La justa demanda de igualdad de género

Por: Carmen R. Ponce Melendez

Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) la igualdad es un imperativo que posibilita el desarrollo integral de la sociedad y la pone en el centro del debate. Concibe la igualdad en varias dimensiones:

La igualdad de derechos y la igualdad de medios; la de capacidades, el reconocimiento recíproco y la igualdad de género, como un punto esencial en el imperativo de la igualdad.

Uno de los muchos obstáculos que conlleva la igualdad de género es la posibilidad de una autonomía económica, en gran medida limitada por la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios.

En México el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcanza 30.1 puntos porcentuales, en sus pares varones apenas es del 7.5. Sin duda un factor de desigualdad.

Pero México no es la excepción, esta situación se repite –con sus variantes- en los demás países latinoamericanos y del Caribe. En general la brecha de ingresos propios en América Latina es de 31.1 versus 11.4, con efectos importantes en las demás brechas de género.

De acuerdo al documento: “EL IMPERATIVO DE LA IGUALDAD. Por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, de Alicia Bárcena y Antonio Prado.

Tanto el enfoque de género como en particular el feminismo contribuyeron al impulso de la autonomía con reconocimiento recíproco y enfatizaron no sólo los procesos de adquisición y desarrollo de aquella sino también las circunstancias de opresión y dominación manifiestas en las relaciones sociales encarnadas en las instituciones y en los vínculos intrafamiliares. El pensamiento feminista articuló indisolublemente las nociones de igualdad y libertad, de distribución y reconocimiento, como principios y objetos del desarrollo; de esta manera, mostró que la igual- dad sólo puede ser ejercida con autonomía, es decir, si las decisiones, las capacidades y el desarrollo personal no dependen de otros.

Además, el feminismo aporta una visión crítica a la noción individualista de autonomía y concibe dicha autonomía en su carácter relacional.

En primer lugar, la igualdad de medios y la igualdad de oportunidades resultan insuficientes desde una perspectiva de género. Una política de igualdad de oportunidades no puede omitir las diferentes condiciones iniciales entre mujeres y hombres en cuanto a socialización, la historia de acumulación masculina del poder, el mantenimiento de la división sexual del trabajo ni los patrones socioculturales discriminatorios.

No es, pues, sólo cuestión de garantizar la igualdad en accesos básicos (por ejemplo, la educación), pues las desigualdades de género están enquistadas en relaciones de poder desde el ámbito de la política hasta el doméstico. Además, las relaciones de género conspiran contra la igualdad a lo largo de todo el ciclo vital y las disparidades por motivo de género están internalizadas en múltiples mecanismos de reproducción cultural; de allí la importancia de plantearse la autonomía con reconocimiento y la igualdad de derechos.

En segundo lugar, las demandas de género plantean la necesidad de revertir desigualdades seculares mediante tratos diferenciales de acción positiva. Paradójicamente, la igualdad requiere fórmulas de desigualdad normativa a fin de eliminar las consecuencias desfavorables que derivan de las diferencias de hecho.

En tercer lugar, la perspectiva de género obliga a reformular el alcance de la ciudadanía en la relación entre lo público y lo privado. La igual- dad de derechos no sólo atañe a la esfera pública o de la sociabilidad extendida, como reza la concepción predominante, pues en el ámbito privado –y sobre todo, en el doméstico– se dan relaciones entre actores cuyo poder es, a las claras, asimétrico en desmedro de las mujeres.

Un aspecto en que la desigual relación de poder entre hombres y mujeres pone en tensión esta dicotomía entre lo público y lo privado es el de la violencia contra las mujeres.

Esta constituye la expresión extrema de la discriminación contra ellas y de su falta de autonomía –no sólo de autonomía física, sino también de la económica y en la toma de decisiones–; por ende, la violencia contra las mujeres no puede analizarse ni enfrentarse de manera aislada, sino vinculada a los factores de desigualdades económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los que tienen su correlato en la desigualdad de recursos en el ámbito privado y en la esfera pública y están en directa relación con la desigual distribución del trabajo, en especial el trabajo doméstico no remunerado.

En las demandas de género se puso de relieve otra dimensión de la desigualdad: la desigualdad en la disponibilidad de tiempo entre hombres y mujeres, lo que, sin duda, redunda en desigualdad para un adecuado desarrollo de medios y capacidades.

En síntesis, en México existe una enorme brecha económica que representa una fuerte carga para las mujeres, pero también para toda la sociedad en su conjunto y que obstaculiza el desarrollo sustentable. Por eso el imperativo de la igualdad.

Fuente: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73322