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Más de 100 detenidos en la Universidad de Columbia en la protesta estudiantil a favor de Palestina

Después de que la rectora ordenara la intervención de la policía de Nueva York

Conversación con el candidato presidencial y profesor del Seminario Teológico de la Unión Cornel West.

La rectora de la Universidad de Columbia, Nemat “Minouche” Shafik, pidió el jueves, 18 de abril, a la policía de Nueva York que desalojara por la fuerza a los estudiantes que estaban ocupando uno de los jardines del campus de la universidad, donde habían establecido una acampada a la que denominaron Campamento de Solidaridad con Gaza. El desalojo terminó con más de 100 estudiantes arrestados. Los manifestantes exigían que la universidad, miembro de la elitista Ivy League, retire sus inversiones en empresas e instituciones que se benefician de la ocupación israelí de Palestina, pero Shafik ordenó el allanamiento del campamento un día después de ser interrogada en el Congreso en relación con las protestas a favor de Palestina en curso en el campus. La medida causó indignación entre el estudiantado y entre muchos profesores, que la criticaron calificándolo como un acto de censura y una violación de la libertad académica. El renombrado profesor universitario y candidato presidencial Cornel West, quien también es presidente del Seminario Teológico de la Unión, afiliado a Columbia, se unió a los estudiantes el jueves para mostrar su solidaridad con la protesta. Cornel habló con Democracy Now! y declaró que los manifestantes “representan lo mejor […] del espíritu humano”, y los elogió por “luchar contra la dominación, la ocupación y la subyugación, y hacerlo con tremenda determinación”.

Transcripción

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

 

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. En la ciudad de Nueva York, la policía antidisturbios irrumpió en un campamento de estudiantes que protestaban de forma pacífica en la Universidad de Columbia y arrestó al menos a 108 personas. Minouche Shafik, la rectora de la universidad, pidió a la policía de Nueva York que desmantelara el Campamento de Solidaridad con Gaza situado en el jardín sur del campus, donde estudiantes de Columbia y del Barnard College se habían instalado un día antes para exigir que la administración universitaria deje de invertir en Israel. El jefe de patrulla de la policía, John Chell, dijo que Shafik percibió la manifestación como un “peligro claro y presente”, pero que los agentes constataron que los estudiantes actuaron de manera pacífica y cooperativa. Shafik advirtió que todos los estudiantes que participaran en la acampada serían suspendidos. Al menos tres suspensiones de estudiantes del Barnard College se confirmaron el jueves antes de los arrestos, entre ellas la de Isra Hirsi, hija de la congresista Ilhan Omar.

 

El enfrentamiento del jueves con la policía de Nueva York dio lugar a la mayor cantidad de arrestos en el campus de Columbia desde 1968, cuando la policía detuvo a más de 700 estudiantes que protestaban por los vínculos de la universidad con la Guerra de Vietnam y por sus planes de expansión en el barrio de Harlem para construir un gimnasio.

 

Tras los arrestos del jueves, los estudiantes continuaron congregándose en el campus durante la noche mientras se desarrollaban grandes protestas, que aún continúan. Los estudiantes recibieron mensajes de apoyo de muchos profesores de Columbia y una visita en persona del profesor Cornel West, del Seminario Teológico de la Unión, localizado cerca del campus, quien también es candidato presidencial este año. Democracy Now! habló con el profesor West, luego de que este trepó una reja para visitar a los manifestantes en el campamento.

 

CORNEL WEST: Bueno, a la luz de nuestra postura de profunda solidaridad con nuestros preciados hermanos y hermanas en Palestina, que están sufriendo un genocidio despiadado, que han enfrentado condiciones de apartheid durante tanto tiempo y siguen siendo víctimas de limpieza étnica, queremos que el mundo sepa que su sufrimiento no quedará sin respuesta. Hay resiliencia y hay voluntad de luchar.

 

Y la rectora de Columbia debería avergonzarse de no ser capaz de centrar su atención en un genocidio real que está teniendo lugar ante nuestros propios ojos y, en su lugar, preocuparse por un potencial y posible llamamiento al genocidio de los judíos. Nadie aquí está abogando por el genocidio de los judíos. Nadie está aquí pidiendo su aniquilación. Estamos pidiendo el fin de un genocidio real y el fin de una aniquilación real.

 

Es triste que la Universidad de Columbia pueda enseñar tantos cursos sobre los textos canónicos de la civilización occidental y no sean capaces de escuchar a Diderot o Karl Marx. No son capaces de escuchar a Martin Luther King Jr. No son capaces de escuchar a Muriel Rukeyser. Y más importante aún, no son capaces de escuchar los gritos de nuestros preciados palestinos en Gaza y Cisjordania.

 

Así que siento una profunda solidaridad con estos estudiantes. Representan lo mejor, no solo de Columbia, no solo del imperio estadounidense, sino del espíritu humano, a través de su lucha contra la dominación, la ocupación y la subyugación, que están llevando a cabo con tremenda determinación.

 

AMY GOODMAN: Ese era el candidato presidencial y profesor del Seminario Teológico de la Unión Cornel West, hablando con Democracy Now! en la Universidad de Columbia, en medio de la protesta. Un agradecimiento especial a Hana Elias. La rectora Shafik solicitó la actuación de la policía de Nueva York un día después de testificar en el Congreso de Estados Unidos.

 

Editado y traducido por Igor Moreno Unanua e Iván Hincapié.

 

Fuente: https://www.democracynow.org/es/2024/4/19/columbia

 

Enlace al video con subtítulos en castellano: https://www.democracynow.org/es/2024/4/19/columbia?jwsource=cl

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Costa Rica: Seccional de Jubilados de la UCR informa y denuncia

Comunicado

Denunciamos el acuerdo de una asamblea del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica- SINDEU.

El viernes 12 de abril 2024, una Asamblea integrada por 90 personas, votaron la moción de eliminar la seccional de jubilados del SINDEU.

Los argumentos fueron muy pobres y los términos contra esta seccional, atentan contra la dignidad y la voluntad de lucha de las personas Adultas Mayores, quienes históricamente han demostrado su integridad y nivel político por las luchas de la clase trabajadora, dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica.

Se olvidó en esta Asamblea que, la generación de los y las Personas Adultas Mayores, trabajaron y aún, en nuestra condición de jubilados, seguimos trabajando duramente a favor de la Convención Colectiva y las justas reivindicaciones de las y los trabajadores de la UCR, y que, por dicha, estos sindicalistas con inspiración y con su trabajo, constituyeron y seguimos siendo parte inquebrantable de una generación importante en un sindicato que se define como sindicato de clase.

Preocupados por esta posición, que los jubilados y jubiladas desaprobamos, nos permitimos denunciar la orientación equivocada de la actual dirigencia del SINDEU, quienes se vanaglorian por decisiones que afectan la democracia del SINDEU, Sindicato que, en otrora, se destacó por una orientación y excelentes acciones a favor de la luchas de la clases en nuestro país y la defensa de la Universidad Pública.

La decisión, que la impugnamos todas las personas de la Seccional de jubilados, por razones políticas y discriminatorias, y con mucha preocupación por el retroceso del SINDEU, excluyendo y anulando la seccional como estructura de los Jubilados, es rechazada apelando a criterios jurídicos y políticos.

Es importante señalar, que algunos de los y las presentes, indicaron que ese no era el texto que se votó en el Congreso.

En conclusión, esa decisión afecta Derechos de los Jubilados, la dignidad de las personas que integran la seccional y de manera irracional, afecta la democracia del Sindicato histórico, de nuestra Alma Mater. Pero, además, contraviene los Derechos Humanos, contemplados en los Convenios Internacionales, ratificados por el Estado de Costa Rica.

Ana Cecilia Jiménez Arce.
Ciudadana Costarricense, jubilada de la UCR.

San José, 18 abril. 2024.

Fuente: https://surcosdigital.com/seccional-de-jubilados-de-la-ucr-informa-y-denuncia/

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Educar en y para la democracia: des-educar en la guerra y la barbarie

La guerra es incompatible con la democracia, la justicia social o la libertad. Apoyarla, contribuir a que se cronifique, también. Al igual que la inacción, el silencio cómplice o incluso el apoyo al genocidio en Palestina. Al igual que la existencia y ampliación de la OTAN. Al igual que los llamados a prepararnos para una tercera guerra mundial de dirigentes europeos. Lo mismo que el aumento de presupuestos para la guerra. Lo mismo que las inversiones en armamento y en destrucción cuyo retorno, mediante deuda, será exigido a los pueblos que sufran esas guerras y que establecerán “gobiernos a distancia” de esos pueblos en manos de los países, la banca y los fondos financieros que detentan esas deudas (como se hace en Latinoamérica, África, etc.).

Los discursos bélicos “patrióticos”, narrativas de salvación a través de la guerra y el genocidio, solo contribuyen al auge de los neofascismos. Como estamos viendo en el régimen sionista de Israel (gobernado por ultraderechistas) o en Estados Unidos (poca diferencia real hay entre Bush y Trump) o en la vieja Europa (con cada vez más gobiernos en manos de la extrema derecha o la derecha extrema).

Frente a la deslegitimación permanente de la democracia por parte del neofascismo y la derecha extrema, excepto cuando les sirve a ellos para llegar al poder y seguir controlándolo, debemos dar ejemplo por parte de la comunidad social y educativa, empezando por los centros educativos públicos (ya sabemos que los concertados tienen dueños e ideología “propia”), de una práctica educativa democrática radicalmente coherente. Una pedagogía democrática que se oriente a la formación de ciudadanía crítica que sea capaz de defender la actual democracia representativa existente, pero que también sea capaz de imaginar y avanzar hacia una democracia participativa real.

Por eso, consolidar las débiles democracias que tenemos pasa inexorablemente por exigir a nuestros dirigentes, que han sido elegidos en democracia, que detengan las guerras o los genocidios como el de Palestina o el Congo. Para que las futuras generaciones crean realmente en la democracia esto es hoy un objetivo tan urgente como necesario, que no solo salvará vidas y el inmenso sufrimiento de millones de personas, sino que apuntalarán las democracias existentes y la democracia como valor y derecho fundamental. No hay democracia sin justicia social, sin igualdad y sin paz.

Sin embargo, los dirigentes europeos, en su loca deriva autoritaria, nos anuncian que nos preparemos para una tercera guerra mundial con el epicentro en Europa, como ha declarado la ministra de la guerra española, Margarita Robles. En su loca deriva antidemocrática, frente a las inmensas manifestaciones de sus pueblos, siguen permitiendo e incluso alentando el genocidio en Gaza, haciendo oídos sordos ante el genocidio en el Congo (no vaya a ponerse en peligro la extracción del coltán para nuestros teléfonos), ampliando la OTAN y aumentando la financiación militar con nuestros impuestos, con los impuestos de los pueblos a quienes quieren mandar a matarse entre ellos. ¡Qué vayan sus hijos e hijas! Si quieren la guerra, ¡que sean ellos y ellas quienes se maten entre sí!

Por eso debemos educar en los centros educativos en y para la democracia, desde el compromiso inequívoco de una educación para la paz. Una educación democrática para la paz desde una Pedagogía de la Desobediencia ante el rearme militarista y genocida.

Una pedagogía democrática exige la práctica de la desobediencia civil activa contra un sistema injusto que permite el genocidio (como ha documentado la relatora de la ONU, Francesca Albanese) de más de 32.000 palestinos por un régimen que se sabe impune ante la comunidad internacional, que mata de hambre a la población y justifica el apartheid en Israel por intereses económicos y geoestratégicos. Un sistema que extrae recursos del Congo a costa de otro genocidio silenciado. Que aumenta obscenamente los presupuestos para la guerra mientras una de cada cinco familias no puede pagar la calefacción de su casa en España y el 26,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

No podemos seguir siendo “indiferentes” ni “obedientes” ante un modelo social, económico, ideológico y político que justifica y conduce a la violencia, la desigualdad, la insolidaridad, el saqueo del bien común, el ecocidio del planeta, el odio al indiferente, la intolerancia y el fanatismo. La verdadera munición de este modelo no son solo las balas de goma o el gas lacrimógeno; es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice.

Como dice Howard Zinn la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la “obediencia civil”. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia… Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Éste es nuestro problema.

Debemos convertir los centros en auténticas escuelas de democracia para cuestionar este modelo social tan absurdamente injusto y para construir alternativas pacíficas, justas y en pro del bien común sean una estrategia habitual que corresponsabiliza al alumnado, no solo en la dinámica democrática de los centros, sino en la construcción de otra sociedad e implica a toda la comunidad educativa en la convivencia y la defensa de la paz de forma radical.

En estos días todas las materias, todas las asignaturas, todo el profesorado debería incluir en sus clases, en su temario, las raíces del genocidio palestino, las causas del genocidio en el Congo, la historia del conflicto en Ucrania, las consecuencias del aumento de los presupuestos para la guerra, el cuestionamiento de los llamados de dirigentes europeos a una tercera guerra mundial en suelo europeo… En matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en música, en educación física, en todas y cada una de las materias.

La mejor democracia que se aprende en la escuela pública es la que se vive en ella. Educar en y para la democracia, como una manera de aprender a convivir en igualdad, en paz, en justicia social y en libertad, implica que las propias escuelas sean un ejemplo de democracia y de convivencia. Porque de los jóvenes que hoy se están formando dependerá la democracia del mañana. De su implicación en la resolución de los conflictos y de su compromiso con la paz y la democracia dependerá avanzar y consolidar una democracia fuerte y asentada y la construcción de una sociedad más justa y cuya prioridad sea el bien común.

Como plantean Nichols & Berliner (2007): “Deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados. Se deberían identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.

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Honduras: La violencia, los conflictos por la tierra, la corrupción y la impunidad desafían los derechos humanos

La violencia persistente, incluida la violencia de género, los conflictos por la tierra y la impunidad, son algunos de los desafíos de derechos humanos más graves de Honduras, ha asegurado este viernes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos al presentar su último informe sobre el país.

“Si bien observo una reducción de los homicidios, la violencia y la inseguridad siguen estando profundamente arraigadas y son comunes, afectando particularmente a las mujeres y a las personas LGBTQ+”, dijo Volker Türk.

El año pasado se registraron 380 muertes violentas de mujeres, así como 47 asesinatos de personas LGBTQ+. Mientras siguen faltando protocolos especializados para que las instituciones de justicia penal puedan abordar las altas tasas de violencia contra las mujeres, según el informe.

Para que el Estado pueda asegurar un entorno seguro y libre de crimen organizado, necesita los recursos y políticas necesarios para abordar las enormes desigualdades en el país, los flujos financieros ilícitos, impuestos y corrupción, recomienda Türk.

“También es importante desarrollar una política de seguridad nacional coherente basada en los derechos humanos que incorpore medidas de prevención”, asegura.

El Alto Comisionado se dice preocupado por el incremento de la militarización de la seguridad pública y el sistema penitenciario.

“Por dar un ejemplo, tras el trágico ataque ocurrido en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad, el Gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la policía militar. Desde entonces hemos recibido información de que algunas de las acciones de la policía militar pueden llegar a constituir malos tratos”, indicó Türk.

Además, se mostró especialmente preocupado por el actual estado de emergencia, que ha estado vigente desde hace más de 15 meses, y que otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.

Discriminación de pueblos indígenas y afrodescendientes

En todo Honduras persisten los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y los recursos naturales, siendo los pueblos indígenas, los pueblos afrohondureños y los campesinos los más afectados por la violencia, la apropiación de tierras y los desalojos.

“Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dijo Türk.

Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron el año pasado, con unas 561 personas víctimas de agresión. Al menos 15 personas defensoras de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinadas.

“Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”. agregó.

Por otro lado, Türk saludó la derogación y reforma de Decretos del llamado “Pacto de Impunidad” por parte del Congreso Nacional, así como la voluntad del Gobierno de abordar la corrupción.

La corrupción drena el país

Sin embargo, los altos niveles de corrupción e impunidad continúan agotando los recursos disponibles para el país, así como erosionando la confianza en las instituciones públicas.

“Insto a Honduras a que adopte medidas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, incluidas aquellas para fortalecer el poder judicial, el Ministerio Público y otras instituciones nacionales claves contra la corrupción, y garantizar su independencia”, añadió.

También saludó el nuevo proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la paridad de género: “Esto representa una oportunidad concreta para que Honduras fortalezca el estado de derecho y el acceso a la justicia”.

Al mismo tiempo, dijo que su Oficina continúa instando a realizar progresos en las investigaciones de las graves violaciones cometidas en la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017.

“También doy la bienvenida al histórico proyecto de ley recientemente aprobado que protege los recursos naturales y las áreas protegidas en favor de los derechos de las comunidades afectadas. Esta ley, junto con el decreto ejecutivo para garantizar los derechos ancestrales y de propiedad del pueblo garífuna, son cruciales para avanzar en el disfrute de los derechos de los más vulnerables”, aseguró

https://news.un.org/es/story/2024/03/1528062

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Milei allá y mileicitos acá

El miércoles, Javier Milei anunció en 15 minutos un “decreto por razones de necesidad y urgencia” (DNU) con 366 artículos. Alegó que la rápida derogación de cientos de normas vigentes es la única forma de comenzar a resolver gravísimos problemas económicos y sociales, y se propone lograrla por la vía del DNU, que la Constitución argentina reserva a las situaciones en que “circunstancias excepcionales” hagan “imposible seguir los trámites ordinarios” para que el Congreso trate y vote proyectos.

 

Parece muy poco viable la aprobación parlamentaria de estas medidas, pero no por “circunstancias extraordinarias”, sino porque los diputados y senadores representan a sus votantes.

 

El triunfo de Milei en el balotaje del 19 de noviembre se debió a diversos motivos que merecen un análisis a fondo, pero no parece que entre ellos predomine el mismo tipo de fanatismo doctrinario sobre cuestiones económicas que exhibe el actual presidente, quien destinó dos tercios de los mencionados 15 minutos a una arenga ideológica, con el mismo desdén por las discrepancias e incluso por la realidad que caracterizó su campaña electoral.

 

Es muy improbable que la mayoría de la población comparta con él la convicción de que, apenas para empezar, es preciso agregar a sus actuales penurias una brusca desregulación de las relaciones laborales, la formación de precios, la competencia entre productos nacionales e importados, los alquileres, los servicios de salud y la educación, entre muchísimas otras cosas.

 

Ya comenzaron las movilizaciones de protesta, y los legisladores saben qué consecuencias terribles tendrían estas medidas en la vida cotidiana de la gente. La mayoría de ellos no pueden estar convencidos, como Milei, de que así se abrirá paso a la “reconstrucción de la economía” y la transformación de Argentina en una potencia mundial. Por eso, y con independencia de la muy dudosa constitucionalidad de este DNU, comienza un período de agudas tensiones sociales y políticas, cuyos efectos asusta prever.

 

En Uruguay, los problemas socioeconómicos y el descreimiento en el sistema partidario no tienen la profundidad que propició la victoria electoral de Milei en Argentina, pero al parecer hay quienes piensan que les conviene imitar características de su campaña: en algunos casos, la descalificación insultante de los adversarios; en otros, la sustitución del debate programático por simplificaciones fantasiosas. En esta última línea se inscribe, precozmente, el intento de presentar las próximas elecciones como una opción entre aumentar o no aumentar los impuestos.

 

Nadie con un mínimo de sensatez puede asegurar que, de 2025 a 2030, ninguna coyuntura nacional o internacional justificará o exigirá el incremento de un impuesto. Nadie con un mínimo de información puede negar que en Uruguay persisten profundas desigualdades que requieren políticas públicas potentes. Nadie con un mínimo de seriedad puede sostener que para la aplicación de esas políticas bastará con que el Estado maneje de modo más eficiente sus ingresos actuales. Empezamos mal.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2023/12/milei-alla-y-mileicitos-aca/

 

 

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Entre enero 2018 y septiembre 2023, 492 mujeres han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela

“Venezuela fue examinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por quinta vez y, otra vez, se volvió a cuestionar la independencia de los poderes en el país. Nuestras presas políticas siguen a la orden de los tribunales de justicia, aunque éstos sigan bajo las órdenes del Poder Ejecutivo”.

En este momento hay al menos veintisiete mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela: cuatro por el intento de magnicidio con los drones (2018); tres por el caso “gobernadora de Monagas” (2019); cinco por la “Operación Gedeón” (2020); una por el caso “el estadounidense espía” (2020); una que sirvió en Miraflores (2020); una que milita en la UBCh (2021); tres vinculadas con rehenes estadounidenses (2022); cuatro caficultoras en Lara (2023, ya con medidas cautelares); dos defensoras de derechos humanos en Carabobo (2023); la madre de un militar detenido por el caso de los drones (2023); la asistente de un militante de Voluntad Popular (2023)… Y la jueza que hoy, justo hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, cumple catorce años desde que le arrebataron su libertad por dársela a un detenido.

 

Muchas de ellas están detenidas en pésimas condiciones en sus centros de reclusión. Algunas, mientras transcurren sus procesos penales y otras cumpliendo una condena desproporcionada o que no les pertenece.

 

Mientras tanto, mucho ha pasado este 2023.

 

Venezuela fue examinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por quinta vez y, otra vez, se volvió a cuestionar la independencia de los poderes en el país. Nuestras presas políticas siguen a la orden de los tribunales de justicia, aunque éstos sigan bajo las órdenes del Poder Ejecutivo.

 

“No podemos olvidar que también tenemos mujeres que solo fueron excarceladas, o sea, todavía no son libres”

 

Semanas antes de que el Comité emitiera sus conclusiones y recomendaciones, el informe de la Misión de determinación de los hechos relató las nuevas formas de persecución y ataques al espacio cívico y democrático, de los cuales cualquiera de nosotros podría ser víctima en cualquier momento. Por ejemplo, hace unos días, el fiscal general Tarek William Saab solicitó orden de captura de Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela.

 

No hay que olvidarlo: 492 mujeres han sido detenidas por motivos políticos entre enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con el conteo del Foro Penal. Estas detenciones han ocurrido hasta por manifestaciones pacíficas por las fallas constantes en los servicios básicos.

 

También este año, la Defensoría de las Víctimas de la Corte Penal Internacional dijo: “En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”. Nuestras presas políticas y sus familias son la evidencia de estos crímenes, hoy y siempre. En este contexto, no sorprende la condecoración del fiscal general al fiscal Farik Mora, del caso drones, sancionado por la Unión Europea tras la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos, denunciadas por las mismas víctimas.

 

Este 2023, cómo no, tuvo sus alegrías: en agosto, la presa política Yelut Naspe, detenida desde 2015 bajo la figura de “prisión preventiva”, obtuvo su libertad tras cumplir una condena que jamás debió tocarle. En octubre ocurrió la liberación de cinco presos políticos, entre ellos dos mujeres.

 

Pero la alegría aún no es plena: Emirlendris Benítez sigue esperando atención y tratamiento médico especializado; María Lourdes Afiuni espera que le permitan viajar para recibir los suyos; Aidaliz Guarisma todavía no ha visto a su niña; Ivonne Barrios no ha visto a ningún familiar; a Jennifer Osuna no le permitieron ir al entierro de su padre; María Auxiliadora Delgado Tabosky sigue esperando su libertad para volver a comenzar su tratamiento de fertilidad; Carla Antón todavía se recupera de los tratos crueles y de la paliza que le dieron apenas la detuvieron; Marys Andreina Colmenares y Rita Virginia Pérez siguen imputadas por el delito de asociación para delinquir. Y no podemos olvidar que también tenemos mujeres que solo fueron excarceladas, o sea, todavía no son libres.

 

Ninguna de ellas celebró los golazos de la Vinotinto ni pudo ir al concierto de Jerry Rivera. Ellas no votaron en la elección primaria ni marcharon por el cese de la violencia de la que todavía son víctimas por ser mujeres. Una de ellas soñó con ir a ver el musical Los Miserables en el Teatro Teresa Carreño y acabó cantándose a sí misma “Otro día se va”. Porque eso es justo lo que pasa: la vida se les va, mientras que las negociaciones tienen su propio tiempo.

Fuente: https://lagranaldea.com/2023/12/10/entre-enero-2018-y-septiembre-2023-492-mujeres-han-sido-detenidas-por-motivos-politicos-en-venezuela/

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Nueva crisis político-social en Perú

El Perú vive una nueva crisis político-social, exactamente a un año de la anterior crisis en la que el ex presidente Pedro Castillo Terrones es apresado (por anunciar un golpe de Estado) y asumió el mando del país Dina Boluarte Zegarra. Este 7 de diciembre, a un año de la crisis, el balance es negativo, pero se ahondó aún más con la liberación del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.

Si bien, un grupo minoritario de peruanos ha celebrado la salida de Fujimori, con el despliegue al unísono de los medios de comunicación masivos y los grupos de poder afines al fujimorismo; miles de nacionales vienen manifestándose en contra de esta medida en todo el territorio patrio. Los medios callan mientras que las redes estallan. Así, se evidencian marchas en los departamentos de Arequipa, Puno, Abancay, Chiclayo, Tacna, Lima y otras ciudades, con demandas diversas como al libre tránsito, la libre expresión, derechos humanos, etc. Se vive una tensa calma, ya que los manifestantes se desplazan en medio de tanques militares y cientos de policías que buscan impedir la manifestación de la población… y su indignación.

De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó ayer la decisión del Estado peruano, desconociendo la jurisdicción contenciosa de la CIDH y destacó su alcance: «La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad».

Asimismo, Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta se mostró en contra de la liberación de Fujimori, en una entrevista del medio periodístico La Mula, señalando que no han perdido la humanidad, solo que se debe respetar el debido proceso. A continuación, videos e imágenes de la nueva crisis que enfrenta el país, gracias a la labor en conjunto de la prensa alternativa nacional:

Fuente de la información e imagen: https://www.pressenza.com

Fotografía: Pressenza

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