“La ONU  considera que los centros de educación especial deben desaparecer. Cuestión que no compartimos”, aseguran fuentes del Ministerio de Educación. “Nosotros somos partidarios de que todos aquellos padres que opten por la inclusión se les garanticen sus derechos, pero creemos que también hay que respetar a aquellos padres que optan por centros de educación especial”.

Existen dos divergencias en estas afirmaciones por parte del Ministerio de Educación que el nuevo informe de la ONU señala taxativamente en sus conclusiones. “El derecho a la educación inclusiva y de calidad es incompatible con el mantenimiento paralelo de dos sistemas educativos, uno general y otro especial”, por una parte. “La Convención no reconoce el derecho a la educación especial”, sentencia el documento. Por la otra: “Los titulares del derecho a la educación inclusiva y de calidad son las personas con discapacidad y no sus padres, madres, u otros familiares”.

“El Comité constata con pesar, que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias continúa estando prevista y vigente en su legislación (Lomloe), aceptada por altos Tribunales, promovida por grupos parlamentarios, parlamentos y autoridades a nivel de comunidades autónomas, colectivos de la sociedad civil, y practicada por las Administraciones educativas incluyendo los consejerías y departamentos de educación en comunidades autónomas, autoridades locales y centros educativos”, afirma el informe en una de sus conclusiones.

Hace unos meses, en diciembre, el Tribunal Supremo daba la razón a Rubén Calleja y a sus progenitores. Después de 14 años de pelea, incluido un dictamen favorable de la ONU en el que se denunciaban las situaciones de discriminación y persecución que esta familia había vivido por reclamar la educación inclusiva que garantiza la Convención, el alto tribunal exigía que la Audiencia Nacional calculase la indemnización que debe recibir este joven de 21 años.

En aquel momento, su abogado, Juan Rodríguez Zapatero, señalaba que “lo más importante es que la sentencia da valor jurídico a un dictamen de la ONU” sobre la educación inclusiva y de calidad. El letrado, uno de los mayores especialistas en la materia, afirmaba que el problema es que España no había establecido ningún mecanismo para que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad llegase al ordenamiento jurídico. Para él es necesaria una ley orgánica que recoja las obligaciones de los poderes públicos en este sentido. “Si firmas un contrato, tienes que cumplirlo”, decía, en referencia a la Convención.

“La ONU vuelve a señalar y a certificar que España está muy lejos de disponer de un sistema educativo inclusivo con las personas con discapacidad”, aseguran desde CERMI. “Y que pese a la ‘condena’ a nuestro país de 2017, por vulneración sistemática de la Convención de la Discapacidad en este aspecto, apenas se ha hecho nada para avanzar con determinación y mostrando logros tangibles. La educación inclusiva sigue siento un asunto pendiente, incluso postergado en la agenda política. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos exigen que se actúe para ponernos en consonancia con los parámetros convencionales. Un paso positivo, previsto en la última reforma educativa de 2020, de adoptar y poner en práctica un Plan estatal de Inclusión Educativa hasta el horizonte de 2030 ha sido olvidado por el Gobierno y por el Ministerio de Educación, que no han hecho nada por su materialización, cuatro años después. CERMI redoblará su presión a este Departamento para que pase a la acción, sin excusas”.

Asimismo, desde Solcom  “creemos que es el momento de unir fuerzas entre todas aquellas asociaciones, instituciones etc. defensoras de la educación inclusiva, para solicitar al Gobierno el cumplimiento inmediato de todo lo demandado por el Comité, y poner corregir las desigualdades y discriminaciones vividas hasta el momento por este alumnado”. Y por eso solicitarán al Ministerio de Educación una reunión para exigir cambios y para “corregir las desigualdades y discriminaciones vividas hasta el momento por este alumnado”.

La educación especial es segregadora

La ONU, en su nuevo informe es tajante al respecto. “La educación inclusiva (…) no es solo un principio general o un estándar de diseño de políticas públicas”. Además, “la obligación de erradicar la discriminación en la legislación (…) no está sujeta a implementación progresiva”, en referencia al mandato de la Lomloe de ir ampliando la escuela inclusiva y reduciendo en su caso la especial en la siguiente década tras la implantación de la ley.

El informe insiste en que, aunque las personas con discapacidad necesiten de “significativos niveles de apoyo individualizado”, estos no deben ser utilizados para “segregarla en una educación especial”. Es decir, aquellas necesidades no pueden “justificar su segregación en escuelas especiales o en unidades específicas en aulas ordinarias”.

El Comité se muestra preocupado por la situación de la educación inclusiva en España, más allá de los esfuerzos legislativos contenidos en la Lomloe, así como en otras iniciativas del Estado. Y lo hace en relación a lo que sucede, principalmente, en algunas comunidades autónomas y señala, sin mencionarlo, al Partido Popular en sus conclusiones para afear su conducta, entre otros temas, por el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley de Educación “alegando que la educación especial segregadora era un modelo educativo compatible con el artículo 27 de la Constitución Española”.

Este organismo de la ONU muestra su preocupación porque “grupos parlamentarios, que forman parte en 2023 de más de la mitad de los Gobiernos autonómicos hayan hecho abogacía por la educación especial” o porque se aprueben leyes autonómicas “que perpetúan la educación especial segregadora” y señala directamente a la Ley Maestra de Madrid.

Aunque señala avances legislativos en lo relativo a la inclusión en la Lomloe, el Comité muestra su preocupación por el hecho de que se mantenga la posibilidad de escolarización en centros especiales y aulas específicas en la educación ordinaria, “basándose en un enfoque biomédico centrado en las necesidades del alumno con discapacidad, y que “se continue considerando que el alumnado con importantes requerimientos de apoyo quede segregado de la educación ordinaria”.

El informe no solo afea la conducta tanto al Ejecutivo central, a los autonómicos así como a algunos partidos políticos con responsabilidades de gobierno. También lo hace con los tribunales. El documento habla de la preocupación que siente el Comité ante la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del derecho a la educación inclusiva como “un principio general del sistema educativo y no como un derecho de las personas con discapacidad”.

También afea al Alto Tribunal el que asegurase en una sentencia que la escolarización en centros especiales era compatible con la Constitución a pesar de que esta, en su artículo 96, establece que los tratados internacionales firmados por España forman parte del ordenamiento jurídico”.

Evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de escolarización

Este es otro de los puntos que señala con preocupación el informe de la ONU. Según la información de la que disponen tanto las evaluaciones como los dictámenes que se derivan de aquellas, “continúen resultando en la exclusión de alumnos” al ser derivados a centros especiales.

Para el Comité, la detección temprana de las necesidades del alumnado no debería justificar su escolarización segregada “bajo el argumento de que dichas necesidades (…) serían mejor atendidas por la educación especial segregadora”.

El informe también muestra su preocupación por que “en diferentes comunidades autónomas la decisión de escolarización en centros especiales está prevista en diferentes barómetros para los alumnos que presentan altas necesidades de apoyo” cuando, en la Convención se establece que el Estado parte debe “adoptar las medidas pertinentes (…) para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 24”.

Plan de Educación Inclusiva

Entre las preocupaciones del informe, el Comité dedica un apartado a la inacción por parte del Ministerio de Educación de cumplir con lo dispuesto en la Lomloe sobre la redacción de un Plan de Educación Inclusiva que en el plazo de 10 años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

En este sentido se apoya en los informes redactados en su momento por el CERMI y que apuntan, en un primer momento, en 2022, a la petición al Gobierno de que se adoptase dicho plan. Un año después, dicha petición se reiteró y, como recoge el Comité de la ONU, en el documento elaborado en 2023 se mostraba la “preocupación por información disponible que indicaba que no se desarrollaría el plan integral, sino que se desarrollarían programas a cargo de las comunidades autónomas”.

“Preocupa al Comité la dilación en la adopción de dicho Plan integral”, asegura el documento, al mismo tiempo que recuerda que dicho plan debe ajustarse a la Convención.

El informe del Comité también habla de otras cuestiones como el aumento de la inversión pública en la creación y escolarización en centros de educación especial, así como en las dificultades que tiene el alumnado con discapacidad para titular en secundaria y continuar estudios más allá de la etapa obligatoria.

O sobre el hecho de que quienes son sujetos del derecho a la educación inclusiva de calidad son las chicas y chicos con discapacidad y no sus madres, padres o familiares, aunque estos tengan una importante responsabilidad en su bienestar.

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