Gasto en educación de familias españolas se dispara durante crisis

En comparación con lo que pagaban por servicios de enseñanza al comienzo de la crisis, los hogares españoles dedicaron a la instrucción de sus hijos dos mil 831 millones de euros entre 2008 y 2014, es decir, un 32,4 por ciento más, subrayó el estudio.

Los datos se refieren de manera exclusiva a los desembolsos a centros educativos y academias y por clases particulares, sin incluir los servicios complementarios ni los bienes educativos, precisó.

Las principales asociaciones de padres de alumnos denunciaron que ese incremento se debe, en buena medida, a que parte de lo que dejó de invertir la administración debió ser aportado por las familias.

‘Al desinvertir, privatizas, porque llevas al terreno de lo privado muchas de las cuestiones que deberían tener respuesta desde la administración pública’, dijo José Luis Pazos, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).

Al llevarlo a lo privado, depende del bolsillo de cada uno y esto, a su vez, agranda la desigualdad, pues el estudiante que no puede afrontar esos gastos está ‘abandonado’, argumentó Pazos.

Su homólogo de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Pedro Caballero, anticipó que transmitirán al gobierno su preocupación por el crecimiento exponencial del gasto familiar a medida que bajó el público.

Luego de denunciar la subida de los precios de las matrículas universitarias, Caballero reprochó al ejecutivo conservador de Mariano Rajoy la eliminación de programas que contribuían a la equidad del alumnado.

Organizaciones sindicales, de estudiantes y padres de España convocaron a una huelga general el próximo jueves para exigir al gobierno del derechista Partido Popular la derogación de su controvertida ley educativa.

El paro en todos los niveles de la enseñanza será protagonizado por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que agrupa a profesores, estudiantes y a la Ceapa.

‘Lo que ha vivido la educación pública en los últimos años ha sido un auténtico atentado contra los derechos de las familias trabajadoras, contra el derecho al estudio’, expresó la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García.