Argentina: Cinco claves sobre el intento del gobierno de declarar a la educación como “servicio esencial” para atacar el derecho a huelga.

1- Hipocresía libertaria, macrista y radical: ¿Por qué quieren declarar a la educación como servicio esencial?

Los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, junto a Carla Carrizo de la UCR son en este caso los autores del proyecto ( Ya lo habían intentado con el DNU 70/23, luego con la fallida Ley Ómnibus) “Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales”, menciona Alejandro Finocchiaro ( ex ministro de Educación durante el macrismo). Esto implica un ataque directo al derecho a huelga de las y los docentes.

Sólo ven la esencialidad de la educación cuando se ejerce el derecho de huelga, y no en los momentos en los cuales verdaderamente deben advertir su importancia: al elaborar el presupuesto, al asignar recursos, al negociar salarios.

Declarar “esencial” la educación ¿significa que el gobierno le dará más presupuesto a la educación, construirá más escuelas, bibliotecas, distribuirá tecnología y libros a todos los estudiantes o dispondrá de más dinero para una formación docente continua, gratuita y en servicio?
De ninguna manera. El solo hecho de congelar las partidas presupuestarias para Educación, con el presupuesto del año pasado y con una inflación que la triplica, significa su desfinanciamiento y vaciamiento.

No es el primer gobierno que lo intenta. En campaña electoral vimos estas propuestas de la mano de Bullrich, Massa y hasta la propia Cristina Fernández sugirió -en una de sus clases en la Universidad- que había que discutirlo.

2- ¿Qué dicen las leyes actuales?

La educación no es servicio público esencial según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional.

El Comité de Libertad Sindical en reiteradas oportunidades ha señalado que sólo pueden considerarse como tales aquellos cuya interrupción pueda acarrear “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población” y ha establecido que la educación no es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. En 2017 la Corte Suprema de Justicia ya declaró inconstitucional un decreto que declaraba la educación básica e inicial como esencial, cerrando la discusión legal.

3- ¿Cuál es la situación de las niñeces bajo este gobierno y porque se menciona en el proyecto?

Bajo el gobierno de Milei siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza.
Según el informe de Unicef, son 8,6 millones de chicos menores de 18 años, que viven en hogares que no alcanzan el piso mínimo de ingresos monetarios o en entornos de privación de derechos (vivienda, salud, educación, entre otros).

Pero la hipocresía de los paladines del gobierno permite que mencionen a “ los derechos de la infancia” como argumento para declarar a la educación como servicio esencial. “El proyecto tiene su enfoque en los derechos de la infancia. No tiene que ver con el derecho laboral. No hay nada en contra de ningún docente ni del derecho de huelga. Queremos docentes bien pagos y chicos estudiando.”, explicó la diputada Carla Carrizo.

Se ve que la diputada no pisa una escuela pública hace años ni está al tanto de las tremendas estadísticas que reflejan la realidad de millones de pibas y pibes que no tienen para comer ni útiles para ir a la escuela.

El gobierno además se basa en las leyes existentes para realizar una ofensiva en el ingreso de empresas, ONG y fundaciones para financiar y sponsorear cooperadoras, un pedido del FMI, el Banco Mundial y la OCDE para hacer negocios con la educación. En primer lugar está ordenado pedagógica y políticamente como un “servicio” y no como un derecho social. Es una clara orientación hacia una Educación cada vez más de mercado, meritocrática e individualista, como proponen los organismos de créditos internacionales y las grandes patronales.

4- ¿Qué dijeron los diputados del Frente de Izquierda Christian Castillo y Romina del Plá en la comisión de educación?

“Este gobierno viene a hablar de esencialidad, pero paró las obras en las escuelas. No sean hipócritas, ustedes quieren demoler la educación pública. El ataque a derecho a huelga de la docencia es para atacar la educación pública. No hablen más de que defienden la educación pública. Son antiobreros y propatronales, quieren que dominen las grandes corporaciones (…)
Los docentes trabajan 3 o 4 cargos para llegar a fin de mes. Se equivocan si con esto las y los trabajadores de la educación van a dejar de pelear por sus derechos” afirmó Christian Castillo en la comisión de educación.

¿Cuál es el proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que no garantizan que las escuelas funcionen? , que no desborden los pozos y que los docentes y estudiantes estén dando clase en medio de la mierda, porque eso es lo que pasa en las escuelas de nuestro país”; agregó la diputada Romina del Plá.

5- Los sindicatos docentes deben convocar a asambleas y plan de lucha y estar en estado de alerta y movilización

Frente a esto, las conducciones de los sindicatos docentes como Ctera, Suteba, Ute y otros sindicatos de base se limitan a una denuncia por redes sociales. Ya vimos como el vergonzoso papel de la CGT y las CTA debilitó la lucha contra la Ley Bases y facilitó la represión policial. En el caso de Suteba en la Provincia de Buenos Aires, no convocaron una sola asamblea ni llamaron al paro.

Además vimos como la Ctera en Misiones firmó un aumento de miseria a espaldas de miles de trabajadoras de la educación que siguieron peleando y dieron un claro ejemplo de lucha. Es urgente que los sindicatos se declaren en estado de alerta y movilización ante este nuevo ataque que intenta imponen el gobierno contra el derecho a huelga.

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