El Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido cuentas al Estado por la escasa información y avances sobre el castigo de los responsables de los tratamientos de cambio forzado de identidad sexual.
América del Sur/ Ecuador/ asuntosdelsur.org
Por el hecho de ser homosexual en Ecuador, uno podía ir a la cárcel. Esa era la realidad hace 20 años, antes que se despenalizara debido a una decisión judicial que se produjo luego de un allanamiento policial en una fiesta donde se celebraba la “Reina Gay” (Cuenca, al sur del Ecuador). Se detuvieron a un centenar de personas, siendo algunos de ellos, víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, el Estado aún mantiene una deuda con la comunidad LGBTI. La homosexualidad dejó de ser un delito, pero no dejó de ser vista como una enfermedad, manifestó Efraín Soria, de la Fundación Equidad.
Soria realiza estas afirmaciones tras hacerse públicas en Ecuador denuncias sobre las llamadas “clínicas de deshomosexualización”, se trata de algunos centros de adicciones que ofrecen “curar” la homosexualidad. El Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han insistido en reclamar a Ecuador información precisa y avances concretos en la judicialización de las denuncias por la aplicación de terapias forzadas para modificar la identidad sexual las cuales, según organizaciones de derechos humanos, han sido documentadas desde hace por lo menos 17 años.
Un reportaje realizado por el periodista Carlos E. Flores, hace un recorrido por los informes de Naciones Unidas, los informes oficiales del Estado, los relatos de víctimas que sufrieron internamientos contra su voluntad en el pasado reciente, las respuestas de la justicia, los documentos compartidos por organizaciones de derechos humanos ante la comunidad internacional y los argumentos de directores de un grupo de centros señalados. El resultado es una radiografía de las dificultades para castigar penalmente de modo ejemplarizante, a pesar de los intentos estatales por crear un marco regulatorio más estricto y por hacer esfuerzos de supervisión más rigurosos.
Las investigaciones oficiales han revelado que a las víctimas se les impone el rótulo de dependientes de las drogas o del alcohol como un modo de encubrir el verdadero propósito de los internamientos forzados, que son promovidos por las familias de los afectados.
La legislación penal ecuatoriana castiga los delitos de odio y la tortura, pero según los datos oficiales obtenidos en el trabajo luego de peticiones de información a las autoridades correspondientes, apenas han sido judicializados media docena de casos y los sancionados han recibido castigo por tipos delictivos como el rapto que suponen mínimas sanciones. En el último Examen Periódico Universal de Ecuador, países como Argentina e Israel, pidieron a las autoridades a identificar y castigar responsables de ese tipo de violaciones de derechos humanos.
Si bien las denuncias que escandalizaron la opinión pública ecuatoriana ocurrieron principalmente en 2009 y 2013, el seguimiento judicial de los casos revela para los activistas LGBTI que todavía hay trabajo por hacer y que el problema no puede considerarse un capítulo cerrado en Ecuador.
Este es un reportaje que fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalist (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. En este vínculo podrá acceder al site donde se aloja la investigación periodística.
Para más información acerca de la investigación:
Carlos E. Flores +593 9 87909589 (WhatsApp – Telegram – Signal)
Correo: carlos.f.valeriano@gmail.com
Ilustración (portada): Mónica Rodríguez
Imagen tomada de https://www.connectas.org/wp-content/uploads/2017/11/maltrato_ILUSTRA_2.jpg
Fuente http://asuntosdelsur.org/opinion/ecuador-bajo-lupa-internacional-por-clinicas-que-curan-la-homosexualidad