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España: La violencia sexual contra la infancia podría costarle al Estado 4.500 millones anuales

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Si hay cosas complicadas, una de ellas es tener una somera idea de cuál es la realidad de la violencia sexual contra la infancia. No solo en España, sino en todo el mundo. Es una de las realidades más ocultadas a pesar de que, según diferentes cálculos, tiene una prevalencia de entre el 10 y el 15 % de las y los menores.

Investigadores de la Universidad de Comillas y de la ONG Educo han elaborado su propio cálculo de prevalencia de la violencia sexual contra la infancia y han determinado que está en el 17,29 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA) estudiando, explica Macarena Céspedes, directora de Incidencia de Educo, los estudios de los últimos 30 años. Además, han basado buena parte de sus cálculos en las denuncias que se interpusieron el año pasado según el Ministerio del Interior, un total de 9.185.

Desde la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Educo, han calculado que el Estado gasta anualmente 1.300 millones de euros en atender los costes derivados de atender a las 9.185 menores de edad que presentaron denuncia. En esta cantidad se tienen en cuenta los gastos conocidos, como el protocolo sanitario que se pone en marcha; “todas las pruebas médico-forenses, si la denuncia llega o no a juicio, si hay o no sentencia, si hay cárcel o no”, explica Céspedes.

Para el cálculo final también se han tenido en cuenta cuestiones como la probabilidad de repetir curso de las personas que sufren violencia sexual. Una cifra que es el 60 % más que otras niñas y niños. Sobre este 60 % se han calculado los costes de esta repetición. También se ha computado el coste de quienes están en el sistema de acogida tras denunciar

Fuera de este cálculo quedan otras cifras que no es posible conocer, explica la investigadora, como los costes de un trabajador social o de la intervención de los servicios sociales en una familia cuando se realiza una intervención de desamparo.

Hasta 77.000 posibles víctimas

Con el porcentaje de prevalencia que han calculado las y los investigadores, el 17,29 %, se ha determinado que podrían existir hasta 77.000 víctimas de violencia sexual en nuestro país. Niñas, niños y adolescentes de lo que nada se sabe porque no ha mediado denuncia alguna.

Y es sobre esta cifra sobre la que la investigación ha intentado arrojar algo de luz sobre la parte más oculta del gasto que supone esta violencia. “Creemos que conlleva un gasto, aclara Céspedes, aunque no hayan sido detectados”. Y esto lo dicen porque las personas que sufren estas situaciones es muy probable que sufra desapego del sistema educativo y termine repitiendo, por ejemplo. Aunque no hayan denunciado y no hayan supuesto un gasto sanitario derivado de la puesta en marcha de determinados protocolos, es muy probable que haya realizado diferentes visitas al médico por problemas de ansiedad o depresión. “Sabemos que las visitas por problemas emocionales de las víctimas de violencia sexual aumentan exponencialmente con respecto a otras”.

Céspedes explica que teniendo en cuenta esta cifra de 77.000 y la prevalencia de determinadas cuestiones que afectan en mayor medida a las víctimas de violencia sexual en la infancia ha calculado, de manera conservadora, por lo bajo, cuál es el coste para el estado de estas intervenciones. Lo han cifrado en unos 3.200 millones de euros anuales. En esta cifra no están aquellos gastos de los que no se conocen sus precios.

“Estamos convencidos, dice, de que es un mínimo porque (el cálculo) lo hacemos bajo asunciones muy potentes”, como que se produce una sola vez, como que hay impactos que no se pueden mitigar, aunque lo puedas acompañar. Y el cálculo económico se ha hecho solo sobre los daños mitigables. “El daño mitigable es aquel que, si los sistemas de detección precoz o de determinación del riesgo funcionasen, se iniciaría todo un proceso de intervención, se pondrían en marcha una serie de recursos, y si se hace de forma eficaz supuestamente mitigan el daño”.

Céspedes asegura que los cálculos económicos que se han hecho, en todo momento, son de mínimos, conservadores. Insiste en que la realidad es mucho mayor de lo que puede calcularse entre otras cosas por las diferencias, si no divergencias, en la toma de datos de las diferentes administraciones públicas, por la falta de transparencia con esta información.

Señala la responsable de Incidencia que lo que intentan, además de poner sobre la mesa una cifra económica, esta podría utilizarse en buena medida, no como reacción ante la situación, sino para tomar medidas preventivas y de detección precoz de las situaciones de violencia.

Para la organización, este ejercicio es una forma más de denuncia de la situación en la que se encuentran decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en su día a día. Que sufren violencia sexual en su entorno más cercano.

Macarena Céspedes insiste en que la cifra de 4.500 millones recoge cálculos exhaustivos: “Hemos podido calcular qué porcentaje de personas que sufren violencia sexual acaban teniendo una adicción y cuánto cuesta esa adicción al sistema sanitario; qué porcentaje de los niños y niñas que sufren violencia sexual desarrollan una enfermedad mental como anorexia, bulimia, depresión, ansiedad crónica; cuántos niños y niñas que sufren violencia sexual acaban expulsados del sistema educativo. Y hemos podido calcular cuánto cuesta al sistema de protección la violencia sexual contra la infancia”.

Pero, al mismo tiempo, se quedan fuera muchos otras cuestiones como la pérdida de oportunidades laborales, de productividad, el capital humano que se pierde. La falta de acción y de inversión de las administraciones públicas, de las de justicia y de las personas responsables en prevención pueden suponer, y están suponiendo, un coste enorme en la vida de miles de personas todos los años.

Un ejemplo que puede ser fácil de comprender se encuentra en el documental Cómo atrapar a un monstruo, de reciente estreno en una de las principales plataformas de streaming. Cuenta la historia de un hombre que, a pesar de estar condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales a varios menores, pasa unos cuantos meses más en libertad. La historia, además, se remonta al tiempo en el que el protagonista era profesor, a finales de los años 60. Una historia de 40 años de abusos en diferentes instituciones como colegios o colonias de veraneo en el que, apuntan en el documental, decenas, sino cientos, de menores pudieron ser sus víctimas. El coste emocional, vital, de oportunidades laborales y sociales de todas estas personas es y pudo ser enorme. Tal vez, con información y rompiendo el tabú que pesa sobre la violencia contra la infancia, en general, y la violencia sexual en particular, casos así podrían minimizarse.

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Marcha federal universitaria en Argentina: 5 claves del conflicto por el presupuesto educativo

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Por: Alfredo Dillon

La caída de los salarios docentes y el desmantelamiento del sistema científico figuran entre los principales reclamos de la movilización que se realizará hoy. Mientras el presidente se prepara para vetar la ley de financiamiento, se profundiza la confrontación con las casas de estudio

En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Milei catalizó una nueva movilización, tras la marcha del 23 de abril. (Mario Sar)

 

Pasaron 162 días desde la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó en todo el país a estudiantes, egresados, docentes y familias en contra de los recortes al presupuesto para la educación superior. Aquella marcha consiguió que, en mayo, el Gobierno nacional aprobara una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento, así como un 300% en los fondos para los hospitales universitarios, en línea con la inflación acumulada desde 2023.

 

Pasaron 224 días desde que los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron públicamente sobre “la situación crítica en las universidades”. En un documento del 21 de febrero, expresaron su preocupación por cuatro puntos: los gastos de funcionamiento, los salarios de docentes y no docentes, la inversión en infraestructura y becas, y los fondos para las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

 

De esos cuatro puntos, las universidades plantean que solo el primero se resolvió. La situación del segundo –la caída salarial– no encontró solución, pese a que la paritaria universitaria mantuvo reuniones periódicas. En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024, con foco en los salarios. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Javier Milei fue el catalizador de la nueva movilización que tendrá lugar hoy en todo el país, con epicentro en Plaza del Congreso.

 

¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Por qué no pudo resolverse la situación del presupuesto universitario? A continuación, cinco puntos clave para entender la movilización de hoy, en el marco de un conflicto que signó los primeros diez meses del gobierno libertario.

 

1. La caída de los salarios docentes y no docentes

Los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 33% de su poder adquisitivo desde que asumió el nuevo gobierno, según un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN). Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 los salarios universitarios tuvieron un aumento del 89,5%, pero en ese período la inflación acumulada fue de 153,1%, informó Conadu. Desde el Gobierno reconocen la caída, pero explican que está en línea con el retroceso general del salario real de los asalariados desde fines de 2023. Los salarios representan más del 90% del presupuesto universitario.

El gráfico muestra el aumento de los salarios universitarios desde noviembre de 2023, en contraste con la inflación acumulada (y considerando el impacto del impuesto a las ganancias a partir de julio). Fuente: Conadu

El gráfico muestra el aumento de los salarios universitarios desde noviembre de 2023, en contraste con la inflación acumulada (y considerando el impacto del impuesto a las ganancias a partir de julio). Fuente: Conadu

Uno de los reclamos del Frente Sindical de Universidades Nacionales (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fatun y Fagdut) es que en 2024 los salarios universitarios evolucionaron 20 puntos por debajo del promedio de los empleados estatales. Según el Gobierno, esa brecha se resolvía con la propuesta oficial de la última paritaria, cuando las autoridades ofrecieron un 5,8% para octubre (que se sumaba al 1% ya otorgado), cifra que desde el Ministerio de Capital Humano calificaron como un “histórico ofrecimiento”.

Aquel aumento ubicaba los salarios universitarios en “niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, informó el ministerio. Pero los gremios lo rechazaron por considerarlo insuficiente; la negociación se retomará el próximo lunes 7 de octubre. El diálogo entre las partes permanece abierto, pese a que las acusaciones cruzadas fueron subiendo de tono, especialmente en los días previos a la marcha.

Según cifras oficiales, en Argentina 7 de cada 10 (69,5%) docentes del sistema universitario público tienen una “dedicación simple”, en torno a las 10 horas semanales. Por eso, desde el Gobierno cuestionan que se consideren esos salarios como referencia para plantear que la mayoría de los profesores están “bajo la línea de pobreza”. Apenas el 10% de los profesores tiene dedicación “exclusiva”: un titular en esas condiciones cobró $1.356.097 en septiembre (sueldo bruto básico), que ascienden a $1.695.122 con 10 años de antigüedad. Para un adjunto con dedicación exclusiva (es decir, 40 horas semanales), el salario bruto inicial es de $1.057.891 (y 1.322.364 con 10 años de antigüedad).

Desde fines de 2023, los salarios universitarios tuvieron una caída aún mayor que la del sector público. Sin embargo, según el Gobierno ambos sectores quedarían equiparados con la última oferta salarial del 6,8% en octubre. Fuente: Ministerio de Capital Humano

Desde fines de 2023, los salarios universitarios tuvieron una caída aún mayor que la del sector público. Sin embargo, según el Gobierno ambos sectores quedarían equiparados con la última oferta salarial del 6,8% en octubre. Fuente: Ministerio de Capital Humano

Al comparar el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región, se observa que los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú, según el informe de la UNSAM y la UNRN.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

 

2. Un reclamo federal con amplio apoyo social

Esta semana varios funcionarios del Gobierno nacional consideraron que la movilización será una marcha “opositora”. Desde distintos sectores de la oposición expresaron la adhesión a la marcha: legisladores nacionales de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, así como de Unión por la Patria, anticiparon que participarán de la movilización y llamaron a la ciudadanía a sumarse. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó la protesta, así como Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta; a la marcha del pasado 23 de abril asistieron, entre otros líderes políticos, Sergio Massa y Axel Kicillof.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, movilizó a cientos de miles de personas en CABA y en las principales ciudades del país. REUTERS/Agustin Marcarian

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, movilizó a cientos de miles de personas en CABA y en las principales ciudades del país. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, distintos relevamientos han mostrado que la preocupación por la situación de las universidades públicas trasciende ampliamente las banderas partidarias. La última Encuesta nacional de creencias sociales, elaborada en junio por el observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, encontró que el 72% de los argentinos rechazan los recortes en educación (y otro 19% dice estar “poco de acuerdo”: apenas el 8% apoya el ajuste en este rubro). También es mayoritario el rechazo a los recortes en ciencia y tecnología (suma 85% entre quienes están “poco” y “nada” de acuerdo con recortar). En esa misma encuesta, el 88% se mostró a favor de reducir el gasto de la política.

Otro estudio de la consultora Escenarios realizado en agosto mostró que las universidades nacionales son, por lejos, la institución estatal más valorada por los argentinos: más de la mitad de los encuestados (52,7%) tiene una evaluación positiva de las casas de estudio públicas, con una diferencia del +35,4% entre imagen positiva y negativa. En segundo lugar queda la Anses, con un +7,1% de diferencia entre la imagen positiva (34,3%) y la negativa (27,2%). La Presidencia de la Nación tiene en un 36,2% de valoración positiva y un 46,1% de valoración negativa según este relevamiento hecho en agosto: el saldo es una diferencia negativa de -9,9%. Otras instituciones, como el Congreso (13,4%) o la Corte Suprema de Justicia (12,9%), no llegan al 15% de valoración positiva entre los encuestados.

Una encuesta de la consultora Escenarios midió en agosto la valoración social de las instituciones del Estado nacional: las universidades encabezan el ranking. Fuente: @zapatafederico

Una encuesta de la consultora Escenarios midió en agosto la valoración social de las instituciones del Estado nacional: las universidades encabezan el ranking. Fuente: @zapatafederico

El conflicto involucra a las 61 universidades nacionales. La semana pasada, los rectores nucleados en el CIN le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Argumentaron: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.

También les solicitaron a los legisladores nacionales que, “de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”. Además, agradecieron “a la sociedad argentina” por el apoyo y convocaron a la ciudadanía a manifestarse este miércoles.

 

3. Las críticas del Gobierno al sistema universitario

El Gobierno nacional ha ido ampliando el repertorio de críticas al sistema universitario público. Los cuestionamientos, orientados a erosionar la confianza social en el sistema, se agudizaron en los últimos días. El presidente Javier Milei expresó varias veces la idea de que las instituciones educativas estatales (incluidas las escuelas) son lugares de adoctrinamiento. De hecho, una de las primeras medidas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, fue habilitar una cuenta de correo electrónico para que los estudiantes denunciaran a sus profesores (o para denuncias entre colegas). Álvarez aseguró haber recibido muchas denuncias de “persecución ideológica” en las aulas.

Desde el Ministerio de Capital Humano describen al sistema universitario público como “caro, inequitativo e ineficiente”. Durante todo el año han insistido sobre la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades; las instituciones responden que son auditadas anualmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La falta de transparencia ha sido uno de los argumentos recurrentes del Gobierno, que acusó a la UBA de adeudar “la rendición del 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022″.

 

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionaron a las universidades públicas en una ronda de prensa previa a la marcha

El Índice de Transparencia de organismos estatales que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública –que no se refiere a la rendición de gastos sino a la accesibilidad de la información– tiene 3 universidades públicas (las de San Martín, Lanús y Quilmes) entre los 6 organismos estatales considerados más transparentes. Esas tres universidades nacionales, con más de 95 puntos en el índice (calculado sobre 100), superan en transparencia al Ministerio de Economía (en el puesto 7) y al Ministerio de Capital Humano (en el puesto 11). La UBA tiene 38,6 puntos en ese índice: una cifra más bien baja, pero superior por ejemplo a la de la Secretaría de Prensa (24,3), según los resultados del 2° trimestre de 2024.

La cuestión de la “ineficiencia” se refiere sobre todo a las bajas tasas de graduación del sistema en comparación con la cantidad de ingresantes. Mientras que el cuestionamiento sobre la inequidad apunta a que en Argentina solo el 12,4% de los jóvenes entre 19 y 25 años pertenecientes al decil más bajo (los más pobres) acceden a estudios superiores, mientras que en el decil de mayores ingresos lo hace el 46%, según un dato del Observatorio de Argentinos por la Educación que el Ministerio de Capital Humano incluyó en un informe difundido esta semana. El informe oficial también señalaba, a partir de un dato del CEDLAS, que el sistema universitario chileno es más equitativo que el argentino: “No solo el sistema educativo de Chile presenta un mayor nivel de acceso a la educación superior en general, sino que incluso la brecha de acceso es significativamente mayor para aquellos alumnos de los sectores más vulnerables de la población”.

 

Porcentaje de asistencia al nivel superior de jóvenes de entre 19 y 25 años, por deciles de nivel socioeconómico. Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación (2022)

 

En los últimos días, a estos cuestionamientos se sumó otro: desde la Secretaría de Educación acusaron a las universidades de “inventar alumnos” para abultar la matrícula y obtener más fondos. La acusación fue desmentida por las universidades, por exfuncionarios del área (como Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Cambiemos) y por especialistas del sector.

“En vez de hablar de alumnos fantasmas, hay que ponerse a trabajar en una mesa y ver qué posibilidades hay de arreglar esto con lo que puede el Gobierno y lo que sostienen los gremios”, afirmó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.

“Las universidades nacionales hace más de 10 años entregan la información nominal de estudiantes, con nombre y apellido, DNI, nota, acta, folio y fecha de cada asignatura, lo cual hace casi imposible su alteración y muy fácil su auditoría”, señaló el investigador Juan Ignacio Doberti en su cuenta de la red social X. Según explicó Doberti, desde hace 20 años el modelo de distribución de recursos para las universidades “se basa en indicadores objetivos (alumnos, docentes, investigadores, metros cuadrados)” y “no considera a los alumnos que no aprueban ninguna o solo una materia anual, por lo cual estos no inciden en la designación de cargos docentes”.

 

4. La dilatación de un conflicto anunciado

La crónica del conflicto universitario podría empezar hace poco más de un año, cuando los dos candidatos presidenciales que disputaron el ballotage acordaron postergar el debate del Presupuesto 2024. Ese acuerdo terminó implicando que se “recondujera” el presupuesto 2023 para 2024, tras una inflación récord de 211,4% el año pasado (la más alta desde 1990).

La situación de las universidades empezó a visibilizarse en febrero, cuando los rectores advirtieron por primera vez que peligraba el funcionamiento de las casas de estudio por el congelamiento de los recursos en medio de la espiral inflacionaria. La tensión creciente llevó a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, impulsada por las autoridades universitarias, los gremios docentes y los estudiantes –representados por la Federación Universitaria Argentina (FUA)–.

La magnitud de la movilización fue reconocida por algunos sectores del Gobierno, que la semana siguiente convocaron al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, a una reunión con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Las negociaciones llevaron al aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, primero para la UBA y luego –tras un reclamo del CIN– para todas las universidades nacionales.

 

Tras la primera marcha federal, la ministra Sandra Pettovello y el secretario Carlos Torrendell se reunieron con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y acordaron un aumento en los gastos de funcionamiento y en los fondos para hospitales universitarios

Sin embargo, quedaron al menos dos puntos claves sin saldar. Por un lado, la cuestión de los salarios de docentes y no docentes. Por el otro, la situación crítica del sistema de ciencia y tecnología. Esos reclamos motivaron una serie de paros nacionales y otras medidas de fuerza en las universidades. En septiembre, cuando el presidente Milei anunció con un tuit su intención de avanzar con un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario para preservar el equilibrio fiscal, los principales actores del sistema anunciaron la movilización que se concretará hoy.

 

5. Un panorama incierto a futuro

Si bien las universidades públicas vienen pidiendo “previsibilidad”, el panorama de los próximos meses se perfila incierto. El inminente veto presidencial eliminaría de la escena una eventual recomposición de los salarios en 2024. Sin embargo, los cálculos políticos también sugieren que el Congreso podría tener los números suficientes para rechazar el veto.

De cara al año que viene, las universidades ya denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2025 profundiza el ajuste sobre el sector. Desde el propio Ministerio de Capital Humano reconocieron esta semana que el proyecto requerirá “reacomodamientos” en el Congreso. Los fondos proyectados para el año próximo ($3,8 billones) equivalen a la mitad del financiamiento que habían solicitado los rectores ($7,2 billones).

 

Los rectores de las universidades nacionales se reunieron en agosto en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en Santa Rosa, y pidieron un presupuesto de $7,2 billones para 2025. El Gobierno ofrece la mitad

Las autoridades de la Secretaría de Educación aseguraron que no están pensando en intentar transferir las universidades a las provincias –como circuló en los últimos días– ni con avanzar en propuestas de arancelamiento (aunque el Gobierno sí planea retomar, por ley, la propuesta de habilitar aranceles para los estudiantes extranjeros no residentes).

Desde las universidades advierten por un impacto de los recortes en el sistema científico, donde temen una nueva “fuga de cerebros”. Pero además, la preocupación por el financiamiento educativo alcanza no solo a la enseñanza en las universidades, sino también al sistema de educación obligatoria. Según un informe de CTERA, el Presupuesto 2025 implica que el recorte de los fondos nacionales será aún mayor en la educación básica que en el sistema universitario.

De concretarse ese ajuste, el año que viene se acelerará una tendencia que mostró hace unos días un informe de Argentinos por la Educación: desde 1980, la Nación fue retrayendo su aporte al sistema educativo, que es financiado cada vez en mayor proporción por las provincias. Según varios expertos, esa tendencia conduce a una profundización de las inequidades territoriales que caracterizan a la Argentina: si el Estado nacional continúa su retirada, el cumplimiento del derecho a una educación de calidad dependerá, cada vez más, del lugar de origen de cada estudiante.

https://www.infobae.com/educacion/2024/10/02/marcha-federal-universitaria-5-claves-del-conflicto-por-el-presupuesto-educativo/?outputType=amp-type#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17281500971726&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 

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Logran acuerdo de salarios en puertos de EE.UU. y trabajadores en huelga regresarán a sus puestos el viernes

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Los miembros en huelga de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) volverán a trabajar en los puertos el viernes, anunció el sindicato el jueves por la noche, ya que el sindicato y el grupo de gestión que representa a las líneas navieras, operadores de terminales y autoridades portuarias han alcanzado un acuerdo tentativo sobre salarios.

 

El sindicato acordó extender el contrato que tenía con la Alianza Marítima de los Estados Unidos, el grupo de gestión conocido como USMX que representa a las líneas navieras, operadores de terminales y autoridades portuarias. Ese acuerdo, que había expirado al final del lunes, ahora se extenderá hasta el 15 de enero y permitirá que los miembros del sindicato vuelvan al trabajo mientras se ultiman los detalles finales en un acuerdo completo y sea ratificado por la base.

 

Los 50.000 miembros del sindicato que trabajan en puertos desde Maine hasta Texas han estado en huelga desde la madrugada del martes, deteniendo el flujo de la mayoría de las importaciones contenedorizadas hacia Estados Unidos, junto con muchas de las exportaciones, interrumpiendo las ventas de empresas estadounidenses en el extranjero.

 

Un acuerdo tentativo aún necesitaría ser ratificado por los miembros de base de la ILA antes de que entre en vigor. Pero con barcos varados en el mar sin poder entrar a los puertos de EE.UU. para descargar y cargar mercancías, el sindicato ha acordado que los trabajadores regresen al trabajo el viernes.

 

Sin embargo, si los miembros votan en contra del acuerdo, la huelga podría comenzar nuevamente. Y tal rechazo de un acuerdo laboral tentativo no es inaudito.

 

El mes pasado, la Asociación Internacional de Maquinistas (IAM) y el fabricante de aviones Boeing alcanzaron un acuerdo tentativo que los líderes sindicales recomendaron a sus 33.000 miembros aceptar e incluso describieron como el mejor acuerdo que habían negociado con la empresa. Pero los miembros del sindicato votaron casi unánimemente para rechazarlo y han permanecido en huelga desde el 13 de septiembre.

 

La huelga portuaria aún estaba en sus primeros días, pero habría tenido amplias ramificaciones para la economía de EE.UU. cuanto más tiempo continuara.

 

Los grupos empresariales han estado pidiendo al Gobierno de Biden que ordene a los huelguistas volver al trabajo. La paralización amenazaba el suministro de todo, desde bananas hasta licor y autos de lujo europeos, todo con la ajetreada temporada de compras navideñas a menos de dos meses. Y esas escaseces podrían haber resultado en una presión al alza sobre los precios.

 

Pero el presidente Joe Biden se había negado a usar los poderes que tiene bajo la Ley Taft-Hartley para bloquear o terminar la huelga, diciendo que no interferiría con el proceso de negociación colectiva. Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Transporte Pete Buttigieg habían llamado a la USMX a negociar un acuerdo con la ILA que compartiera equitativamente las ganancias récord con los miembros.

 

https://cnnespanol.cnn.com/2024/10/03/trabajadores-huelga-puertos-acuerdo-salarios-estados-unidos-trax

 

 

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La calidad del profesorado en la educación superior: un reto mundial. Unesco

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Francesc Pedró.

Director UNESCO IESALC

 

En este Día Mundial de las y los Docentes, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior quiere aportar su contribución sobre uno de los desafíos más persistentes y cruciales en la educación terciaria: la calidad de la enseñanza universitaria.

 

Durante más de un siglo, la mejora de la enseñanza universitaria ha sido una aspiración constante de los reformadores educativos en todo el mundo. A pesar de numerosas iniciativas —desde la introducción de evaluaciones estudiantiles hasta la implementación de tecnologías educativas innovadoras— la calidad de la enseñanza sigue siendo un punto débil en muchos sistemas de educación superior a nivel global.

 

Mientras que la investigación académica ha florecido, convirtiéndose en un pilar de la reputación institucional, la enseñanza a menudo queda relegada a un segundo plano. Esta disparidad plantea una paradoja fundamental: las instituciones diseñadas para educar a menudo no priorizan la calidad de la enseñanza en sí misma.

 

Los estudiantes de todo el mundo coinciden: la calidad de la enseñanza es crucial para su experiencia educativa. La investigación respalda esta percepción, demostrando que el aprendizaje activo y participativo produce mejores resultados que los métodos pasivos tradicionales. Sin embargo, la implementación de estas prácticas efectivas sigue siendo un desafío global.

 

Varios factores contribuyen a esta situación:

Sistemas de incentivos que priorizan la investigación sobre la enseñanza.

Falta de formación pedagógica adecuada para los docentes universitarios.

Métricas de evaluación institucional que no reflejan adecuadamente la calidad de la enseñanza.

Recursos limitados para la observación y mejora sistemática de las prácticas docentes.

En este Día Mundial de las y los Docentes, hacemos un llamado a la comunidad educativa global para reimaginar y revitalizar la enseñanza universitaria:

Reevaluación de prioridades: instamos a las instituciones y a los gobiernos a reconsiderar cómo se valora y recompensa la excelencia en la enseñanza.

Inversión en desarrollo docente: abogamos por programas robustos de formación pedagógica para docentes universitarios, adaptados a los contextos culturales y educativos diversos.

Métricas significativas: proponemos el desarrollo de sistemas de evaluación que capturen genuinamente la calidad de la enseñanza, más allá de las métricas tradicionales.

Colaboración internacional: alentamos el intercambio global de mejores prácticas en enseñanza universitaria, reconociendo y aprendiendo de la diversidad de enfoques en diferentes culturas.

Empoderamiento estudiantil: recomendamos involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de mejora de la enseñanza, valorando sus perspectivas y experiencias.

Mejorar la calidad de la enseñanza universitaria es un desafío complejo que requiere un esfuerzo sostenido y colaborativo a nivel mundial. En un momento en que la confianza pública en la educación superior está disminuyendo en muchas partes del mundo, centrarse en la excelencia docente no es solo una necesidad educativa, sino también una imperativa social y económica.

El Día Mundial de las y los Docentes nos recuerda el papel crucial que desempeñan los educadores en la formación del futuro global. Al priorizar y mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, no solo enriquecemos la experiencia educativa de millones de estudiantes, sino que también fortalecemos la base del progreso social, la innovación y el entendimiento intercultural. Por esta razón, desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior haremos todo cuanto esté en nuestras manos para favorecer el desarrollo de capacidades de las instituciones de educación superior para favorecer el apoyo pedagógico a los docentes y acompañarlos en su compromiso con la innovación pedagógica.

La calidad del profesorado en la educación superior: un reto mundial

 

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Guatemala: inician mesas técnicas por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) con énfasis en financiamiento y enfoque de género

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El Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, parte de la membresía de la CLADE, inicia el proceso de Mesas Técnicas por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) con la intención de acordar una hoja de ruta que concrete compromisos por mayor financiamiento y la integración del enfoque de género.

 

La educación destinada a personas jóvenes y adultas en Guatemala presenta dificultades vinculadas a la estructura del sistema educativo estatal. El Ministerio de Educación es responsable de coordinar y ejecutar políticas educativas. La ley describe el Sistema Educativo de Guatemala con dos subsistemas, el de Educación Escolar y el de Educación Extraescolar o paralela.

 

Por otra parte, Guatemala se posiciona como el país centroamericano con el gasto público destinado a educación más bajo con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Según datos señalados en el estudio Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas entre 15 y 30 años en Guatemala, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año 2020, este gasto representa el 3.3% del PIB y para 2021, disminuyó al 3.1%.

 

En este contexto, se impulsan las mesas técnicas por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) con la intención de establecer acuerdos en una hoja de ruta que concrete recomendaciones en dos ámbitos de interés, el financiamiento educativo y el enfoque de género.

 

El Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, parte de la membresía de CLADE, socializó la nota de prensa en la que se inicia el proceso de Mesas Técnicas y tiene previsto extenderse hasta el mes de octubre, finalizando con la hoja de ruta para la EPJA.

 

Lee a continuación la nota de prensa:

Mesa técnica sobre el aumento al financiamiento público para la Educación y la integración de la perspectiva de género de la Educación para personas jóvenes y adultas.

El Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala, a la Comunidad educativa integrada por Estudiantes, Docentes, padres y madres de Familia.

Hace saber:

Que el día de hoy, 13 de septiembre del año 2024, se ha constituido una mesa técnica, con presencia de funcionarios del organismo ejecutivo y delegados y delegadas de sociedad civil, para promover un mayor financiamiento a la educación y que la perspectiva de género, esté incluida en todos los procesos formativos de las y los estudiantes.

El objetivo es consensuar un diseño colectivo de acuerdos de funcionamiento y roles para promover el intercambio de información para que en el presupuesto del año 2025 se invierta en la educación para los y las jóvenes, para las mujeres indígenas y para quienes no han tenido la oportunidad de contar con acceso pleno a la educación y diseñar una hoja de ruta común con foco en financiamiento para la educación y género.

Los desafíos que tenemos son que el presupuesto de ingresos y gastos de la nación presentado por el organismo ejecutivo iniciativa 6444, sea aprobado para que se beneficien en el renglón educativo quienes no han tenido la posibilidad de estudiar. La iniciativa tendrá que ser revisada por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, así como por la Comisión de Finanzas y Moneda. En lo que corresponde a Educación.

Invitamos a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa a que promuevan encuentros con sus diputados distritales, a efecto de solicitarles el apoyo para la aprobación de este presupuesto de ingresos y gastos de la nación.

“El derecho humano a la educación, un compromiso de vida”

“La inversión educativa es impostergable, con una integración de la perspectiva de género para personas jóvenes y adultas”.

Guatemala, 13 de septiembre del 2024 / 11 K´at

https://bit.ly/MesaTecnicaGuatemalaEPJA

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Cuál es el país que más lee en América Latina, según el Cerlalc

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Dos países limítrofes de América Latina son los más lectores de la región.

 

En Argentina, el 70% de la gente que lee lo hace por placer según un estudio.

 

A pesar de todos los pronósticos apocalípticos, leer un libro sigue siendo uno de los pasatiempos preferidos de muchas personas.

 

Es verdad que las ventas han caído, sobre todo las del libro impreso, pero también es cierto que estas todavía representan casi la mitad del mercado.

 

Los latinoamericanos permanecen como un público interesado en los libros, en especial en algunos países de la región.

 

Aquí algunos datos sobre los índices de lectura de libros en los países de América Latina.

Cuál es el país que más lee en América Latina

En 2021, la plataforma dedicada a la venta de libros Buscalibre informó que en Argentina y en Chile cada persona leía cinco libros al año, lo que colocaba a esos países en el primer lugar de América Latina. Los seguían México y Colombia con tres libros al año.

Los datos de esa plataforma coinciden solo en parte con los difundidos por el sitio Lectupedia en 2022, según los cuales Chile encabezaba el ranking con 5,3 libros por habitante, seguido por Perú (3,3), Brasil (2,5), Colombia (1,9), México (1,7) y Argentina (1,6).

 

Un trabajo con mucho más campo es el elaborado por el Cerlalc (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), un organismo intergubernamental auspiciado por la UNESCO, que confirma la preponderancia de Argentina y Chile a la hora de definir en cuál país de América Latina se leen más libros.

Una infografía del Cerlalc, publicada por el sitio Uvejota, detalla que España sigue al frente de los países de habla hispana que más leen con un 61 % (10,3 libros leídos por año), seguido por Argentina, primer país de Latinoamérica con un 55 % (5,4 libros por año) y luego Chile con 51% (4,5 libros leídos por año) .

 

El top seis de libros leídos de Latinoamérica lo completan Brasil con 46%, Colombia con 45%, Perú con 35% y México con 20% respectivamente. Una curiosidad de este estudio es que en la mayoría de los países, como Brasil, México o Chile, la razón de leer lo marca en un 50 % la búsqueda de conocimiento o razones académicas. Pero en el caso de Argentina, la principal razón de lectura de los libros que presenta la gente es «por puro placer», con un 70 %, razón también dominante en España, donde el 85% de los lectores dicen que solo lo hacen por placer.

 

Qué dicen las estadísticas en Argentina

Las estadísticas del Ministerio de Cultura de Argentina, en tanto, dicen que los argentinos compraron, en 2022, un promedio de 4,6 libros. Casi la mitad compró entre uno y dos; un tercio entre tres y cinco, y 20% seis o más libros.

 

Casi la mitad de los argentinos (48%) leyó libros impresos, mientras que un 20% lo hizo en formato digital, según el informe oficial. Entre los lectores digitales, el teléfono móvil es el dispositivo preferido para realizar sus lecturas, en lugar de la computadora.

 

Agrega que “los adolescentes y los jóvenes (13-29 años) son los grupos más lectores”. Y aclara que “estos rangos etarios coinciden con los de la educación formal y los géneros más leídos se corresponden con áreas de interés educativo, pero también con cómics o novelas gráficas y poesía”.

 

El Ministerio dice que “las personas leen principalmente por entretenimiento. Pero en adolescentes y jóvenes es muy importante el motivo ligado a la formación”. En 2022, un 77% dijo que el ocio era el principal motivo de sus lecturas.

 

Otro dato interesante es la cantidad de libros que los argentinos tienen en sus hogares. El 62% posee hasta 25 libros; un 23% entre 61 y 100, y solo un 11% dice tener una biblioteca con un centenar de ejemplares.

 

Entre los géneros, la narrativa ocupa el primer lugar, seguida por la historia, los textos y manuales escolares, los textos científicos, las biografías, el cómic, la autoayuda, la religión y la poesía.

 

En cuanto a los autores, una cuarta parte de los lectores dijo que seguía a los nacionales, mientras que el resto optaba por escritores de otros países.

 

El informe también destaca los motivos por los cuales los argentinos no leen libros. La falta de interés predomina en todas las franjas etarias desde los 18 años. La falta de tiempo es el principal motivo entre quienes tienen entre 30 y 64 años y el aburrimiento predomina entre los adolescentes.

 

https://www.clarin.com/informacion-general/pais-lee-america-latina-cerlalc_0_FsllJOdWff.html

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Brasil: Docentes da Ufsm relatam como o trabalho tem invadido a vida pessoal por meio do celular

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A linha que separa o trabalho da vida pessoal fica cada vez mais tênue com o avanço dos dispositivos móveis. O telefone celular, inicialmente pensado para facilitar a comunicação, tem se tornado um dos principais responsáveis por afetar o equilíbrio entre as esferas profissional e pessoal. Docentes da Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm), no Rio Grande do Sul, relatam que o trabalho frequentemente invade seu espaço pessoal, especialmente por meio do dispositivo.

“Muitas vezes, acabo usando o espaço de tempo pessoal para responder mensagens, porque há uma pressão para que seja feito de imediato. Infelizmente, se a pessoa demora um ou dois dias para responder, já é considerado um atraso. Tudo tem que ser resolvido na mesma hora”, afirma Andrea Cezne, professora do departamento de Direito da Ufsm.

Cezne conta ainda que a situação se agrava para quem ocupa cargos de gestão, pois o assédio institucional dificulta a separação entre trabalho e vida pessoal. “Dificilmente alguém tem coragem realmente de separar as duas esferas usando, por exemplo, um número de WhatsApp para o trabalho e outro pessoal. As pessoas que não aguentam esse tipo de intervenção, entre outras coisas, e saem de grupos do trabalho, etc, são vistas como problemáticas. E quem está na gestão e não suporta mais esses processos, acaba saindo dos cargos. Isso faz com que as questões nunca sejam realmente discutidas”, contou.

Liliana Ferreira, professora do departamento de Fundamentos da Educação da Ufsm, compartilha uma experiência similar. “Parece que é um contínuo dia de trabalho, porque, muitas vezes, domingo à noite, estou recebendo demandas. Durante a pandemia, os estudantes enviavam mensagens de madrugada, pedindo para conversar ou mesmo enviando tarefas. Com o tempo, você vai educando isso”, disse. A docente acrescenta que as mensagens de trabalho ocupam um grande espaço na sua hora de lazer. “Fim de semana, feriados, férias, parece que eles já não existem”, lamenta.

Os depoimentos das docentes mostram como dispositivos eletrônicos, especialmente os smartphones, abriram as portas das casas das professoras e dos professores para as demandas de trabalho. Essa invasão se intensificou com a popularização dos celulares, a sobrecarga de trabalho e os cortes de investimentos em infraestrutura e pessoal nas universidades. As fronteiras entre a vida profissional e pessoal, que já estavam se tornando difusas, foram praticamente eliminadas.

A ideia de que “quem está conectado à internet está em condições de trabalhar” se tornou predominante. Mesmo na ausência de supervisão direta, as e os docentes sentem a necessidade de responder rapidamente a e-mails ou mensagens nos aplicativos de mensagens instantâneas recebidas em horários impróprios. Esse cenário exige um exercício constante de autodisciplina para separar o tempo de trabalho do lazer e do convívio social.

Quando esse autogerenciamento falha, as consequências podem ser graves. O professor do departamento de Neuropsiquiatria da Ufsm, Maurício Hoffmann, alerta sobre o risco da Síndrome de Burnout. “O celular realmente invade o espaço pessoal, pois as pessoas podem te encontrar a qualquer momento, em qualquer lugar. Te mandam um e-mail ou um WhatsApp, e acham que você deve resolver na hora, e isso gera pressão. Dependendo do contexto, algumas pessoas podem desenvolver Burnout por causa disso”, explicou.

Pandemia
Embora as aulas presenciais na Ufsm tenham sido retomadas há mais de dois anos, após a interrupção causada pela pandemia de Covid-19, ainda persistem resquícios desse período que parecem ter se consolidado de maneira definitiva na prática docente.

Andrea Cezne conta que, durante a suspensão das aulas presenciais, existiu pressão para que as e os docentes rapidamente se adequassem ao uso das telas. “No meu caso, isso teve efeitos físicos e mentais na minha saúde, o que provocou uma situação que necessitou de um afastamento de 60 dias para ser resolvido. Mas pior ainda ficaram os colegas na coordenação, por exemplo. Porque além de terem que resolver sozinhos várias questões no sistema, ainda recebiam as demandas dos alunos e a pressão dos superiores”, relata a docente.

A pandemia funcionou como um agente normalizador do trabalho docente mediado por tecnologias digitais, principalmente devido ao baixo custo orçamentário. Essa hipótese é levantada pela docente Liliana Ferreira, que argumenta que a tecnologia se tornou uma forma econômica de gerenciar o trabalho docente. Atualmente, ela tem avançado para áreas que antes eram essencialmente presenciais, como as atividades em instituições de fomento à pesquisa, como FAPERGS, CNPq e Capes, além da participação na avaliação de instituições e cursos pelo Inep.

“A pandemia causou um grande estrago no modo de a gente viver […] Então, para além de todo o sofrimento que causou, das perdas que nós tivemos, tivemos também essa descoberta de que é muito mais fácil fazer um controle do nosso trabalho pela tecnologia do que propriamente gerando novos e bem aparelhados espaços presenciais de trabalho. Assim, a maior parte do nosso trabalho tem acontecido pela internet. Hoje, nós temos as aulas presenciais novamente, o que é um ganho, mas por outro lado também temos todo o atendimento feito à distância […] Então, com certeza a descoberta de que é muito mais viável, é vantajoso manter os professores em casa, na frente de uma tela para a realização desse trabalho, acabou onerando o nosso tempo”, analisa Liliana.

Mas e além do trabalho?
O aumento das jornadas de trabalho das professoras e dos professores, incitado pelo envio de demandas a celulares e e-mails e pela expectativa de respostas mesmo em momentos de lazer, tem contribuído para problemas de saúde na categoria docente. Paralelamente, especialmente em setembro, mês dedicado à promoção da saúde mental, surge um debate sobre a relação entre o aumento do uso de telas para fins recreativos e o crescimento dos transtornos psíquicos. Essa discussão abrange não apenas smartphones e tablets, mas também notebooks e TVs conectadas à internet. Diante do tempo já elevado que as e os docentes passam em frente a dispositivos digitais, surge a questão: quanto tempo sobra para o convívio social e quem realmente tem conquistado essa atenção?

Maurício Hoffmann, que também atende como psiquiatra, conta que suas e seus pacientes ficam 8 ou até 12 horas no celular. E então, ao chegarem ao consultório, acreditam ter déficit de atenção ou outro tipo de transtorno, mas, na verdade, o problema deles é o uso excessivo de telas.

“Tem gente que fica assim por questões de trabalho, mas alguns pacientes não. Então, essas pessoas que acabam se atrapalhando nesse momento de usar a tela, acabam desenvolvendo um tipo de transtorno aditivo. E parece, às vezes, que têm um déficit de atenção, parece que, às vezes, têm outra coisa, mas não. É só a pessoa realmente estar muito adita à tela, então a gente tem que fazer alguma intervenção”, pondera Hoffmann.

Ele reflete que hoje, com a tecnologia, gasta-se menos tempo lavando roupa, cozinhando e realizando outras tarefas de manutenção do ambiente doméstico. E o tempo livre que sobra, resultado de uma maior automatização do cotidiano, pode ser preenchido pelo uso do celular.

“E realmente […] esses dispositivos são feitos para manter a atenção da pessoa ali, para a gente poder consumir os produtos que estão vendendo, a propaganda, enfim. Então, isso é feito dessa forma. Mas as pessoas, normalmente, têm um mecanismo de autorregulação que elas cansam daquilo ali e vão fazer outra coisa. Algumas pessoas não, como qualquer questão aditiva que sempre teve”, explica.

Segundo Maurício Hoffmann, é possível estabelecer limites para reduzir o impacto negativo das telas em nosso cotidiano. Algumas dessas orientações incluem: bloquear determinados aplicativos durante o horário de trabalho; manter perfis separados no WhatsApp, um para uso profissional e outro pessoal; solicitar a ajuda do parceiro ou da parceira para se envolver na tarefa de diminuir o tempo de tela ou evitá-la em momentos específicos do dia; desligar o máximo possível de notificações, utilizando o celular apenas quando realmente necessário; e evitar o uso de qualquer tela de uma a duas horas antes de dormir, além de cuidar com o uso de luzes intensas, mesmo para leitura. Acesse a matéria completa aqui

Enquete Saúde Docente
O ANDES-SN iniciou, em setembro, a segunda etapa da Enquete Nacional “Condições de Trabalho e Saúde Docente”, voltada para docentes, na ativa, aposentadas e aposentados, do ensino superior e do ensino básico, técnico e tecnológico, que atuam nas universidades federais, estaduais e municipais, nos institutos federais e Cefets.

A nova etapa do levantamento busca traçar o perfil das e dos docentes, com base em critérios como autoidentificação de cor e raça, idade, identidade de gênero, tempo de docência, entre outros. Além disso, fará um levantamento sobre as condições de trabalho, a partir de eixos como Demandas, exigências e cotidiano profissional; Tempo de trabalho; Condições estruturais e Salariais; e Relações de Trabalho e Organização Sindical. As e os interessados têm até 19 de dezembro de 2024 para participar do levantamento. Acesse aqui o formulário.

Fonte: Sedufsm SSind, com edição e inclusão de conteúdo do ANDES-SN

https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/docentes-da-ufsm-relatam-como-o-trabalho-tem-invadido-a-vida-pessoal-por-meio-do-celular1

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