Por: Maylín Vidal
La llamada reforma ‘Secundaria del futuro’ pretende, entre otras cosas, que la mitad del quinto y último año de estudios se haga en empresas y organizaciones, a modo de pasantía y elimina las notas, entre otros puntos.
La nuez del conflicto es que la iniciativa incluirá prácticas formativas no rentadas en empresas privadas que ocuparían el 50 por ciento de la carga horaria en este año de curso, subrayan los estudiantes y docentes.
Según lo previsto por el Gobierno, a partir del año venidero el proyecto llegará al menos a 16 escuelas de la ciudad y luego se extenderá a todas las instituciones. Aunque finalmente se logró destrabar la toma pacífica de varios de los colegios, en los que grupos estudiantiles pasaron día y noche dentro, la movilización se ha sentido en las calles de la capital argentina con varias marchas.
Para el secretario de la Asociación Docente de Buenos Aires, Jorge Adaro, se trata de una iniciativa ‘a la medida de las empresas. Genera una perversa promesa de empleo para los pibes (niños) que es falsa ya que al año siguiente el circuito vuelve a comenzar con nuevos estudiantes’.
Asimismo consideró que ‘es macabro que la hagan llamar Secundaria del futuro porque de hecho deja sin futuro a los estudiantes. Anula la posibilidad de ir a la Universidad y de formarse en materias que son centrales, y convierte a los jóvenes en mera mano de obra barata’.
Desde el Gobierno el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó la ocupación de los colegios porteños y calificó de ilegal esa medida de fuerza.
Hay otras maneras de manifestar una protesta y generar caminos de diálogo. La toma de los alumnos, la pérdida de días de clases, no es el camino, porque perjudica a miles de compañeros, subrayó.
En medio de esta situación, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña, Carlos Tomada, junto a las parlamentarias Lorena Pokoik y Paula Penacca, y representantes de la Comisión de Educación, sostuvieron un encuentro con estudiantes, padres y docentes de las escuelas de nivel medio.
Los parlamentarios expresaron su apoyo para acompañar el pedido en la vía judicial y propusieron convocar en lo inmediato a una mesa de trabajo que elabore una propuesta de mecanismo participativo para que las familias y los estudiantes presenten al Ministerio de Educación porteño, reportó el portal El Parlamentario.
‘Le estamos proponiendo a la ministra evitar ese fracaso y que el próximo año nos podamos sentar todos los miembros de la comunidad educativa y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales a consensuar una reforma que sea un primer paso firme hacia la escuela secundaria moderna, inclusiva y de excelencia’, aseguraron.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina el docente Ricky Weinmann, de la escuela Normal 10 de Belgrano y del Colegio Avellaneda de Palermo, significó que los objetivos principales de esta reforma conducen al ajuste financiero de la educación.
También a su puesta al servicio de las empresas, mediante la privatización de las funciones como impartiendo contenidos y actitudes acordes a la necesidad de mano de obra disciplinada, con conocimientos precarios adecuados a ellas.
En la década de 1990, explicó, se aplicó una reforma similar en todo el país con excepción de la ciudad de Buenos Aires, impulsada por la Ley Federal de Educación, con un resultado devastador.
El 60 por ciento de los alumnos porteños y el 50 de los que viven en la provincia de Buenos Aires, con un porcentaje mayor en los municipios cercanos a la capital como Vicente López y San Isidro, concurren a escuelas privadas. Las públicas quedaron en situación muy precaria, al igual que los docentes.
Hace tres años comenzó una reforma en la capital, que llamaron Nueva Escuela Secundaria (NES). Empobreció los contenidos, a la par que el gobierno actual disminuyó drásticamente o subejecutó el presupuesto educativo, manifestó Weinmann.
‘Incompleta, inaplicable, inconsulta e improvisada’ son las cuatro I de esta reforma que el estudiantado considera va totalmente en contra de la Educación.
Incompleta, dicen, porque no incluye la ley de Educación sexual integral sancionada hace 11 años. Inaplicable, porque no se adapta a la realidad de los colegios de la ciudad donde se caen los techos, no hay calefacción, ni mucho menos Wifi (acceso a internet inalámbrica).
Inconsulta porque, agregan, no se le está dando la oportunidad de participar a docentes, alumnos ni padres, infringiendo el artículo 24 de la Constitución Nacional y es improvisada porque en tan solo cinco meses se busca aplicarla con muy poca información, subrayan los estudiantes que están dispuestos a dar la pelea hasta echarla abajo.