Nuevo revés para las restricciones al aborto legal en Estados Unidos

América del Norte/ Estados Unidos/ 30.06.2020/ Por: Celeste Murillo/ Fuente: www.laizquierdadiario.com.ve.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de las restricciones al aborto legal que instalaba una ley del del estado de Louisiana. Nuevo revés para Donald Trump y la agenda contra las mujeres y personas LGBT.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una ley de Louisiana que restringía el acceso al aborto legal en el estado. Este fallo es el primero desde el nombramiento de dos jueces conservadores, herramienta clave para la agenda ultra conservadora que apoya el gobierno de Donald Trump en materia de derechos. La Casa Blanca reaccionó al fallo con un comunicado en el que se refirió a la medida como «desafortunada» y que «devalúa» el valor de la vida del “niño por nacer”.

En Estados Unidos, el aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha conservadora han intentado recortarlo. Durante las últimas décadas se impulsaron más de 1200 restricciones al derecho a decidir de las mujeres, y casi el 30 % fueron promulgadas de 2010 en adelante (es decir durante las administraciones de Barack Obama y la actual de Donald Trump).

Este fallo se da en un contexto en el que el acceso al aborto legal está en la mira. A los recortes provocados por las restricciones estatales se le sumaron los obstáculos que resultan de la crisis sanitarias provocada por el Covid-19. Esa combinación resulta un escenario muy complicado para la mayoría de las mujeres que deben interrumpir un embarazo durante la pandemia. El Guttmacher Institute, que sigue de cerca la situación del aborto legal en Estados Unidos, estima que la mitad de todas las mujeres del país vive en estados que son hostiles al derecho al aborto legal.

Nadie quiere salir en la foto con Donald Trump

La decisión de la Corte es un revés para Donald Trump que atraviesa un momento crítico de su administración, signado por las protestas contra el racismo y la crisis económica. No es la primera, a mediados de junio, se conoció el fallo que impedía la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el lugar de trabajo y el que apoya el programa de los llamados dreamers, hijos e hijas menores migrantes.

La Corte Suprema cuenta hoy con mayoría conservadora pero eso no significa luz verde para la agenda de la ultraderecha. El fallo contra la ley de Louisiana, que buscaba restringir el acceso al aborto legal obligando a las clínicas que realizan abortos a tener acuerdos derivación automática a hospitales de mayor complejidad. De haber sido aprobada hubiera significado el cierre completo de dos tercios de ese tipo de clínicas en el estado.

La ley que votó la legislatura estatal de Louisiana en 2014 obligaba a clínicas y profesionales que realizan interrupciones legales del embarazo a tener un permiso de derivación a hospitales de alta complejidad en un radio de 50 kilómetros. Esto complicaba a los centros de salud alejados de los grandes centros urbanos. Con la excusa de garantizar la atención médica se buscó reducir la cantidad de clínicas y así restringir el acceso a un derecho.

Política oficial

El gobierno de Donald Trump se involucró de forma directa en la campaña contra el acceso al aborto legal desde su asunción. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó como presidente fue la que prohíbe el uso de fondos públicos para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto legal en el extranjero, una política republicana que data de la década de 1980 y que Barack Obama había cancelado.

En 2017, por primera vez, un miembro del poder Ejecutivo en funciones participó de la llamada “Marcha por la vida”. El vicepresidente Mike Pence, ultraconservador y conocido por su perfil homofóbico y opositor al derecho de las mujeres a decidir, fue el primer vicepresidente de EE. UU. en funciones en encabezar la marcha en Washington contra el derecho al aborto.

El intento de restringir el aborto legal en Louisiana no es el primero. En 2016, una prohibición en el estado de Texas había llegado a la Corte Suprema con un objetivo similar: revertir el fallo Roe vs. Wade que legalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. El argumento para fallar contra esas restricciones es similar: no existen beneficios para la salud de las pacientes y representa un obstáculo al acceso a un derecho.

Louisiana es uno de los estados con más prohibiciones relacionadas con la salud reproductiva. La ley de derivación automática es una de las 89 restricciones estatales promulgadas desde 1973. Estas medidas impactan sobre todo en la mujeres pobres, que no pueden pagar prácticas privadas, viajar a otros estados y otras formas de sortear los obstáculos al aborto legal.

El otro debate sobre el que deberá pronunciarse la Corte Suprema es la cobertura de métodos anticonceptivos. Bajo el plan de salud impulsado por el expresidente Barack Obama, las iglesias e instituciones educativas religiosas estaban exentas de proveer cobertura médica que fuera en contra de sus creencias. Esa concesión permitía a los empleadores religiosos no garantizar acceso a los métodos anticonceptivos, pero no prohibía que los agentes de salud los proveyeran.

La administración de Trump y la ONG católica Little Sisters of the Poor llevaron el caso al Tribunal Supremo. Buscan extender las exenciones para todos los empleadores que no quieran brindar cobertura de anticonceptivos por motivos religiosos. Si la Corte fallara a favor de Trump, se estima que entre 70 mil y 126 mil mujeres podrían perder acceso a anticonceptivos mediante su cobertura médica.

Advertencia

Las organizaciones feministas y que defienden los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar recibieron el fallo como una victoria. Sin embargo, alertaron sobre nuevos avances contra el aborto legal.

Es una advertencia adecuada: desde que se reconoció el derecho de las mujeres a decidir en 1973, muchos estados avanzaron en restricciones y prohibiciones. Se estima que en Estados Unidos, 29 estados tienen legislaciones hostiles al derecho al aborto y 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.

El aborto legal es la única garantía para el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias sino más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad y los riesgos para la salud.

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