Los docentes se encadenaron en los exteriores del ente e insistieron en el reclamo, que según alegan, es en defensa de la educación pública.
El pedido concreto es dar luz verde a la implementación de la normativa, aprobada por el anterior órgano legislativo.
‘Estamos exigiendo a los nueve jueces de la Corte Constitucional que se pronuncien en defensa de la educación pública, en defensa de nuestros niños y jóvenes’, afirmó Isabel Vargas, presidenta de la UNE.
Al respecto, añadió que 560 mil menores están actualmente fuera del sistema de enseñanza, lo cual debe ser atendido.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán las medidas, las cuales podrían incluso llegar hasta una huelga de hambre.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene por objetivo normar el sistema nacional de enseñanza con una visión plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
El reglamento establece que no puede haber discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica o migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar el VIH o discapacidad.
Asimismo, comprende un aumento del sueldo de los educadores y lo ubica en 2,5 salarios básicos unificados, lo cual equivale a un pago de mil dólares.
Sin embargo, la Corte declaró el texto inconstitucional, ante lo cual ya se presentaron 18 recursos en su defensa.
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