Las mujeres afganas pierden la esperanza de recuperar sus derechos tras más de 1.000 días sin educación.

Por: Alejandro Gomes

El 15 de agosto de 2021, marcó un nuevo capítulo oscuro en la historia de Afganistán cuando los talibanes retomaron el poder. Una víctima de esta situación es Amal, una estudiante universitaria de 24 años que soñaba con convertirse en una gran periodista. Hoy, sin embargo, su vida ha dado un giro dramático debido a la prohibición de la educación para las niñas mayores de 12 años impuesta por los talibanes.

Amal, cuyo nombre real se mantiene en secreto, comenzó a manifestarse en las calles junto a otras mujeres poco después de la toma de poder de los talibanes. A pesar de las amenazas y la violencia, incluso estableció una escuela clandestina en su casa. Sin embargo, los talibanes irrumpieron en su casa hace siete meses, amenazando con matarla a ella y a su familia, y la golpearon brutalmente. Amal, al igual que muchas mujeres afganas, vive en clandestinidad y soledad, luchando por su derecho a la educidad y sintiéndose abandonada por la comunidad internacional.

La comunidad internacional ha sido rápida para condenar las acciones de los talibanes, pero sus palabras han tenido poco impacto en la realidad de las mujeres en Afganistán. Los talibanes no han revocado ninguna de sus prohibiciones a las mujeres, y países vecinos como Rusia y China están dando pasos hacia el reconocimiento de su gobierno. La ONU incluso ha invitado a los talibanes a participar en una conferencia internacional sobre Afganistán en Doha, Qatar, a finales de junio.

Esta invitación ha causado indignación entre los grupos de mujeres afganas que han estado protestando contra lo que los expertos de Naciones Unidas describen como un «apartheid de género«. Estas mujeres temen que se estén dando pasos hacia la normalización de los talibanes. La soledad y el aislamiento de las mujeres afganas son tales que estas activistas solo pueden protestar fotografiándose con la cara tapada y pancartas en sus manos dentro de sus casas. Algunas, las más valientes, incluso se atreven a salir a la calle para protestar, a pesar de la represión brutal.

El jueves pasado, marcó 1.000 días desde que las adolescentes afganas fueron prohibidas de estudiar por los talibanes. La agencia de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, se unió a la conmemoración de este día sombrío, deplorando las 3.000 horas de educación que se han perdido para un millón y medio de jóvenes afganas. Esta pérdida amenaza su autonomía y su futuro.

Además de la educación, los talibanes también han prohibido el derecho al trabajo para las mujeres afganas, su libertad de movimiento, e incluso su libertad de expresión. El último de estos ataques se anunció recientemente, cuando el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Ajundzadá, limitó el salario de todas las mujeres del país a una cantidad insignificante, independientemente de su edad, puesto de trabajo, experiencia y formación académica.

En Afganistán, ya no hay policías, juezas, diputadas, abogadas, ni apenas funcionarias, ni periodistas mujeres. Los talibanes también han prohibido a las mujeres trabajar en ONG y en las agencias de la ONU, con contadas excepciones en los ámbitos sanitario y educativo. La educación secundaria y superior también están prohibidas para las mujeres. En diciembre de 2022, los talibanes prohibieron a las mujeres estudiar en la universidad. En abril de 2023, cerraron las academias privadas donde muchas niñas estudiaban idiomas o matemáticas, entre otras disciplinas, incluidas en una lista de materias «no aptas» para mujeres.

Las afganas, y por consiguiente sus hijos pequeños, tienen prohibido viajar sin un guardián masculino y no pueden entrar en parques infantiles ni naturales. Tampoco pueden entrar en gimnasios, ni en baños públicos, ni siquiera ir de pícnic al campo. Los fundamentalistas han cerrado peluquerías y salones de belleza y les han prohibido llamar a programas de radio. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, denunció en abril que tres periodistas habían sido detenidos por aceptar llamadas de oyentes femeninas.

Entre junio de 2023 y marzo de 2024, el «régimen asfixiante» que rige Afganistán aprobó 52 reglamentos que atentan contra los derechos de las mujeres y las niñas del país, según un informe del relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett.

A finales de marzo, el emir Ajundzadá anunció en la radiotelevisión pública del país una enésima y grave decisión contra las mujeres afganas: la reinstauración de la flagelación pública y la lapidación de mujeres por adulterio. En reacción a esta decisión, Sahar Fetrat, investigadora afgana de Human Rights Watch, afirmó en declaraciones al diario The Guardian que la inacción de la comunidad internacional explica este anuncio.

Sin educación ni perspectivas de tener un trabajo, la suerte de muchas adolescentes afganas está echada. Las organizaciones internacionales alertan de la relación directa entre el abandono escolar, los matrimonios forzados y las maternidades precoces, y la perpetuación de la pobreza. El costo económico anual de la prohibición de trabajar a las mujeres afganas es de unos 934 millones de euros, el 5% del PIB del país, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desde su escondite en Kabul, Amal deplora que la violación de los derechos de las mujeres no solo no haya provocado una intervención de la comunidad internacional, sino que se ha convertido en una herramienta de chantaje de los talibanes para alcanzar «sus objetivos políticos». El primero, el de ser reconocidos como gobernantes legítimos de Afganistán. Algunas voces, como la del Gobierno chino, defienden ya que hay que hablar con ellos.

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