Argentina: La pata económica de la violencia de género

Redacción de : pagina12

Muchos hombres no pagan la cuota de alimentos como una forma más de sojuzgar a sus ex.

“Para un hombre es más fácil meterse en una marcha feminista que decirle a un amigo ‘pagá la cuota alimentaria’”. La frase escrita en una pancarta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, da cuenta de una de las violencias de género más viejas y menos visibles: la violencia económica que muchos hombres separados ejercen sobre la ex mujer y también sobre sus propios hijos e hijas.

Johanna Karlen dice que además de criar sola tres hijas lucha hace muchos años en la justicia para lograr una “mísera” cuota alimentaria. “No tengo casa propia, me he mudado infinidad de veces no sólo por eso sino escapando de un violento. Mi ex además de ser un violento pertenece a las fuerzas policiales. Siempre tuve miedo, me costó mucho salir adelante”, dijo a este diario. La vida para ella, como para tantas otras, transcurre llena de deudas, colapsada, haciendo malabares.

“Es terrible lo que pasa, yo cambié como 4 veces de abogado y no logro aun luego de 5 años de lucha que mi ex actualice la cuota, necesitamos ser escuchadxs y que alguien haga algo urgente sobre este tema”, posteó una de sus seguidoras en Instagram.

La situación es vieja, viejísima. El estigma de la madre soltera que pareciera una antigüedad, está más vivo de lo que quisiéramos pensar. La madres que crían solas, no solo tienen el trabajo de la crianza y de garantizar el día a día de la vida sino que tienen que ser el sostén económico y emocional de sus hijas e hijos. “El caso de M mostró que las mujeres que maternan solas terminan siendo culpadas por el sistema como malas madres por no denunciar”, apuntó Urquizo.

Los juzgados tienen una visión patriarcal, a veces hay fiscalías que actúan, pero llegamos a jueces machistas que dicen ‘este hombre tiene que vivir de algo’ y ponen una cuota irrisoria y si la mujer lo logra cobrar es suerte. Es como la lógica de ir con la denuncia a pedir a la comisaria la aplicación de la perimetral “, agregó. “Queremos hablar de que el incumplimiento de las cuotas alimentarias es un tipo de violencia y no tiene justificativo. En general los jueces justifican con crisis económicas, falta de empleo y sabemos que en la mayoría de los casos no es así, sabemos que los tipos se insolventan para no cumplir con el deber alimentario”, dijo Urquizo.

En general estos casos se dan en contexto de violencia. Un tipo de violencia que empieza después de la separación. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), durante el tercer trimestre del año pasado, la violencia económica patrimonial estuvo presente en el 28% de los casos que se denunciaron y registró sus frecuencias más altas en vínculos de pareja, 34%. Por otro lado, desde enero de 2020 al 15 de marzo de este año, la oficina atendió 9.304 casos, y la justicia civil dictó medidas de alimentos provisorios para hijas/os en 775 casos (12% del total de actuaciones con seguimiento-6.355-). “Muchas veces la entrega de dinero para la manutención de los hijos se utiliza como elemento de presión para otras cosas. Se observa repetidamente en los relatos de las victimas que el dinero para mantener a los hijos se da a cambio de mantener relaciones sexuales o de que la mujer haga lo que quiere el agresor”, explicó a Página/12 Analía Monferrer, coordinadora de la OVD.

El derecho alimentario es un derecho del niño, que la mujer suple, complementa o trata a costa de su salud física y mental de suplir lo que no está haciendo su padre y ningún organismo”, dijo Urquizo. Pero tan difícil es que algunos hombres se hagan cargo de esta obligación que casi todas las provincias del país tienen su registro de deudores morosos que imponen restricciones a quienes no paguen su deuda. Pero eso es para quienes llegaron al poder judicial. En general, los acuerdos suelen ser sui generis, de palabra. “Para que haya incumplimiento de la cuota, tiene que haber una fijación de la cuota por una instancia judicial. La que no recibe los alimentos tiene que avisar”, advirtió Monferrer, y resaltó que la violencia económica también puede ser denunciada.

En la Ciudad de Buenos Aires desde 1999 existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley 269. Es el primero creado en Argentina, y después se fueron desarrollando en casi todas las provincias. Los registros buscan coaccionar a los deudores imponiéndoles restricciones. El registro de la ciudad lleva un listado quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme y expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada en forma gratuita.

Las limitaciones que impone son que el deudor: no podrá abrir cuentas corrientes, obtener tarjetas de crédito, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Tampoco podrá sacar o renovar el registro de conducir ni podrán ser provedores de todos los organismos de la Ciudad. No puede calificar para postularse a cargos electivos de la Ciudad o para desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. Además, el Banco de la Ciudad no podrá otorgar o renovar créditos sin pedir el certificado del Registro y en el caso de que el peticionante estuviera anotado, la entidad deberá retener el importe de los alimentos adeudados y depositarlos judicialmente.

Este año el Registro inscribió 29 personas en los dos primeros meses del año 2021. Mientras que emitió 18.375 certificados a pedido de certificados emitidos a pedidos de personas (17.500 ) y de empresas (875 certificados).

Desde su creación hasta febrero de 2021 hubo 6.485 personas inscriptas, 6.429 hombres (99%) y 56 son mujeres. En relación a la profesión u oficio de los inscriptos, las más significativas son: 33% empleado, 26% comerciante, 11% chofer, 6% empresario, 5% Abogado o médico y 4% técnico o contador público.

“Nosotras trabajamos ejerciendo roles de cuidado. Son muy pocas las madres que pueden realmente sostener el cuidado en forma exclusiva y sostener un trabajo rentado de ocho o nueve horas con perspectivas de crecer. Esos son sueños. Todas venimos de sectores medios bajos, sin aportes jubilatorios, sin trabajos rentados, sin poder terminar las carreras profesionales. Somos un grupo vulnerable y necesitamos ser tenidas en cuenta en cualquier política en relación a los derechos de los niños y las mujeres”, reclamó Urquizo. Desde Materfem están organizando un observatorio de violencia económica y se pusieron en contacto con organizaciones chilenas que de cara a la reforma constitucional en ese país están planteando este tema con fuerza para ser incluido en la nueva norma. “En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, explicó Javiera Javiera Fuller, vocerade la organización chilena Juntas por Justicia.

Hace unos días hablábamos en estas páginas acerca de los femicidios y de que el foco, desde hace un tiempo, empieza a apuntar sus luces a una zona hasta no hace mucho oscura, siempre velada, protegida: los varones. Lo decíamos en relación a las violencias de género más extremas. Pero también podemos repetirlo acerca de la violencia económica. Porque las violencias no están organizadas en compartimentos estancos, se potencian y retroalimentan. Y porque para no llegar tarde, hay que empezar antes.

Allende la cordillera

“Ad portas de una nueva Constitución, la primera paritaria en el mundo y fuertemente influida por el movimiento feminista, se está replanteando esta problemática, como derecho fundamental de nuestras niñas y niños, y también como tema que afecta fuertemente a las madres cuidadoras. Son las mujeres que hoy en día tienen la carga de la crianza y educación de los niños, pero también viven con la carga económica, ya que no existe el concepto de corresponsabilidad en la crianza”, explicó Javiera Fuller, vocera de la organización chilena Juntas por Justicia.

El estado de pandemia y la crisis económica a raíz de la covid, “puso en jaque el sistema en Chile y se promulgó una ley en agosto de 2020 que autorizó el retiro del 10% de los fondos previsionales destinados a la subsistencia durante este tiempo de quienes tuvieran fondos y los quisieran retirar. Este retiro se volvió a autorizar en el mes de diciembre de 2020”, explicó en diálogo con Página/12. La ley consagró expresamente que este retiro quedaría paralizado por orden judicial, para aquellos deudores de alimentos, para que con dichos fondos se pagaran las deudas acreditadas por este concepto. “Muchas madres volvieron a tramitar antiguas causas en los tribunales de familia, lo que llevó a poder tener cifras oficiales sobre el incumplimiento de alimentos. En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, comentó.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para Fuller, el problema seguirá siendo que “esto nuevamente quedaría sujeto a la potestad del poder judicial y que si el deudor muestra cierta “apariencia de pago” podría salir de dicho registro. Por lo demás, muchas de las madres afectadas encuentran que es ineficiente, ya que dicho proyecto no contempla a quienes no están en los registros del Estado y que fácilmente será burlado por los deudores, siendo la situación muchísima más precaria en realidad que lo que regula este proyecto de ley”.

Si bien no existe una solución concreta, hoy es un tema que se está tocando en varias artistas, la nueva Constitución, proyectos de ley, políticas públicas e incluso la sanción social. “Hoy contamos con cifras que nos permiten avalar nuestros supuestos y con esos números seguir trabajando para que se le otorgue la importancia que tiene, por nuestra infancia y también por las mujeres que deben maternar solas”, apuntó. Para que una mujer pueda tener un pleno desarrollo en igualdad de condiciones que los hombres, insistió Fuller, “el Estado debe hacerse cargo de dejar de invisibilizarlas, promover la corresponsabilidad y desarrollar políticas públicas que faciliten les faciliten la vida, y sacarlas del centro de la problemática, porque esa situación (en este caso concreto, el cobro) pone a las mujeres en una situación vulnerable frente a su agresor, ya que la violencia económica es un tipo de violencia más”.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/333524-la-pata-economica-de-la-violencia-de-genero

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