La corrupción supone un sobrecoste y aumento de la deuda pública ¿Cómo pueden existir los paraísos fiscales si tenemos al FMI, G7 y la OCDE vigilando?

En esta publicación no hay que argumentar el rechazo de lo que el propio capitalismo y sus rectores han creado y consolidado. Los paraísos o cuevas o guaridas fiscales (para señalar de forma más adecuada la ruindad de su objeto), están definidos por su opacidad –en lo que respecta a la ocultación de las personas físicas o jurídicas dueñas de los fondos depositados, y/o su origen, frecuentemente ligados a delitos-, y no pagar impuestos.

Los impuestos son una retracción de los ingresos de las personas para satisfacer los bienes y servicios públicos. El bienestar social, la educación, la sanidad, la previsión social, pero también la mutualización de limitar o hacer frente a riesgos sociales, ambientales o de seguridad, etc., se financian con impuestos. Hay una correlación entre impuestos y estado de bienestar. Porque si bien, los salarios, la negociación colectiva, son los ingresos directos de los trabajadores, los ciudadanos tienen otros ingresos ‘en especie’, los indirectos, que conforman todo un entramado de calidad de vida. Si no hay dinero, impuestos, se deterioran los servicios públicos, se privatizan –pasando al mercado y su distribución depende de la renta individual- o dejan de existir. Además, los impuestos facilitan una inversión colectiva que debe propiciar un desarrollo al país que favorece a todos y a su futuro.

La elusión fiscal de las multinacionales, cumplir la ley pero transferir los beneficios a territorios libres de impuestos, hace que éstas compitan deslealmente desde el plano fiscal con las pymes. Si McDonald’s no paga impuestos, estará en mejor posición para expandirse que una pyme de restauración. Y eso nuestros rectores lo han apoyado. Pero las patronales, dirigidas por esas multinacionales, reclaman menor presión fiscal, pero obvian esa asimetría fiscal y no reclaman que las multinacionales paguen lo mismo que las pymes y así la ciudadanía más cercana, sus clientes, tengan un mayor nivel adquisitivo (salario directo e indirecto).

Hay otras derivadas económicas. El flujo financiero que pasa por la opacidad de los paraísos fiscales, por delitos y elusión fiscal de las multinacionales, vuelve a los circuitos financieros e industriales, por medio de fondos de inversión que practican el capitalismo especulador y de corto plazo que retuercen las relaciones laborales y fomentan la deslocalización.

El volumen que manejan las guaridas fiscales es según la OCDE de 240.000 millones de dólares anuales. Durante muchos años. Ese volumen hace que las arcas públicas de todos los estados se debiliten y disminuya la progresividad fiscal. Por eso, y por la guerra a la baja en los tipos fiscales al capital, cuando no a acuerdos específicos con multinacionales, como se ha visto en el país y periodo del actual presidente de la Comisión europea, Jean Claude Juncker.

La corrupción supone un sobrecoste y aumento de la deuda pública, alrededor de 120.000 millones de euros en la Unión Europea al año en detrimento del bienestar general. Ese hurto está amparado por la impunidad de las guaridas fiscales. Lo mismo se puede decir de otros delitos y negocios ilegales, tráfico de armas y personas, narcotráfico y delitos financieros.

Pero hay un gran volumen que transita por las guaridas financieras generados por empresas de gran prestigio, sean Google, Amazon, Microsoft, Apple, o empresas extractoras en los países en desarrollo o todas las meritorias primeras empresas españolas que cotizan en Bolsa que cuentan con 891 filiales en esas guaridas. No sólo es que haya evasión fiscal delictiva, es que los rectores económicos del FMI, el G7 y la OCDE y los gobiernos que las conforman han mirado a otro lado ante las prácticas de la elusión fiscal de las multinacionales y fraude de sus potentados con la necesaria complicidad del sector financiero. Y hay billones de dólares que no han sido declarados y han dejado de contribuir al bien común durante todos estos años.

Nuestros rectores económicos y legislativos han hecho leyes que facilitan crear empresas opacas impunes y salvaguardan la falta de transparencia financiera, siendo infructuosos los últimos intentos diseñados por la propia OCDE, quizá porque entre sus miembros, los países más ricos del mundo, cuentan con una importante entramado de centros que realizan ingeniería fiscal. Que el Primer ministro británico, ‘pillado’ en los papeles de Panamá, intente distraernos de su responsabilidad con una conferencia internacional contra la corrupción y, al mismo tiempo, no contemple eliminar la opacidad de 17 centros considerados guaridas fiscales, todos de soberanía británica (Jersey, Caimán,…) ni la forma de actuar de la propia City londinense dice casi todo del cinismo de los líderes. El presidente estadounidense Obama, a través del G7 mostró su preocupación por ese ‘fenómeno’, pero no puede mostrarse escandalizado por los papeles de Panamá cuando Estados Unidos rechaza compartir información bancaria, fiscal y financiera; la legislación financiera de Panamá esta plagiada de la del estado de Delaware, que le gana en domiciliación empresarial opaca -en un solo edificio de una planta figuran domiciliadas 285.000 sociedades; y este estado, junto con Dakota del Sur, Nevada y Wyoming son más opacos que los suizos y se disponen a ser anfitriones de las sociedades y potentados asustados de la brecha informativa de Panamá.

Todo esto hace que sea perentorio que la agenda política, sindical o de desarrollo contenga la lucha contra las guaridas fiscales. Desvelar el comportamiento de dirigentes empresariales, financieros, legisladores y gobernantes es fundamental. Movilizar a las Pymes contra sus desleales competidores. Compaginar la acción local, modificando la elección de los fabricantes de los productos que consumimos y cambiando nuestras cuentas bancarias a operadores financieros que no trabajen en guaridas fiscales; variar las condiciones en los concursos públicos locales para rechazar a empresas que tengan filiales o trabajen con guaridas fiscales, como lo acaba de hacer el Ayuntamiento de Barcelona o la región de Aragón, en el Estado español y en la propia negociación colectiva interesándonos por las actuaciones de las empresas donde trabajamos y plantear en nuestras organizaciones la lucha en ámbitos internacionales, reclamando el concurso de las Naciones Unidas.

Lo más rápido y fácil sería no dar personalidad jurídica a las empresas domiciliadas en los territorios de las guaridas, o gravar sustancialmente cualquier movimiento de fondos hacia o desde esos territorios.

Hay fórmulas para eliminarlos y mejorar la base imponible de todos los países. Falta voluntad política y para ello la ciudadanía debe exigir menos distracciones y ser más exigente con empresas, legisladores y políticos.

Fuente: http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5929