Según divulgó la agencia angoleña de prensa (Angop), el valor monetario de tales servicios aún está por definirse, pero su aplicación está refrendada por la Orden Presidencial 129/20, citada en el reporte.
La nueva medida, indicó la reseña, se justifica por el hecho de que ‘los ingresos escolares constituyen una importante porción alternativa de financiamiento para las instituciones públicas de educación secundaria’, inscritas en el llamado segundo ciclo.
A juicio del Ejecutivo, la recaudación de derechos y tasas aumentará los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de los centros escolares en este subsistema educativo.
De acuerdo con la Orden Presidencial, que no especifica la fecha de entrada en vigor de los cobros, la recaudación será asegurada por los ministerios de Educación y Finanzas, los cuales deberán definir y aprobar los montos.
En septiembre de 2019, las autoridades angoleñas decidieron prohibir el cobro de cualquier tasa en las instituciones educativas públicas, al considerar la inexistencia de un documento legal a tales efectos y el carácter arbitrario de algunas prácticas de esa naturaleza, recordó Angop.
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