Por: Sofía García-Bullé
El “pin parental”, una polémica iniciativa de reforma a la Ley de Educación en Nuevo León, podría restringir el acceso a la educación sexual.
Este martes 26 de mayo de 2020 se votó en el Congreso estatal de Nuevo León, México, la iniciativa del pin parental, presentada desde enero del presente año por el diputado de Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal.
La iniciativa propone que las instituciones educativas informen previamente a las familias si sus hijos e hijas estarían recibiendo clases de educación sexual, reproductiva o de género, y que sean los padres quienes tomen la decisión de si sus hijos asistirán a estas clases.
La propuesta es controversial ya que estipula que los planteles educativos deben contar con aprobación previa de los padres de familia o tutores legales de los estudiantes para impartir clases que sean “ética y moralmente controvertidas”. El problema yace en la dificultad que implica definir lo que es ética o moralmente controvertido. Más todavía cuando se propone la libertad de definir a título personal, sin consenso general, lo que significan estos términos.
Sin embargo, esta iniciativa no solo podría afectar a las clases o temas relacionados con educación sexual y reproductiva. “El texto del artículo 92.VI que se propone permite bloquear cualquier tipo de contenido de prácticamente cualquier actividad de las escuelas,” escribe Kalycho Escoffié para Animal Político. Escoffié, abogado y dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, plantea la seria preocupación de que una iniciativa como esta podría abrir la puerta para que se controlen más aspectos de la educación, al otorgarle un poder de veto a las familias.
Esto nos hace plantearnos la pregunta, ¿a quién debe pertenecer la responsabilidad de la educación y a quién debe beneficiar? Pero sobre todo, como lo plantea Escoffié, ¿a quién pertenece la niñez de Nuevo León? La educación de los niños empieza en casa, a través de los padres de familia o tutores. La idea del pin parental, como la plantean sus promotores, es proteger a los menores de edad de información sensible para la cual quizás no estarían listos, de acuerdo al juicio de los padres. Sin embargo, negar el acceso a la información, en este caso, a la educación sexual, o de cualquier otro rubro del conocimiento, ¿realmente servirá al propósito de proteger a los hijos?
Sin duda, este tipo de temas sensibles idealmente deberían aprenderse en casa, a través de la familia. Sin embargo, las estadísticas son difíciles de ignorar. En Nuevo León, alrededor de un tercio de los bebés nacidos en 2017 fueron de madres adolescentes, con madres primerizas tan jóvenes que no pasaban de los 10 años. Nuevo León también se posiciona como el cuarto estado con mayor número de embarazos en mujeres menores de 20 años, de acuerdo con datos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 2017. Además, México es el primer lugar en abuso infantil, con 4.5 millones de casos de abuso infantil al año.
La necesidad de una educación sexual integral que ayude a prevenir embarazos juveniles, abuso sexual infantil y otros severos problemas relacionados es apremiante. La educación sexual y reproductiva, sin duda, debería incluir también la participación de madres y padres, pero también es crítico analizar si participación debería darse en la forma específica que esta iniciativa plantea.
Si problemáticas tan serias como embarazos juveniles e infantiles siguen sucediendo de una forma tan generalizada, quizás la respuesta no sea poner un pin para detener el acceso a la información, sino crear puentes de comunicación entre instituciones educativas y las familias para asegurar que las niñas y los niños reciban la información que necesitan oportunamente, no necesariamente cuando un currículum lo dicte, o cuando un padre o madre así lo desee.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/pin-parental
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