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Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU

Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU.

En Saugus, Massachusetts, una nueva normativa escolar genera preocupación entre defensores de los derechos civiles que temen que los cambios en los requisitos de residencia excluyan a estudiantes inmigrantes sin documentos

Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Saugus, Massachusetts, una reciente política educativa generó preocupación entre activistas y defensores de los derechos civiles. The San Diego Union Tribune informó que el comité educativo del distrito introdujo nuevas normas que exigen pruebas de residencia legal para inscribir a los estudiantes en las escuelas. Según críticos, estas medidas podrían estar dirigidas a excluir a los estudiantes inmigrantes. Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, afirmó: “La política en sí es ilegal”. Agregando que las escuelas deberían “dar la bienvenida y educar a todos los niños que se encuentren en el distrito”.

El debate sobre la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas se ha intensificado a nivel nacional y no se limita a los suburbios de Boston. El medio antes mencionado señaló que en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, los políticos conservadores cuestionan si estos menores sin residencia legal tienen derecho a una educación pública, lo que podría motivar demandas contra decisiones previas de la Corte Suprema, como el histórico fallo Plyler vs. Doe que garantiza el acceso a la educación de estos niños.

En respuesta a los cambios en Saugus, Vincent Serino, presidente del comité educativo, defendió las nuevas exigencias como un esfuerzo por “mejorar” las normativas de residencia y aseguró que no se busca negar el acceso a la educación a los migrantes. Sin embargo, unos residentes experimentaron dificultades. Una madre nicaragüense, que pidió el anonimato, relató a The San Diego Union Tribune que tardó más de seis meses en inscribir a su hijo debido a los estrictos requerimientos de documentación.

El impacto de la política migratoria en el sistema educativo estadounidense ha sido objeto de preocupación por varias entidades. Durante un evento reciente, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que se proporcionarán directrices a los distritos para recoger información sobre “los costos y la carga” de la inmigración ilegal en el sistema educativo. Walters criticó al gobierno federal por no proteger adecuadamente la frontera, aseverando que “nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de ello”, de acuerdo al medio.

En Saugus, Massachusetts, los cambios en los requisitos de inscripción escolar generan preocupación por la exclusión de estudiantes sin documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió en 2022 que el fallo de Plyler vs. Doe debería revaluarse legalmente y que el gobierno federal debería asumir los costos de la educación para los estudiantes que no son residentes legales. Esto desencadenó críticas de defensores de los inmigrantes y de la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos de los legisladores republicanos en Texas para prohibir la inscripción de niños no ciudadanos en las escuelas públicas, las propuestas no lograron avanzar.

En este ambiente, algunos distritos escolares decidieron resistir las presiones, reafirmando su compromiso de no revisar el estatus migratorio de los estudiantes. Por ejemplo, Chris Payne, portavoz del distrito escolar de Tulsa, reiteró a The San Diego Union Tribune que “la ley federal es bastante clara en este tema: le prohíbe a los distritos preguntar a los estudiantes o sus familias sobre su estatus migratorio o requerirles documentos de ciudadanía”.

A pesar de la resistencia de ciertos sectores, otras voces continúan abogando por cambios legislativos. La conservadora Fundación Heritage instó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias inmigrantes sin residencia legal como estrategia para llevar el tema ante la Corte Suprema, en un intento por revisar la “desacertada decisión de Plyler vs. Doe”, como lo califica la fundación.

Mientras tanto, el contexto político sigue siendo un factor determinante en el desarrollo de estas políticas. Según Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego, el entorno político actual permite que “políticas antes extremistas” se integren al “discurso común”.

Cabe señalar que los cambios en las políticas de admisión en Saugus coincidieron con una declaración de emergencia por parte de la gobernadora demócrata Maura Healey, derivada de una crisis migratoria en el estado que vio un aumento significativo en el número de familias en albergues estatales.

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/10/17/activistas-alertaron-sobre-el-riesgo-de-negar-educacion-a-ninos-migrantes-en-distritos-escolares-de-eeuu/

 

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Análisis: Educación pública en Venezuela está en «emergencia» por la escasez de docentes

La secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Leila Escobar, precisó que hay unos 200.000 docentes en condición de jubilados, una cantidad que serviría para solventar la demanda actual «si hubiese una real política salarial», que sea lo suficientemente rentable como para que estos vuelvan a las aulas.

 

 

La educación pública en Venezuela está en «emergencia» debido, entre otras razones, a la escasez de docentes, según el gremio, una situación que el Gobierno intenta resolver con varios programas, entre los que destaca un llamado a jubilados a reincorporarse y varias ofertas que buscan convencer a los maestros que dejaron las aulas por los bajos salarios.

 

Según estimaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), también difundidas por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), se necesitan cerca de 250.000 docentes para cubrir las aulas de educación inicial, primaria y secundaria que quedaron sin instructores en la última década, cuando el país atravesó una profunda crisis económica.

 

Por ello, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promete ayudas a los docentes y les pide, «por amor a la vocación», que vuelvan a enseñar a los millones de niños y adolescentes que llevan años recibiendo una educación incompleta, afectada también por la falta de agua, alimentos y luz en las escuelas y por el costo del transporte.

 

Oferta «burlesca»

Para la secretaria general de la FVM, Leila Escobar, las promesas del Ejecutivo son una oferta «burlesca», sobre todo la referida a créditos para los maestros, pues -recuerda- el salario de este colectivo se ubica en menos de 30 dólares mensuales, más allá de que reciban otros 130 dólares en bonificaciones.

 

Entonces, explicó, cualquier crédito consumirá por completo sus ingresos a la hora de hacer el primer pago, por lo que esa oferta -considera- no convencerá para volver a las aulas a los docentes que están hoy «arreglando cabello, pintando uñas, haciendo tortas, haciendo arepas, limpiando casas, cuidando viejitos» o en cualquier tarea que les genere mejor remuneración que la enseñanza.

 

Destaca que los protagonistas del «hecho educativo» son los docentes y los alumnos, por lo que los programas deben ir enfocados a atender las necesidades de ambos, así como de las escuelas, cuyo total nacional presenta fallos o deterioro de la infraestructura y falta de materiales de trabajo.

 

Aunque el pasado 30 de septiembre, a propósito del inicio del año escolar, el Gobierno informó de reparaciones en 8.000 instituciones educativas, la FVM subraya que hay más de 20.000 que no fueron atendidas por las autoridades y que presentan «las mismas carencias o peores».

 

«Si vemos todos esos multifactores que no están atendidos, no podemos hablar de calidad educativa», remarcó.

 

Medidas de «emergencia»

Las resoluciones anunciadas por el Ministerio de Educación -una cartera que está siendo reestructurada- son medidas de emergencia, propias de la situación que vive el sector, o así lo ve Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB.

 

El profesor recuerda que el Estado debe garantizar los niveles obligatorios de formación a millones de niños y adolescentes, una tarea que se cumple a trozos, pues los alumnos están pasando de un año escolar a otro sin recibir clases sobre asignaturas específicas, algo que se nota especialmente en el bachillerato, donde escasean los docentes de ciencias exactas y sociales.

 

Sobre la decisión del Gobierno de devolver a las aulas a todos los docentes del sector público que estaban desempeñando otras tareas, Calatrava cree que se trata de una acción correcta, tomando en cuenta el panorama, pero insiste en que «no debería ser la única medida ni debería ser la medida estrella».

 

En cambio, aclara, es necesario «que nuevamente las escuelas de educación (en las que las universidades forman a los futuros profesores) estén atestadas de gente» y no desérticas como han estado en el último quinquenio, según los registros de la UCAB y la FVM.

 

Solo en la UCAB, se graduaron unos 40 jóvenes como nuevos docentes en 2023. Este número, que según Calatrava representa el 1% del total nacional, sugiere que, en el mejor de los casos, Venezuela ganó 4.000 nuevos profesores el año pasado, un ritmo que tardaría 60 años en suplir las vacantes existentes.

 

https://www.bancaynegocios.com/analisis-educacion-publica-en-venezuela-esta-en-emergencia-por-la-escasez-de-docentes/

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Sector universitario se moviliza en contra de la privatización educativa en Argentina

Los estudiantes y docentes argumentan que esta falta de presupuesto afecta gravemente la salud y la educación de la población.

En Buenos Aires, se reportan las masivas movilizaciones del sector universitario en respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de desfinanciar las universidades de la República Argentina. Este conflicto ha tomado mayor fuerza desde la segunda etapa de reclamos, que superó en número y en intensidad la primera marcha del pasado 3 de abril.

A pesar de que más de un millón de personas se congregaron en Plaza de Mayo, el gobierno y el Congreso mantuvieron su postura, ratificando el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Los estudiantes y docentes argumentan que esta falta de presupuesto afecta gravemente la salud y la educación de la población.

La retórica del presidente, quien sostiene que «ningún pobre llega a la universidad pública» y que esta solo beneficia a «niños ricos», ha provocado un profundo descontento. Muchos estudiantes, que son la primera generación de universitarios en sus familias, se sienten atacados y estigmatizados por el gobierno.

 

Frente a esta situación, se han realizado asambleas nacionales en diversas universidades, donde se expresa la necesidad de defender la educación pública y la soberanía del país. Más de 100 universidades están actualmente tomadas, y se lleva a cabo un paro de 24 horas contra el desfinanciamiento.

La consigna de los movilizados sigue siendo clara: la lucha por los derechos y la defensa de la educación pública.

 

https://www.telesurtv.net/sector-universitario-se-moviliza-en-contra-de-la-privatizacion-educativa-en-argentina/

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Ataque israelí contra hospital de Gaza quema vivos a palestinos desplazados

El Ejército israelí atacó el hospital de Al-Aqsa donde se encontraban refugiados al menos un millón de palestinos desplazados. El ataque dejó al menos cuatro muertos y más de 40 heridos, entre los que se encuentran personas quemadas tras un incendio causado por el bombardeo. El Ejército de Israel, como es habitual, dijo que estaba atacando un centro de comando de Hamás. Nuestros corresponsales en Jerusalén para Israel y los Territorios Palestinos, Federico Cué Barberena y Janira Gómez Muñoz, ampliaron la información sobre la situación en la Franja de Gaza y los últimos ataques entre Israel y Hezbolá.

https://www.france24.com/es/video/20241014-informe-desde-jerusal%C3%A9n-ataque-israel%C3%AD-contra-hospital-de-gaza-quema-vivos-a-palestinos-desplazados

 

 

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Al 23,6% de migrantes no los emplean por ser venezolanos

Una cuarta parte de los hogares migrantes asentados en Norte de Santander y demás regiones no consigue empleo y no genera ingresos.

Alrededor de 6 de cada 10 migrantes procedentes de Venezuela que ingresan a Colombia lo hacen por Norte de Santander (58,6%), mientras que otros, en menores proporciones, lo hacen por La Guajira (29,2%), Arauca (8,5%) y Bogotá (2,1%).

Este fue el panorama que arrojó la séptima ronda de la Encuesta Pulso de la Migración, presentada hace un par de días por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que incluye a los colombianos retornados y se realizó del 8 de abril al 8 de junio de 2024. La muestra tuvo 8.022 personas y 3.719 hogares consultados.

Es de resaltar que este departamento creció 3,1 puntos porcentuales en entrada de migrantes, referente a la sexta ronda de la investigación (55,5%), desarrollada entre agosto y septiembre de 2023.

Otro de los datos revelados es que el 25,9% de los hogares migrantes no consigue empleo y no genera ingresos, mientras que el 22,6% no tiene para adquirir los alimentos. Estas son las dos principales necesidades no cubiertas.

Según la encuesta, la principal dificultad del venezolano para hallar trabajo es no tener los documentos solicitados, pues, casi la mitad no logra emplearse por tal razón (48,5%), siendo el permiso de trabajo el más solicitado (59,2%). La segunda es ofertas de trabajo con baja remuneración o malas condiciones laborales (26,0%).

La tercera dificultad para tener empleo es que ha sentido discriminación por su nacionalidad. Por lo menos 2 de cada 10 ciudadanos lo han vivido (23,6%).

La falta de experiencia (13,4%), no tener conocimiento de donde buscar trabajo (8,9%), no contar con el tiempo suficiente para jornada completa (6,2%) y su círculo familiar no lo/la deja laborar (2,5%) son las demás dificultades encontradas.

Pulso Migración reflejó que el 59,6% de los migrantes estaba trabajando, al momento de ser encuestados, con una diferencia significativa entre hombres (74,3%) y mujeres (45,2%). Mientras que el 21,1% dijo estar dedicado a las labores del hogar; el 8,1%, buscando trabajo; y 7,4%, estudiando.

El DANE también preguntó en qué lugares se sintieron discriminados: ‘buscando trabajo’ (40,0%) y ‘en el trabajo’ (21,7%) fueron el segundo y tercer escenario, después de la calle/espacios públicos (47,8%).

Además, el 55,1% de los migrantes trabaja 49 horas o más a la semana (la jornada legal es de 46 horas), lo cual significa un aumento de 6,1 p.p. al hacer la comparación con la anterior medición (49,0%).

Leve disminución en barreras

En cuanto la relación laboral, el 78,0% tiene contrato verbal y 22,0%, contrato escrito. Estos indicadores variaron respecto a la anterior ronda, cuando fueron de 81,9% (verbal) y 18,1% (escrito). Lo cual representa una muy leve mejoría.

El director de Metodología y Producción Estadística del DANE, César Mauricio López, expresó que la diferencia entre las dos últimas encuestas no es significativa en lo concerniente al tipo de contratación. También que la población que tuvo barreras para hallar trabajo se redujo 4,4 p.p., respecto a la ronda 6 (52,9%).

Para la coordinadora del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo (Ormet), Sharyn Nataly Hernández Fuentes, aún falta bastante por hacer en la generación de empleo digno, no solo para los migrantes, también para los colombianos.

La economista recordó que los planes de incentivo al trabajo y emprendimiento en dicha población no se impulsan con la misma fuerza que los programas para el resto de la ciudadanía, lo cual “es lógico, porque hay que dar prioridad a los nacionales”.

Sin embargo, resaltó que entidades internacionales o algunas ONG, como USAID, ONU y Acnur, han implementado planes para que venezolanos y colombianos retornados generen ingresos.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, indicó que “estos datos son indispensables para el diseño de políticas públicas, que realmente respondan a las necesidades de esta población”.

https://www.laopinion.co/economia/al-236-de-migrantes-no-los-emplean-por-ser-venezolanos

 

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Ir al baño no es trabajo: un tribunal suizo permite que una empresa obligue a sus empleados a fichar cuando van al baño

La sentencia del tribunal suizo indica que el tiempo empleado en ir al baño no se considera tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, no debe remunerarse.

El tribunal acepta que hay una laguna legal en la normativa que regula los descansos de los empleados.

Mientras que media Europa debate sobre la conveniencia de rebajar o no la jornada laboral, un tribunal suizo hila todavía más fino dictando una sentencia inédita en la definición de lo que se considera tiempo de trabajo: los empleados de una empresa suiza deberán fichar cada vez que necesiten ir al baño. Pese a entender que se considera una necesidad vital, no considera que la empresa deba pagar por ese tiempo.

El origen de la controversia. Según la investigación de la cadena de televisión suiza RTS, el origen de la disputa legal comenzó en 2021, cuando la Oficina de Relaciones y Condiciones de Trabajo de Neuchâtel (ORCT) verificaba que se estaban cumpliendo las medidas contra el COVID-19 en el fabricante de esferas para relojes Jean Singer&Cie que tiene en plantilla a unos 400 empleados. Los inspectores descubrieron que los empleados fichaban al ir y al volver del baño. La empresa no contabilizaba las visitas al baño como tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, tampoco se pagaba.

La Oficina de Relaciones y Condiciones de Trabajo consideraba que esto estaba podía «animar al personal a contenerse o no hidratarse, lo que podría provocar graves trastornos fisiológicos». En febrero de 2022, prohibió a Jean Singer&Cie esta práctica alegando que «las interrupciones del trabajo que satisfacen necesidades fisiológicas no pueden considerarse pausas ya que no están destinadas a la recuperación» y contravenía los principios de la Ley del Trabajo suiza, según cuenta la cadena suiza.

Lo que dice el tribunal y un gran «pero». La empresa recurrió dicha sanción y, en su sentencia, el Tribunal de Derecho Público le dio la razón. Según el fallo, hecho público este mes, la empresa tiene derecho a exigir a los empleados que registren su salida al baño porque la legislación actual no regula de manera explícita qué constituye una «interrupción» de la jornada laboral.

Con su decisión, el tribunal deja al descubierto una laguna legal. La ley no prohíbe expresamente que las empresas cuenten las pausas para ir al baño como tiempo de descanso. Sin embargo, la sentencia especifica que la obligación de fichar para ir al baño sí discrimina a las mujeres. «Se enfrentan al ciclo menstrual, que comienza con la menstruación. Este fenómeno fisiológico requiere el cumplimiento de las normas básicas de higiene y, en consecuencia, visitas más frecuentes e incluso más prolongadas al baño», señala el Tribunal, e insta a la empresa a tomar medidas para «reducir esta desigualdad».

Lo que dice la Ley del Trabajo suiza. El artículo 15 de la Ley del Trabajo suiza establece una serie de tiempos de descanso obligatorios durante la jornada laboral que sí deben ser remunerados, siempre que los empleados permanezcan dentro del centro de trabajo.

El trabajo deberá interrumpirse mediante pausas de la siguiente duración mínima:

a. 15 minutos con una jornada diaria de trabajo superior a cinco horas y media.

b. 30 minutos para una jornada diaria de más de siete horas

c. Una hora con una jornada diaria de más de nueve horas.

La normativa no especifica el motivo de las pausas. Solo dice que los empleados tienen derecho a descansos regulares.

El punto de vista de la empresa. Pascal Moesch, representante legal de la empresa, defendía en el reportaje de la cadena suiza que «bien sea porque se trate de pausas para ir al baño, pausas para comer o pausas para descansar, se interrumpe la actividad laboral y, por tanto, la remuneración: por eso se debe fichar». No importa para qué quieran usar los descansos, por lo que la empresa entiende que los empleados deben ir al baño durante esos periodos de descanso.

La sentencia sienta un precedente. La sentencia se ha acogido con preocupación desde las instituciones suizas por el temor a que siente un precedente y otras empresas adopten la misma política. Florence Nater, consejera de Estado responsable del empleo, expresó su preocupación a RTS: «Espero que este fallo no encuentre imitadores en otras empresas que puedan verse tentadas a utilizar tales prácticas».

Desde la patronal suiza ven el caso como anecdótico. Bárbara Zimmermann-Gerster, miembro directivo de la patronal, asegura en el reportaje de RTS que «no es la dirección en la que debería ir. En vista de la escasez de trabajadores cualificados, las empresas deben asegurarse que son atractivos y responder a las necesidades de los empleados».

«Spain is different».  En una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el tribunal falló a favor de los empleados de La Caixa en su demanda por considerar que el tiempo del desayuno y el de fichaje de llegada, con un margen de cortesía de hasta 15 minutos hasta el inicio de la jornada, deben considerarse como tiempo trabajado.

El Supremo también se pronunció prohibiendo a las empresas descontar de la jornada el tiempo que los empleados usaban para ir al baño o computarlo como tiempo de descanso o como tiempo a recuperar en su jornada. Asimismo, el Alto Tribunal especificaba que no podían aplicarse descuentos salariales por este motivo, independiente de si se trataba de un empleo presencial o en remoto, tal y como recogían en RTVE.

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/ir-al-bano-no-trabajo-tribunal-suizo-da-razon-a-empresa-que-obligaba-a-fichar-cuando-sus-empleados-iban-al-bano/amp#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17287853104102&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

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