La “racionalidad” de la economía capitalista en México y América Latina

Por: Ramón César González Ortiz

Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, cada vez más el Estado capitalista se ha dedicado a garantizar de manera directa o indirecta las ganancias privadas, mediante métodos como las concesiones para el capital privado o la nacionalización de las pérdidas. A esto mismo le ha sumado gradualmente técnicas de “planeación” en la economía, que le han servido para “racionalizar” las inversiones de capital.

Pero tal planeación, no ha significado planear en favor de un crecimiento armonioso, ni “en el interese de la nación”, sino en favor de la racionalización de las inversiones de los oligopolios, en defensa de la ganancia privada. Razones por las cuales todo será encaminado hacia una meta central: la protección, defensa y garantía de la ganancia privada en las áreas centrales estratégicas del capital monopolista, para lo cual en algunas ocasiones, los intereses seccionales de otros grupos burgueses también son implacablemente sacrificados en el proceso [1].

Respecto a las concesiones, en días resientes en México el líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes, ha señalado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha entregado de manera masiva e ilegítima semillas de cebada, trigo y girasol a productores que tienen convenios con la cervecera Grupo Modelo, grupo Bimbo y compañías aceiteras. Asimismo, ha dicho que a Bimbo y Modelo, la Sagarpa también le asigno 130 técnicos agrónomos para darles asesoría, siendo que a ambas empresas le sobran recursos para contratarlos.

También se viene indicando que Jorge Armando Narváez, subsecretario de Agricultura, ha sido el responsable de distribuir costales de semillas para sembrar 10 mil hectáreas de cebada en Zacatecas a miles de campesinos, con la condición de que la cosecha completa sea vendida a la cervecera Moctezuma. Practica que también se repitió con las semillas de girasol para las aceiteras y con el trigo para Bimbo. Además, la Sagarpa se asegura asigno 120 técnicos a Corona y 10 más a fundación Produce. De tal manera, las semillas que deberían ser para programas sociales son usadas para subsidiar la producción de empresas que cuentan con miles de millones de ganancias, ocurriendo a costa de millones de campesinos que sobreviven en la miseria [2].

Mientras que por otra parte, la Sagarpa adeuda más de la mitad del presupuesto del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) a los campesinos de nueve estados. Padeciendo el mayor rezago los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Nayarit y Morelos. Debido a que de las más de 500 mil hectáreas programadas, sólo se han entregado recursos para 58 mil en beneficio de 45 mil productores, de un total de 216 mil 311 en dichas entidades, así como en Puebla, Michoacán, estado de México y Tlaxcala [3].

Y dentro del mismo esquema “racional” se circunscriben las “administradoras” de fondos o pensiones, aquí conocidos como Afore. Negocio privado en la que los trabajadores ponen el dinero y el capital se lleva la ganancia, una vez que éste último decide – sin consultar a los dueños de los recursos que son los trabajadores – en que invertir el dinero y el riesgo existente.

Más aun, la “racionalización capitalista” en México, tal como lo anhelara Richard Lansing, ha venido siendo implementada por una “élite” política que abrevando de los principios del capitalismo neoliberal, después de una estadía académica en la metrópoli estadounidense. Hoy ocupan puestos importantes dentro de la administración como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, entre otras secretarias de Estado donde se incluye la de Educación Pública, para convertir a estas en “empresas productivas del Estado”, siendo aleccionados en los Estados Unidos y en nuestro mismo país en instituciones como el ITAM, el CIDE, Colmex, Mora y el Flacso.

Así, las llamadas reformas estructurales emanadas de individuos que fueron aleccionados en dichas instituciones, hoy en día han ayudado a que en nuestro país se de una mayor concentración del ingreso en los sectores empresariales, a la vez que se ha incrementado la precarización laboral. De acuerdo con el INEGI, tan sólo en un año el número de trabajadores ocupados en el sector informal de la economía – aquellos que carecen de los beneficios de la seguridad social – , han aumentado en más de 300 mil personas.

Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) correspondiente al segundo trimestre de éste año indica que, 29 millones 412 mil 185 mexicanos laboran en el sector informal, cifra superior en 312 mil 355 personas que las registradas en el mismo periodo en 2015, la cual fue de 29 millones 99 mil 830 trabajadores informales [4].

Y para que se haya podido concretar tal “racionalidad” en el país, se ha venido recurriendo a nuevos instrumentos policiacos, como el llamado mando único. Éste cuerpo policiaco viene sirviendo para que se pueda continuar con proyectos que benefician al sector privado como los trabajos del acueducto de San Pedro Apatlaco, en el estado de Morelos.

Dicho proyecto forma parte del llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) y se encuentra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la intención de que el acueducto en cuestión lleve agua del rio Cuautla hacia las turbinas de las termoeléctricas. Pero ante la oposición de ejidatarios de comunidades de Ayala, Anenecuilco, Abelardo, Moyotepec, Ahuhueyo y Tenextepango. Comunidades de las cuales, no obstante los ejidatarios de Anenecuilco hayan ganado un amparo, el cual concluye que el vital líquido no puede ser utilizado en las termoeléctricas, debido a que es prioritario su uso humano. El Estado ha recurrido al uso de al menos unos 80 efectivos antimotines, pertenecientes al mando único, para que “resguarden” a la maquinaria y a los trabajadores que continúan con los trabajos para la construcción del acueducto [5].

Más todavía, dentro de tal “racionalidad” también se ha circunscrito a Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con un informe del Barómetro de la Deuda Social, realizado por la Universidad Católica de Argentina (UCA), se ha agravado la pobreza y la indigencia en dicho país. Indicando que en los últimos ocho meses, más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en situación de vulnerabilidad laboral. Siendo que entre 2010 y 2015 se había registrado una mejora en el llamado “empleo decente”, pero hoy en día conforme han avanzado las reformas de Macri, 57% de la población vive con condiciones laborales “problemáticas”, a causa de despidos, suspensiones, cesantías, recortes de horas y de días laborales, así como ante la caída de la producción.

Todo lo cual ocurre al mismo tiempo en el que no se ha logrado avanzar en las pesquisas que investigan a Macri por sus cuentas en paraísos fiscales, derivadas de los Papeles de Panamá sacados a la luz en abril de éste año, ni se logra avanzar en las investigaciones de otros tantos funcionarios gubernamentales ligados también a dichos desvíos que hacen referencia a millones de dólares.

Mientras que en contra parte, se mantiene detenida en Jojoy a Milagro Salas, quien es dirigente social de la organización Tupac Amaru y es diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur). Detenida en enero del año en curso sin pruebas. Además de que las autoridades del penal le han prohibido recibir visitas por supuesta “mala conducta”, al haber exigido mejores condiciones de prisión y protestar por los maltratos hacia otras reclusas [6].

Suerte de desprotección laboral “racional” que también vienen corriendo en los últimos años, los países de la región centroamericana, mismos que se han visto colocado dentro de una promoción del turismo por sus gobernantes. Éstos han promocionado las bellezas naturales y culturales del país hacia el exterior, promoviendo una falsa imagen, espejismo para captar divisas y multiplicar la inversión extranjera. Pero tras el cual se oculta una realidad muy diferente. Una realidad donde la lucha en defensa de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza es criminalizada y reprimida, y los derechos laborales y sindicales son sistemáticamente pisoteados.

En tal dinámica, en 2014 la región recibió 9,6 millones de visitantes, con un aumento del 5,6% –más de medio millón de visitantes– respecto al 2015. Siendo Guatemala el país que tuvo el mayor crecimiento con un (+9,3%), seguido por Belice (+9,2%), Nicaragua (+8,2%) y Panamá (+5,2%). Mientras que Costa Rica continúa atrayendo la mayor cantidad de turistas que llegan a la región centroamericana con más del 26% del mercado, seguido de Panamá con un 18% y Guatemala con otro 15% [7].

Todo lo cual le ha permitido a Centroamérica captar cerca de 10.200 millones de dólares en divisas por turismo, con un crecimiento del 9,2% respecto al 2013. Liderando la lista Panamá, Costa Rica y Guatemala, países con mayor captación de divisa, mientras que El Salvador destaca por el alto crecimiento logrado en tan sólo un año (+32,4%).

En tal contexto, de acuerdo con el director del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Emilio Silvestri, Honduras tiene muy claros sus objetivos para este 2016, entre los que destacan el impulsar nuevos proyectos de promoción turística para incrementar la llegada de visitantes al país, posicionando a Honduras como uno de los mejores destinos turísticos del área centroamericana.

Además, de acuerdo con el último informe oficial del IHT, durante el año 2014 Honduras recibió un poco más de 2 millones de visitantes, con un crecimiento del 12,1% respecto al 2013. Aumentando el ingreso de divisas por turismo en casi 15%, alcanzando los 710,4 millones de dólares, lo que representó un 7,8% del total de las exportaciones de bienes y servicios. De manera que el turismo se posicionó como la cuarta fuente de ingresos de divisas después de las remesas familiares, la maquila y la exportación del café. Las actividades relacionadas con este sector aportaron el 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) [8].

A estos datos se le pueden sumar los de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), los cuales estiman que en 2014 el número de personas empleadas en actividades de turismo fueron unas 210 mil (52% mujeres), el 58,4% de las cuales en restaurantes y similares y el 27% en transporte de pasajeros. Siendo la actividad que registró mayor crecimiento en el número de personas empleadas la de hoteles y similares. Captando Honduras el 9,1% de los turistas extranjeros que visitaron la región centroamericana y ocupó el quinto lugar en captación de divisa (6,8% del total).

Sin embargo, los promotores de tal auge turístico no hablan sobre el uso que se está haciendo de los contratos temporales por horas o media jornada. Ni de que los gerentes de los hoteles nunca definen las horas exactas que un trabajador “eventual” va a trabajar, ni cuánto le van a pagar o cómo se maneja el tema de las propinas. Dándoles al final siempre lo que quieren.

En general los trabajadores eventuales son camareros o ayudantes de cocina, a los cuales se les contrata cuando en los hoteles se desarrollan eventos de cierta magnitud y se necesita de más personal. Hay hoteles donde se llegan a contratar a unos 120 o 130 trabajadores bajo esta modalidad. Además de que hay muchos lugares donde el trabajador “eventual” es contratado para suplir al permanente. No cuentan con derecho a ningún tipo de prestación social y hay niveles bastante elevados de explotación laboral.

Siendo que en la inmensa mayoría de hoteles no existe organización sindical, lo cual favorece la explotación laboral. De forma que en la mayoría de los países donde se viene impulsando el turismo no hay protección social para las y los trabajadores. Existe en Honduras una Ley de Empleo por Hora que genera nuevas plazas, particularmente en el sector servicios y turismo, pero de lo que realmente se trata es de trabajo precario que deja al trabajador desprotegido. De manera tal que hay mujeres que entran a laborar desde las 8 de la mañana y salen hasta las 7 de la noche porque tienen que terminar de arreglar una cantidad exagerada de habitaciones. Existiendo una excesiva carga de trabajo y muy poco personal. Ante los cual las trabajadoras se frustran y se van, y las que se quedan porque no pueden perder el empleo muchas se enferman física y psicológicamente [9].

A la par de que esto ocurre en el sector turístico, en países como Costa Rica durante las últimas décadas, se ha venido impulsando un modelo agroindustrial basado en la expansión de monocultivos a gran escala, intensificado de forma alarmante la presión sobre recursos como la tierra, el agua y la fuerza de trabajo.

En Costa Rica la superficie sembrada de cultivos permanentes es de 558 mil hectáreas, de las cuales 354 mil corresponden a los principales cultivos, en los que destacan el café con el 23,8 por ciento, seguido por la palma aceitera 18,8 por ciento, la caña de azúcar 18,4 por ciento, el banano 14,6 por ciento y la piña con el 10,6 por ciento, según ha indicado el VI Censo Nacional Agropecuario (2015) de ese país.

Pero según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) de ese país, el área sembrada de piña se triplicó entre 2000 y 2014, hasta tener en la actualidad una extensión un poco inferior a las 40 mil hectáreas. Y durante el mismo período, el valor de las exportaciones de la fruta se incrementó en un 715 por ciento, pasando de 121 millones de dólares en el año 2000 hasta 865 millones en 2014.

Siendo que el sector se encuentra en manos de unos 550 productores y el 91 por ciento del área total sembrada se concentra en 108 fincas con más de 100 hectáreas. De las cuales las 1.120 restantes tienen extensiones menores. Generando la producción de piña unos 28 mil empleos directos [10].

Pero ante tal auge, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) de Costa Rica, siempre ha minimizado el impacto negativo de la expansión de la piña sobre el medio ambiente y el ser humano. No obstante que, organizaciones sociales y sindicales aseguran que la producción de piña va de la mano con la pérdida de derechos laborales y la contaminación ambiental.

Según indica Maikol Hernández, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre (SINTRACOBAL) y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAG). En los últimos años, las grandes transnacionales productoras y comercializadoras han acaparado en Costa Rica tierra y cuotas de exportación, a expensas de cientos de productores independientes que se han visto obligados ha salir del mercado.

Concentrándose el grueso de la producción en el norte del país, en la zona fronteriza con Nicaragua, donde el 90 por ciento de la mano de obra es migrante y la presencia de mujeres es muy elevada. Destacando el hecho de que ya en Costa Rica el sector agrícola es donde se pagan los peores salarios y las condiciones en que viven y trabajan las personas migrantes han generado grandes anillos de pobreza alrededor de las plantaciones de piña.

Asimismo, las y los trabajadores están expuestos a una serie infinita de violaciones de sus derechos, más aún si se trata de mujeres. Bajos salarios, jornadas extenuantes de más de 8 horas, contratos laborales temporales, muchas veces sin reconocimiento de derechos como vacaciones, seguridad social, seguro de riesgos del trabajo, aguinaldo, maternidad. A lo cual se le suman casos de maltrato por jefes y administradores, persecución laboral a quienes reclaman derechos, acoso sexual e irrespeto a los derechos de la mujer trabajadora.

De manera que mientras por un lado las grandes transnacionales hacen sus inversiones y obtienen grandes ganancias, por la otra parte los trabajadores no llegan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas. Debido a contrataciones temporales que generan una rotación constante en las fincas. Estrategia implementada por las empresas que les permite obviar el pago de cualquier tipo de prestación social y les facilita la creación de “listas negras”. Si un trabajador intentó afiliarse o conformar un sindicato ya nadie lo va a contratar.

Hechos a los cuales se les suman acciones como el llamado comercio justo, utilizado por las transnacionales como elemento para reforzar falsos mecanismos de organización de los trabajadores, vendiéndoles la idea que de esta manera mejorará la situación de la finca y sus condiciones de trabajo. Pero que en realidad se trata de herramientas patronales para contrarrestar la sindicalización. Las empresas despiden, chantajean, ofrecen dinero y gozan de un apoyo mediático importante para garantizar el control absoluto en sus fincas. De suerte que en toda Costa Rica aún no existe una sola convención colectiva que regule las relaciones laborales y las condiciones de empleo en el sector de la piña [11].

Y a los cual se le agregan fuertes impactos ambientales adversos, tanto por el uso masivo de agrotóxicos para el control de plagas, como por la destrucción de bosques. Debido a que las plantaciones de piña necesitan luz brillante o pleno sol. Más toda vía, hay comunidades de la región de Siquirres, Limón, cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas al cultivo de piña. Unas 30 mil personas desde hace años reciben agua por medio de cisternas, porque el uso excesivo y descontrolado de agrotóxicos han contaminado manantiales y aguas subterráneas. Así, la expansión desmedida de la producción de piña ha venido ocasionando daños al suelo, deforestación, matanza de especies, desvío de ríos y riachuelos [12].

A tal racionalidad capitalista no ha escapado Brasil, país que a cuatro meses de la destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff y bajo el gobierno de Temer se han acentuado las recetas de las grandes empresas transnacionales. Que al igual que en los países ya indicados, consisten en acelerar la explotación de los recursos naturales, especialmente los energéticos, y reducir al máximo los derechos de los trabajadores. Y dentro de tal “racionalidad” que apela a la reducción de los precios de las materias primas y el ‘coste’ de los derechos laborales y sociales, el capital espera recuperar el equilibrio ante la caída de la tasa de ganancia. No importando que esto implique la acentuación de la crisis ambiental y social.

Así en el tema de la agricultura familiar, al igual que en otros ministerios dedicados a asuntos sociales, el Ministerio de Desarrollo Agrario fue eliminado. Transfiriendo las políticas que se desarrollaban en ese ministerio al Ministerio de Desarrollo Social y agrario o distribuidas en otras carteras ministeriales, como el Gabinete de Presidencia. De forma que desaparecido el Ministerio de Desarrollo Agrario, la agricultura familiar también fue excluida de la Cámara de Comercio Exterior, retirando ese sector de cualquier negociación internacional que pudiera promover o perjudicar a los pequeños agricultores [13].

Afectando la eliminación y la reorganización del Ministerio directamente a la agricultura familiar ante la retirada de 160 millones de reales de los recursos del Programa de Adquisición de Alimentos, que adquiría productos de los pequeños agricultores para escuelas, guarderías, asistencia social, etc. Por lo que con tal media fueron excluidos 40 mil agricultores y 2 mil cooperativas. A lo cual se le suma que el gobierno golpista de Temer, también revocó el llamamiento público para la selección de entidades prestadoras de servicios para la asistencia técnica, dejando desasistidas 188 mil familias de agricultores.

Mientras que respecto a la vivienda, la primera media del ministro de Ciudades, Bruno Araújo, fue abandonar la meta del gobierno Dilma de contratar dos millones de viviendas para el programa Minha Casa Minha Vida para los dos próximos años. Decisión con la cual, el gobierno perjudica a 6,1 millones de personas afectadas por el déficit habitacional, dejando de generar además 1,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 660 mil eran directamente en las obras y otros 682 mil indirectos, según la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Lo que en la práctica, son 70 mil millones de reales que dejan de ser generados en el Produto Interior Bruto (PIB) [14].

En el sector salud, Ricardo Barros anunció que está negociando con el ‘mercadp’ –no con la sociedad-, las modificaciones que va a introducir en el Sistema Único de Saúde. Para lo cual el Ministerio creó un grupo de trabajo con la finalidad de crear ‘Planes de salud populares’, cuyo nombre pretende ocultar que en la práctica se pretende excluir el principio constitucional de gratuidad de la salud y obliga a los trabajadores a contratar planes de salud con escasa cobertura y pésima calidad.

Y para concretar tales medidas, al igual que en México se viene echando mano del mando único, así como de otros instrumentos policiacos, militares y paramilitares, en Brasil fue designado ministro Alexandre de Mora, quien fuera responsable de desalojar a los adolescentes que ocupaban escuelas públicas en São Paulo, sin mandato judicial. Mismo que al igual que sus pares, Mora tiene poco aprecio por la Constitución y por los derechos. Manifiesto en que su primera media fue la suspensión de todas las acciones vinculadas con los derechos humanos, siendo las áreas policiales las únicas que casi siguen funcionando en el ministerio [15].

En materia de educación, cuatro grandes programas en el área de la educación fueron recortados en estos meses: Pronatec, ProUni, Fies y Ciencias Sin Fronteras. Medidas que en la práctica afectan a más de dos millones de estudiantes. A parte de lo cual el gobierno destituyó a los miembros del Consejo Nacional de Educación, escogidos anteriormente por consulta a la sociedad.

En tanto que respecto al motor del golpe, que es la explotación de las reservas del presal brasileño. Según documentos filtrados por Wikileaks, el senador José Serra, actual ministro golpista de Asuntos Exteriores, se comprometió con la petrolera norteamericana Chevron a modificar las reglas de explotación del presal. Por lo que la propuesta sobrevuela el congreso y ya fue aprobado en el Senado, mientras que se encuentra en régimen de urgencia en la Cámara. Siendo que al eliminar la exclusividad de Petrobras sobre el presal, el proyecto promovido por los golpistas se atraerá recursos procedentes de la explotación que estaban destinados al Fondo social, que destinaban el 25% para sanidad y el 75% para educación, además de reducir inversiones en la industria naval y petrolera nacional [16].

Finalmente, ante tal panorámica es importante destacar el hecho de que para que tal racionalización capitalista haya avanzado, los modelos econométricos han brindado un gran apoyo, mediante instrumentos como el riesgo país. Indicador que se pretende ser financiero para medir la probabilidad de pérdida que puede sufrir un inversionista al invertir en deuda emitida por un país en los mercados internacionales de capital.

Sin embargo los análisis de riesgo país se encuentran relacionados con hechos políticos determinantes. Por ejemplo, en Venezuela el riesgo país bajó mucho justo después de las elecciones de diciembre de 2015, cuando la oposición de corte derechista, contra Nicolás Maduro venció. Y a la inversa, en agosto de 2015, cuando el mismo Maduro decide el cierre de fronteras con Colombia, por incursiones de grupos de narco-paramilitares hacia Venezuela, con la anuencia de derechista de Venezuela y Colombia, sube el riesgo país.

Asimismo, cuando Maduro anuncio el sacudón [17], también subió el riesgo país e igual ocurrió a principios de 2016, con el cambio de gabinete económico. Subiendo de igual forma el riesgo país tras la salida del vicepresidente económico Miguel Pérez Abad. Exfuncionario que conforme a los intereses de los grandes oligopolios estadounidenses había propuesto la unificación cambiaria, privatizar las empresas expropiadas y flexibilizar los controles económicos [18].

Toda vez que el riesgo país tiene la función de encarecer la deuda emitida por un país. Es decir, aquellas instancias financieras y los Estados a los que responden como los EE.UU., tienen el monopolio de decidir lo que es el riesgo país, y por ende, endurecer las posibilidades de que otro Estado, non grato para los intereses económicos en los EE.UU., tenga para acceder a un crédito financiero internacional.

Por lo cual el denominado riesgo país, en realidad ha sido incapaz de anticipar realmente si un país entra en riesgo financiero y eclosionar. Así, ha sido incapaz de anticipar crisis como la ocurrida en los Estados Unidos ante la quiebra de Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac y Lehman Brothers. Ni tampoco ha podido prever las crisis bancarias de Grecia, España, Portugal, Finlandia, Irlanda o la crisis asiática de 1997.

Ni Credit Suisse, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley o Deutsche Bank, con sus cálculos de riesgo han logrado alertar en verdad sobre el riesgo de que un determinado país incurra en la suspensión de pagos para la deuda externa. Pero si le permite extorsionar mediante el riesgo país a una nación como la venezolana, que se opone a las políticas de “desarrollo capitalista”, considerándosele como país en riego, pese a pagar puntualmente los compromisos de pago de la deuda externa [19].

Notas

[1] Mandel Ernest. Ensayos sobre el capitalismo. Ediciones Era, 1979. Pág. 24

[2] La Jornada. Sábado 13 de agosto de 2016.

[3] La Jornada. Lunes 15 de agosto de 2016.

[4] La Jornada. Sábado 13 de agosto de 2016.

[5] Ibíd.

[6] La Jornada. Sábado 13 de agosto de 2016.

[7] Rebelión. La otra cara del crecimiento turístico. Turismo en Honduras: empleo precario, mal pagado y temporal. Por: Giorgio Turcchi, 04-08-2016.

[8] Rebelión. Ibíd.

[9] Rebelión. Ibíd.

[10] Rebelión. Costa Rica: Precarización laboral, contaminación ambiental y deforestación. Expansión del monocultivo de piña y la pérdida de derechos. Por: Giorgio Trucchi, 13-08-2016.

[11] Rebelión. Ibíd.

[12] Rebelión. Ibíd.

[13] Rebelión. El saldo del golpe: menos derechos para los trabajadores, más ventajas para el Capital. Por: Miguel Enrique Stédile, 16-08-2016.

[14] Ibíd.

[15] Rebelión. Ibíd.

[16] Ibíd.

[17] Se hace alusión al Caracazo o Sacudón que fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas.

[18] https://informe21.com/…/salida-de-perez–abad-levanta-el-radicalismo-en-…

[19] La Jornada. Estimado riesgo país. Por: Alfredo Serrano Mancilla. Sábado 13 de agosto de 2016.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215695&titular=la-%93racionalidad%94-de-la-econom%EDa-capitalista-en-m%E9xico-y-am%E9rica-latina-