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¿Cuántos migrantes venezolanos hay en América Latina? Mira el mapa

8.000%. Esa es la cifra en que aumentó el número de venezolanos que solicitaron refugio en todo el planeta desde 2014, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Siete años en que el éxodo de migrantes venezolanos ha pasado de ser un fenómeno de ese país a una realidad en toda la región que ha llevado a foros internacionales y ha moldeado en algunos casos políticas públicas de otras naciones.

La peregrinación de migrantes venezolanos a través de Colombia —muchos de ellos caminando— hacia otros países del continente (como Perú, Ecuador y Chile) y la llegada de muchos otros a sitios más lejanos como Estados Unidos y España es un cuadro común. No obstante, como señala la ACNUR, cientos miles de ellos no tienen documentación ni permiso de permanencia en país alguno de la región, lo que les limita el acceso a derechos y servicios básicos. Todo esto propicia casos de xenofobia, tráfico de personas y explotación laboral, además de violencia y abuso sexual.

En total, hasta noviembre de 2021, había 4,99 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe y 6,04 millones el todo el mundo, según cifras de R4V, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (establecida por la ONU y la OIM), números que la ACNUR usa en sus reportes.

En América Latina y el Caribe, los venezolanos están distribuidos así (cifras aproximadas hasta noviembre de 2021):

 

 

Colombia: 1,84 millones

Perú: 1,29 millones

Ecuador: 508.900

Chile: 448.100 Chile

Brasil: 261.400

Argentina: 173.200

Panamá: 121.600

República Dominicana: 115.300

México: 83.000

Costa Rica: 29.900

Trinidad y Tobago: 28.500

Guyana 24.500

Aruba: 17.000

Curaçao: 14.200

Uruguay: 15.700

Bolivia: 11.700

Paraguay: 5.640

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/22/migrantes-venezolanos-america-latina-mapa-cifra-orix/

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España: Las profesoras universitarias pagan la maternidad con un 11% de su sueldo

Europa/España/10-12-2021/Autor: ALFONSO TORICES/Fuente: www.elcomercio.es

La crianza y los cuidados lastran su carrera investigadora en la treintena, lo que repercute en menos remuneración y ascensos que sus compañeros.

La maternidad, pero sobre todo la ulterior crianza y los cuidados familiares, tareas que siguen asumiendo de forma mayoritaria las mujeres por el reparto de roles machista, les cuestan mucho dinero y sacrificar buena parte de su carrera profesional a las más de 50.000 profesoras universitarias españolas.

No es una especulación. Es la conclusión de un estudio monográfico impulsado por la conferencia de rectores (CRUE) y el Ministerio de Universidades, destinado a determinar si en los campus hay brecha salarial de género, cuál es su dimensión, a quién afecta y cómo se produce.

La brecha salarial, por supuesto, existe. De media, una docente universitaria española cobra un 11% menos de sueldo bruto al año que sus homólogos masculinos, detalla el trabajo coordinado por Pilar Carrasquer y elaborado por las investigadoras Matilde Massó y Montserrat Golías. Las áreas de conocimiento en las que la brecha es mayor, superior al 15%, son Ciencias, Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud. Pese a la relevancia del porcentaje, el desfase remunerativo de género en los campus es inferior al de otros sectores productivos, ya que la media española está sobre el 19%, con unos 5.000 euros menos al año de ingresos por ser mujer.

La explicación de esta discriminación no está en el salario base universitario, que es prácticamente idéntico para ambos sexos, sino en los complementos de cada nómina, donde el desfase de género escala hasta el 17%.

El estudio de los complementos y de las remuneraciones por edades dejan clara la génesis de la brecha. Los docentes universitarios comienzan su trabajo sin apenas diferencias de sueldo (un máximo de un 1%), pero con la llegada a la treintena (de 29 a 39 años) el desfase salarial llega al máximo, para pasados los 40 ir disminuyendo, hasta no sobrepasar un 3%. Lo que ocurre en esa década es que la profesora media gana mucho menos, algunas pierden su empleo por el camino y demasiadas ven como progresan menos que sus compañeros.

La sima fundamental está en el complemento por participación y liderazgo en proyectos de investigación. Las mujeres cobran un 41% menos de media por este capítulo. La razón es que su capacidad para integrarse en grupos de investigación es menor a esa edad, sobre la treintena, porque sacrifican parte de su jornada laboral anual en ser madres, criar a los hijos y apoyar o cuidar a otros miembros de la familia.

No solo les genera un agujero económico. También sufren una ralentización e incluso un parón en su carrera profesional. No investigar lo suficiente repercute en una menor productividad científica, lo que hace que después cobren un 26% menos por sexenios de investigación, y que unos méritos académicos menores lastren su progresión a categorías laborales más estables, altas y con mejores salarios.

El círculo vicioso se remata con la también baja remuneración femenina por complemento específico. Cobran de media un 19% menos que sus compañeros de facultad. Es el complemento que se recibe por estar en escalas laborales altas, como catedrático o similar. Los obstáculos culturales y sociales hacen que una minoría de universitarias alcancen esos puestos, pese a que inicialmente son más de la mitad de los titulados españoles en educación superior y quienes cosechan mejores notas. De todos los catedráticos del país solo el 22% son mujeres.

Roles machistas

La prevalencia de roles machistas adquiere toda su plenitud si se atiende a quienes disfrutan de permisos no retribuidos, sobre todo el permiso por responsabilidades familiares, el más vinculado a los cuidados, en el que la enorme mayoría de peticionarios son de mujeres. Cuando hombres y mujeres no solicitan estas licencias tienen unos sueldos base idénticos; no así los complementos, casi siempre condicionados por la maternidad y los cuidados. Por contra, la profesora universitaria que logra tiempo para cuidados familiares gana un 21% menos que sus homólogos, debido a un desplome del salario base, más un 28% menos si solo se atiende a los complementos.

La LOSU, la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno, incluye una serie de medidas, entre ellas discriminaciones positivas, para tratar de cerrar las brechas de género. Prevé comisiones de evaluación y selección de proyectos y plazas paritarias y que a igual idoneidad se dé preferencia de asignación a la mujer. Promueve la paridad en los equipos de investigación y en los órganos colegiados, el incremento de investigadoras principales y que se implanten facilidades y compensaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar y para caminar hacia la corresponsabilidad en los cuidados.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/maternidad-cuidados-penalizan-20211203163133-ntrc.html

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¿Puede Xiomara Castro resolver los problemas de las mujeres hondureñas?

Por Vienna Herrera

Norma Rodríguez, mamá de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería asesinada en una posta policial en febrero de 2021, atiende una videollamada desde España. Detrás de ella se ven varias fotografías y carteles que piden justicia por su hija Keyla. Norma sonríe, algo que no se le había visto hacer públicamente desde que su rostro salió en los medios, dice sentirse feliz de que Xiomara Castro haya ganado la presidencia del país, que eso es lo que le dará justicia a su hija.

«Doña Xiomara ha presentado dentro de sus primeras 30 acciones que se meterá de lleno en el tema de los feminicidios y yo estoy completamente segura de que a Keyla se le va a hacer justicia y que los involucrados pagarán por el delito que cometieron», dice doña Norma.

El caso de Keyla despertó protestas que duraron varios días, pero también abrió un debate público sobre los femicidios y la violencia ejercida desde las fuerzas de seguridad. La misma Castro condenó el asesinato y pidió investigación profunda: «Que se lleve a la justicia a los culpables. La dictadura del Estado policial-militar no los debe encubrir», decía en Twitter.

Honduras es un país muy violento para las mujeres, aunque oficialmente las cifras de los homicidios han bajado desde hace unos 5 años, las muertes violentas de mujeres solo han aumentado. Hasta noviembre de 2021 el Centro de Derechos de la Mujer registró 314 muertes violentas de mujeres en contraste con el 2020, que cerró con 278 casos.

Muchos casos de violencia contra las mujeres son atendidos primero por la Policía Nacional, por eso para doña Norma es necesaria una depuración real de la institución: «Me imagino que es lo primero que van a hacer, sacar a todos los delincuentes de ahí y dejar a las personas que realmente sirvan y protejan a los ciudadanos. Ya le llegará el turno a los del grupo que estaba ese día cuando detuvieron a mi hija», agrega.

En agosto de 2021, mucho antes de que se formaran las alianzas, Xiomara Castro compartió en un conversatorio con organizaciones feministas y de mujeres en Honduras. Al finalizar, firmó comprometiéndose a gobernar según la agenda política de mujeres y feministas que incluye 7 ejes para priorizar los derechos de las mujeres: atacar la violencia contra las mujeres y femicidios, incluir temas de salud sexual y reproductiva, de la participación política de las mujeres, la feminización de la pobreza, los derechos indígenas y garífunas, educación integral laica y no sexista y el fortalecimiento de la institucionalidad y presupuesto con perspectiva de género.

En esa reunión estuvo Felicita López, lideresa indígena campesina y feminista del departamento de la Paz, que al conocer la noticia se alegró por la victoria de Xiomara, «porque se pudo a pesar de las dificultades, del asistencialismo y de todo lo que hay en el país». Felicita espera que este nuevo

Gobierno pueda combatir la discriminación y la exclusión que las mujeres de los pueblos indígenas han sufrido históricamente.

Felicita explica que entre las demandas que tienen para Xiomara está la derogación de los decretos legislativos que atentan contra los pueblos originarios, las reformas al nuevo Código penal. «Que las mujeres tengamos derechos donde nunca los habíamos tenido y que haya mujeres desde los movimientos sociales representando en la institucionalidad. Queremos que Xiomara tome en cuenta apoyar a las mujeres en iniciativas económicas y en el tema de la violencia, ya que por parte del Gobierno actual no ha habido esa oportunidad», agrega.

Para Felicita, que es también campesina, es importante la integración del acceso a créditos agrícolas para mujeres, pero también la erradicación de la violencia que disminuye la calidad de vida. Felicita es promotora legal en su comunidad, dice que para lograr mejorar la situación de violencia son necesarios «presupuestos justos y etiquetados para atención y prevención de la violencia hacia las mujeres que sufren violencia y que se apruebe la Ley de Casas Refugio y se implementen más casas así, como también fiscales y jueces especializados».

La salud sexual y reproductiva de las mujeres jugó un papel importante en las campañas

Cuando Xiomara Castro presentó su plan de gobierno el 5 de septiembre de 2021, muchos hombres pararon de gritar y aplaudir cuando en la pantalla detrás de ella aparecía la promesa del aborto por tres causales. «Desde hoy anuncio a las mujeres que voy a defender nuestros derechos desde todos los campos, pero especialmente desde la presidencia de la República. Anuncio el fin del patriarcado y de los femicidios», prometió Castro en el punto 25 de las 30 propuestas para los primeros 100 días de su gobierno.

A principio de 2021, dos semanas después de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el Partido Nacional presentó una ley que denominó «escudo contra el aborto», con la intención de convertir la penalización total del aborto en un artículo pétreo, que solo pueda modificarse vía una asamblea constitucional.

Al final la reforma no se logró, pero sí se modificó el artículo para que con tres cuartas partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) pueda ser modificado, cuando antes se necesitaban solo 86 votos. La última discusión sobre el tema en 2017, durante la aprobación del Código Penal, solo logró 9 votos a favor.

El plan de gobierno de Castro incluye la despenalización de tres causales: en caso de violación, de que la vida de la madre corra riesgo y en malformaciones fetales que impidan una vida digna. Tras la conformación de la alianza entre Xiomara Castro, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras y Doris Gutierrez, del Partido Unidad e Innovación, la abogada Maribel Espinoza, candidata a diputada por el PSH, le dijo a Contracorriente que la idea del aborto por tres causales había quedado en el pasado: «Parte de los acuerdos a los que hemos llegado es que estamos todos en contra del aborto, de los acuerdos que hemos consensuado es un sí a la vida».

Sin embargo, esta propuesta nunca se borró del plan de gobierno de Castro, que ahora aunque Libre tendrá una cantidad mayor de diputados en el Congreso Nacional, la misma bancada a nivel individual no se ha declarado mayoritariamente a favor de la despenalización del aborto, según las encuestas a candidatos realizadas para la plataforma ¿A Quién Elijo?, una herramienta de Contracorriente que permite saber si los candidatos que participaron en las pasadas elecciones de noviembre están a favor o en contra de ciertos temas de interés público.

Esta herramienta identificó que hay incidencia en la confesión religiosa de los candidatos en la decisión sobre la despenalización del aborto por 3 causales, cuando un candidato se asimiló evangélico o católico se encontraban entre un 57 % y 63 % en contra, mientras que cuando los candidatos no se identificaron con alguna religión, un 68 % respondió estar de acuerdo.

La prohibición total del aborto en Honduras ha producido que muchas violencias obstétricas sean judicializadas como abortos, en donde las mujeres pueden sufrir acoso mediático y social, además de la imposibilidad de llevar una vida normal con lo que esa acusación significa en una sociedad tan conservadora como la de Honduras.

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Tanzania permitirá que madres adolescentes sigan estudiando

Tanzania anunció este miércoles que iba a autorizar que las estudiantes embarazadas y las madres adolescentes sigan con sus estudios, eliminando así una prohibición muy criticada, instaurada por el difunto líder autócrata John Magufuli.

En 2017, este país del este de África había empezado a expulsar niñas embarazadas de las escuelas públicas y les prohibía regresar a las aulas tras dar a luz. La decisión fue criticada por los defensores de derechos humanos, que pedían que se eliminara la ley.

Tras la muerte del expresidente Magufuli el pasado 18 de marzo, Samia Suluhu Hassan, que asumió la presidencia, trató de terminar con algunas políticas instauradas por su predecesor.

«No hay tiempo que perder», añadió.

Durante su mandato, Magufuli había jurado que ninguna estudiante embarazada podría terminar sus estudios, ya que era inmoral que las niñas fueran sexualmente activas.

«Doy dinero para que una estudiante estudie de manera gratuita. Y después, termina embarazada, da a luz y luego, regresa a la escuela. No, durante mi mandato, no», declaró en 2017.

Esta decisión fue criticada por grupos de defensa de los derechos humanos, pero también por donantes internacionales, que suspendieron la financiación al país.

Por ejemplo, el Banco Mundial congeló de hecho un préstamo de 300 millones de dólares para la educación de las niñas en protesta por la prohibición.

En aquel momento, la oenegé Human Rights Watch publicó un informe en el que se afirmaba que funcionarios de las escuelas realizaban pruebas de embarazo para expulsar a las estudiantes embarazadas.

Fuente: https://www.elfinancierocr.com/cables/tanzania-permitira-que-madres-adolescentes-sigan/QNQETG66YZEO3CF5OBLD2RNWF4/story/

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El color de la piel nos marca y nadie nos mira

Por: Nelva Reyes B.

“Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, […]”

El 25 de octubre, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se presentó el libro Mujeres urbanas: afrodescendientes entre la desigualdad y la discriminación. La presentación estuvo a cargo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, con la doctora Aracelly De León, directora de este. Se hicieron presentes el doctor Jaime Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y el profesor de Sociología Fernando Murray.

La investigación fue llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de los cinco corregimientos, que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos.

La investigación se desarrolla con siete ejes fundamentales que parten de: Una Introducción; Una mirada conceptual a la discriminación; una mirada afrodescendiente a la realidad nacional; acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio; voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá: propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes; conclusiones, bibliografías y anexos.

En el estudio se define a las y los afrodescendientes como “personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que “en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30 % de la población de una parte del continente americano”. Además, la investigación nos indica que, en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial, y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso, si se compara con una persona no afrodescendiente. Las tasas de desempleo de este colectivo son mayores que las de la población total, según el informe del BID, que plantea: “en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor labora en ocupaciones poco calificadas”.

El libro hace una breve reseña de la fundación de cada uno de los corregimientos investigados, como lo son Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Cuatro de los cinco corregimientos fueron fundados el 29 de abril de 1915 y el corregimiento de Curundú se funda el 17 de noviembre de 1971. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos, establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá, nos brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situación en las cuales viven las familias afrodescendientes, y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes, discriminadas por ser mujeres, negras y pobres. Pero, además nos indica, según la encuesta de hogares de 2017, que “la presencia de la población afrodescendiente se puede encontrar en todo el territorio nacional; sin embargo, las cinco provincias con mayor presencia afropanameña son Colón (41,8 %), Darién (24,3 %), Coclé (20 %), Panamá (18,6 %) Bocas del Toro (15,3 %), provincias donde vive la mayor cantidad de personas que se autocalifican como afrodescendientes…”. En estas provincias está Colón que en “2016, aportó el 26 % del producto interno bruto del país, 13 605, millones de balboas”, pero es víctima de políticas públicas racializadas.

Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, ya sea por etnia, condición económica o cualquier otra razón. Así se dio la ciudad amurallada, luego el “Silver Roll” y “Gold Roll” y en 1941, en la Constitución de la República de Panamá, se establecía: “Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza Amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”. Son vergonzosas las experiencias que hemos vivido y vivimos, máxime que, según el censo de 2010, aproximadamente el 9 % de la población de Panamá se autoidentificó como afrodescendiente lo que coloca a Panamá como el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población afrodescendiente.

Es importante tener políticas públicas que lleven el objetivo de erradicar la discriminación en nuestro país por cualquier condición u origen.

Agradecemos el aporte de las investigadoras, el auspicio del Espacio de Encuentro de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos seguir profundizando en estas realidades.

Fuente de la información: https://www.laestrella.com.pa

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El dolor de los otros

Por: Carolina Vásquez Araya

Hemos nacido -los mestizos de las urbes- con un sello en la mirada.

“Cuando nací

me pusieron dos lágrimas

en los ojos

para que pudiera ver

el tamaño del dolor de mi gente.” (Humberto Ak’abal)

La vida del indígena latinoamericano trae, desde el nacimiento, el signo de la resistencia. Siglos han transcurrido y los habitantes originarios de este exuberante continente han perdido poco a poco sus territorios y, durante ese proceso cruel e injusto, les han arrancado las raíces para empobrecerlos, amansarlos y convertirlos en esclavos. Sin tierras ni poder, sus luchas acaban sobre el terreno de sus cuerpos. Así es como la colonización se hizo eterna e inevitable, apoyada sobre las columnas del racismo, la discriminación, el despojo y la garantía de impunidad para quienes perpetran su exterminio.

El proceso de “pacificación” de los territorios habitados por los pueblos originarios no ha sido más que una política genocida concebida en los núcleos de poder económico y político. Las comunidades, sin embargo, se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y una generación tras otra logran sobrevivir a pesar de la constante amenaza del desalojo y la muerte. No hay país en el continente en donde los pueblos originarios posean el estatus de ciudadanos con plenos derechos y oportunidades. En todas nuestras naciones latinoamericanas han sido perseguidos como si fueran ellos los invasores. Y, en todas ellas se habla, sin vergüenza ni recato, del “problema indígena”.

Entretanto, los núcleos urbanos poblados por una sociedad mestiza e indiferente a la realidad de otras regiones y otras comunidades, perpetúa el estatus avalando, con su voto y su pasividad, los abusos de clases políticas vendidas a los grandes empresarios y sumisa ante los dictados de una comunidad internacional aliada con las multinacionales. La pérdida de territorios ancestrales se suma, entonces, a la irremediable destrucción del hábitat de valiosas especies y de abundantes recursos naturales, propiedad de las naciones arrasadas por la codicia.

La resistencia indígena ante la invasión de sus territorios, sus pueblos y aldeas, sus campos de cultivo y su entorno -sumido en el subdesarrollo por fuerza y voluntad de quienes intentan desalojarlos- pende de un delgado hilo: la conciencia de sus derechos. En su contra, se ha instrumentalizado desde los centros de poder todo el aparato jurídico, con el objetivo de justificar la aplicación de la represión cuando estas comunidades ejercen su derecho a protestar y exigen ser escuchadas. Mientras tanto, los sicarios a las órdenes del gran capital se dedican a identificar,

 y asesinar a sus líderes, y acosar a sus legítimas autoridades.

Desde donde nos encontramos, en la comodidad de la burbuja, observamos la tragedia de nuestros compatriotas como si ellos existieran en otra galaxia, alejada de nuestra pequeña cotidianidad. No hemos entendido que el dolor de los otros es nuestro dolor. Que sus tragedias nos van a golpear en el centro mismo de nuestra indiferencia. Que también en nuestro código genético están los colores de sus textiles y la aspereza de sus destinos. Mientras negamos la realidad, esta nos coloca frente a nuestra incapacidad de aceptar una identidad rechazada por pura costumbre de repetir estigmas.

Este prurito de sentirnos ajenos es lo que condena a nuestros países a ser proveedores baratos para el primer mundo; una realidad que se asemeja a la rueda de molino en su eterno girar, sumiéndonos en la miseria. La resistencia de los pueblos originarios ante la depredación y la corrupción de las autoridades debería ser la lucha general, el campo de batalla deberían ser también las grandes avenidas, esas en donde nos sentimos ajenos al devenir de la Historia. De no hacerlo, será más temprano que tarde cuando nos veamos sumidos en la catástrofe.

La Historia se repite una y otra vez, pero las víctimas siempre son los “otros”.

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com

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No hay vivir bien en educación si no se descoloniza la educación

Por: Noel Aguirre Ledezma

“…no sólo la escuela sino todas las prácticas e instituciones hegemónicas, es preciso sacarlas del pequeño espacio donde la modernidad capitalista las ha encajado, hay que reconceptualizarlas, apropiarlas y darles un nuevo sentido…”Marcelo SarzuriTweet

Desde una perspectiva general, como menciona Zacarías Alavi, “El colonialismo hace referencia a un territorio dominado y administrado por un conjunto de personas procedentes de un país que van a otro para poblarlo, cultivarlo o para establecerse en él. Se caracteriza por una profunda intolerancia, prejuicios étnicos y sociales de los grupos de poder, hacia la población indígena. La colonización política y económica se articula con la colonización mental. En realidad la colonización mental es un pedestal necesario para consolidar las formas de colonización. En este tipo de colonización la violencia física y psicológica hace que el colonizado se niegue a sí mismo y hasta se deteste profundamente. El colonizado refuerza esta situación al admitir como superior el modo de ser, la técnica, la cultura del colonizador. Así admite la dominación del ajeno. Cuando el colonizado se ha devaluado a sí mismo, duda de su propia potencia y de que su pueblo pueda ser digno de gobernarse a sí mismo”¹.

Aún más, en esta línea de pensamiento, haciendo culto al positivismo y como fieles seguidores del capitalismo industrial, algunos insinuarán que nuestros saberes y conocimientos no son “científicos”.

La descolonización es pensar al revés del colonialismo, es construir la sociedad de iguales, de verdaderamente hermanos, de trabajo y dignidad, de acción rebelde y solidaria con los pueblos, de autoestima por la identidad propia, de política con ética y principios, de despliegue de todas las fuerzas de la sociedad para construir un mundo mejor.

Pero… ¿qué ocurrió con el colonialismo en la educación boliviana?

Las teorías y metodologías sobre educación implantadas en nuestro país fueron copiadas o –en el mejor de los casos- inadecuada e insuficientemente adaptadas. Por ejemplo, esta situación obliga en su momento a Franz Tamayo (Creación de la Pedagogía Nacional) a criticar el “Bovarysmo intelectual”, actitud de intelectuales que sólo se dedican a copiar teorías extranjeras… “hasta ahora ésta ha sido una pedagogía facilísima, pues no ha habido otra labor que la de copia y de calco, y ni siquiera se ha plagiado un modelo único, sino que se ha tomado una idea de Francia o un programa en Alemania, o viceversa, sin darse siempre cuenta de las razones de ser cada uno de esos países”. En periodos recientes, podemos recordar a la Reforma Educativa aprobada mediante Ley en el año 1994, que siguiendo las tendencias mundiales de la educación de ese momento dio prioridad a la educación primaria sobre el resto del subsistema escolarizado y los otros subsistemas, y se adscribió acríticamente a las teorías del constructivismo y al modelo neoliberal.

Asumiendo que la descolonización también es una disputa del poder establecido, la descolonización de la educación contribuye a la construcción de una nueva sociedad y modelo civilizatorio de convivencia plural, por lo que será liberadora, revolucionaria y transformadora.Noel Aguirre LedezmaTweet

La educación fue asumida sólo como las acciones que se realizan al interior de la escuela. Negando que la educación es más que la escuela -mucho más si esta escuela es tradicional- se copió el modelo industrial de los años 1930. Así se trasladaron los horarios, las exigencias de los reglamentos, los uniformes, la diferencia entre el jefe y los trabajadores (profesor – alumno), la rigidez del tratamiento de tiempos y movimientos (que después en la escuela se traducen en contenidos y didáctica) a la escuela tradicional. Pero, fundamentalmente, se constituyó a esta escuela tradicional en un instrumento para perpetuar una sociedad que niega la identidad de los pueblos y la lucha por las transformaciones sociales.

Otra expresión del colonialismo en educación, es la educación dividida en categorías. Por ejemplo, aquella que diferencia la educación privada de la pública, la urbana de la rural, la de los castellano hablantes con la de los indígenas u originarios. En resumen, la educación para “ricos” frente a la de los “pobres”, que también se manifiesta en la diferencia entre los “conocimientos (dizque) científicos” frente a los saberes, obviamente desde concepciones occidentales.

Consientes de esa realidad, en el Estado Plurinacional de Bolivia se comienza a construir respuestas de la Ley de Educación y la Revolución Educativa. Comienza a construirse pensamiento educativo sustentado en lógicas de pensamiento propias de nuestras culturas, que se expresan en las dimensiones vivenciales: Espiritual (Ser), Cognitiva (Saber), Productiva (Hacer) y Organizativa (Decidir), estableciendo relaciones de carácter intercultural entre los saberes y conocimientos propios y de las otras culturas.

Asumiendo que la descolonización también es una disputa del poder establecido, la descolonización de la educación contribuye a la construcción de una nueva sociedad y modelo civilizatorio de convivencia plural, por lo que será liberadora, revolucionaria y transformadora.

La Ley de la Educación, recientemente aprobada el 27 de diciembre, no sólo retoma los principios establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional cuando sostiene que la “educación es descolonizadora” sino que establece las bases para constituir este postulado en hechos. Por ejemplo, determina las condiciones para construir las pedagogías propias de nuestro Estado plurinacional, es decir las teorías y metodologías bolivianas. Señala que la educación es “transformadora de las estructuras económicas y sociales” (Art. 3; 1), y “liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico” (Art. 3; 14), que desarrolla “los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria y campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, en complementariedad
con los saberes y conocimientos universales…” (Art. 3; 10) y que tiene que “universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación desde las identidades culturales”. (Art. 4; 3) Que no queden dudas, descolonizar la educación no es una mirada y acción que se agota sólo en lo endógeno, sino también es la capacidad de entablar, desde nuestra identidad y pensamientos, diálogo “de tú a tú” con “el otro”, con el saber y conocimiento universal.

La Ley no se queda en enunciados teóricos, plantea elementos para construirlos en la práctica. Veamos los más importantes. Plantea la promoción de “la investigación científica… y pedagógica en todo el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los currículos regionalizados” (Art. 6; 20) y crea el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional “para diseñar y desarrollar estrategias de apoyo a las políticas de transformación del Sistema Educativo Plurinacional” (Art. 87), así como el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura “que desarrollará procesos de investigación lingüística y cultural…” (Art. 88) También propone nuevos roles para los maestros y las maestras, cuando indica que se formarán profesionales “críticos, reflexivos,… propositivos, innovadores, investigadores…” (Art. 33)

Una acción fundamental para cumplir con este propósito será retomar y releer la experiencia de la “Escuela Ayllu de Warisata” (1931), así como recuperar y sistematizar las prácticas y propuestas de las y los educadores y pedagogos que mediante procesos de innovación construyen alternativas a la educación tradicional.

Por otro lado, la Ley, retomando lo que determina la Constitución Política del Estado Plurinacional, frente a la tradición excluyente y discriminadora del sistema educativo determina de manera expresa que “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.” (Art. 1; 1).

Además, sostiene que la educación “Es universal porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así como a las bolivianas y bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida,…” (Art. 3, 3), que es “Diversa y plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en relación a las modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional” y que “Es inclusiva,… ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna…” (Art. 3, 7).

En suma, de lo que se trata es desarrollar una educación democrática para todas y todos. No solo ello, de manera concreta y directa se plantea programas de educación para las poblaciones en situación de exclusión, por ejemplo, educación para migrantes (Art. 3, 3), educación para personas con discapacidad, con dificultades en el aprendizaje y con talento extraordinario (Art. 5, 14 y 21; Arts. 16 al 27), escuelas en fronteras y educación para personas en situación de vulnerabilidad social (Art. 5, 20 y Art. 15)

Si el colonialismo generó un tipo de personalidad marcado por la discriminación y la creencia que unos son mejores que los otros –corresponde generar otro tipo de personalidad e institucionalidad en el pueblo boliviano. Un pueblo que valore su propia identidad, que tenga la capacidad de establecer desde lo que somos una interacción con los otros países sin complejo alguno, que elimine toda forma de discriminación en la educación.Noel Aguirre LedezmaTweet

Así como el Estado que se construye es Plurinacional, la justicia se hace plural porque se coordina entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, el modelo económico boliviano es plural porque reconoce las diversas formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, en el contexto de la transformación e inclusión, la educación también es plural y, lo que es fundamental, se hace “única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y los privado, lo urbano y rural.” (Art. 3, 4)

Para finalizar, si el colonialismo generó un tipo de personalidad marcado por la discriminación y la creencia que unos son mejores que los otros –corresponde generar otro tipo de personalidad e institucionalidad en el pueblo boliviano. Un pueblo que valore su propia identidad, que tenga la capacidad de establecer desde lo que somos una interacción con los otros países sin complejo
alguno, que elimine toda forma de discriminación en la educación. El reto de “descolonizar la educación” está planteado, no solamente para los actores del sector educativo, sino para el conjunto de la población.


¹ Zacarías Alavi Mamani, Instituto de Estudios Bolivianos de la UMSA, “El Colonialismo Lingüístico y Educativo en Bolivia”. Ponencia presentada en el Simposio : La gestión del multilingüismo: ¿Qué futuro para los idiomas indígenas minorizados?
² Felix Cárdenas Aguilar, “Mirando Indio”, Aportes para el debate descolonizador, 2010

Fuente de la información: https://redclade.org

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