Europa/Reino Unido/06 Agosto 2020/prensa-latina.cu
La comisionada para los derechos de los niños de Inglaterra, Anne Longfield, afirmó hoy que las escuelas deberían ser las últimas en cerrarse en caso de un nuevo confinamiento por la pandemia de Covid-19.
La educación debe priorizarse sobre otros sectores, y deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar, recalcó Longfield en una ponencia publicada este miércoles en la página electrónica de esa entidad pública.
En opinión de la activista, incluso en caso de ser necesario mantener al mínimo la interacción social por un segundo brote de la pandemia, el espacio destinado a la educación debe ser respetado, a expensas de otras actividades y sectores.
La reducción de la transmisión del coronavirus a nivel de la comunidad es muy importante, pero no se debe asumir de manera automática que conlleva el cierre de las escuelas, apuntó.
Longfield sustenta su reclamo en criterios científicos que aseguran que comparados con los adultos, los niños juegan un papel relativamente pequeño en la propagación de la Covid-19, y son menos propensos a contraer la enfermedad.
El Reino Unido, y en particular Inglaterra, experimenta desde hace varias semanas un incremento en los casos positivos a la Covid-19, lo que hace temer que se produzca una segunda ola de la pandemia en el invierno.
Aunque el primer ministro Boris Johnson afirmó días atrás que tratará de evitar un nuevo confinamiento de la población, en algunas ciudades inglesas se decretaron cuarentenas locales para tratar de contener los rebrotes.
El principal asesor médico del gobierno, Chris Whitty, advirtió, por su parte, que ya se llegó al límite de lo que se puede hacer en términos de reabrir la sociedad, por lo que no se descarta el cierre de bares y restaurantes para poder reiniciar el curso escolar en septiembre.
América del norte/México/06 Agosto 2020/elpais.com
El Gobierno firma un acuerdo con las grandes televisoras para impartir contenidos a distancia porque las aulas no están preparadas para aislarse del coronavirus
Las autoridades de educación mexicanas han admitido este lunes que el país no cuenta con las condiciones para que los alumnos regresen a las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus —que ha dejado ya 47.746 muertos—, por lo que el inicio del ciclo escolar será el 24 de agosto con clases a distancia y con más de 30 millones de estudiantes siguiendo los cursos por televisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que su Gobierno ha firmado un convenio con las grandes televisoras privadas del país (Televisa, Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen) para que retransmitan los contenidos escolares, que serán preparados por la Secretaría de Educación con apoyo de la televisión pública. A pesar de la terrible situación, López Obrador le ha visto un lado optimista y ha calificado el proyecto de “histórico”: “Somos pioneros, esto no se lleva a cabo en ningún país del mundo”, ha afirmado en su conferencia matutina diaria, en la que participaron los directivos de las grandes cadenas, entre ellos un representante de TV Azteca, televisora del grupo que lidera Ricardo Salinas Pliego, el millonario mexicano que ha negado en repetidas ocasiones la pandemia de coronavirus.
La alianza con los grandes canales de televisión está prevista para que los contenidos escolares lleguen hasta los lugares más alejados, donde no hay acceso a Internet o este es muy reducido. En la cobertura de Internet o el número de alumnos con computadora México no es pionero. Las cifras del INEGI, el instituto de estadística, muestran que más de 16 millones de hogares no tienen conexión, lo que indica la brecha digital que impide a millones de estudiantes acceder a contenido educativo en línea. Las autoridades esperan que con el convenio firmado este lunes se logre una cobertura del 90% del territorio mexicano. Al esfuerzo se unen también estaciones de radio, que tienen una amplia penetración en zonas remotas.
Los sindicatos de maestros han reaccionado con desconfianza al anuncio hecho hoy por las autoridades de Educación. Si bien consideran importante el uso de la televisión abierta para ampliar el acceso de los estudiantes a contenidos educativos, también estiman que no es suficiente para garantizar la calidad de la educación. “La casa no es el salón de clase y los padres no son maestros”, ha dicho Pedro Hernández Morales, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), un sindicato que cuenta con 600.000 integrantes. “Es acertado que se use la televisión, esperamos que esto no signifique que se presentará publicidad, porque entonces más que rescatar la escuela se rescatará a los grandes medios. Tenemos dudas de cómo se van a preparar esas clases, dónde estará la retroalimientacion y dónde queda la explicación del maestro sobre los contenidos. Los maestros no solo debemos ser quienes revisemos lo que se dio en la televisión, tenemos que entrar en un diálogo con la Secretaría para buscar estrategias de interacción”, ha explicado Hernández a EL PAÍS. A él también le preocupan los estudiantes ciegos, sordos y mudos, que no pueden acceder al nuevo formato establecido por las autoridades. En México hay tres millones de personas en edad escolar que tienen algún tipo de dificultad visual, auditiva o padecen enfermedades como autismo, lo que hace necesario la contratación de especialistas. “Es un trabajo muy especializado el que se requiere para enseñar a estos estudiantes. Se trata de un desafío muy grande”, ha advertido Hernández. Otra preocupación que tienen los maestros es el seguimiento que los padres puedan dar a la educación de los hijos, en un país con altos índices de desempleo y donde millones de personas trabajan en el área informal. “Es una situación compleja, porque los padres tienen que salir a trabajar y no pueden garantizar el seguimiento, no conocen formas de enseñar. Si ya nos cuesta trabajo en los salones, imagínate ahora a distancia. Es muy difícil”, ha explicado el sindicalista.
En México, las grandes corporaciones de medios funcionan como monopolios que concentran gran poder y mantienen una alianza complaciente con los gobiernos de turno. López Obrador recordó hoy las concesiones entregadas a grupos poderosos como Azteca y Televisa, como un guiño para lograr apoyo a su proyecto. Elocuente es la relación del mandatario con Ricardo Salinas Pliego, de cuyo grupo forma parte TV Azteca. El empresario fue uno de los invitados al apartamento de López Obrador para celebrar el arrasador triunfo en las presidenciales de 2018. Además, el Grupo Salinas —que reúne medios de comunicación, servicios de Internet, aseguradoras y bancos— ha recibido jugosas concesiones del Gobierno federal, que incluyen la adjudicación de dos contratos para gestionar los sistemas de videovigilancia de Ciudad de México por 40 millones de dólares, las pólizas que cubren los accidentes de policías y funcionarios capitalinos, la cobertura de “todos los bienes muebles e inmuebles” de la secretaría de Educación, por más de 42 millones de dólares, y la adjudicación directa a Banco Azteca de la gestión del pago de los principales subsidios para los pobres, con un presupuesto de más de 12.000 millones de dólares.
Las autoridades educativas esperaban que las escuelas reabrieran en aquellos Estados en los que el semáforo epidemiológico llegara a verde, dentro del sistema de desescalada establecido por la Secretaría de Salud, pero el nivel de contagios no cesa, con miles de enfermos al día, por lo que el Gobierno ha considerado prudente mantener a los alumnos en sus casas. Las autoridades habían establecido un plan de retorno a las aulas que incluía el uso obligatorio de cubrebocas, garantizar agua y jabón en todos los centros, recreos escalonados, asistencia alternada, evitar actos escolares y, en caso de un brote, cerrar la escuela por 15 días. “Lo importante es no exponer a los niños, que sí pueden contagiar a los adultos”, ha afirmado López Obrador. “Quisiéramos volver a las clases presenciales, pero no es posible ni prudente”, ha admitido Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Además del alto nivel de contagios, se suma a la decisión de las autoridades mexicanas la deficiencia en la infraestructura escolar, que convierte a miles de escuelas en puntos de contagio. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conavel) publicado en 2018 muestra que de las más de 226.000 escuelas públicas del país, el 2,2% no dispone de suministro de agua de ninguna fuente (red pública, pozos, abastecimiento por camiones cisternas) y solo 53% cuenta con el abastecimiento mediante la red pública. Además, solamente el 66,4% de las escuelas tiene servicios sanitarios y el 66,1% energía eléctrica. En cuanto el acceso a Internet, este solo llega al 22,7% de las escuelas, un total de 51.387. El país, además, cuenta con un fuerte rezago en materia de aprendizaje dentro de la OCDE: los resultados del informe PISA de 2018, la prueba internacional sobre educación más conocida y reconocida del mundo, revelan que de casi un millón y medio de estudiantes de 15 años evaluados, solo 1% mostró habilidades avanzadas en lectura, matemáticas y ciencias.
Con el convenio anunciando este lunes, las autoridades esperan producir 4.550 programas de televisión y 640 de radio, tanto en español como en lenguas indígenas, que serán retransmitidos de siete de la mañana a ocho de la noche a través de 16 canales públicos y privados. Moctezuma Barragán ha dicho que los estudiantes serán evaluados sobre esos contenidos, aunque no ha dado detalles de cómo serán las evaluaciones. El secretario de Educación informará cada tarde, en conferencia de prensa, sobre cómo se llevará a cabo este proyecto. “Se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios, maestros con un buen nivel, científicos e intelectuales para que nos ayuden a reforzar todo el proceso de enseñanza”, ha prometido López Obrador.
Crece el temor a que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo abandonen el sistema educativo para siempre a causa de los cierres por la crisis del coronavirus
«Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas». Así de preocupado y contundente se mostraba, en un mensaje en vídeo, el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el cierre prolongado de las escuelas en todo el mundo por la pandemia. Naciones Unidas llamó este martes a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus colegios en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que la situación actual de cierre plantea el riesgo de una «catástrofe generacional».
La Unesco teme que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo abandonen su educación para siempre a causa de los cierres inducidos por la crisis del coronavirus y pide que se mantenga la continuidad en el aprendizaje, sobre todo para los más vulnerables. De esta predicción, las regiones más afectadas, de acuerdo con la organización a favor de la educación, serán el sur y el oeste de Asia, con 5,9 millones de alumnos que dejarán colgada su educación, y el África subsahariana, con 5,3 millones.
La covid-19 solo ha venido a agudizar la crisis de educación que ya vivía el mundo antes de la pandemia, con más de 250 millones de niños en edad escolar que no estaban escolarizados y, en los países en desarrollo, con solo una cuarta parte de los alumnos de secundaria terminando sus estudios con competencias básicas, según el análisis presentado por la ONU y que analiza el impacto del cierre de los colegios, institutos y universidades y ofrece recomendaciones a los responsables políticos.
La mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación
La pandemia, subrayó el secretario general de la ONU, ha causado «la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación». «Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios», señaló Guterres.
Según datos del organismo, a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, lo que afecta a más de 1.000 millones de estudiantes, y más de un centenar de naciones aún no han anunciado fechas para la reapertura. Actualmente en África los países que han abierto de nuevo sus escuelas son Botsuana y Níger; en América Latina solo Uruguay, Ecuador y Nicaragua, mientras que en Europa son Francia, Suecia, Noruega, Austria y Suiza quienes han retomado su actividad educativa presencial.
Estado de los centros escolares en el mundo
16 de febrero
17 de marzo
China tiene parcialmente abiertos sus colegios mientras que Mongolia opta por cerrar las escuelas en todo el país.
El cierre de escuelas llega a casi toda Europa y Latinoamerica.
3 de agosto
4 de abril
La práctica totalidad del mundo ha paralizado su actividad educativa. Muchos países imponen medidas estrictas de confinamiento.
En la actualidad, algunos países han comenzado a tener escuelas abiertas.
Fuente: UNESCO.
LUIS SEVILLANO PIRES / EL PAÍS
¿Cuándo será demasiado tarde para toda una generación que vive sin ir a la escuela? Para la ONU, será esencial encontrar un equilibrio entre los riesgos para la salud y los riesgos para la educación y la protección de los niños, en palabras de Guterres. «Va a depender del nivel de resiliencia que tenga el sistema educativo de cada país: si es de renta alta, media o baja, de las circunstancias de la familia… En un país pobre, aunque el tiempo de volver a la escuela sea menor, te encuentras con que miles de niños tienen poquísimas posibilidades de volver», explica Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia de Unicef España.
Una generación perdida por el abandono escolar
Entre las cosas que más preocupan a la organización destaca el tiempo perdido por millones de niños de educación preescolar, una etapa considerada clave y que es «el gran igualador», según apuntó en una conferencia de prensa Stefania Giannini, la directora general adjunta para Educación de la Unesco. La organización explica que la educación superior será en términos relativos la más afectada por los abandonos, con un 3,5 % menos de inscripciones, que equivale a 7,9 millones de estudiantes. En los niveles de preescolar, el descenso previsto será del 2,8 %, con cinco millones de niños menos, mientras en primaria la baja será del 0,27 % y en secundaria del 1,48 %. En total, eso supondrá que 5,2 millones de niños y 5,7 millones de niñas dejarán la primaria y la secundaria.
La educación a distancia, con clases por radio, televisión y en línea, deja a muchos alumnos atrás, un especial riesgo que sufren aquellos con discapacidades, de comunidades minoritarias o desfavorecidas, los desplazados y refugiados y los que viven en zonas remotas. La ONU anima a aprovechar la pandemia para transformar los sistemas educativos a través de una mejora en la infraestructura digital. «Tenemos una oportunidad generacional de reimaginar la educación y la enseñanza. Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible«, aseguró Guterres.
Así, la pandemia está aumentando las desigualdades educativas y amenaza con deshacer de golpe los progresos logrados en las últimas décadas. En México se teme que la pandemia haga retroceder todos los avances alcanzados hasta ahora en materia de educación. Y no es el único país donde se esperan consecuencias a largo plazo. «En países como Siria, con una guerra desde hace nueve años, o países con emergencias de larga duración, se pierde una generación entera. Allá donde había ingenieros, médicos… Te encuentras con un país con ese capital humano empobrecido. Tener gente formada requiere de una educación superior, y para llegar a ella hay que pasar por la educación primaria. Si empieza a fallar en lo más básico, sabemos que ese país va a sufrir un retroceso en capital humano de hasta 50 años», asegura Molina.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/04/planeta_futuro/1596529108_149231.html
Estudio muestra los efectos de la cuarentena sobre el trabajo, el ingreso y las tareas de cuidado de las mujeres.
“Estoy haciendo aislamiento y trabajando en casa, sin embargo, mi ingreso se desplomó”, afirmó una de las 2,6 mil mujeres que respondieron al cuestionario – Divulgação.
La mitad de las mujeres brasileñas pasaron a cuidar de alguien durante la pandemia de covid-19. Cuando se desglosa por raza y región, por ejemplo, los números cambian. En el ambiente rural, 62% de las mujeres pasaron a tener ese tipo de responsabilidad. Respecto al apoyo en las tareas de cuidado, las mujeres negras son las más desasistidas.
La información es del estudio “Sin parar: el trabajo y la vida de las mujeres en la pandemia”, realizado por las organizaciones Género y Número y Sempreviva Organización Feminista (SOF) y divulgado este jueves (30).
Además, según la investigación, 41% de las mujeres están trabajando más durante la pandemia, y la mayor parte son mujeres blancas, “evidenciando que la ausencia de las trabajadoras del hogar o de espacios como la guardería y la escuela pesó más para ese grupo”, afirman las organizaciones en el documento. Las mujeres que están en casa sin recibir ingresos o con ingresos reducidos, son el 39% de las que respondieron al cuestionario.
De acuerdo con las organizaciones, el objetivo del estudio, realizado con 2.600 mil mujeres brasileñas entre abril y mayo, fue identificar los efectos de la pandemia sobre el trabajo, el ingreso las mujeres y la sustentación financiera de la casa, tomando en cuenta las tareas de cuidado.
“Estoy haciendo aislamiento y trabajando en casa, pero mi ingreso se desplomó”, afirmó una mujer en el cuestionario. Otra dijo que “la empresa redujo el pago a apenas el 50% sin reducir la jornada (mi situación es informal) y eso me obliga a reorganizar mi vida financiera, porque acabo con más gastos de mercado, energía, etc.”.
Según las organizaciones, “entender la situación del cuidado durante la pandemia es fundamental para el diseño de acciones capaces de transformar esas dinámicas de desigualdad que imbrican género, raza y clase”, toda vez que esta es la parte de la población sobre la cual las condiciones precarias de sobrevivencia recaen más significativamente.
Edición: Rodrigo Chagas
Fuente e imagen: https://www.brasildefato.com.br/2020/07/31/la-mitad-de-las-mujeres-brasilenas-comenzaron-a-cuidar-a-alguien-durante-la-pandemia
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.
La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
HALLAZGOS RELEVANTES
Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.
Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.
Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.
Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.
Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.
DEBEMOS SEGUIR A LOS LÍDERES EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA
En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.
Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.
Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.
Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad.La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.
RECOMENDACIONES
Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.
Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.
Tú también puedes ayudar.
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.
Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness
Mesa Social alude a que el protocolo de seguridad del Departamento de Educación “es muy general” y no toma en cuenta situaciones particulares de los planteles escolares. (GFR Media)
La Mesa Social, que agrupa a diversas organizaciones magisteriales y de derechos humanos, envió hoy una nueva carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al secretario de Educación, Eligio Hernández en la que reclaman que ante el aumento en los contagios del COVID-19 se posponga el inicio del semestre escolar de forma presencial.
“El pedido principal es que se posponga el inicio escolar hasta que todos los estudiantes tengan todas las herramientas para tener una educación de primera, que el magisterio no se tenga que presentar a las escuelas la semana próxima como se les ha requerido y que se les permita trabajar a través de tele trabajo en lo que se normalizan los números de contagio en el País”, dijo Janice Soliván Roig, una de las portavoces del grupo.
La maestra de escuela secundaria subrayó además, que están exigiendo que el Departamento implemente y demuestre que ha tomado todas las medidas necesarias según los protocolos establecidos para atender la pandemia y así salvaguardar la salud y seguridad de la comunidad escolar.
“La carta de hoy expresa que ante el aumento significativo del COVID, la falta de protocolos y de herramientas no se puede iniciar un semestre escolar sin seguridad. Cuando llamamos a las escuelas lo que han hecho es darle una caja de mascarillas y dos botellas hand sanitizer y esa cantidad no da. Hay escuelas que sobrepasan los 50 empleados, entre el personal docente y no docente. Una mascarilla no es razonable cuando se supone que uno se la cambie en más de una ocasión”, sostuvo Soliván Roig.
Destacó que esta es la segunda carta que le cursan a la gobernadora Vázquez Garced en relación a la situación del inicio escolar, pero no han recibido respuestas.
La educadora indicó que a pesar de que hay fondos federales a través del CARES Act (de estímulo económico contra el coronavirus), para salvaguardar la seguridad de empleados y estudiantes y tener tecnología, “el gobierno no ha actuado de manera responsable en el uso de estos fondos, no los han utilizado responsablemente para asegurar un inicio escolar seguro y saludable”.
Dijo además, que la parte tecnológica también les preocupa porque al día de hoy el Departamento de Educación no les ha entregado a todas las escuelas el equipo necesario para una educación remota o a distancia. “Todavía se están entregando computadoras a maestros y estudiantes. En Ponce iban a empezar a repartir hoy computadoras al magisterio y los estudiantes no han recibido su equipo tecnológico, mientras el Secretario ha dicho que los estudiantes van a estar recibiendo las computadoras entre agosto a noviembre”, indicó la portavoz de la Mesa Social.
“Esto implica que van a iniciar un semestre sin que los estudiantes tengan las herramientas para una educación a distancia lo que desde nuestro punto de vista es un acto totalmente discriminatorio”, expresó.
Soliván Roig sostuvo que en la primera misiva alertaron de cómo debía ser el inicio del año escolar porque no se cumplía con los protocolos de la Oficina de Salud y Seguridad en el Empleo del Departamento del Trabajo ni con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“No tuvimos respuesta como en otras cartas que hemos enviado, aunque sí nos dimos cuenta de que algunas sugerencias y recomendaciones se tomaron en cuenta”, agregó.
Argumentó que el protocolo de seguridad del Departamento de Educación “es muy general” y no toma en cuenta situaciones particulares de los planteles escolares.
Dijo que también le solicitan al Departamento de Educación que establezca una línea de tiempo para que les garanticen cumplir con las deficiencias que han mostrado para iniciar un semestre escolar apropiado. “Podemos evidenciar que asumir un semestre escolar sin que los padres y estudiantes tengan las herramientas es un asunto de género porque a partir de marzo vimos como principalmente las madres de este País tuvieron que asumir la carga académica de sus hijos e hijas sin tener herramientas tecnológicas y pedagógicas y muchas de estas desde en un nivel de pobreza”, afirmó la maestra que imparte clases de estudios sociales en la escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey y también es parte del colectivo Casa Juana que da apoyo y orientación a mujeres.
Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista
PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.
A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.
De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.
Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.
Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.
“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.
La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.
Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres
Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.
Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.
La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.
Estado, único rector de contenidos educativos
El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.
Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.
Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.
Jason Goh | Pixabay.
Grupos conservadores, detrás del pin parental
El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.
A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.
Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.
“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.
Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.
Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.
El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.
En marcha, agenda nacional antiderechos
El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.
Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.
Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.
En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.
Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos
Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.
“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.
Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.
La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.
María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.
*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López
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