Las falsas causas biológicas de la discriminación de género y de edad

Por Vicenç Navarro

Hoy se está extendiendo de nuevo la agitación social como protesta frente a las políticas públicas que se han ido aplicando por parte de los distintos gobiernos españoles (bien a nivel central o autonómico) que han causado un gran deterioro del bienestar de las clases populares de España (ver mis artículos “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”, Público, 22.02.2018, y “La falsedad de la supuesta excesiva generosidad de las pensiones”, Público, 02.02.18). En realidad era predecible que ello ocurriera, pues los indicadores de calidad de vida en estas clases sociales han alcanzado tales niveles que han forzado a grupos especialmente vulnerables de la población, como son los ancianos y las mujeres, a salir a la calle y denunciar la situación en la que se encuentran. Estos movimientos han alcanzado un nivel de movilización tal que el establishment político del país ha comenzado a estar preocupado, respondiendo, por un lado, con medidas represivas y, por el otro, con la avalancha ideológica a través de los medios de información que controlan o influencian para falsificar la realidad, negando que haya mérito en las denuncias, atribuyendo su situación de insostenibilidad (en el caso de las pensiones) a la transición demográfica y no a la aplicación de las políticas públicas impuestas a la población por aquel establishment, y en el caso de la desigualdad de género a causas naturales de tipo biológico como el embarazo o la maternidad. Su principal intención es despolitizar el conflicto social, diluyendo y negando así la responsabilidad de aquel establishment en la creación y reproducción de tal malestar social. Así, atribuyen lo que dicho establishment político-mediático define como el “problema de las pensiones” a la transición demográfica, es decir, a que haya cada vez más ancianos y menos jóvenes, lo cual determina que no habrá fondos (generados por los segundos) para pagar las pensiones (que reciben los primeros). Tal argumento se presenta constantemente, y con la pomposidad que da el poder, como si fuera una obviedad. Y el enorme sesgo derechista de los mayores medios de información españoles (con ausencia de voces críticas) explica que tales argumentos se acepten como dogmas.

Ahora bien, como todo dogma este se base en fe y no en evidencia científica. En realidad, es muy fácil mostrar su falsedad. España no tiene ningún problema de falta de jóvenes. En realidad, hemos exportado casi un millón de personas (incluyendo jóvenes) en los últimos años y ello como consecuencia de falta de empleo. Es más, el desempleo en España entre jóvenes es enorme (38%). A la luz de estos datos hablar de falta de jóvenes es una frivolidad.

Son causas políticas, no biológicas, las que hacen insostenibles las pensiones

El problema de la supuesta inviabilidad de las pensiones no es ni biológico ni demográfico. El problema es primordialmente político, es decir, es causado por la excesiva influencia que ciertos grupos (el capital financiero) y ciertas clases sociales (el 20% de la población con renta superior del país) tienen sobre el Estado (sea central o autonómico). Ahí está la raíz del problema. España tiene la suficiente riqueza para pagar e incluso expandir las pensiones. Y sin embargo se gasta poco en pensiones, cuando su estructura demográfica es bastante semejante a la de la mayoría de países de un nivel de desarrollo económico parecido. En realidad, como consecuencia del elevado nivel de riqueza, debería gastarse mucho más en pensiones. En lugar de un 8% del PIB (la cifra más baja de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico, después de Irlanda y Luxemburgo), debería gastarse al menos lo que gastan los países en pensiones el promedio de los países de la UE-15 (9,5%), la cual tiene una estructura demográfica semejante con un porcentaje de la población anciana muy parecido (18,5% de la población con 65 años o más en ambos casos). En realidad, esta subfinanciación de las pensiones ocurre en todas las transferencias públicas y servicios públicos del Estado del bienestar, y ello no se debe a causas biológicas y demográficas sino a causas políticas. Concretamente, a los escasos ingresos del Estado como consecuencia de la excesiva y antidemocrática influencia sobre él (ya sea central o autonómico) del 20% de renta superior del país, que paga muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15. Ahí está el problema.

El falso determinismo biológico como causa de la brecha de género

Una situación semejante a la de las pensiones ocurre con la explicación de la brecha de género. Hemos escuchado estos días a voces conservadoras y liberales que están explicando tal brecha como consecuencia de un fenómeno biológico: la maternidad. Se dice que la mujer es la que biológicamente queda embarazada y da a luz y la que, como parte de su determinante biológico, desarrolla las labores de maternidad. Como consecuencia de ello, “familia” en España quiere decir “mujer”. De ahí se deduce que la maternidad es la causa del retroceso social y laboral, explicando así, por ejemplo, la brecha de género (incluyendo la brecha salarial) entre hombres y mujeres. Esta explicación, ampliamente extendida en España y promovida por el mismo establishment político-mediático que atribuye la supuesta insostenibilidad de las pensiones a la transición demográfica, despolitiza un hecho como lo es la “maternidad” (cómo se realiza y en qué condiciones), que es profundamente político, es decir, que es el resultado del contexto político que traduce relaciones de poder, y muy en especial relaciones de poder de género y de poder de clase social.

En realidad, si la causa de la brecha salarial fuera biológica, tendríamos que encontrar una relación entre número de infantes por mujer en un país y tamaño de la brecha salarial. Es decir, que a mayor número de nacimientos mayor debería ser la brecha salarial. Pues bien, los datos no muestran esta relación. Así, los países nórdicos de Europa (Noruega y Suecia, por ejemplo) tienen un número mayor de nacidos por mujer fértil (1,85 y 1,88 respectivamente) que España (1,5), según los datos de The World Fact Book, y sin embargo tienen una brecha de género, incluyendo salarial, menor. En realidad, España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa y una de las mayores causas de este diferencial se debe al contexto político (es decir, qué fuerzas políticas han gobernado durante más tiempo en cada país, muy diferentes en el norte que en el sur de Europa). Los países nórdicos han sido gobernados durante la mayor parte del tiempo desde la II Guerra Mundial por fuerzas políticas de sensibilidad socialista (alianzas de partidos socialdemócratas con partidos comunistas y/o verdes) que han desarrollado y llevado a cabo políticas públicas de apoyo a las familias, facilitando la compatibilidad de las responsabilidades familiares con el proyecto profesional de la mujer como parte de su ideología a favor de la equidad y de la igualdad. En realidad hay muchísimas más mujeres trabajando en el mercado de trabajo en aquellos países (75% de media entre Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia) que no en España (58%) y a pesar de ello el número de niños por mujer fértil es mucho mayor en aquellos países que en España. La amplia disponibilidad de lo que definí en su día como el 4º pilar de Bienestar -escuelas de infancia y servicios domiciliarios- (ver mi artículo “El cuarto pilar del Estado del Bienestar”, Público, 15.10.2009) y la corresponsabilidad en las labores familiares con participación del hombre en tales tareas (por ejemplo, según datos del European Institute for Gender Equality, la mujer sueca dedica 11,6 horas a la semana a cocinar y a las tareas del hogar y el hombre 8, una diferencia de 3,6 horas) explican que el significado y las consecuencias de la maternidad sean muy distintas en Suecia que en España, donde las mujeres dedican 19,2 horas a la semana a cocinar y a las tareas del hogar, por 10,6 de los hombres (una diferencia de 8,6 horas). Y es por ello que las fuerzas conservadoras (PP) y liberales (Ciudadanos y el PDeCAT) quieren despolitizar la discriminación contra la mujer, para ocultar sus políticas, que hacen un daño enorme a la mujer. Es tan sencillo como esto.

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