Redacción: DW
América Latina es la única región del mundo en que el embarazo de niñas va en aumento. Una campaña llama a proteger a las menores ante la violencia sexual y las secuelas de la maternidad infantil.
Si el embarazo adolescente ya es una realidad preocupante en América Latina, donde se registra la segunda mayor tasa a nivel mundial, en el caso de las niñas representa una situación aún más grave. Esta es la única región en que los partos en menores de 10 a 14 años tienen una tendencia ascendente.
«Es un problema creciente que atañe tanto a la salud pública como a los derechos humanos”, dice a DW Ximena Casas, de Planned Parenthood Global (PPG). El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que el 2% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil tuvieron su primer parto antes de los 15 años.
Los últimos casos, como el de la niña argentina de 11 años, embarazada tras ser violada reiteradamente por la pareja de su abuela, han destapado un problema que pasa generalmente inadvertido. Mainunby, la pequeña de 9 años de Paraguay, embarazada por su padrastro, o la chica peruana de iniciales L.C., de 13, quien al enterarse de que estaba encinta intentó suicidarse lanzándose de un tejado, no son situaciones aisladas.
El embarazo a esta edad es casi siempre producto de la violencia sexual y constituye una realidad invisibilizada, que las políticas públicas no están abordando. «Cuando empezamos a ver todos estos casos tan alarmantes de niñas de 9, 10 y 11 años, nos dimos cuenta de que ninguna de las intervenciones enfocadas a disminuir el embarazo no deseado en la adolescencia está pensada para estas nenas tan pequeñas”, dice a DW Fernanda Doz Costa, de Amnistía Internacional (AI)
Una campaña por las niñas
La campaña «Niñas, no madres”, iniciada por AI, PPG, la ONG mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), busca crear conciencia sobre esta situación y alertar sobre los riesgos de la maternidad a estas edades. «Buscamos que las niñas puedan vivir una infancia plena y realmente puedan ser niñas”, dice Ximena Casas.
Muchas voces y organizaciones se han sumado a la iniciativa, cuyo mensaje apareció fuerte en las manifestaciones del pasado 8 de marzo. «Es un llamado a la ciudadanía para cambiar los patrones socioculturales de una región bastante patriarcal”, agrega.
Las cifras hablan por sí solas. Según el estudio «Vidas Robadas”, realizado por PPG en niñas de 9 a 14 años de cuatro países latinoamericanos, el embarazo en niñas subió un 74% en el último decenio en Ecuador, hasta llegar a unos 3.800 casos en 2010. En Perú dieron a luz en 2013 unas 1.100 menores de 12 y 13 años.
De acuerdo con datos de la campaña «Niñas, no madres”, en Argentina, cada tres horas una chica de entre 10 y 14 años tiene un parto. En Perú, cada día cinco menores de 15 dan a luz. En Ecuador, 17.448 menores de 14, víctimas de violencia sexual, tuvieron un parto entre 2009 y 2016.
En Guatemala, cada día, nueve niñas menores de 15 años resultan embarazadas. En 2017 se registraron 2.356 alumbramientos en menores de 15. En Paraguay, 634 chicas entre 10 y 14 dieron a luz en 2016.
Maternidad peligrosa
El embarazo a tan corta edad implica una serie de riesgos físicos, que incluyen rotura del piso pélvico, preeclampsia y parto prematuro. «También hay efectos en la salud mental y social, es decir, en el proyecto de vida de las niñas que han sido forzadas a una maternidad producto de un acto delictual, como es la violencia sexual. En algunos países de la región, la segunda causa de mortalidad materna en estas edades es el suicidio”, afirma Casas.
Abandonan la escuela y tienen más probabilidades de tener empleos mal remunerados y mayores niveles de violencia. «La maternidad perpetúa ese ciclo de discriminación y pobreza”, subraya Casas. Según datos de «Niñas, no madres”, en Perú el 60% de las menores de 15 años tuvo complicaciones durante el embarazo. En Argentina, seis de cada 10 niñas embarazadas dejan la escuela.
«Es una situación extremadamente grave. En Perú, las muertes en menores de 15 años por razones de la maternidad cuadruplican las de mujeres adultas”, indica Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), de Perú.
Obligadas a ser madres
«Niñas, no madres” es también una alerta contra la maternidad forzada, esto es, cuando a las menores se les niega o dificulta la interrupción del embarazo. Ximena Casas advierte que «a pesar de que en la mayoría de los países latinoamericanos, excepto seis, hay aborto legal por alguna causal, estas niñas víctimas de la violencia sexual no están accediendo a ello”.
Ya sea por la causal de violación o por ser un embarazo de alto riesgo para la madre, el aborto está legalmente permitido en gran parte de la región. Sin embargo, lo obstaculizan desde razones de conciencia hasta judiciales, pasando por el temor o la negativa de los padres que ejercen de tutores legales.
«Ninguna niña debiera estar embarazada. La mayoría son víctimas de violación y ninguna debería ser obligada a llevar un embarazo”, sostiene Chávez. «Obligar a una niña a llevar adelante un embarazo que es producto de una violación califica en el derecho internacional como tortura”, afirma Doz Costa.
«El llamado a los Estados es que garanticen que las niñas víctimas de violencia sexual reciban una atención integral, y se tenga en cuenta la afectación que genera un embarazo en la salud física, mental y el proyecto de vida”, dice Casas. Esto incluye, indica la experta, respetar el principio de autonomía reproductiva.
También mejorar el acceso a la justicia, acelerar los procesos, y entregar una mejor educación sexual: «El 90% de los casos de violencia sexual en niñas menores de 15 ocurren en su entorno familiar. Cuando tienen acceso a una educación sexual integral son capaces de entender cuándo ciertas caricias y tocamientos son indebidos y pueden alejarse o avisar a tiempo”, subraya Casas.
Organismos de derechos humanos reiteran que la jurisprudencia avala el derecho de las niñas. L.C., hoy de 22 años, ganó una demanda contra el Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, por no haber sido operada de la lesión a la médula espinal a tiempo, como pedía la familia. El hospital privilegió proteger al hijo que esperaba. Semanas más tarde la chica tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé. Hoy está parapléjica de por vida.