Alberto Sebastián Barragán
El enigmático 19 de septiembre repitió las causas y las consecuencias. Los últimos sismos causaron pérdidas irreparables, vidas en juego, tristeza, melancolía, miedo. Como hace 32 años el gobierno fue insuficiente y la esencia de las manos mexicanas se unificó como nunca lo había hecho. Como un ciclo generacional, se pasó la estafeta del voluntariado y la filantropía. En respuesta a la tragedia sin tiempo, la solidaridad y la experiencia del 85 salieron nuevamente a las calles. Otra vez brotaron lazos comunes y de familiaridad. Miles de personas en las calles, en los centros de acopio, en los albergues. Se hizo presente la ayuda mutua y el reconocimiento de la mexicanidad como nuestro rasgo común. El ánimo de cooperación también formó parte de las réplicas del sismo.
Como recuento periodístico del terremoto de 1985, Elena Poniatowska recuperó algunas versiones de los que padecieron los estragos del siniestro, y se publicó: Nada, nadie. Las voces del temblor, en ese libro se describe detalladamente cómo las instancias gubernamentales intentaron reaccionar y monopolizar la atención a la emergencia. En los relatos se percibe la presencia del voluntariado de la UNAM y del Politécnico, el recaudo medicinal de Radio Educación, la cobertura de Canal Once, la unión de radiodifusoras, la saturación de Locatel, la ayuda internacional… y la corrupción.
Escombros, tristeza, pérdidas y ayuda. Judith García, tras perder a su marido y a sus hijos, expresó una triste demanda que nos desgarra desde 1985 hasta nuestros días: “… la gente que murió no murió por el sismo, eso es mentira, la gente murió por la mala construcción, por el fraude, por culpa de la incapacidad de un gobierno corrupto al que no le importa que la gente viva y trabaje en edificios que pueden caerse”. Así como el día 19 de septiembre, el cáncer de la corrupción se repite, y se ha desarrollado durante 32 años más. Todo se repitió como si nada hubiéramos aprendido.
Estos últimos días han sido una transición a la normalidad que vivíamos. Se decretaron tres días de luto nacional. En algunas instancias públicas y particulares se han declarado días inhábiles hasta la supervisión de personal calificado para regresar a las actividades. Pero el sector educativo, ha sido uno de los más complejos por reactivar. Varios días después del siniestro, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también ha experimentado una suerte de colapso en sus actividades.
Según la SEP, a través del Comunicado 277, se informa que 12 mil 931 escuelas tuvieron alguna afectación por los sismos, en las entidades involucradas. Esto requerirá 13 mil millones de pesos para rehabilitar o reconstruir los planteles dañados. Aquí se tendrán que hacer valer los seguros de los planteles, sin embargo, Aurelio Nuño también añadió que se ocuparán recursos del Fondo de Desastres Naturales y una bolsa de 700 millones de pesos de la SEP, para reparaciones menores, además de que se cuenta con el Programa Escuelas al CIEN. Sin embargo, habría que conocer los términos de los contratos con las aseguradoras, ya que no deberían ocuparse más recursos públicos para la reparación o reconstrucción de las escuelas afectadas.
El regreso a clases, en la Ciudad de México, depende de la revisión de planteles, en donde se ha responsabilizado al Colegio de Ingenieros Civiles de México, que están trabajando al ritmo que pueden, para que los Directores Responsables de Obra, emitan el dictamen para garantizar la seguridad de alumnos y maestros. Este proceso llevará semanas en culminar, y se genera la reanudación paulatina de actividades, que como también ha declarado el secretario de educación, es un tiempo que se recuperará en vacaciones o fines de semana. Es decir, en esas declaraciones se percibe que la autonomía de gestión quedará estrictamente supeditada a las disposiciones de la SEP, y no a las necesidades de los planteles.
Pero la educación debe continuar. Las clases se habrán de reanudar y seguir el proceso formativo de todos los niveles. Pero ahora se mantiene latente la noción de “seguridad”, de cuidado de la integridad física y psicológica de comunidad escolar. Este sigue siendo un tema pendiente de la reforma educativa. Recordemos que desde el 2007 se creó el programa “Escuela segura”, el cual incluía objetivos y acciones para prevenir y atender la violencia en las escuelas. Pero este programa ha venido a menos por su falta de supervisión, y se convirtió en otro programa burocrático que “distraía” las actividades académicas de las escuelas.
La última reforma educativa, modificó todo el marco normativo de la educación, pero no incluyó actividades que impulsen la Protección escolar, para diseñar y aplicar protocolos de actuación en caso de siniestros, o fortalecer y sistematizar los simulacros para responder a los fenómenos naturales que han estado presentes en los últimos días. Este hueco en el sistema educativo, se tendría que cubrir desde las disposiciones de la política educativa en turno, sin embargo, se mantiene el vacío de la protección escolar.
Esta necesidad la podemos atender desde diferentes espacios, desde convenios interinstitucionales, con la voluntad de autoridades y docentes. Se pueden empalmar las experiencias recientes con procesos de protección para reducarnos, maestros y alumnos, en términos de prevención y protección desde las escuelas. Este cambio de visión, requiere fortalecerse desde el sector educativo, para que no quede en esfuerzos aislados, que poco a poco se van apagando en cada generación de política educativa.
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