El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó hoy que al menos medio millón de niños necesiten en Libia ayuda humanitaria, a partir del impacto del conflicto interno en su desarrollo.
La agencia especializada precisó en un comunicado que la violencia imperante en varias zonas del país petrolero del Norte de África provoca el desplazamiento forzado de muchas familias, lastrando el futuro de los pequeños.
Según el Fondo, más de 80 mil niños estarían en la actualidad desplazados, una situación muy delicada para su salud, educación y bienestar.
Libia sufre un complejo conflicto, que incluye luchas sectarias por el poder y proliferación de milicias, desde 2011, cuando una intervención militar de la OTAN ayudó a derrocar a Muamar Gadafi, quien fue asesinado.
Unicef aseguró que ha incrementado su presencia en el terreno, con el objetivo de apoyar a los menores de edad.
Tras una reciente visita a la nación norafricana, el director regional del Fondo, Geert Cappelaere, destacó entre las acciones la vacunación masiva contra la poliomielitis, efectuada el año pasado, y una campaña en más de 20 municipios libios para promover los derechos elementales de los niños.
Europa/Ginebra/12 Agosto 2017/Fuente: Prensa Latina
Dos de cada cinco mujeres y hombres jóvenes en el mundo están desempleados o trabajan pero son pobres, subrayó hoy la OIT, al recomendar la búsqueda de soluciones mediante de la intervención de los gobiernos.
Un artículo publicado este jueves por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reseñó los principales resultados de su más reciente investigación sobre el tema: ‘Rising to the youth employment challenge: New evidence on key policy issues’.
A juicio de la agencia de Naciones Unidas, los jóvenes enfrentan una ‘tarea titánica’ cuando tratan de encontrar o mantener ocupaciones laborales, lo que se traduce en aumentos del desempleo y la informalidad.
El análisis demostró que los gobiernos pueden ‘intervenir efectivamente’ para impulsar el empleo juvenil, aplicando medidas en el nivel macroeconómico.
Por ejemplo, indicó el informe, en periodos de ralentización del ciclo económico, ampliar el gasto público, mediante la introducción del empleo subvencionado a gran escala, es una herramienta de política útil para promover la ocupación de los jóvenes.
No obstante, la eficacia de esas medidas depende de la buena situación de las finanzas públicas, acotó el análisis, que aconsejó aplicar fórmulas de expansión fiscal al comienzo de los procesos de recesión, ‘antes de que la propia crisis económica provoque un empeoramiento significativo del equilibrio presupuestario’.
Un ejemplo de los planteamientos de este tipo es el programa Garantía Juvenil, presentado por la Unión Europea en 2014, bajo el concepto de proporcionar educación, capacitación y trabajo de calidad a la gente joven que no trabaja ni recibe formación.
Por su naturaleza, este programa es anticíclico: se amplía durante las bajadas del ciclo económico, cuando el desempleo juvenil tiende a aumentar, comentó el informe.
Tales planes, agregó el documento, deben prolongarse el tiempo suficiente para que los participantes desarrollen competencias relacionadas con el empleo y ‘se pongan a prueba’ en el entorno laboral específico.
De acuerdo con la pesquisa de la OIT, también quedó claro que las iniciativas de fomento a la actividad empresarial no pueden por sí solas solucionar el problema de promover el trabajo decente para los jóvenes; aunque pueden resultar un complemento útil. En los países de ingreso alto, la vía de los jóvenes hacia el trabajo suele suponer puestos temporales o aprendizajes a menudo no remunerados, lamentó la entidad.
Mientras en las naciones de ingreso bajo y medio, tres de cada cuatro personas edades juveniles tienen un empleo informal y carecen de acceso a las protecciones y prestaciones de seguridad social, subrayó el texto.
Políticas laborales más sagaces por parte de los estados, consideró la OIT, pueden ayudar a evitar esa situación.
América del Sur/Ecuador/12 Agosto 2017/Fuente: Prensa Latina
El gobierno de Ecuador trabaja hoy en la ejecución de 70 centros docentes hasta finales de 2017, en los cuales invertirá 387 millones de dólares.
La meta del Ministerio de Educación con la nueva infraestructura, es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y ampliar la cobertura en todo el territorio.
Según datos revelados por el titular de esa cartera, Fander Falconí, desde el pasado 24 de mayo, cuando inició la nueva administración, dirigida por el presidente, Lenín Moreno, suman 23 las instalaciones entregadas.
El fondo destinado a las unidades educativas, se dividirá en 327 millones de dólares para la ejecución de nuevos proyectos y los 60 restantes irán a la intervención integral para repotenciar colegios.
‘Tenemos un plan de inversión que son las nuevas unidades educativas que se van a incorporar al sistema durante el año 2017’, afirmó el ministro.
Asimismo, recordó que en los últimos años medio millón de alumnos se sumaron a la docencia.
Por otra parte, precisó que pretende dar solución a algunos temas pendientes como el transporte, situación a corregir en 47 casos puntuales de la región Sierra-Amazonía a fin de garantizar el acceso al sistema de aprendizaje a estudiantes, quienes viven alejados de sus escuelas.
El plan para fortalecer la oferta educativa contempla impulsar la enseñanza intercultural bilingüe en todos sus niveles, para lo cual las autoridades disponen de 31 millones de dólares de inversión destinada a 18 centros, 15 de ellos ya entregados.
América del Sur/Argentina/12 Agosto 2017/Fuente: Clarín
La causa fue iniciada por un grupo de padres contra Salta, donde está habilitada. Dicen que se discrimina a los chicos no católicos y que no se respeta la libertad de pensamiento. El miércoles próximo habrá una audiencia pública sobre este tema.
Primera hora, Matemática. Segunda hora, Lengua. Tercera hora, Religión. Esta es la secuencia educativa típica hoy en una escuela primaria pública de Salta, donde una serie de normas habilitaron en 2008 la enseñanza religiosa en los colegios estatales. Y como el 87% de los padres son católicos, esa es la religión que se enseña en la mayoría de las escuelas salteñas.
Un grupo de padres, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), iniciaron un juicio contra esas normas por considerar quediscrimina a los chicos que no tienen familias de esa religión y viola la libertad de pensamiento, consagrada por la Constitución. Y si bien el máximo tribunal de la Justicia salteña falló a favor del gobierno local, la ADC apeló y el caso llegó ahora hasta la Corte Suprema de la Nación. El miércoles que viene habrá una audiencia pública sobre este tema.
Para el gobierno de Salta el artículo 5 de la Constitución Nacional les garantiza la independencia para tomar decisiones educativas. El 10 de marzo, un dictamen del procurador adjunto le dio la razón a ADC y recomendó a la Corte revocar la sentencia de la corte salteña. El debate se actualiza, además, por las declaraciones que hizo este año el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, cuando dijo que “en las escuelas públicas debe haber enseñanza de la religión, no solamente de una”.
Clarín adelanta la polémica que se planteará el miércoles en la audiencia. ¿Es constitucional o no dar educación religiosa hoy en las escuelas públicas? ¿Cómo se concilian dos derechos que colisionan: el de impartir y recibir educación religiosa con el de libertad de culto y pensamiento?
Salta. Alumnos de una escuela pública en la Catedral Basílica. N. RUIZ
El debate no es nuevo. Ya en 1884, y tras encendidas discusiones, los dirigentes de la “generación del ochenta” lo definieron a través del artículo 8 de la Ley de Educación Común 1420, que estableció que en la Argentina “la enseñanza religiosa sólo puede ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión yantes o después de las horas de clase”. Es decir, sólo para los que quieren y no curricular. Esto siempre fue entendido como una garantía de “laicidad”.
Pero en los años noventa la gestión de la educación pasó a las provincias y ahora son los distritos quienes pueden establecer sus normas. Fue lo que hizo Salta en 2008, cuando sancionó su Ley de Educación que establece que se debe garantizar a los padres el derecho a que sus hijos reciban en la escuela pública “la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y, a contramano de la ley 1420, que esa enseñanza religiosa “formará parte de los planes de estudio” y se impartirá “dentro de los horarios de clase”.
El problema no fue solo la norma sino, más aún, la implementación. El fiscal Víctor Abramovich sostuvo, en su dictamen, que “está acreditado que mientras los alumnos católicos reciben educación religiosa, los no católicos son instruidos en una religión en contra de sus convicciones, y los pocos que deciden no participar no reciben una instrucción alternativa”. También, que algunos chicos son “señalados como ‘no creyentes’ en el boletín de calificaciones”.
“Hay un claro trato discriminatorio para los alumnos que no profesan la religión católica y cuando llegan a la escuela tienen rezo obligatorio, cuadernos y símbolos religiosos. Y si deciden no participar, les dicen que se queden afuera sin ninguna actividad alternativa”, dijo a Clarín Torcuato Sozio, director de ADC.
Pero también hay otra visión. Como la de Juan Navarro Floria, profesor de la UCA y experto en Libertad Religiosa que será uno de los posibles “amicus curiae” (amigos del tribunal) en la audiencia del miércoles. “No es cierto que hay discriminación. En el boletín no se señala la religión y los chicos no católicos no son apartados del aula. Tampoco es cierto que haya solo religión católica. Lo que se cuestiona es el hecho de que exista educación religiosa. Pero en Salta siempre lo hubo, antes de 2008. El artículo 5 de la Constitución faculta a las provincias elegir el tipo de educación primaria. Además, tratados como el de San José de Costa Rica, en el artículo 12, garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella, agrega elementos al debate. “La Constitución garantiza la libertad religiosa lo que implica el derecho de las minorías a no tener religión en la escuela o a pretender que le den otras religiones, lo cual es imposible en Salta donde no son religiosos los que enseñan religión sino los propios docentes”, dice.
Y agrega: “un problema poco analizado es que también se vulnera el derecho al trabajo porque docentes no católicos no pueden ejercer. La enseñanza de la religión en una sociedad pluralista era admitida cuando se creía que era el único recurso para la formación moral. Hoy hay consenso pedagógico de que la moral ciudadana que todos compartimos no precisa de la enseñanza de la religión”.
Pese a las diferencias, los entrevistados coinciden en que debería haber es enseñanza de las religiones, de todas y con una mirada amplia. “Admito que no se puede imponer una práctica religiosa. Pero corremos el riesgo de formar analfabetos religiosos que no pueden entender, por ejemplo, qué es lo que pasa en Medio Oriente”, dice Navarro Floria.
Analía Berruezo, ministra de Educación de Salta
“También puede sentirse discriminado el que quiere educación religiosa y no la puede tener”
A favor. Berruezo recorrió escuelas para mostrar cómo se da religión.
Analía Berruezo es la actual ministra de Educación de Salta y le cuenta a Clarín que está trabajando con la fiscal de Estado en la presentación que hará el miércoles que viene ante la Corte Suprema. “Hemos leído mucho y hemos salido a recorrer escuelas para tener la temperatura en cuanto a qué sucede en las clases de religión”, dice.
– El procurador dice que se está discriminando a los chicos que no son católicos. ¿Qué vio usted?
– La ley provincial establece que la enseñanza religiosa no pertenece a ningún credo. Vimos distintas situaciones que las vamos a exponer: en la mayoría se trabaja con proyectos de convivencia y de vida, como donar órganos. Ahora, el 87% de los padres expresamente quiere educación católica. Y hubo situaciones como las que dice el fiscal. Pero se elaboraron normativas y esto está cambiando en forma sustancial. Así como cambia Lengua o Matemática, también está cambiando la forma en que se da educación religiosa atendiendo a la integralidad.
– ¿Qué pasa con los chicos que no son católicos?
– Si el papá no quiere, no va. Hicimos programas alternativos.
– La posición de ADC es que la provincia discrimina a los chicos que no son católicos?
– No los obligamos a hacer oraciones al inicio de la jornada. Hay oraciones pero no son obligatorias. Cuando son las clases de religión salen del aula, están en la biblioteca con su maestra. Nosotros discutimos mucho esto. También pueden sentirse discriminadas las personas que quieren educación religiosa y no la pueden tener.
– ¿Cómo será su presentación el miércoles que viene?
– Vamos a explicar que el federalismo nos permite tener nuestra legislación en educación. Vamos a explicar por qué es importante para nosotros y todo lo que estamos haciendo, por ejemplo trabajando con los docentes, para que las horas de religión no sean confesionales. Hay prácticas religiosas en cualquier escuela y provincia, pero no es a lo que apuntamos sino a la integralidad del conocimiento. Saqué fotos de las actividades que se hacen en los colegios de Salta y voy a mostrar todas esas imágenes.
Torcuato Sozio, director de ADC
“Las leyes provinciales son discriminatorias, pero aún más la forma en que se las implementó”
En contra. Sozio afirma que Salta viola la libertad de pensamiento.
Torcuato Sozio dirige la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la ONG a la que acudieron un grupo de padres salteños en 2008 cuando sintieron que eran discriminados ellos y sus hijos en las escuelas públicas por no profesar la religión católica.
“Las leyes provinciales son discriminatorias, pero la forma en que se aplicó aumenta aún más el carácter discriminatorio hacia los chicos que no profesan la religión católica. Llegan a la escuela y tienen rezo obligatorio, cuadernos especiales y hay símbolos religiosos en las escuelas. Y si deciden no participar les dicen que se queden afuera del aula sin ninguna actividad alternativa. El problema es que, por ley, la religión forma parte de la currícula. Y si un chico no quiere recibirla, queda boyando”.
– ¿Por qué argumentan ustedes que las normas salteñas son inconstitucionales?
– Violan la libertad de pensamiento (no solo religiosa) y los tratados internacionales, con rango constitucional desde 1994, que defienden el derecho individual a planificar la vida sin interferencia del Estado. Uno puede ser ateo o agnóstico y no considerar que la morar viene de una u otra religión. Si se quiere enseñar todas las religiones no lo cuestionamos. Sería darle conocimientos a todos los chicos. Pero no es lo que pasa en Salta.
– ¿Cómo llegan a esta causa?
– Fueron los padres los que nos pidieron que intercediéramos, porque estaban viviendo situaciones discriminatorias. No es una cuestión ideológica.
– ¿Cómo será su presentación el miércoles que viene?
– Vamos a trabajar en dos ejes. Por una parte, los padres que sienten que sus hijos son discriminados. Por otro, que se viola la libertad de pensamiento. No debe haber símbolos religiosos, ni rezos en las escuelas públicas. Si los padres católicos quieren ese tipo de instrucción debe ser una actividad extracurricular. La derogación de la ley 1420 de educación común dejó un vacío legal, pero ya no se trata de esa ley ni de las normas nacionales. Son los tratados internacionales que garantizan la libertad de pensamiento. En Francia, por ejemplo, no se puede tener ningún símbolo religioso en las escuelas. Es una exageración: nadie tiene que ser discriminado.
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Cada provincia puede decidir los contenidos que se dan en sus colegios
En la mayoría de los distritos la educación pública es laica o se sugiere laicidad. Hay solo tres excepciones.
Sancionada en 1884, y tras duros debates, la ley 1420 que garantizó la escuela pública gratuita, universal y obligatoria, es una de las más respetadas en la Argentina. Esa norma, junto a la construcción de escuelas y el apoyo a los maestros, abrió el camino del progreso para gran cantidad de inmigrantes que llegaban al país. Si bien no mencionaba el carácter laico de la educación, el artículo 8 lo sugiere. Deja bien claro que la instrucción religiosa es optativa y por fuera del horario escolar. Pero hoy esa norma no aplica, fue reemplazada por la Ley de Educación de 2005, que no dice nada sobre educación religiosa en escuelas públicas. Además, la gestión de la educación pasó al ámbito de las provincias, con lo cual son ellas mismas las que dictan sus normas, como las de Salta.
El docente Manuel Becerra relevó una por una las legislaciones y reglamentos de las provincias argentinas y armó una suerte de “mapa de la educación laica”. El mapa será usado en la audiencia de la Corte del miércoles. Hay distritos cuya normativa usa explícitamente los términos “laica” o “no confesional” para referirse a la educación pública estatal (CABA, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego). Otros cuya normativa sugiere laicidad, similar al artículo 8 de la ley 1420 (Córdoba, San Luis, La Pampa, Chubut). Otras con normativa vaga y ambigua respecto a la educación religiosa (Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz). Y solo tres cuya normativa autoriza, explícitamente, la educación religiosa en horario escolar: Salta, Catamarca y Tucumán.
“Es grave que en Salta se señale a los chicos que no van a las clases de religión, por ejemplo en el boletín como indica el dictamen del procurador. Es fuerte que en un contexto en el que tratamos de luchar contra el bullying, sea el mismo estado el que haga esto. La ley 1420 se sancionó en el contexto de un estado liberal clásico en el que se buscaba homogeneizar con la educación y consagrar el derecho a la libertad de culto. Hoy, en el siglo XXI, tenemos que aggiornar el enfoque y pensar en el problema de la discriminación y cómo combatirla”, dice Becerra a Clarín.
El profesor de la UCA Juan Navarro Floria, en cambio, pone el acento en el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa de acuerdo a sus convicciones. Y afirma que los tratados internacionales garantizan ese derecho.
Centro América/Panamá/12 Agosto 2017/Fuente: Radio Panamá
El Viceministro de Educación, Carlos Staff señaló que gran parte del aumento en el índice de personas con VIH/ SIDA que se registran en jóvenes es debido a la falta de educación sexual en el país. Indicó que el MEDUCA para esta semana podría presentar las nuevas guias, sin embargo esto depende de los los procesos de discusión con todos los sectores.
Educación sexual es un elemento más para prevenir y bajar el índice de personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana, los jóvenes deben educarse y protegerse, así lo manifestó el director de PROBIDSIDA Orlando Quintero.
Quintero porpone a las autoridades realizar estrategias reales escritas en piedras y no dilatar más el debate. Se debe denominar esta situación como problema de estado que involucre a todas las entidades correspondientes para una pronta y urgente solución.
América del norte/México/12 Agosto 2017/Fuente: El sol de tlaxcala
«Estas cifras se deben a la falta de recursos de las universidades y de los propios estudiantes, afirma Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorrealización»
En el evento de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso al periodo otoño 2017, el secretario de Autorrealización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Ernesto Meza Sierra, aceptó que solo el 24 % de los jóvenes en el país tiene acceso a la educación superior por falta de recursos de las universidades y de los propios estudiantes.
Refirió que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y los países que integran el organismo, México se ha colocado como uno de los países con porcentajes bajos en la atención de jóvenes en el nivel universitario.
Al respecto, dijo que mientras 2.93 millones de personas están inscritos en alguna institución de educación superior, la cifra representa solo el 24 % de los jóvenes mayores de edad que deberían estar realizando estudios de licenciatura.
Mencionó que el porcentaje de la población que debería acceder a la formación profesional y no está inscrito en alguna de las universidades del país, se debe a cuestiones económicas, pues las casas de estudio “no cuentan con los recursos suficientes para ampliar su cobertura, ni la población cuenta con los recursos para ingresar a estas instituciones”.
Al hablar de la oferta científica y educativa que ofrece la UAT, aseguró que la institución está comprometida con sus alumnos, para brindarles las herramientas que les garanticen un desempeño profesional de calidad, de ahí que llamó a los estudiantes de nuevo ingreso a aprovechar el haber ingresado a alguna licenciatura.
Ante la estructura directiva de la UAT, encabezada por el rector y exrector de la UAT, Rubén Reyes Córdoba y Serafín Ortiz Ortiz, respectivamente, destacó la colocación académica alcanzada en 40 años de servicio, por la participación de alumnos en el programa de movilidad estudiantil.
Lo anterior, al precisar que atenderán a alumnos de los estados de Chiapas, Guerrero y Sonora, así como del extranjero, pues harán estadías en Tlaxcala jóvenes de España, Colombia y Perú.
De esta forma, reconoció en los alumnos de nuevo ingresos, “su capacidad intelectual y el buen aprovechamiento escolar” con el que emprenden sus estudios universitarios, al haber obtenido un espacio en la UAT.
Por lo anterior, precisó los alcances del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC), que rige el proceso educativo de la UAT, mediante el que buscarán que los estudiantes puedan “comprender los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad local y global”.
Aseguró que los programas educativos de la UAT, están calificados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), que da garantía de la calidad requerida para la preparación de nuevas generaciones de profesionistas.
Carencias en la UAT se deben a la insensibilidad del gobierno estatal
A nombre de los alumnos de nuevo ingreso, César Mosqueda Vázquez atribuyó algunas carencias de la UAT a “la insensibilidad gubernamental estatal, al negar la entrega suficiente y oportuna del subsidio” que le corresponde aportar a esta casa de estudios.
Sin embrago, reconoció la creatividad universitaria, para hacer frente a esta problemática, por la postura asumida por el gobierno del estado.
Convocó a sus compañeros a concluir su carrera universitaria y continuar con sus estudios de posgrado, que permitan alcanzar mejores condiciones de vida a sus familias y a la sociedad, por los conocimientos que pongan en marcha.
Europa/España/12 Agosto 2017/Fuente: Entorno Inteligente
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno canario ha aprobado unos nuevos requisitos para optar a las ayudas de comedor escolar que modifican los tramos de renta establecidos hasta el momento y mejoran las cuotas que reciben las familias con menos recursos.
Con estos cambios, que serán publicados por el Boletín Oficial de Canarias, Educación aplicará el Plan de Comedores 2017-2020, un calendario de acciones que presentó el pasado mes de mayo en Consejo de Gobierno y que pretende impulsar la calidad de los comedores escolares, fomentar la equidad del sistema y mejorar la prestación del servicio.
De esta forma, desde el próximo curso la Consejería distinguirá cuatro tramos, el primero para el alumno cuya renta familiar supere los 15.975 euros, incrementando 1.600 euros más por cada miembro añadido en unidades familiares superiores a cuatro, un tramo que no percibirá ayuda.
En el tramo B estará el alumnado cuya renta familiar anual supere los 9.585 euros y sea inferior a 15.975 euros, añadiendo 1.600 euros más por cada miembro más en unidades familiares superiores a cuatro. El tramo C será para alumnos cuya renta familiar superen los 6.390 euros y no lleguen a 9.585 euros, y se añade 1.600 euros más por cada miembro en familias superiores a cuatro. El cuarto tramo acogerá al alumno cuya renta familiar anual no supere los 6.390 euros, respecto de familias de uno a cuatro miembros, y añade 1.600 euros más por cada miembro en unidades familiares superiores a cuatro. En este nivel están las familias con escasos recursos económicos y, por ello, cuentan con una mayor cuantía de subvención del comedor escolar, llegando incluso a la totalidad del coste del servicio cuando la unidad familiar se encuentra en una situación crítica.
Hasta el momento, para el acceso a estas ayudas la Consejería no distinguía entre los nuevos tramos B y C, de forma que familias con una renta anual de 15.000 euros accedían a las mismas que las familias con solo 6.000 euros.
«Se trata de buscar la mayor solidaridad posible en el sistema de niveles de renta que administramos desde la Consejería», señala la consejera del área, Soledad Monzón, quien indica que los nuevos tramos son «un paso más hacia la equidad y un sistema público de calidad en el que la gestión se realice de forma justa». Respecto al Plan de Comedores , la consejera anuncia que iniciará en septiembre la ronda de reuniones con la comunidad educativa para revisar la normativa de gestión, que está vigente desde el año 2003.
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