites del recinto y no les permite obtener un empleo. De hecho, tienen prohibido salir de la antigua prisión. Y si lo hacen, como los que pagan el pasaje de una furgoneta para acercarse a Lilongüe e intentar ganar algo de dinero, se arriesgan a ser arrestados.

Como, por desgracia, no hay recursos adicionales —y de momento, no se los espera— las agencias y ONG que trabajan en Dzaleka suspiran por una flexibilización de la ley que permita a los habitantes del campo trabajar para obtener recursos por sí mismos. En estos momentos, parece la única forma de aliviar la situación, coinciden Ochieng y Maj. Y también una vía para que los refugiados puedan realizarse y empezar a recuperar una vida que muchos, como Raheem, ya no recuerdan cómo era fuera del campo. «Intento hacer cosas por mí mismo que me den algo de comer», como cargar ladrillos o ayudar en otras tareas, cuenta el somalí, padre de una hija que nació hace dos años aquí. «No puedes estar siempre dependiendo de Acnur o de quien sea». Pero tampoco hay tantas opciones.

Aunque hubo un momento prometedor, por ahora el cambio legal está estancado. El Gobierno ha decidido fundir a reforma de esta normativa con la de las políticas de inmigración (como la recepción y tránsito de migrantes con destino a Sudáfrica) y otros temas en un solo proceso, dejándola por ahora empantanada en el Parlamento. De nuevo, Dzaleka debe esperar su turno.

Y eso que, pese a todas las dificultades, en el campo hay oportunidades para formarse. Es cierto que las escuelas están saturadas. Faltan aulas, material y personal, se quejan los profesores. En primaria hay dos turnos de clases y el absentismo, muchas veces forzado por las circunstancias, es un problema. Pero el trabajo de la organización jesuita JRS culmina con sendos proyectos de formación profesional y una universidad online en colaboración con centros estadounidenses como el de Regis. Aunque solo unas 30 personas acceden cada año a los grados de tres años en educación, negocios o trabajo social.

En esa educación es en la que pone sus esperanzas el joven Dany, que lleva en el campo desde hace casi tres años. Estaba en el colegio cuando estallaron los enfrentamientos y huyó con su tío, al que ha perdido de vista. Nunca más supo qué fue de sus padres ni de sus cinco hermanos. En Dzaleka vive con una familia que le acogió, y la mirada, apagada y triste, solo se le ilumina al hablar de los estudios, pese a que a su edad aún sigue en Primaria por los años perdidos. Le gustan el inglés, las matemáticas y la ciencia. Sonríe al contar que suele ser el primero de la clase y le ilusiona poder construirse un futuro.

«Solo pido quedarme y tratar de sobrevivir a los retos», ruega Francine. Pero para que pueda haber futuro en Dzaleka, antes hay que garantizar el presente. Y eso, de momento, no está nada claro. «Los más vulnerables entre los vulnerables», en palabras de Ochieng, esperan. Y esperan. No queda otra cuando tus gritos de auxilio tienen que ponerse a la cola.

Se han atribuido nombres ficticios a los refugiados entrevistados para proteger su identidad y garantizar su seguridad.

Este reportaje se ha realizado con la colaboración del Comité Español de Acnur (www.eacnur.org).

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/06/20/planeta_futuro/1466377890_424690.html

Imagen: http://ep02.epimg.net/elpais/imagenes/2016/06/20/planeta_futuro/1466377890_424690_1466386619_noticia_fotograma.jpg