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Ambiente: El mundo puede ser mejor con energía renovable según estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza

El mundo puede ser mejor con energía renovable según estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza

AMBIENTALISTAS SE MANIFIESTAN CONTRA UNA MINA DE CARBÓN EN ALEMANIA OCCIDENTAL

Un sistema energético impulsado por energías renovables será mucho mejor, entre dos y 16 veces, para las personas, la vida silvestre y el planeta, proyectó un estudio divulgado este viernes 3 por el no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés).

Marcene Mitchell, vicepresidenta de cambio climático de WWF dijo que “los resultados nos ayudan a centrarnos en el panorama general y dejar claro que las energías renovables son significativamente mejores para la naturaleza y las personas, ahora y en el largo plazo”.

El estudio, “Construyendo una transformación energética positiva para la naturaleza”, fue realizado junto con la firma estadounidense de consultoría Boston Consultin Group (BCG), estima el impacto general de una transición energética a través de 30 métricas clave (valores medibles) en ocho áreas de impacto.

Su primera conclusión es que un sistema energético impulsado por energías renovables tendrá un impacto positivo en una variedad de recursos, incluidos la calidad del aire y el agua, la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas.

Los mejores resultados ocurren en 27 de las 30 métricas de impacto medidas.

Las mayores diferencias se encuentran en las áreas mineras, la calidad del aire y el agua, la pérdida de biodiversidad, la tierra perdida y degradada por los impactos climáticos, el riesgo de pobreza, la exposición a la escasez crónica de agua, los cambios de bioma, el estrés por calor y el riesgo de inundaciones.

Esos mejores resultados son posibles en gran medida gracias al desmantelamiento de las minas de carbón, la reducción de la quema de combustibles fósiles y los menores impactos del cambio climático en un futuro de transición rápida.

El estudio proyecta que una rápida transformación creará el doble de puestos de trabajo, lo que tendrá un impacto positivo en la fuerza laboral.

También, que reducir la frecuencia y la intensidad de los desastres provocados por el cambio climático ahorrará dos billones (millones de millones) de dólares al año en daños a la infraestructura.

Señala que la transición a las energías renovables podría imponer demandas adicionales sobre el uso del agua, la huella de la tierra y los ríos que fluyen libremente, pero el informe describe estrategias para evitar o minimizar drásticamente estos riesgos.

La demanda de metales críticos (litio, níquel, grafito, neodimio, cobre, cobalto, acero, silicio, plata, aluminio) aumentaría entre dos y 15 veces. Sin embargo, solo representarían cinco por ciento de la producción mundial total de metales en 2050.

Para entonces, el escenario de transición rápida tendría 30 % menos de superficie total de tierra dedicada a la minería (76 000 kilómetros cuadrados en vez de 115 000) y de minas activas (2300 en lugar de 3400) en comparación con el de mantener la actividad como ahora, debido principalmente al desmantelamiento del carbón.

El estudio sostiene que en un futuro impulsado por combustibles fósiles, la cantidad de tierra perdida por inundaciones, desertificación e incendios forestales será considerablemente mayor que la huella del desarrollo de energías renovables.

En cuanto a calidad del aire, el escenario de transición rápida implica una quema significativamente menor de combustibles fósiles, lo que se traduce en grandes mejoras en la calidad del aire y la salud humana.

También se proyecta hasta 90% menos de eutrofización de agua dulce (exceso de nutrientes inorgánicos procedentes de la actividad humana), al disminuir la minería del carbón y de los vertidos directos de aguas residuales, y una disminución de hasta 76 % de los riesgos para la biodiversidad.

Con otras métricas, sostiene que la transición rápida puede crear hasta 36 millones de empleos al año en lugar de los 14 millones con la economía como hasta ahora, y los costos en infraestructura y suministro de alimentos bajarían hasta en 50 %.

Los riesgos de pobreza, estrés por calor y de inundaciones disminuirían entre 65 y 70 %, y en general los impactos relacionados con el cambio climático hasta 80 %.

El informe proporciona a los formuladores de políticas, administradores y partes interesadas una “caja de herramientas de soluciones” para facilitar una transición que sea rápida y cuidadosa, y establece un marco para evitar y minimizar los impactos de una transición rápida.

Entre sus advertencias incluye que para construir a la velocidad y escala necesarias, los procesos de planificación deben involucrar a las partes interesadas afectadas desde el principio y con frecuencia, especialmente las comunidades locales, y al mismo tiempo abordar las necesidades ambientales y del sistema energético.
Fuente de la Información: https://www.aporrea.org/internacionales/n387604.html
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¡Sueldos de hambre! Profesores universitarios en Venezuela ganan $18 como salario máximo

Por: Aporrea

¡Sueldos de hambre! Profesores universitarios en Venezuela ganan $18 como salario máximo

Al cumplirse 509 días desde la última vez que se anunció un aumento salarial, en marzo de 2022, los profesores universitarios recordaron la realidad que los persigue desde entonces: un salario insuficiente que no cubre las necesidades básicas y alimentarias de los profesionales.

La precariedad y el sueldo de hambre que reciben los educadores, lo demostró José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), quien publicó a través de Twitter una tabla que muestra el salario que recibe cada docente, donde el máximo cargo apenas cobra 18 dólares.

Está es la consecuencia de 507 días sin aumento salarial. Esto en la práctica se traduce en la destrucción de la carrera académica y el deterioro de las instituciones de educación universitaria. La política laboral del gobierno es un crimen», publicó Afonso este lunes 7 de agosto.

La tabla, que muestra 15 categorías de los profesores universitarios, refleja el sueldo en bolívares que ganan los docentes actualmente, el valor en dólares para marzo de 2022, y el valor en dólares para agosto de 2023, donde las cifras se han devaluado más del 80 %.

Durante una entrevista concedida a Voz de América, Afonso explicó que un profesor a dedicación exclusiva, lo que implica poseer cuatro trabajos de ascenso, obras publicadas, pregrado y postgrado, gana el día de hoy el equivalente a $18 mensuales, mientras que un profesor comenzando su carrera percibe el equivalente a 11 dólares.

El «salario máximo», valorado en Bs. 522,16, hace un año equivalía a 121 dólares, hoy su reducción evidencia la pobreza, precariedad y malas condiciones laborales en las que se ven afectados los docentes.

Ante esto, otro de los problemas que se suman a un sueldo insuficiente es el costo de la canasta alimentaria familiar, valorada en $511,20 al mes, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una cifra que muchos trabajadores públicos no pueden alcanzar debido a un salario mínimo que no supera los 5 dólares mensuales.

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com

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Venezuela: La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

Fuentes: Agencias / eldiario.es / Rebelión

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-onu-pide-levantar-las-sanciones-a-venezuela-por-sus-efectos-devastadores/

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Apofeminismo: ¿Qué sabes sobre la #LeyOlimpia de México?

La »’Ley Olimpia» no es una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas en varios estados de México encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciber-violencia

Las conductas que se considera que atentan contra la intimidad sexual:

  • Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
  • Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Olympia Coral Melo, la chica de la foto, era una estudiante brillante que había ganado premios nacionales de debate y oratoria y que tenía las mejores notas de su instituto. Desde los 12 años mantenía una relación con su novio. A los 18 y ,confiando en él, grabó un vídeo sexual. Ese vídeo se difundió primero por su instituto, luego por toda su ciudad y finalmente por todo su estado. He aqui la historia de Olimpia, difundida en una entrevista de la BBC.

«Cuando tenía 18 años grabé un video sexual con un novio con el que llevaba seis años.

Se veía mi cuerpo desnudo pero no se identificaba a mi novio y empezó a pasarse por WhatsApp. La gente hablaba de mí. Y mi novio me dejó sola.

Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decían que yo, una chica que tenía futuro, «estaba quemada en las redes sociales». Lucraron con mi cuerpo.

Cada día me llegaban a mis redes sociales solicitudes de hombres que me pedían sexo. Me empezaron a llamar «la gordibuena de Huauchinango». Y después, cuando el escándalo se hizo más grande, «la gordibuena de Puebla». Me encerré en mi casa durante ocho meses. Quise suicidarme en tres ocasiones.

Mi madre no usaba internet, pero un domingo en el que estaba reunida toda mi familia en la casa, mi hermano, de 14 años, llegó de la calle y aventó su teléfono en medio de todos. «Ese video de mi hermana sí existe y sí es Olimpia», dijo.

Mi mamá se puso a llorar. Fue el día más triste de mi vida. Yo me abalancé a los pies de mi mamá y le pedí perdón de rodillas a ella y a toda mi familia. Me sentía culpable. Les dije que quería morirme, que me ayudaran a morirme. Pero mi mamá, una mujer de una comunidad indígena que no había terminado ni la educación secundaria, que no sabe ni escribir, me sorprendió. Me levantó la cabeza y me dijo viéndome a los ojos: «Todas cogemos. Tu prima coge, tu hermana coge y yo también. La diferencia es que a ti te ven coger. Eso no te hace una mala persona o una delincuente».

Cada «like» a esas publicaciones es una agresión, cada «me gusta» es un golpe. Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió es como una violación. A mí no me penetraron, pero me estaban violando, porque utilizaban mi cuerpo. Digitalizado, sí, pero mi cuerpo al fin.

Cuando me decidí a denunciar el oficial encargado de atenderme me pidió ver el video. Y empezó a reírse. «No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al código penal no hay delito», me dijo.Cuando entré al Palacio Municipal de Puebla todo mundo comenzó a cuchichear. Era marzo del 2014. Yo apenas tenía 19 años. Les dije que yo era Olimpia «la gordibuena de Huauchinango», que era mi vídeo sexual y que había más víctimas de este tipo de violencia. Demostré con capturas de pantalla que algunos que estaban allí habían compartido y dado «like» a mi vídeo en redes sociales. «Ustedes son los delincuentes, no yo», les dije.

Pero el camino todavía era largo. Un diputado dijo que no podía apoyar mi ley porque sería «avalar la putería». Fue hasta 2018 que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el código penal. Así que después de años de intentos, la ley se aprobó en Puebla, que era mi meta.

Pero después se fue aprobando en otros estados de México. Hoy, los distintos puntos de la reforma han sido aprobados ya en 11 estados. No es solo una reforma, sino una causa. Queremos que se sensibilice, se prevenga y se erradique esta violencia.

Queremos estar seguras en internet. Que quede claro que lo virtual es real.

La reforma se empezó a conocer como «ley Olimpia» cuando una periodista lo puso así en una nota. Primero yo me reí, pero luego me di cuenta que para mí, lejos del reconocimiento, es una cuestión de deconstrucción.

Ya no soy «la gordibuena». Ahora mi nombre se asocia a una ley que pena los abusos en internet».

¡Gracias Olimpia! #LeyOlimpia

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n362395.html

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A César Trómpiz y Aristóbulo Istúriz. ¿Qué hacer con la Educación?

Por: Cécil Gerardo Pérez

Aristóbulo, por ser maestro de generaciones y luchador magisterial, debe saber que la educación, más que una profesión, o una manera de ganarse la vida, es un apostolado, una vocación de servicio social, puesta al servicio de la sociedad. César Trómpiz llegó a un alto cargo en el ámbito educativo (nada menos que ministro de Educación Universitaria) y debe ponerse a tono con las demandas que el mismo requiere, exige, mejor dicho. En este sentido, deben entender que Venezuela tiene en la actualidad un reto duro con problemas adicionales a la pandemia y su tratamiento médico-social, puesto que los integrantes de las comunidades educativas de los diferentes niveles debe «lidiar» con situaciones como:

  • Problemas graves con el servicio de electricidad, recursos, teléfonos con acceso a internet.
  • En la práctica, son los docentes quienes están financiando la educación, en virtud de que son quienes pagan el acceso a Internet, cada vez más costoso y complicado (el caso de ABA-CANTV es patético, de haber abanderado la conexión a mi les de venezolanos. ahora es un atentado a la tranquilidad de la gente) es decir, la conectividad necesaria para generar la comunicación con los estudiantes.
  • Las limitaciones del transporte púbico, que se encarece y escasea cada vez más, lo que dificulta la movilidad desde los hogares hasta los centros educativos y viceversa, cuando se hace necesario asistir.
  • La agudización de la crisis económica, sobre todo a lo atinente a la precariedad salarial de los trabajadores y trabajadoras de la educación que en promedio, apenas llegan a 3 dólares mensuales para acceder a la adquisición de productos alimenticios, del hogar y personales.
  • La base material de los trabajadores de la educación está seriamente afectada, se ha llegado a unos niveles tales que los profesores han debido dedicarse a dos o tres actividades adicionales para apenas sobrevivir a las duras condiciones de vida que en la actualidad tienen y eso para un dirigente de la educación debe ser de alta preocupación y por supuesto, dar lugar a la ocupación, es decir, tomar decisiones para solventar los problemas y no arrellanarse en los mullidos sillones ministeriales y en el aire acondicionada de sus oficinas. Hace poco publicamos un artículo donde exponíamos lo siguiente: «Un profesor universitario, nos abordó hace pocos días en los siguientes términos: «Me acaban de pagar la quincena por un millón 200 mil bolívares. Con eso me compré una harina de maíz y una mortadela, cómo hago para comer junto con mi familia?…Dile eso al presidente Nicolás Maduro, al ministro del Trabajo Eduardo Piñate y al ministro universitario César Trómpiz». Esto es una simple constatación de cómo están las condiciones salariales de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria, en medio de circunstancias difíciles propiciadas en primer término por las sanciones unilaterales del imperialismo norteamericano, pero también por los errores que se han cometido en las políticas implementadas por el gabinete económico del gobierno actual. Es una prueba fehaciente de cómo están demolidos destruidos, abatidos los ingresos de los trabajadores frente al creciente avance de los precios de los productos en esta sociedad capitalista salvaje de la Venezuela de hoy». https://www.aporrea.org/actualidad/a295144.html
  • Ante estas situaciones que afectan decisivamente a todos los trabajadores que dependemos de un sueldo y más específicamente a los de la Administración Pública y particularmente a quienes estamos en la esfera educativa planteamos las siguientes opciones a los ministros y decisores, si es que tienen VOLUNTAD POLÍTICA de resolver los problemas que confrontamos:
  • SE DEBE, ES IMPOSTERGABLE, ES URGENTE REALIZAR UN AUMENTO SUSTANCIAL DEL SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. Un ingreso integral que permita al menos recuperar la calidad de vida de quienes se dedican a la hermosa y noble tarea de formar en el presenta a las generaciones del futuro y garantizar la formación de ciudadanos útiles a la Patria, así como evitar que continúe la migración de enormes contingentes de jóvenes y adultos con alto nivel académico hacia el exterior, privando a Venezuela de esos talentos. ES decir, honrar lo establecido en el artículo 91 de la CRBV. El ministro de Educación hace pc declaraba que «Habrá sorpresas para los docentes en esta semana, por ser el próximo viernes 15 el Día del Maestro y que se «trabaja arduamente para mejorar los ingresos y consolidar el salario de todos los trabajadores del sector educación» https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/anuncian-sorpresas-para-maestros-en-su-semana/. Bien, si es un aumento pírrico, volveremos a situaciones de exasperación y decepción.
  • Se debe dotar a los estudiantes y a las familias del acceso a internet, se pueden crear zonas «Wifi» libre y gratuito para los estudiantes, aumentar el ancho de banda, liberar el wifi con fines educativos, tal como se había hecho en la gestión del ministro Manuel Fernández; el Gobierno ha repartido millones de computadoras portátiles y tablets «Canaimas», pero éstas no están automáticamente conectadas a internet.
  • Es necesario dotar a los docentes de teléfonos inteligentes con conexión a internet, para facilitar su labor, sobre todo cuando la inmensa mayoría del magisterio sólo se preparó para la modalidad presencial.
  • Subsidiar directamente, o llegar a acuerdo con las empresas proveedoras de servicios comunicacionales para que los docentes tengan acceso gratuito a este importante servicio, vital sobre todo si queremos mantener la educación a distancia, o continuar luego con la bimodalidad. A propósito de ello, el año pasado realizamos la siguiente denuncia: «En fecha 22 de marzo El Presidente Nicolás Maduro, instruyó al director de CONATEL coordinar con las empresas de telecomunicaciones para mejorar y ampliar sus servicios y dar garantías de ellos, dijo. «Prohibido en los próximos seis meses el corte de los servicios de telecomunicaciones en el país. Debe garantizarse los servicios de telecomunicaciones, completamente. Así como todos los servicios públicos». https://albaciudad.org/2020/03/prohibido-en-seis-meses-el-corte-de-los-servicios-de-telecomunicaciones/

Sin embargo, para la empresa privada INTER y todas las demás, especializadas en prestar servicios de televisión por cabletelevisión por satéliteInternet y telefonía, la instrucción fue asumida al revés. Desde esa fecha, las empresa siguen cobrando el servicio que prestan, comenzaron a generar mayores fallas en la prestación del mismo a sus millones de clientes en todo el territorio nacional, continuaron incrementando los precios de manera exorbitante, sin ningún tipo de aviso a los usuarios y eliminando en la práctica la recepción de quejas o comunicaciones y más aún, cortando el servicio a quienes se atrasan en los pagos, desatendiendo de esa manera la orden presidencial».

Ciertamente, podemos entender que en algunos sectores, la confrontación política y la precariedad laboral han generado resquebrajamientos axiológicos, pero no es así en la inmensa mayoría de los educadores y educadoras de Venezuela de los diferentes niveles (inicial, básica, secundaria y universitaria). Esto lo decimos en virtud de plantear cómo encarar el año 2021 en la educación venezolana. Millones de personas, niños, adolescentes, jóvenes adultos como estudiantes, obreros y empleados como apoyo a las labores académicas y decenas de miles de docentes giran alrededor del hecho educativo, tal como lo expresa el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: «El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. LA EDUCACIÓN y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines».

Culminamos, «POR AHORA» con unas reflexiones del prof. Salvador Camacho dirigidas a los diputados a la Asamblea Nacional, que deben ser tomadas en cuenta por los ministros del área educativa: «Servicios y bienes de consumo en dólares y salarios en bolívares es una ecuación incongruente que disloca la paz y la tranquilidad social. ¿Cómo construimos una sociedad mejor y justa de esta manera? Los argumentos que tratan de justificar y justificar y justificar la situación, ya el pueblo los ha digerido, analizado y como buen practicante de la economía ha concluido que no se puede seguir difiriendo las decisiones. No le pidan más paciencia y comprensión al pueblo. No le den más argumentos para no hacer nada al respecto Si ustedes cumplen con su responsabilidad de defender al pueblo, que Dios y la Patria os los premie, pero si no cumplen el pueblo os lo demandará y continuará con su agenda abierta de lucha que a pesar de las dificultades, que no está dispuesto a renunciar».

https://www.aporrea.org/ddhh/a298855.html.

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Venezuela: «¡Suéltame el teléfono, suéltame que me estás quitando los reales!» René Zapata, o cómo se crea un falso positivo desde Voluntad Popular y la FVM

América del Sur/Venezuela/19-01-2020/Autor(a) y Fuente: aporrea.org

Por: Aporrea.org 

El día sábado 18 de enero, las redes y grupos de whattssap se movían con una desagradable noticia. El dirigente sindical de la FVM del estado Miranda y también miembro de la Coordinación de Trabajadores del Partido Voluntad Popular enviaba unos extraños audios en los que hacía saber que estaba siendo detenido de manera ilegal por miembros de la PNB y además que estaba siendo brutalmente golpeado y robado.

La noticia se movía a través de «dirigentes» de partidos, sindicatos y federaciones, mientras en la base docente, muchos  se preguntaban quién era,  dada la desconexión existente entre los «dirigentes» de la Federación Venezolana de Maestros y la base magisterial. Otros maestros, dudaban de la versión del robo y secuestro y decidieron esperar a ver qué sucedía ya que los audios eran muy poco creíbles.

Acá los audios enviados por el «Secretario General de la Federación Venezolana de Maestros y Coordinador nacional de Educación del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular».

 

Pinche el botón de cada audio y espere su descarga para escucharlo

 

Audio 1: «Me j…dió la Policía Nacional»

 

Audio 2: «Me golpearon y me quitaron todo» (¿menos el celular?)

 

 

Audio 3: René Zapata con… ¿el policía imaginario y mudo?

 

Ya en horas de la mañana se tenía conocimiento de que René Zapata, nunca fue detenido de manera ilegal, como dieron a conocer. En el caso de la «detención ilegal» de René Zapata es más factible demostrar que nunca ocurrió; que sostener la versión del «secuestro» «golpes» y «robo». En las redes sociales existen comentarios que expresan la presunción de auto.-robo.

Puesta en escena

Despúes de hacer circular por distintos grupos de whatsapp los audios provenientes de su número telefónico, a lo que siguieron los «pronunciamientos de solidaridad» por parte del tejido de relaciones del partido Voluntad Popular. La complicidad de algunos comenzó a entrelazarse con la solidaridad automática de otros. Maestros de base del país al escuchar los audios mostraron su escepticismo ante los hechos.

En diversos medios de comunicación se publicó la noticia del «secuestro y robo» de René Zapata y la exigencia de diversos sectores sindicales de su liberación.

«Los miembros del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital alertaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, sobre la desaparición forzada del secretario general de la Federación Venezolana de Maestros, René Zapata, quien dio el discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero por el Día del Maestro. Marlene Sifontes, dirigente nacional de la Alianza Laboral, denunció junto a sus compañeros que Zapata fue golpeado y secuestrado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que todos los movimientos sindicales del país exigen su liberación». (https://elpitazo.net/politica/sindicalistas-denuncian-desaparicion-forzada-del-maestro-rene-zapata/)

En las redes sociales personajes y organizaciones de la derecha tradicional venezolana, aglutinada alrededor de la figura de Juan Guaidó también hicieron la respectiva  denuncia del secuestro.

 

EDUC. PJ. NACIONAL@1EROEDUCACION

Desde la Secretaria de Educación del Partido Primero Justicia exigimos la liberación del colega René Zapata y su esposa
dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros del estado Miranda.Hacemos un llamado a todos los colegas para activarnos en la lucha por la liberación

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ADMIRANDA@ADMirandaCES

Nos solidarizamos con el compañero, colega y amigo Rene Zapata. Representante Gremial de la FVM Tuy Guaicaipuro, que ayer fue golpeado y desaparecido por el régimen de Nicolas Maduro. Practica de las dictaduras para silenciar a quienes disienten de las políticas del dictador.

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@marlenesifonte1@MarleneSG14

El movimiento sindical autónomo de le hace un llamado a: @OITAmericas a la Alta Comisionada de la @ONU_es @mbachelet y @Almagro_OEA2015 Ante la desaparición forzada Rene Zapata dirigente sindical @ChuoTorrealba @fanzinero https://twitter.com/sketa0/status/1218367811426377728 

Keta Stephany@sketa0

El Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, ha denunciado la desaparición de René Zapata, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros del estado Miranda, golpeado y secuestrado por los cuerpos represivos del Estado. Exigimos su liberación inmediata.

79 personas están hablando de esto

Es importante destacar

Que René Zapata  hizo circular los audios, sin embargo ya en la tarde se tenía conocimiento que estaba bien y en su casa.

Que ni René Zapata ni su esposa jamás fueron detenidos saliendo de la sesión de la AN realizada en El Hatillo.

Que el Secretario General de SINVEMA Caracas, Edgar Machado, fue uno de los más activos para hacer circular la «noticia» en nombre de la organización sin tener el aval de los demás miembros de la junta directiva del sindicato.

Que incluso circuló que Voluntad Popular habría financiado a Zapata una cantidad de dinero para «movilizar» a los maestros el día 16 de Enero, para quitarle protagonismo al Día del Maestro y reforzar el llamado de las federaciones para el día siguiente.

Que el Derecho de palabra en la Asamblea Nacional, lo hace por ser el Coordinador Nacional del Movimiento de Trabajadores del Partido Voluntad Popular, apegado a Juan Guaidó, y no por ser vocero ni mucho menos representante de la base magisterial.

Que la movilización realizada el día 15 de Enero y que fue atacada con excrementos y orina no tiene nada que ver con los directivos de la FVM, ni con Voluntad Popular  y  algunos de los partidos aglutinados alrededor de la figura de Guaidó. Es un movimiento por las reivindicaciones salariales y de defensa de la educación muy amplio, diverso y heterogéneo, que se autoconvocó.

Muchos percibieron estar ante la creación de un «falso positivo» para quitarle protagonismo a la lucha magisterial que se da por la base. Su intención sería crear la matriz de que todo aquel maestro o maestra indignada por sus condiciones laborales y contractuales o que levanta la voz en defensa de una educación en la que se promueva el pensamiento crítico y se valore la labor docente, está detrás de esta «jauría de burocrátas» (según palabras de docentes).

Para docentes de base, René Zapata, Secretario General de la FVM de Miranda y Coordinador Nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular sería expresión de la manera como este sector pretende cabalgar las verdaderas necesidades del gremio docente para usarlo para sus propios inetereses.

Fuente e Imagen: https://www.aporrea.org/contraloria/n351121.html

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Venezolanos en Perú: Ordenanzas y otras medidas polémicas van contra la comunidad y tienen un trasfondo discriminatorio

América del Sur/Perú/29-09-2019/Autor(a) y Fuente: aporrea.org

El 62% de los ciudadanos venezolanos entrevistados en cinco ciudades del Perú (Cusco, Lima, Arequipa, Tumbes y Tacna) se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad. Así lo revela el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). reseñó el diario peruano El Comercio

Esta percepción sobre la comunidad venezolana también podría verse influenciada por las ordenanzas aprobadas el último año por algunas municipalidades del país, así como otras medidas que tendrían un trasfondo discriminatorio.

El pasado 27 de marzo, el alcalde de Huancayo (Junín), Henry Fernando López Cantorín, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”. Según un comunicado, el municipio expresó que esta situación “conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que “se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011, que en su artículo quinto establece «que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”. Sin embargo, la ordenanza buscará que se llegue a un porcentaje superior al 80%.

Ante este anuncio, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de López Cantorín por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación. El fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, es quien se encuentra a cargo del caso.

El proyecto y las declaraciones del alcalde fueron rechazados por la Defensoría del Pueblo. “Sobre la propuesta de alcalde provincial de Huancayo, recordamos que debe respetar principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, publicó la en su cuenta de Twitter.

En Cusco, el 21 de julio pasado, el gobierno regional publicó en el diario oficial El Peruano una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan a ciudadanos cusqueños para contratar a extranjeros “en informalidad y subempleo». Esta medida declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo.

Vale precisar que ningún gobierno regional o municipalidad puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes, pues estas le corresponden al Ministerio de Trabajo. Esta cartera consideró la medida como inconstitucional.

El municipio provincial de Pisco informó que desde el próximo 7 de octubre los ciudadanos venezolanos que residen en su jurisdicción deberían tramitar un “carnet de identificación y permanencia”. Así lo hizo saber mediante su cuenta de Facebook.

El municipio enfatiza que el empadronamiento es de “condición obligatoria para permanecer en Pisco y sus distritos». Asimismo, señala que los venezolanos residentes deberán presentar sus documentos personales, permiso temporal de trabajo y precisar su lugar de residencia.

“Hacemos extensiva esta comunicación a todas las personas de nacionalidad venezolana a acercarse desde el 07 de octubre del 2019 al Pool de Maquinarias (Esquina de Ramón Aspíllaga y López de Alarcón) de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. portando sus documentos personales con el fin de obtener un carnet de identificación y permanencia”, indica el comunicado en la cuenta de Facebook.

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad encargada de ejecutar la política migratoria interna, indicó a este Diario que dicha actividad no tienen valor migratorio y no participará. Fuente de esta superintendencia indicó que se trata de una iniciativa municipal. Del mismo modo, el Ministerio de Salud, cuyo logo aparece en la publicación, descartó alguna intervención en este evento.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha rechazado esta medida, precisando se encuentra fuera de la ley. “La medida está absolutamente fuera del marco legal que permite trabajar a las municipalidades. Es una medida ilegal y que por sus tintes tiene carácter discriminatorio y puede traer graves consecuencias para los venezolanos”, dijo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos del referido organismo.

Fuente e Imagen: https://www.aporrea.org/ddhh/n347246.html

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