Aquellos días cuando para estudiar había que pagar(1)

A diez años de clausurado el modelo privatizador de la educación pública en Nicaragua conocido como Autonomía escolar, para conocimiento de las nuevas generaciones y para que nunca jamás la educación pública nicaragüense vuelva a ser objeto de un trauma de tal naturaleza, es de importancia hacer memoria sobre lo que fue aquella experiencia que tanto impacto tuvo y aún tiene en las relaciones  internas de los centros escolares del país.

Nicaragua hasta inicios de los años noventa del siglo pasado contaba con una administración escolar semicentralizada, dividida en ocho regiones escolares, encabezadas por delegados de los ministros de Educación en cada región del país.  A mediados de 1993, después de tres años (1990-1992) de acciones gubernamentales para desmontar la herencia sandinista en el campo de la educación construida durante el período revolucionario de 1979 a 1989, el Gobierno  de la UNO anunció la implantación de un modelo de descentralización de la educación sin precedentes, como era trasladar un conjunto de potestades del Ministerio de Educación directamente a las escuelas.

Como todo artefacto comercial que busca cautivar las mentes y estimular las necesidades de sus compradores, el modelo que se promovía venía acompañado de múltiples formas de propaganda hasta en los costados exteriores de los autobuses que se entregaron a los centros educativos que cumplirían el rol de vitrinas, para que directores de escuelas y dirigentes de padres y madres de familia llegaran a ver los beneficios que traía consigo aquella novedad.

Una apretada síntesis de las consignas que anunciaba la oferta, entre muchas, eran las siguientes: Más recursos financieros para las escuelas , pues al haber mayor control sobre los gastos de parte de los padres de familia, esto provocaría ahorro de recursos.  Más eficacia, porque al involucrar a los padres y madres de familia en las escuelas  elevaría la ampliación de la matrícula.  Más eficiencia en el uso de los recursos, resultado del control sobre entradas y salidas del dinero que enviaría el Ministerio de Educación.  Más beneficios para los maestros a través de la implantación del concepto de cuotas voluntarias.  Más democracia porque elevaría la participación de los actores educativos y más calidad educativa, pues padres  y madres de familia participarían en el desarrollo del currículo, lo que provocaría mayores niveles de relevancia y pertinencia de los aprendizajes.

Antes de 1993, durante toda la historia de la educación nicaragüense, todos los pagos necesarios para el funcionamiento de las escuelas públicas estaban centralizados en manos del Ministerio de Educación: el sueldo, seguro social, vacaciones, zonajes, títulos, todo estaba concentrado mensualmente en el cheque de los educadores; el pago de mantenimiento de edificios y la ampliación de la planta física; el sueldo del personal auxiliar de apoyo para la limpieza y seguridad de los centros, todo era financiado y pagado directamente por el ministerio de la rama educativa.

Por ello, el cambio que se ofrecía era subyugante, por un lado todo el poder de decisión se trasladaba a las escuelas, igual, se trasladaban los recursos financieros (dinero constante y sonante) para pagar todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los centros educativos.  En suma: independencia plena, autonomía y dinero para cubrir las mil y una necesidades de los empobrecidos centros educativos de la educación pública del país.

De esta manera, a partir de 1993, todas las contrataciones, nombramientos y pagos al personal, que antes realizaba el Ministerio de Educación de manera centralizada, comenzaron a hacerlo las propias instituciones educativas, con base en dos mecanismos: (a) la constitución y funcionamiento de los llamados Consejos Directivos Escolares,  integrados por representantes de los padres de familia, maestros, estudiantes y el director que  asumirían la dirección  de las escuelas, y (b) la transferencia mensual de parte del Ministerio de Educación de una determinada cantidad de dinero a cada centro educativo, calculada de acuerdo a una fórmula aritmética, multiplicada  según el número de estudiantes de cada centro educativo, igual a la lógica y enfoque del  “financiamiento a la demanda” del modelo de las “subvenciones chilenas”.

Todo conforme al legado pinochetista en el terreno educativo, en los mejores días de la apuesta neoliberal en América Latina y el Caribe.