Lucía Blanco Gracia nos comenta: ¿Cuáles son las leyes trans (o la ausencia de ellas) en África?

En la inmensa mayoría de países de África, las personas trans son invisibles: oficialmente no existen porque la ley ni las nombra ni las reconoce. Cuando se trata de violencia, sin embargo, son blanco de acoso y detenciones arbitrarias sin tener a quién acudir.

«A pesar de que los códigos penales que criminalizan las relaciones homosexuales no mencionan específicamente a las personas trans, el Estado y la sociedad asumen que entran en esa categoría, así que no hay distinción», explica Wendy Isaack, investigadora para África de derechos LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales) de Human Rights Watch (HRW).

Aunque no se pueden analizar los 55 Estados miembros de la Unión Africana (UA) con una única mirada, sí que se aprecian tendencias comunes. En países como Burundi, Camerún o Ghana, por ejemplo, son criminalizadas de facto diariamente a través de un amplio abanico de leyes relacionadas con la homosexualidad -«sodomía»- el trabajo sexual, el orden público o la falsificación de identidad.

En muy pocos países, como Malaui y Gambia, existen leyes que las condenen explícitamente, según la última edición del informe Trans Mapping Legal Report (2019), una radiografía global de las leyes trans de la organización ILGA.

Para medir los derechos transgénero en todo el mundo, hay dos variables fundamentales: la posibilidad de cambiarse el nombre y la opción de modificar el marcador de género en los documentos de identidad, menos común y más compleja.

UN LIMBO LEGAL

«No estamos realmente criminalizadas por ser personas trans, no hay leyes que no nos permitan existir», apunta desde su despacho en Nairobi Ava Mrima, activista trans y portavoz de la organización keniana Jinsiangu.

En Kenia, ninguna ley reconoce o prohíbe su existencia, lo que las deja en un limbo legal sin derechos que les impide denunciar el acoso que sufren en su vida diaria, cuando su apariencia no encaja con la feminidad o la masculinidad normativas.

Como en Angola o Malaui, en Kenia la ley permite a cualquier ciudadano cambiar su nombre en sus documentos oficiales, pero debido a la falta de formación y los prejuicios de los funcionarios este proceso «se puede alargar más de un año para las personas trans, mientras dura entre tres y seis meses para el resto de kenianos», indica Mrima.

«Cada aspecto de la vida de una persona está gobernado por algún tipo de documento», advierte la experta de HRW, así que el hecho de que su documentación no coincida con la identidad con la que viven «impacta en su acceso al trabajo, a abrir una cuenta bancaria, a obtener un carné de conducir…».

También genera inseguridad y desprotección porque no existe un marco legal que les permita denunciar su discriminación.

«Si vas a la policía, empiezan a cuestionarte y ya no se trata de lo que te ha pasado sino de que eres trans. Si es una comisaría hostil, pueden incluso arrestarte», lamenta la portavoz de Jinsiangu.

DERECHOS HUMANOS (Y NO SOLO TRANS) COMO ESTRATEGIA LEGAL

En 2014, Rikki Nathanson, una mujer y activista trans de Zimbabue, fue detenida en Bulawayo, segunda ciudad del país y el lugar donde había transitado «con el apoyo» de su familia y vecinos, según relata desde Maryland, en la costa este de Estados Unidos, donde buscó después asilo político.

Nathanson fue arrestada por entrar en un baño femenino, obligada a desnudarse frente a varios agentes de policía para «comprobar» su sexo y retenida durante días en condiciones degradantes, acusada de alteración del orden público, una causa que fue sobreseída.

La activista -autora de la sección africana del citado informe de ILGA- demandó a la policía y en 2019 logró un fallo histórico cuando la Justicia dictaminó que las personas transgénero tienen los mismos derechos humanos y constitucionales que el resto de ciudadanos.

Este es un buen ejemplo de la estrategia legal que está siguiendo esta comunidad en África: apelar a derechos humanos garantizados en la Constitución en vez de centrarse en la identidad trans.

«El mejor enfoque no es buscar directamente la descriminalización, que te deja sin opciones si el tribunal no te da la razón, sino ir paso a paso, priorizando derechos como la privacidad o la dignidad y construyendo jurisprudencia», asegura Amanda Shivamba, abogada del Southern Africa Litigation Centre (SALC).

El SALC se encargó de dos casos históricos en Botsuana, donde el Tribunal Supremo consideró en 2017 que la negativa del Registro Nacional a cambiar el género en la documentación de dos personas trans violaba sus derechos a la privacidad, a la protección contra la discriminación, la libertad de expresión y la igualdad de trato frente a la ley.

ESCASEZ DE MÉDICOS Y COSTES ELEVADOS

Namibia y Sudáfrica son la punta de lanza de los derechos trans en África, pero lo que predican sus leyes encuentra obstáculos en la práctica: la falta de médicos formados y el alto coste de los tratamientos.

«Tienes que preguntarte: ¿qué posibilidades reales tienen las personas trans? ¿Puedes operarte en un hospital público o tienes que ir a uno privado? ¿Hay cirujanos capacitados?», apostilla Isaack.

Una provisión en la ley namibia permite cambiar el marcador de género siempre que la persona se someta a una cirugía de reasignación de sexo -algo que, por otro lado, no todas las personas trans desean- pero, como no existen médicos formados ni el tratamiento hormonal está disponible en el sistema público de salud, se ven obligadas a viajar al extranjero.

Desde Kenia -donde la ley no permite todavía cambiar el marcador de género-, Ava Mrima cifra el coste mínimo de las intervenciones quirúrgicas básicas en unos 2.300 euros para las mujeres trans y unos 5.000 euros para los hombres. Además, su organización conoce solo a dos o tres cirujanos con formación necesaria en todo el país.

Las personas trans no pueden ejercer plenamente sus derechos ni siquiera en Sudáfrica, donde una ley pionera garantiza desde 2003 el cambio de nombre y de marcador de género y su derecho a someterse a cirugía.

La realidad, no obstante, es otra: solo dos hospitales en todo el país, uno en Ciudad del Cabo y otro en Pretoria, cuentan a día de hoy con profesionales capacitados, lo que provoca una enorme lista de espera.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/%C3%A1frica-transg%C3%A9nero–an%C3%A1lisis-_-cu%C3%A1les-son-las-leyes-trans–o-la-ausencia-de-ellas–en-%C3%A1frica-/46595100