8 de marzo de 2026: Congreso, modelo de Estado y educación en una definición histórica

 Por: Carlos Munévar   

Cuando la correlación de fuerzas, la memoria del magisterio y la arquitectura democrática se cruzan en una misma elección

El 8 de marzo de 2026 Colombia no elegirá únicamente un nuevo Congreso para el período 2026–2030. Elegirá la correlación de fuerzas que hará posible —o inviable— la orientación estructural del Estado en la próxima década. En contextos de transición política, las elecciones legislativas dejan de ser un episodio intermedio y se convierten en el verdadero escenario donde se define si un proyecto de transformación se consolida como política de Estado o se reduce a experiencia pasajera.

Desde una perspectiva de izquierda democrática, esta elección no es simplemente un referendo sobre un gobierno. Es una disputa por el tipo de Estado, por el modelo de desarrollo, por la profundidad de la democracia y por el lugar que ocupará la educación pública en ese diseño institucional.

La arquitectura del poder: por qué el Congreso define el rumbo real

El presidencialismo colombiano no opera sobre la voluntad unilateral del Ejecutivo. En la práctica, las transformaciones estructurales —tributarias, laborales, energéticas y sociales— dependen de mayorías legislativas estables capaces de sostenerlas en el tiempo. Sin ese soporte parlamentario, el cambio se ralentiza, se fragmenta o termina desnaturalizándose en el trámite legislativo y eso es precisamente lo que no ha tenido el país históricamente.

La democracia como sistema de gobierno implica que el Congreso puede desempeñar tres funciones claramente diferenciadas. Puede actuar como motor de transformación cuando existe coherencia programática y disciplina política en torno a un proyecto común; puede convertirse en un espacio de transacción permanente donde cada reforma se negocia al costo de reducir su alcance beneficiando a los clanes políticos regionales; o puede erigirse en un dique de contención que bloquee o vacíe de contenido las agendas estratégicas del Ejecutivo, como es el caso del periodo Petro. La diferencia entre estos escenarios no es retórica ni simbólica: determina si una reforma social se consolida como norma duradera o si se diluye en concesiones parciales.

Por ello, el 8 de marzo no solo se disputan curules. Lo que realmente se define es la correlación de fuerzas que condicionará la gobernabilidad y el margen de acción política durante todo el período siguiente. La izquierda enfrenta aquí un desafío estratégico central: sin mayorías estables y cohesionadas, incluso los proyectos más legítimos quedan supeditados a acuerdos coyunturales y “mermelada política” que limitan su profundidad. La fragmentación interna no es solo un problema organizativo; puede convertirse en una debilidad estructural que comprometa la viabilidad del programa de transformación.

El modelo de desarrollo en disputa: la economía política del Congreso

El próximo período legislativo será decisivo en la definición del modelo de país que se está construyendo. El debate no se limita a iniciativas aisladas, sino que atraviesa la arquitectura misma de la economía política del país. En este escenario, el Congreso no es un simple escenario técnico de aprobación normativa: es el espacio donde se dirime qué intereses prevalecen y qué orientación estratégica adopta el Estado.

En materia de justicia fiscal y redistribución, la sostenibilidad del Estado social depende de un sistema tributario progresivo que permita financiar derechos y políticas públicas de manera equitativa. Sin un respaldo parlamentario sólido, cualquier reforma fiscal corre el riesgo de diluirse a través de exenciones sectoriales, ajustes regresivos o mecanismos compensatorios que terminan favoreciendo a los sectores de mayor poder económico. El Congreso no se limita a aprobar impuestos; define, en última instancia, quién financia el Estado y quién se beneficia de su acción. El grave problema es que las grandes mayorías del congreso actual, y del que puede ser electo si se pierden las elecciones, son cuotas políticas de clanes mafiosos integrados con terratenientes, empresarios y multinacionales con nexos históricos con grupos armados herederos del paramilitarismo y/o cooptados por intereses políticos de la oligarquía colombiana.

Política laboral y estructura del mercado de trabajo

Colombia mantiene niveles estructuralmente altos de informalidad laboral, precarización y segmentación del mercado de trabajo. La orientación que adopte el Congreso será determinante para definir si el país avanza hacia un modelo de formalización progresiva, estabilidad contractual y fortalecimiento de la negociación colectiva, plasmados en la reforma laboral del gobierno Petro o si, por el contrario, se consolida un esquema centrado en la flexibilización bajo el argumento de la competitividad y la atracción de inversión.

El trabajo no es únicamente una variable macroeconómica ni un dato estadístico en los informes de crecimiento. Es un eje constitutivo de ciudadanía social. A través del empleo se accede a seguridad social, ingresos estables y reconocimiento social. Por ello, el desarrollo de la reforma laboral no solo regula relaciones productivas; expresa, en el fondo, el modelo de sociedad que se busca consolidar.

Transición energética y soberanía económica

La transición hacia energías limpias implica mucho más que un ajuste ambiental. Supone una redefinición profunda de la matriz productiva, de las fuentes de ingreso fiscal y del lugar de Colombia en la economía internacional. La discusión no se limita a sustituir combustibles fósiles por energías renovables; involucra decisiones estratégicas sobre inversión, desarrollo regional, empleo y soberanía económica.

El Congreso será el escenario donde se definan la velocidad y la profundidad de este proceso, así como los mecanismos de compensación territorial y social. De sus decisiones dependerá si la transición se convierte en una oportunidad para diversificar la economía y reducir desigualdades, o si se gestiona de manera fragmentada, generando nuevas tensiones fiscales y territoriales.

Paz territorial y concepción de la seguridad

La consolidación de la paz territorial requiere marcos normativos estables y recursos sostenidos en el tiempo. Políticas de desarrollo rural integral, sustitución de economías ilícitas y presencia efectiva del Estado en regiones históricamente marginadas no pueden depender de voluntades coyunturales. Necesitan respaldo legislativo consistente que también construya percepciones y sustituya la matriz mediática del enemigo interno, cambiando las lógicas de discriminación y de desconocimiento de las causas profundas del conflicto interno colombiano.

En este campo se enfrentan dos concepciones distintas de seguridad. Una entiende la seguridad como un enfoque integral, articulado con inversión social, infraestructura, educación y oportunidades económicas. La otra privilegia principalmente el control coercitivo y el despliegue de fuerza. El Legislativo actuará como árbitro de esa tensión, definiendo cuál de estas visiones orientará la política pública en los próximos años.

Educación y poder: la lección histórica

La historia demuestra que cuando se disputa el proyecto de nación, la escuela se convierte en un espacio estratégico. No porque sea, por naturaleza, un aparato de propaganda, sino porque es el lugar donde se forma ciudadanía, se transmiten valores democráticos y se construyen marcos de interpretación de la realidad. Vale la pena hacer memoria.

En la Alemania de Adolf Hitler, tras 1933, el régimen expulsó a docentes judíos y opositores políticos, reescribió los currículos para inculcar antisemitismo y culto al líder, y convirtió la afiliación ideológica en requisito profesional. La escuela dejó de ser un espacio plural para transformarse en instrumento del Estado totalitario. Las juventudes Hitlerianas fueron consecuencia de esta política educativa de un régimen como el nazi, que aún hoy, evidencia la herencia cultural en el auge de grupos neonazis y de ultraderecha en las sociedades modernas.

En la Italia de Benito Mussolini, el juramento obligatorio de lealtad impuesto en 1931 simbolizó la subordinación de la autonomía universitaria al proyecto fascista. La educación fue integrada explícitamente al aparato político del régimen.

En la España de Francisco Franco, tras la Guerra Civil, miles de docentes republicanos fueron fusilados, encarcelados o expulsados. La educación laica fue reemplazada por un modelo nacionalcatólico doctrinario, alineado con la ideología oficial.

El patrón histórico resulta evidente: primero se estigmatiza al maestro crítico; luego se produce la depuración institucional; finalmente se impone el control curricular. Colombia no vivió un régimen fascista europeo, pero sí ha conocido el peso de la estigmatización en contextos de conflicto armado y polarización política.

El giro contemporáneo: disputa cultural y autonomía educativa

Durante la presidencia de Donald Trump no se han registrado purgas masivas en el sistema educativo, pero sí se ha venido desarrollando una confrontación cultural significativa con el magisterio organizado. Se han promovido políticas de “school choice” y se cuestionaron programas de diversidad bajo la narrativa del supuesto “adoctrinamiento”.

Este caso evidencia que la intervención en educación puede adoptar formas simbólicas y normativas sin recurrir a violencia física directa. La disputa cultural puede tensionar profundamente la autonomía pedagógica y erosionar la legitimidad del magisterio. El lenguaje político no es neutro: construye legitimidades o las debilita.

Colombia: violencia contra el magisterio y memoria democrática

En Colombia, el debate adquiere una dimensión especialmente sensible. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), fundada en 1959, se consolidó como actor central en la defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.

Esa visibilidad tuvo costos humanos profundos. Entre 1986 y 2016, informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz documentan cerca de mil quinientos docentes asesinados. La Escuela Nacional Sindical ha registrado más de 3.300 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023, además de miles de amenazas, desplazamientos y hechos de violencia. El sector educativo fue uno de los más afectados.

Regiones como Urabá, Arauca y el Magdalena Medio conocieron listas negras y asesinatos selectivos en los que, con frecuencia, el señalamiento ideológico precedía al crimen. La estigmatización no fue un discurso inocuo; en múltiples casos operó como antesala de la violencia.

Coyuntura electoral y disputa simbólica

En la actual coyuntura, sectores como el Centro Democrático y figuras públicas como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Daniel Briceño y otros, han formulado críticas severas al sindicalismo docente, señalando presunto “adoctrinamiento” y proponiendo limitar su influencia en el sistema educativo.

No se anuncian persecuciones explícitas. Sin embargo, la historia colombiana demuestra que la erosión sistemática de legitimidad puede generar condiciones adversas para la protección institucional y la garantía de derechos. En democracias frágiles, el discurso importa tanto como la norma.

Más allá de 2026: una decisión estructural de largo plazo

La elección del 8 de marzo no debe leerse únicamente como respaldo o castigo a una administración específica. Se trata de una definición estructural sobre el tipo de Estado que Colombia consolidará en el mediano plazo: si avanzará hacia un Estado social de derecho con capacidad redistributiva robusta; si promoverá un modelo económico orientado a la equidad territorial; si apostará por una política de paz con inversión estructural; y si garantizará una escuela pública plural y protegida.

El Congreso que emerja de esa jornada electoral moldeará el horizonte político, económico y social de la próxima década.

Educar, legislar y decidir el futuro democrático

En Colombia, educar ha sido, en demasiadas ocasiones, un acto de resistencia. La memoria de los docentes asesinados no constituye un recurso retórico, sino una advertencia histórica sobre los riesgos de la estigmatización y la desprotección institucional.

Defender la educación pública y la dignidad del magisterio no es una consigna partidista; es una condición básica de la democracia. El Congreso que se elija el 8 de marzo de 2026 definirá la profundidad de las reformas sociales, la orientación del modelo económico, la concepción de la seguridad y la paz, y el lugar de la escuela en el proyecto nacional.

No se trata simplemente de una elección legislativa. Es una decisión estructural sobre el rumbo del Estado, la calidad de la democracia y la protección de quienes, desde las aulas, forman ciudadanía en Colombia.

8 de marzo de 2026: Congreso, modelo de Estado y educación en una definición histórica