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Existe una “falta generalizada de claridad” sobre las prácticas de publicación ética entre los investigadores en China, incluido el uso de fábricas de papel, según una nueva encuesta. 

La producción investigadora de China ha aumentado significativamente en los últimos años , pero un nuevo estudio ha identificado “altos niveles de incertidumbre” sobre la mala conducta investigadora en el país, incluso entre los estudiantes. 

En particular, los estudiantes universitarios que publican artículos activamente comúnmente tienen “acceso limitado” a la capacitación sobre ética de la investigación, según una investigación conjunta de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Academia China de Ciencias y la editorial Taylor & Francis.  

Las organizaciones realizaron una encuesta a 1.777 investigadores, bibliotecarios y estudiantes desde pregrado hasta doctorado en China para evaluar su conocimiento sobre los diferentes tipos de mala conducta editorial. 

De ellos, el 55 por ciento tuvo acceso a formación en integridad de la investigación y ética editorial. 

El estudio, publicado en el Journal of Data and Information Science , encontró que si bien “muchos investigadores” utilizan servicios de preparación y edición de manuscritos de terceros, existe un “conocimiento limitado” sobre cómo distinguir entre servicios legítimos y no éticos.

“Esto es muy preocupante, ya que sabemos que actores maliciosos, como las fábricas de papel, ofrecen sus servicios bajo una etiqueta similar”, dicen los autores. 

Los resultados también muestran que una mayor proporción de estudiantes universitarios considera aceptables los servicios no éticos que los investigadores de mayor experiencia. 

Las respuestas de la encuesta “indican que [los estudiantes universitarios] tienen un menor nivel de conocimiento de los principios éticos básicos de publicación”, escriben los autores, y agregan que esto significa que “son más vulnerables a la explotación por parte de malos actores, así como más propensos a cometer mala conducta involuntaria”. 

Las respuestas a la encuesta indican que, cuando se imparte capacitación, ésta tiene un “impacto positivo” en los niveles de concienciación sobre la mala conducta, la comprensión de la ética editorial básica y los principios de integridad en la investigación. 

Sin embargo, todavía había áreas de confusión entre todos los encuestados, sugiriendo que la capacitación actual “puede no ser suficiente”. 

“Además, los niveles de formación son desiguales en todas las cohortes, y los investigadores más experimentados reciben mayores niveles de apoyo que los estudiantes universitarios”, escriben los autores. 

El estudio recomienda que los estudiantes universitarios reciban formación “temprano en sus carreras”, al tiempo que pide a las universidades que garanticen que esté claro quién es responsable de la integridad de la investigación dentro de las instituciones y los departamentos. 

China ha tomado medidas cada vez más duras contra la mala conducta editorial a medida que la producción investigadora del país ha aumentado, incluida la prohibición de que investigadores acusados ​​de plagio participa en proyectos financiados por el gobierno.

“Los resultados de nuestra encuesta resaltan la urgente necesidad de capacitación para estudiantes e investigadores de todos los niveles en China, un hallazgo que creemos que es aplicable a muchos estudiantes e investigadores de todo el mundo”, afirmó Sabina Alam, directora de ética e integridad editorial de Taylor & Francis. 

“Hasta entonces, las lagunas de conocimiento que hemos descubierto dejan a los investigadores vulnerables a la explotación por parte de organizaciones poco éticas, como las fábricas de papel, y muchos pueden incurrir en mala conducta sin saberlo”.

helen.packer@timeshighereducation.com

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La Universidad de Lancaster se ha convertido en la última institución del Reino Unido en anunciar recortes a gran escala en su objetivo de ahorrar 30 millones de libras

La universidad ha informado al personal sobre los planes de recortar 400 puestos equivalentes a tiempo completo (ETC) para julio de 2026, siendo los académicos los primeros en desaparecer.

Esto incluirá más de 212 académicos FTE, lo que equivale a casi uno de cada cinco de la fuerza laboral académica, según la Unión de Universidades y Colegios (UCU). 

Lancaster dijo que «no puede descartar la posibilidad de despidos obligatorios como último recurso» mientras la sección sindical planea una reunión la próxima semana para decidir una respuesta a los recortes.

El sindicato añadió que la universidad busca recortar más de £35 millones por año de su gasto anual para 2026-27, dejando a todos los departamentos en riesgo y “ninguna parte de la universidad ilesa”.

Un portavoz de la universidad dijo que Lancaster «no es inmune» a las presiones financieras de todo el sector, incluidos el aumento de los costos operativos y la disminución del número de estudiantes internacionales, pero agregó que no buscará cerrar departamentos académicos. “Hemos logrado ahorros significativos en gastos no salariales y a través de un plan de indemnización voluntaria este año, pero desafortunadamente nuestras proyecciones financieras muestran que se requieren ahorros en nómina de alrededor de £30 millones durante el próximo año académico para garantizar nuestra sostenibilidad financiera continua”, dijeron.

Sin embargo, continuaron, “estamos en una mejor posición financiera que otras universidades, lo que nos ha dado tiempo para trabajar en opciones estratégicas que garantizarán que la investigación y la experiencia de los estudiantes sean priorizadas y protegidas”. 

Jo Grady, secretaria general de la UCU, dijo que es «simplemente imposible para Lancaster deshacerse de una proporción tan grande de su fuerza laboral y brindar el mismo nivel de servicios a los estudiantes». 

Además de perjudicar el sustento del personal que se ve obligado a irse, recortes de esta magnitud tendrían un impacto devastador en el personal que se queda, los estudiantes, la comunidad local y la reputación de la universidad en la comunidad académica. Nuestros miembros se reunirán la próxima semana, y no se puede descartar una convocatoria de huelga si la dirección se niega a cambiar de rumbo.

Esto ocurre mientras los académicos expresan su preocupación por que  los recortes generalizados de empleos en las universidades han entrado en una «nueva fase peligrosa» , con la Liverpool Hope University , la Cardiff Metropolitan y la Arts University Bournemouth entre las que presionan para que realicen despidos obligatorios. 

Sin embargo, en la Universidad de Newcastle , donde los miembros del sindicato han emprendido una huelga prolongada, los jefes ahora han descartado despidos obligatorios , además de ofrecer a los estudiantes una compensación por las clases perdidas. 

Un portavoz de la universidad dijo que había  alcanzado su objetivo de 20 millones de libras de ahorro salarial en su totalidad «sin la necesidad de despidos obligatorios» mediante una combinación de despidos voluntarios, redistribuciones y «una variedad de otras medidas de mitigación».

«Este es un momento sumamente difícil para las universidades de todo el Reino Unido, y agradecemos a todos en nuestra comunidad su compromiso y paciencia mientras avanzamos hacia la sostenibilidad financiera a largo plazo», agregaron. 

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Es alentador que, por una vez, un ejercicio de consulta en la educación superior del Reino Unido parezca haber realmente marcado una diferencia tangible en las propuestas en cuestión.

La versión final de la guía de la Oficina de Estudiantes sobre cómo las universidades deben interpretar la Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión) de Inglaterra de 2023 es considerablemente más sólida y extensa que la versión preliminar  publicada en marzo de 2024.

La ley se reintrodujo de forma algo atenuada en enero , tras haber sido suspendida por el gobierno laborista entrante en julio pasado, poco antes de su entrada en vigor prevista. Durante este periodo, diversas organizaciones de libertad académica presionaron a favor de la implementación de la ley y participaron ampliamente en la consulta sobre el borrador de las directrices. Entre estas organizaciones se incluyen dos con las que ambos colaboramos activamente: el Consejo de las Universidades de Londres para la Libertad Académica (LUCAF) y Académicos por la Libertad Académica .

El año pasado, en esta revista se debatió un aspecto del borrador de las directrices para 2024 , cuando ambos respondimos a un artículo de la académica Naomi Waltham-Smith y el abogado James Murray . El debate se centró en el artículo 10(2) del Convenio Europeo de Derechos Humanos , que reconoce que el ejercicio de la libertad, «al conllevar deberes y responsabilidades, podrá estar sujeto a las formalidades, condiciones, restricciones o sanciones prescritas por la ley y necesarias en una sociedad democrática» por diversas razones.

Waltham-Smith y Murray argumentaron que esto no se había considerado adecuadamente en el borrador, lo que condujo a una sobreprotección de la libertad de expresión. En nuestra respuesta, argumentamos que el Artículo establece un límite mínimo, y no máximo, para nuestro derecho a la libertad de expresión.

En su respuesta formal a la consulta de la OfS , Waltham-Smith y Murray, junto con Julius Grower, ampliaron su argumento, afirmando que si una institución puede “interferir permisiblemente con la libertad de expresión [en virtud del] Artículo 10(2)”, entonces puede prohibir la libertad de expresión legal sin necesidad de consultar la Ley. La respuesta de LUCAF a la consulta cuestionó directamente esta opinión, argumentando que las universidades pueden prohibir la libertad de expresión legal en virtud del Artículo 10(2) solo cuando no sea razonablemente factible garantizar dicha libertad. De lo contrario, se abriría una “enorme y peligrosa laguna legal” en la legislación, una que las universidades podrían explotar, especialmente en respuesta a la presión de los activistas, para denegar protección precisamente a quienes más necesitan las salvaguardas de la ley.

La OfS se ha alineado firmemente con la interpretación de LUCAF. Afirma que, si la libertad de expresión es legal según la legislación inglesa, las universidades deben tomar todas las medidas razonablemente posibles para garantizarla.

Además de aclarar principios jurídicos clave, la versión final de la guía fortalece y amplía significativamente las protecciones a la libertad de expresión y la libertad académica establecidas en el borrador, dejando muy en claro que el personal y los estudiantes no deben enfrentar medidas disciplinarias por expresar opiniones legales.

Una de las principales causas del malestar actual es el auge de los nombramientos politizados en las universidades, donde las descripciones de puestos, los títulos y los criterios de preselección sirven como filtros ideológicos, a menudo en detrimento del mérito académico. Resulta alentador que la guía afirme que no se debe exigir a ningún solicitante de empleo ni miembro del personal que afirme un punto de vista particular, aunque sí se puede exigir, con razón, la competencia en la materia. También deja claro que las universidades deben eliminar cualquier requisito de demostrar compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en los procesos de ascenso, y no deben obligar contractualmente al personal a adherirse a los imperativos de la «justicia social».

Se deben mantener registros completos para garantizar que ningún candidato se vea perjudicado debido a su punto de vista, y todos los miembros del panel deben recibir capacitación sobre libertad de expresión y libertad académica.

De hecho, la gama de actividades para las que la guía exige dicha capacitación es extensa e incluirá a la mayoría del personal, tanto profesional como académico. Esto constituirá un auténtico cambio cultural y podría generar cierto resentimiento y resistencia. Además, las instituciones deben crear un código de prácticas sobre libertad de expresión y alertar a los estudiantes al respecto al menos una vez al año.

Los ejemplos que se dan en la guía son pertinentes: un gobierno extranjero que impone pruebas ideológicas; académicos que acusan a Shakespeare de racismo o expresan opiniones provida en un foro externo; o que comparten otras opiniones legítimas en un blog. Igualmente importante es el ejemplo del profesor de matemáticas que descuida el material fundamental y, en cambio, enseña de forma incoherente; esto no está protegido porque, de lo contrario, socavaría la función docente fundamental de una universidad.

La guía también deja inequívocamente claro que la OfS no protegerá la negación del Holocausto, una afirmación frecuente entre los críticos. Además, ha incorporado los puntos planteados en las consultas sobre la importancia de la neutralidad institucional y de evitar presionar al profesorado para que se ajuste a una determinada línea, incluso en el contexto de la acreditación profesional, lo que podría requerir una renegociación de esta última.

Las preocupaciones sobre la reputación de la institución se consideran irrelevantes para determinar si se debe proteger la libertad de expresión, y se dan ejemplos contundentes del derecho del mundo académico a criticar las religiones, independientemente de las quejas de los estudiantes o de las declaraciones de misión institucionales sobre el entendimiento interreligioso; aunque aún está por verse cómo esto podría contrarrestar posibles nuevas iniciativas gubernamentales contra la islamofobia . En términos más generales, el mundo académico debería poder mantener la opinión que desee sobre diversos grupos humanos, siempre que no los discrimine.

Esta guía tiene el potencial de moderar la implementación dogmática del movimiento de «descolonización del currículo» y la creciente influencia de ideologías antirracionales y posverdad, como la Justicia Social Crítica y la Teoría Crítica de la Raza. Podría poner fin a una década de posturas controvertidas en el mundo académico británico sobre temas transgénero, promulgadas por organizaciones como Athena SWAN y Stonewall. De este modo, podría desempeñar un papel crucial en la restauración de la confianza pública en nuestras instituciones académicas.

La seca crítica del Sindicato Nacional de Estudiantes del Reino Unido , de que se trata de “otro disparate que contribuye a las llamadas guerras culturales”, es simplemente una respuesta defensiva a las verdaderas guerras culturales en las que ellos y otros han sido actores principales.

Ian Pace es profesor de Música, Cultura y Sociedad en City St George’s, Universidad de Londres . Abhishek Saha es profesor de Matemáticas en Queen Mary, Universidad de Londres. Ambos son miembros fundadores del Consejo para la Libertad Académica de las Universidades de Londres y coorganizadores de las secciones de Académicos para la Libertad Académica. Puede leer una versión más extensa de este artículo, con referencias a los párrafos pertinentes de la guía, aquí .