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Europa/España/Elmundo.es

El Gobierno quiere que en los centros educativos haya un profesor experto en igualdad de género que se encargue de promover medidas para combatir el machismo y prevenir la violencia de género. Esta figura se denomina «coeducador» y ya existe en autonomías como Andalucía o la Comunidad Valenciana, pero la idea del Ejecutivo es generalizarla en toda España y hacer un seguimiento sistematizado de sus funciones.

Este docente podría liberarse parcialmente de su carga lectiva y centrarse en la difusión de iniciativas para promover la igualdad. Se encargaría de coordinar, por ejemplo, actividades como la que van a hacer la semana que viene varios colegios públicos de la Comunidad de Madrid, que celebrarán el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia viendo cómo trabajan mujeres científicas en un laboratorio o discutiendo en clase sobre el infrarrepresentado papel de las mujeres en las disciplinas tecnológicas.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció ayer en el Congreso la potenciación de esta figura del «profesor responsable de coeducación», que será ultimada dentro del Pacto de Estado por la Educación que actualmente se negocia en el Congreso.

El recién alcanzado Pacto de Estado por la Violencia de Género también la contempla, junto a otras medidas como «el refuerzo de los valores igualitarios» en los currículos de la ESO y Bachillerato o la inclusión de contenidos sobre el movimiento feminista en los libros de Historia. Según explican fuentes del Ministerio, se trata de «hacer efectivo» lo recogido en el artículo 127 de la Lomce, que dice que el Consejo Escolar debe «proponer medidas e iniciativas que favorezcan […] la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación […] y la prevención de la violencia de género».

Montserrat compareció en el Congreso para hacer un balance de la implantación del pacto que fue aprobado el pasado septiembre en las Cortes y ratificado en diciembre por las autonomías. De las 214 medidas acordadas (122 de ellas son competencia exclusiva del Estado) ya están «en proceso de ejecución» cerca de la mitad. La ministra dijo que un tercio de ellas -«unas 71»- «requerirán modificación legislativa»:

Cambio legal

En concreto, habrá que cambiar una veintena de artículos de la Ley Integral contra la Violencia de Género que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Estos artículos, explican en el Ministerio, «no suponen recortar los derechos de las mujeres» que introdujo «una ley supergarantista que ha marcado un hito», sino ampliarlos y dar más garantías a las víctimas. Todos están en el Pacto de Estado y son compartidos por todos los partidos. Entre ellos se encuentra una ampliación del concepto de violencia contra la mujer para incluir, por ejemplo, a las víctimas de trata, aunque «el enfoque seguirá centrándose en el marco de la pareja o ex pareja», dicen en el Ministerio. También van a modificarse artículos relativos a la defensa jurídica de las víctimas, al acceso al estatuto de víctima, a la renta activa de inserción o a la retirada de la patria potestad y de la custodia a los padres maltratadores, que ya estaban en la ley anterior pero cuya formulación va a cambiar para proteger mejor a las víctimas. «Un maltratador nunca es un buen padre», recalcan en el Ministerio. Por otro lado, se harán dos nuevas leyes: una contra la violencia sexual y otra contra la trata.

La ayuda de las farmacias

Montserrat firmará en breve un convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para que los boticarios sean formados en violencia de género y puedan ayudar mejor a detectar a posibles víctimas. Ya había un convenio anterior, de 2014, pero sólo era de sensibilización. Montserrat recordó que «hay 20.000 farmacias en todos los pueblos de España» por las que cada día pasan más de 2,3 millones de personas. «Nos ayudan a mantener un canal directo con las víctimas».

¿Y el dinero?

La ministra compareció en la comisión parlamentaria a petición propia y también a instancias del PSOE y Unidos Podemos, que le pedían que explicara por qué el Gobierno no ha liberado aún los 200 millones que prometió para arrancar el Pacto en 2018. El compromiso económico para desarrollar las medidas incluía 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años, 500 para las comunidades autónomas, 400 para el Gobierno y 100 para los ayuntamientos. El problema es que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no están aprobados y, aunque el Ejecutivo prometió en diciembre que habría 200 millones encima de la mesa en el primer cuatrimestre de este año, todavía no están. La diputada socialista Ángeles Álvarez instó a la ministra a que apruebe antes de marzo una prórroga presupuestaria. Sofía Castañón, de Unidos Podemos, recordó que «el Gobierno constantemente habilita créditos extraordinarios cuando lo considera» y aseguró que las mujeres maltratadas reciben una ayuda mensual de poco más de 500 euros. «Ustedes tienen responsabilidad, porque no están en disposición de aprobar los presupuestos. Si no los aprueban, son ustedes los que van a decir que no al Pacto de Estado», respondió la ministra.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2018/02/01/5a7279c5e5fdeae73f8b45d5.html