Solo el 25 % de los universitarios colombianos estudian en instituciones de alta calidad

América del Sur/ Colombia/ 04.11.2017/ Fuente: elpais.com.

No basta con distribuir computadores en las instituciones educativas de Colombia si no se piensa en educación digital para estudiantes y maestros. Tampoco sirve llevar tecnología a las aulas si no se reducen los costos de acceso a la educación para acabar con la deserción escolar. Las conclusiones del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que desde el año 2006 le mide el pulso al país, son claras. Colombia ha mejorado, pero no lo suficiente para alcanzar lo que hace 11 años se propuso cuando se dibujó en el mapa como una nación distinta, como una de las mejores de América Latina.

El CPC es una organización que ha servido como articulador entre el sector público, el privado y la academia con el fin de promover la competitividad en el país y en su informe presentado este jueves pone en rojo las deficiencias que persisten en el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras la cobertura en educación en los países de la OCDE es del 76%, la de Colombia es de 49,4%. Apenas el 14,9% de los programas de pregrado de educación superior y el 14,5% de las instituciones tienen acreditación de alta calidad. Esto implica, según el informe, que tan solo el 25,7% de los más de dos millones de estudiantes matriculados estudia en instituciones acreditadas.

Hay que reducir costos directos e indirectos de la educación para reducir deserción escolar.

Colombia tiene el peor puntaje en la región en competencias digitales y no supera el promedio de desempeño de América Latina en las pruebas PISA en matemáticas, lectura y ciencias. A final de 2016, el Gobierno colombiano había construido o ampliado 3.243 aulas. La meta para el cuatrienio son 30.000. A Santos no le queda mucho tiempo para conseguirlo, su presidencia termina en apenas unos meses.

“Si Colombia no consigue avanzar en estos aspectos, será difícil cumplir el objetivo planteado a 2025 y transformar la estructura productiva del país para 2032. Eso es especialmente relevante en el marco del posconflicto porque la educación es un pilar esencial para lograr una paz estable y duradera en aquellas zonas que han sido asediadas por la violencia y la criminalidad durante décadas”, señala el informe. “La educación recibe el presupuesto más alto porque sabemos que es la clave para lograr un país competente en el futuro”, ha respondido el presidente ante el panorama poco alentador que revela el CPC. Sin embargo, cerca del 92% de ese dinero corresponde a gastos de funcionamiento y tan solo el 8% a inversión, señala la investigación. “Esto limita los fondos que podrían invertirse en mejorar la calidad, la infraestructura educativa y el desarrollo profesional de los docentes”, explican.

La cobertura en educación preescolar también está en rojo. En los últimos años ha caído, de 61,8% en 2010 pasó a 53,6% en 2016. En el contexto internacional es baja respecto al promedio de Latinoamérica, en donde países como Perú y Brasil superan el 80 %. El Gobierno nacional atendió en 2016 a un millón 160.000 niños entre los 0 y 5 años, lo que representa un cumplimiento del 40,4% de la meta de educación inicial, que es de dos millones 875.000 niños de bajos recursos.

La deserción sigue siendo otro pendiente. Apenas 64 de cada 100 estudiantes matriculados en quinto de primaria alcanzan el grado undécimo. Es decir, no terminan el colegio. “Esta cifra evidencia que aún hay mucho por hacer para evitar la deserción, sobre todo en el tránsito de primaria a secundaria, donde desertan cerca del 10% de los jóvenes”.

Para el Consejo de competitividad, los retos que faltan por cumplir le impiden a Colombia estar a la vanguardia de la educación cuando se compara con otras naciones similares. En los últimos resultados del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia está en el lugar 66 entre 137 países, un retroceso de cinco puestos frente al año anterior y en América Latina ocupa el quinto lugar, detrás de Chile, Costa Rica, Panamá y México.

Colombia logró, entre 2010 y 2016, alfabetizar a 664.010 jóvenes y adultos mayores en condición vulnerable, víctimas del conflicto y con discapacidad, pero el reto sigue siendo mayor. La población que no sabe leer ni escribir alcanza el 3,8% y se tiene hasta el otro año para cumplir con la promesa de 400.000 nuevos cupos escolares.

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