Insostenible desajuste

La mejor inversión que un país puede hacer para prosperar es en educación. Cuanto mayor sea el nivel de formación de sus ciudadanos, más vitalidad tendrá su economía y mejor podrá encarar los requerimientos de un sistema productivo cada vez más complejo y tecnificado. Precisamente por la importancia estratégica de esta inversión no podemos permitirnos malbaratar una parte tan sustancial del esfuerzo realizado en formación universitaria. Que un 27,7% de los jóvenes que se graduaron en 2014 no tuviera trabajo cuatro años después y que el 37,2% de los titulados que trabajan desempeñen tareas de categorías inferiores a su cualificación indica un grave desajuste entre los recursos destinados a la formación superior y la capacidad del mercado laboral para aprovechar recursos tan valiosos.

Los datos del estudio sobre la inserción laboral de los graduados publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades revela que el problema es estructural y persistente en el tiempo y que no es posible atribuirlo a la coyuntura económica. No es normal que mientras en España el PIB crece más vigorosamente que el promedio de la Unión Europea, los jóvenes graduados españoles tengan una tasa de desempleo y sobrecualificación profesional muy superior a la media.
El problema no radica en la calidad de la formación, similar a la de otros países, sino en la planificación de la oferta de los estudios universitarios y las deficiencias del mercado laboral. Tras la aplicación del plan Bolonia se ha producido una proliferación de títulos que no se corresponde con la demanda laboral real. Hemos pasado de 145 titulaciones a más de 2.000 y la distribución de los alumnos no se ajusta a las salidas laborales de las diferentes carreras. La sobrecarga de estudiantes en ramas humanísticas conduce a que sus titulados acaben haciendo otros trabajos, con frecuencia menos cualificados. Los 74.000 alumnos que en diez años han perdido las carreras técnicas, pese a ser las de mayor empleabilidad, indican que algo falla en la información y los estímulos que reciben los alumnos a la hora de decidir algo tan importante como la futura profesión.

A ello hay que añadir un mercado laboral anómalo en el que solo las grandes empresas parecen en condiciones de absorber a los titulados de mayor cualificación. El tejido industrial y cierta cultura empresarial hacen que muchas de las pequeñas y medianas empresas apenas inviertan en innovación. El estudio muestra que la precariedad está afectando también a las capas de la población con mayores niveles de estudios, y dentro de ella a las mujeres en una escandalosa mayor proporción. No podemos seguir así. Este debe ser uno de los asuntos que el nuevo Gobierno tiene que abordar con mayor celeridad.

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2019/07/04/opinion/1562260658_300737.html