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Informe: Universidades venezolanas operan con hasta 99% de déficit presupuestario

El Observatorio de Universidades (OBU) presentó este jueves un alarmante informe titulado “La comunidad universitaria frente a la asfixia presupuestaria”, el cual devela la crítica situación que atraviesan las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en el país. Los datos muestran una brecha dramática entre los recursos solicitados por las casas de estudio y lo finalmente aprobado por el Ejecutivo nacional.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el director del OBU, Carlos Meléndez, el indicador de déficit presupuestario en las universidades venezolanas ha oscilado entre el 85% y, en algunos casos, hasta el 99%. Esta alarmante carencia de recursos ha sumido a la educación superior en una profunda crisis de infraestructurainvestigación y precarización salarial para docentes y personal administrativo.

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Meléndez destacó que el descontento no ha sido silencioso. En el período comprendido entre 2020 y 2025, el observatorio registró más de 1,220 denuncias y protestas en exigencia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, lo que se traduce en un promedio de al menos 1.5 manifestaciones por semana por parte del sector universitario.

La estrategia de control gubernamental

El informe también pone el foco en el cambio de diseño del sistema de educación superior. Actualmente, el 85% de las universidades públicas del país están bajo el control directo del gobierno, el cual impone autoridades y alinea las agendas institucionales. «La agenda política gubernamental ha estado totalmente de espaldas a las exigencias de los distintos actores universitarios», señaló Meléndez.

Entre 2014 y 2025, el número de instituciones de educación superior creadas o intervenidas por el Estado aumentó en un 34%, una cifra que contrasta irónicamente con la disminución de la matrícula estudiantil en ese mismo porcentaje. Además, el OBU reveló que más del 50% de las informaciones publicadas por el Ministerio de Educación Universitaria están destinadas a efemérides y actividades de proselitismo político, en lugar de soluciones académicas.

El rol de los medios regionales como catalizadores

Ante la falta de respuesta oficial, el ecosistema de actores reivindicativos ha encontrado un aliado crucial en la prensa. El director del OBU ofreció un reconocimiento especial a los medios de comunicación regionales, mencionando de forma destacada a El Impulso, La Prensa de Lara, El Diario de los Andes, El Carabobeño, entre otros, por ser los principales difusores de la crisis y servir como catalizadores de las denuncias de los gremios y estudiantes en la agenda pública nacional.

https://www.elimpulso.com/2026/06/18/video-universidades-venezolanas-operan-con-hasta-99-de-deficit-presupuestario-18jun/
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Protestas universitarias continúan en Argentina

La universidad pública volvió a las calles en Argentina. Estudiantes, docentes y trabajadores realizan nuevas protestas contra los recortes al presupuesto impulsados por el gobierno del derechista Javier Milei.

Durante la jornada del 17 de junio, la comunidad académica llevó a cabo huelgas, movilizaciones y clases públicas en los principales puntos del país.

Los manifestantes exigen mayor financiamiento y denuncian que el presupuesto actual no alcanza para cubrir los servicios básicos de las aulas, lo que mantiene a las facultades al borde del ahogo operativo.

Se trata de un nuevo paro nacional de una semana (del 16 al 20 de junio de 2026), impulsado por los gremios docentes que rechazan el reciente pacto firmado entre el Gobierno y los rectores.

Pese a que el Poder Ejecutivo alcanzó un principio de acuerdo presupuestario con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la semana pasada, las bases de trabajadores y sindicatos como CONADU y CONADU Histórica consideran la recomposición salarial insuficiente y exigen la aplicación irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras que los estudiantes y trabajadores sostienen el plan de lucha en las calles para evitar lo que consideran el desmantelamiento de la universidad pública argentina.

https://oncenoticias.digital/internacional/protestas-universitarias-continuan-en-argentina/572147/
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La educación madrileña hacia la huelga indefinida para el curso 26/27: las asambleas deben marcar el camino

CCOO, UGT y Confapa anunciaron ayer la convocatoria de un paro indefinido en la enseñanza pública madrileña a partir de septiembre, mientras la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma decisión junto a CGT. Madrid, la comunidad más rica del Estado y la que menos invierte en educación, se suma así al ciclo de luchas que están protagonizando Catalunya y País Valencià.

CCOO, UGT y la confederación de familias Confapa anunciaron este miércoles que convocarán una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria a partir del primer día del próximo curso escolar. Horas después, la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma resolución, junto al sindicato CGT.

El movimiento educativo madrileño da así un salto que llevaba meses gestándose. La Comunidad de Madrid, una de las regiones más ricas del Estado español, aparece sistemáticamente entre los últimos lugares en inversión en educación: destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional, y está entre las peores en retribución docente. Esa combinación de riqueza obscena, contracara de la privatización y degradación sistemática de los servicios públicos, explica la acumulación de rabia en las plantillas: ratios inasumibles, sueldos que no alcanzan para vivir, centros en ruinas, una burocracia sofocante y una administración que alimenta la concertada y la privada mientras liquida la escuela pública.

Una primavera de huelgas educativas

La convocatoria no surge de la nada. Este último trimestre ha sido una verdadera primavera de movilizaciones en la educación de buena parte del Estado. La decisión se ve marcada por la impresionante huelga sostenida que vienen llevando a cabo todos los sectores educativos de Catalunya, por la huelga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana, las jornadas de huelga en Aragón, y de las educadoras del 0-3 de Madrid, que llevan dos meses de huelga indefinida.

En ese marco, Menos Lectivas venía debatiendo la necesidad de plantear una huelga indefinida al inicio del próximo curso. Y este mismo miércoles en asamblea general se decidió por amplia mayoría de quienes participaban de avanzar en ese camino.

Las reivindicaciones son las mismas que resuenan en todo el estado: subida salarial, reducción de horas lectivas, bajada de ratios, fin de las externalizaciones, inversión en infraestructuras y fin de la burocracia que devora el tiempo de enseñanza. Demandas concretas, urgentes y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva años ignorando con la complicidad del gobierno central.

La burocracia sindical llega tarde y con sus propias cuentas

Hay que decirlo con claridad: CCOO y UGT han anunciado esta huelga indefinida sin consultar a la red de asambleas que compone el movimiento educativo madrileño y sin coordinar con Menos Lectivas ni con la plataforma de PLEI que hoy está en lucha. La convocatoria llega además a pocos meses de las elecciones sindicales de diciembre, lo que plantea una pregunta legítima: ¿responde esta iniciativa al pulso real de las plantillas o es una maniobra para recuperar terreno ante una base que les viene superando por la izquierda?

La experiencia reciente -y especialmente la muy reciente de Catalunya, donde las burocracias de CCOO y UGT firmaron un acuerdo vergonzoso a espaldas de los docentes para desactivar la huelga antes de que se convirtiera en algo más- obliga a desconfiar de las cúpulas sindicales burocráticas. Pero al mismo tiempo, obliga a exigirles que la huelga sea efectiva, de todos los sectores educativos y convocada en frente único por todos los sindicatos y plataformas.

Lo que hace falta ahora: un plan construido desde abajo

La unidad no se decreta desde los despachos: se construye en las asambleas de centro, con las plantillas discutiendo el plan de lucha, los pliegos de condiciones y los mecanismos de seguimiento.

Para que la huelga indefinida de septiembre sea una huelga de verdad, hace falta ampliarla más allá del profesorado de Primaria y Secundaria: las educadoras del 0-3 que ya llevan semanas en pie, el personal de administración y servicios, los integradores sociales y las trabajadoras y los trabajadores de atención educativa, el personal universitario. Una huelga unitaria y amplia que convoque a las familias, las y los estudiantes y la comunidad a sumarse a la lucha. Que sea organizada desde abajo, a través de asambleas y coordinadoras, para hacer una huelga activa con manifestaciones, cortes, encierros y todas las medidas necesarias para poner contra las cuerdas a Ayuso y que no se venda por un acuerdo de mínimos antes de que empiece. Las condiciones están dadas. ¡Hay que seguir el ejemplo de Catalunya y País Valencià!

https://www.izquierdadiario.es/La-educacion-madrilena-hacia-la-huelga-indefinida-para-el-curso-26-27-las-asambleas-deben-marcar-el

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Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

Por ANNIE MA

La administración del presidente Donald Trump aceleró el martes el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, al delegar gran parte de su trabajo destinado a proteger a los estudiantes en riesgo del país, en una medida que recorta la gran mayoría de sus funciones para que otras agencias se encarguen de ellas.

El Departamento de Justicia se encargará de la aplicación de los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial, anunciaron funcionarios gubernamentales.

Las dos agencias afectadas —la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— defienden los derechos de los niños con discapacidades y de quienes sufren discriminación por raza, sexo o religión. Los defensores temen que el cambio pueda significar fallas en la comunicación para familias y funcionarios escolares que necesitan ayuda.

El mandatario republicano hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, diciendo que “devolvería la educación a los estados, donde corresponda”. Aunque solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaría de Educación, Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha suscrito acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su departamento.

McMahon señaló que los acuerdos asignan las responsabilidades federales a las agencias mejor posicionadas para apoyarlas.

“El gobierno de Trump ha sido claro: al tiempo que reducimos la microgestión federal cuando obstaculizamos el éxito, estamos igualmente comprometidos a reforzar la eficacia de la supervisión federal donde sea esencial”, dijo McMahon en un comunicado por escrito.

Los críticos advierten sobre el impacto en los servicios estudiantiles.

Los defensores dijeron que los cambios provocarían incertidumbre en torno a los servicios de los que dependen millones de estudiantes y familias.

“Como ocurre con demasiada frecuencia, los estudiantes tradicionalmente desatendidos, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes negros y latinos, los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes en comunidades rurales, soportarán la mayor parte de la carga creada por esta imprudente decisión, a la que las comunidades de las discapacidades y los derechos civiles ya se han opuesto vehementemente”, señaló en un comunicado por escrito EdTrust, un grupo de análisis con sede en Washington, DC, que aboga por la equidad educativo.

El Departamento de Educación ya ha transferido algunos de sus programas mediante 10 acuerdos internos anteriores, pero las agencias afectadas por el anuncio del martes estaban entre las más observadas.

La Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación administra millas de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento de los estados con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles, que ha sido reducida por despidos masivos, investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

El Departamento de Justicia también asumirá el trabajo de proteger la privacidad de los estudiantes y brindará a las escuelas cierta capacitación y asesoramiento.

Aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia asumirán la mayoría de las tareas cotidianas de las oficinas asignadas, el Departamento de Educación seguirá realizando algunas labores, como responder a auditorías y emitir determinaciones finales en casos de derechos civiles, que por ley está explícitamente obligado a hacer.

El representante demócrata por Virginia, Bobby Scott, miembro de mayor rango del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que el anuncio del martes fue una medida política destinada a cumplir la promesa de campaña del presidente. Los cambios, dijo, probablemente ampliarán las desigualdades para los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades.

Los acuerdos dispersan programas educativos a agencias que no tienen la experiencia para administrarlos, dijo la senadora demócrata por Washington Patty Murray.

“En lugar de ayudar a los niños a una gran educación, esta administración gasta su tiempo, energía y recursos de los contribuyentes obsesionados con dónde se sientan los empleados e intentando ilegalmente cerrar el Departamento de Educación”, dijo la senadora en un comunicado por escrito.

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, dijo que las medidas generarán caos para familias, estudiantes y escuelas.

“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación”, afirmó Gittleman en un comunicado por escrito.

Las familias de estudiantes con discapacidades se oponen a la decisión

El traslado de la educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos alarmó especialmente a los defensores de las personas con discapacidades, quienes dicen que la supervisión de si las escuelas atienden adecuadamente a los niños con discapacidades la manejan mejor los expertos en educación, no los expertos médicos.

«La IDEA está destinada a equipar a los estudiantes mientras aprenden junto a sus compañeros, no a curarlos —el Departamento de Salud y Servicios Humanos no está preparado para supervisar y administrar el programa IDEA de manera efectiva. Los sistemas de salud y educación hablan en idiomas completamente diferentes, e incluyen variaciones en terminología, capacitación y disciplinas», dijo Jennifer Coco, directora ejecutiva interina del Center for Learner Equity.

El Departamento de Educación señaló que McMahon pasó más de seis meses en sesiones de escucha con familias, defensores y educadores para comprender mejor las preocupaciones sobre cómo el desmantelamiento del departamento podría afectar la educación especial. Muchas familias expresaron preocupaciones sobre obstáculos para los servicios adecuados para sus hijos, pero Coco dijo que los participantes en esas sesiones estaban unidos en su oposición a trasladar la supervisión de la educación especial fuera del Departamento de Educación.

“Creo que estamos de acuerdo en el problema”, dijo Coco. “Tenemos un marcado desacuerdo sobre la solución y estas transferencias de hoy no parecen una solución a ese problema”.

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La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

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Italia prohíbe la educación sexual en las escuelas

La normativa impone un veto directo en primaria y exige el consentimiento explícito de los padres para secundaria, dejando desprotegidos a los menores procedentes de los entornos más vulnerables.

En Roma, el Senado italiano aprobó el pasado 5 de junio el texto definitivo de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, con un resultado de 78 votos a favor y 38 en contra. Esta nueva legislación, que ya había superado previamente su trámite en la Cámara de Diputados tras tensos debates parlamentarios el pasado mes de noviembre, regula de forma estricta la implementación de las horas destinadas a impartir contenidos de educación sexual en los centros educativos de todo el país, relegando el estudio de la sexualidad exclusivamente al ámbito de la biología.

Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it
Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it

Según informa il manifesto, la normativa establece una prohibición total de estos programas en la educación primaria. A partir de la educación secundaria, equivalente a los 12 años de edad en adelante, la realización de estos talleres estará condicionada al consentimiento previo y expreso de los progenitores. Las familias dispondrán, además, del derecho a revisar detalladamente los materiales didácticos que se vayan a utilizar y a “evaluar la idoneidad de los profesionales externos implicados en las actividades”. Esta postura coincide con las declaraciones de la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, quien ha defendido públicamente que “la formación de los niños en materias tan delicadas debe corresponder en exclusiva al ámbito familiar”.

Por su parte, el ministro Giuseppe Valditara calificó la aprobación de la ley como “un paso histórico para el sistema educativo”, argumentando que la medida tiene como propósito fundamental “proteger a los estudiantes de la propaganda de género y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas”. Esta perspectiva ha sido respaldada firmemente por las fuerzas ultraderechistas de la mayoría gubernamental, integradas por los partidos de la Lega y Fratelli d’Italia, así como por asociaciones familiares de corte ultraconservador. El Movimiento de Padres Italianos (Moige) y el colectivo Pro Vita & Famiglia, representado por su portavoz Jacopo Coghe, manifestaron su satisfacción ante el resultado de la votación en el Senado, atribuyéndose el éxito de una ley que consideran “un freno necesario”.

Estigmatización y censura

Sin embargo, la aprobación de la ley ha desatado una profunda preocupación y el rechazo inmediato de múltiples organizaciones y entidades dedicadas a la prevención de la violencia de género. La federación Arcigay criticó duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola como “un grave retroceso autoritario que no logrará hacer desaparecer las dudas e inquietudes de los jóvenes”. Del mismo modo, la organización Una, Nessuna e Centomila subrayó la contradicción que supone obstaculizar la información afectivo-sexual en las aulas en un contexto marcado por el incremento de las infecciones de transmisión sexual y las agresiones sexuales entre la población adolescente.

Desde el ámbito técnico y pedagógico, entidades como la asociación Educare alle Differenze denunciaron en declaraciones recogidas por medios de comunicación como El Salto que la nueva ley “estigmatiza la educación afectiva y generará un clima de censura y persecución sobre el profesorado”. Además, la red institucional Ready y diversos expertos en salud pública recordaron que el texto aprobado colisiona frontalmente con las recomendaciones internacionales fijadas por la OMS, la Unesco y los principios de la Convención de Estambul. Advierten también de que la falta de herramientas educativas en los entornos escolares formales dejará desprotegidos a los menores procedentes de entornos vulnerables y trasladará el aprendizaje sobre la sexualidad al ámbito descontrolado de la pornografía en internet.

https://diariosocialista.net/2026/06/17/italia-prohibe-la-educacion-sexual-en-las-escuelas/

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Los maestros y el legado neoliberal

La Jornada Internacional

También: El Mundial 2026. Experiencias agrarias esperanzadoras. Cuba: sexto cargamento de ayuda humanitaria de México y Belice. Movimientos sociales y gobierno progresista.

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“Si siguen gritando, los mataremos”: los ataques contra la educación aumentan un 40% en el mundo

Silvia Laboreo Longás

Un informe documenta al menos 8.566 agresiones contra centros educativos, estudiantes y docentes entre 2024 y 2025. El uso militar de las escuelas casi se duplica y también se incrementan los ataques con drones.

En la madrugada del 2 de agosto de 2024, unos 15 miembros de la banda 400 Mawozo irrumpieron en el Instituto Montfort, una escuela para niños y jóvenes sordos y sordociegos en la comuna Croix-des-Bouquets, en Haití. “Los niños tenían mucho miedo. Empezaron a gritar y los miembros de la banda les apuntaron con sus armas y dijeron: ‘Si siguen gritando, los mataremos’. Los niños se tiraron al suelo y ellos se llevaron todo”, explicaba una responsable del centro.

Este es uno de los testimonios que se recogen en el informe de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés), publicado este lunes, que alerta de un aumento del 40% de los ataques contra la educación en todo el mundo en 2024 y 2025, en comparación con el periodo anterior.

Se documentaron al menos 8.566 ataques contra escuelas, universidades, alumnos y profesores, y casos de uso militar de centros educativos, que afectaron a más de 10.600 estudiantes y personal educativo en 83 países, incluidos 55 que no tenían un conflicto armado activo.

“Lo que estamos viendo es devastador. Las escuelas están siendo bombardeadas o destruidas y los estudiantes asesinados. Las niñas sufren violencia sexual y los niños son reclutados por grupos armados cuando van de camino al colegio”, dice Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA, en una entrevista con este diario. “Las escuelas son la última línea de nuestra humanidad”, continúa. “Se han erosionado los valores y normas compartidos que establecen que deben ser protegidas y que los niños no pueden ser un objetivo. Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación”, enfatiza.

Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación. Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

En 2024 y 2025, los lugares con más agresiones documentadas fueron Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití y Colombia. Ucrania sufrió alrededor de 900 ataques contra escuelas. Haití, país que se analiza por primera vez en este informe, sufrió más de 400 ataques. En Palestina se registraron al menos 2.400 ataques contra estudiantes, docentes y personal educativo. “Se estima que más del 98% de la infraestructura educativa ha sido destruida [en Gaza]. Esto no es accidental. Es una forma de destruir la moral de la población, el futuro de los niños y de limitar sus oportunidades educativas”, explica Chung.

Myanmar, Nigeria, Yemen y Camerún concentraron el mayor número de víctimas de ataques contra la educación, con más de 1.700 estudiantes y trabajadores educativos asesinados o heridos entre los cuatro países.

“Hay un aumento en los casos reportados. Por eso creemos que las cifras reales son incluso más altas”, explica Chung. “Existen violaciones infradenunciadas, especialmente aquellas que ocurren en pequeñas zonas rurales. Sabemos que la intensidad de los conflictos está aumentando y eso se traduce en un mayor número de víctimas”, añade.

La directora ejecutiva de GCPEA explica que países como Colombia cuentan con gran capacidad para documentar los ataques. En otros, como RDC, Haití o Ucrania, hay misiones de Naciones Unidas sobre el terreno, lo que permite saber lo que está pasando. “En cambio, en otros como Sudán o Sudán del Sur, la presencia internacional es mucho menor. No tenemos acceso humanitario ni podemos desplazarnos para verificar los hechos. Además, se producen cierres masivos del acceso a las redes sociales y una fuerte represión de la libertad de prensa. Muchos ataques simplemente no llegan a ser documentados”, explica.

Una situación que podría empeorar como consecuencia de los recortes de fondos para la cooperación. “Estamos viendo un verdadero ataque contra el ecosistema que sustenta el monitoreo y la elaboración de informes, especialmente en el ámbito educativo. Hemos visto cómo varios financiadores han dado un paso atrás. También hemos presenciado recortes a organizaciones que proporcionan datos fundamentales sobre el origen de las municiones, que verifican los ataques y realizan el seguimiento de esta información”, relata. “Dentro de uno o dos años podríamos encontrarnos en una situación en la que el número de ataques parezca haber disminuido significativamente, pero solo porque la capacidad de documentarlos se habrá visto gravemente dañada”, añade Chung.

Ataques con drones

En 2024 y 2025, GCPEA identificó al menos 11 países donde niñas y mujeres fueron objeto de ataques contra la educación debido a su género: Afganistán, Camerún, República Centroafricana (RCA), Colombia, Haití, India, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán y Yemen.

Chung destaca el caso de Afganistán. “Observamos una disminución en el número de ataques en el país”, explica. “La guerra que se libra contra la educación en Afganistán es tan grave que, aunque el número de explosiones o de asesinatos denunciados pueda haberse reducido, las niñas simplemente no pueden ir a la escuela. Intimidan a cualquiera que intente crear centros educativos”, añade. El informe documenta el cierre en enero de 2025 de un centro de formación en inglés en la provincia de Ghor que brindaba educación a niñas de grados superiores al sexto. “Llevamos ya más de cinco años de exclusión. No es un tiempo que pueda recuperarse fácilmente”, expone.

El GCPEA alerta del uso cada vez mayor de armas explosivas, incluidos los explosivos lanzados desde drones, con 300 ataques contra centros educativos documentados, muchos de ellos durante el horario lectivo. “Podemos ver que los Estados están atacando deliberadamente instituciones educativas. Además, con la tecnología asociada a los drones, la precisión que ofrecen y la cantidad de información de la que disponen quienes los utilizan, resulta mucho más difícil afirmar que estos ataques son accidentales. Debe haber mucha más rendición de cuentas”, enfatiza.

Cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo

Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

También se ha registrado un aumento del uso militar de escuelas y universidades. Los casos documentados pasaron de 1.000 en el informe anterior a más de 1.900. Para Chung, “esto es realmente grave, porque cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo”, exponiendo a los estudiantes a bombardeos, reclutamiento forzoso o violencia sexual.

Este uso militar provoca un “efecto disuasorio”. “Si sientes que la escuela ya no es segura y decides no enviar a tus hijos o abandonar los estudios, es algo que no constituye un ataque en sí mismo, pero tiene implicaciones duraderas para la seguridad, la protección, el bienestar y la participación de los niños en la educación”, añade.

La GCPEA insta a que se respalde de forma universal la Declaración sobre Escuelas Seguras y hace un llamamiento a los gobiernos, los organismos de la ONU y los donantes para que refuercen las protecciones legales, pongan fin al uso militar de las escuelas, mantengan el seguimiento de los ataques y doten de recursos a los sistemas de alerta y prevención.

https://elpais.com/planeta-futuro/2026-06-15/si-siguen-gritando-los-mataremos-los-ataques-contra-la-educacion-aumentan-un-40-en-el-mundo.html

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