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Pero más allá de las declaraciones controvertidas de los militantes de este partido, que serán recurrentes en las próximas semanas, el programa de Gobierno deja en claro cuál es el proyecto que Kast pondrá en marcha si gana la segunda vuelta que se realizará el próximo 19 de diciembre.

Seguridad

Sin ofrecer datos, el documento asegura en un tono alarmista que la gente en Chile «vive encerrada en sus casas, camina con miedo por las calles» porque «la delincuencia no es solo un problema; es una epidemia».

Anticipa, además, una mayor represión a la protesta social que, de por sí, ya padece de manera permanente la violencia estatal en el país sudamericano.

«En las calles, ya no hay autoridad que detenga las marchas violentas y el festín que hacen los encapuchados (…) no hay ningún solo responsable por esas alteraciones del orden público. En la Araucanía, no existe estado de derecho y la quema de fundos son verdaderos actos de terrorismo», acusa.

Por ello, promete «un respaldo total y absoluto a las fuerzas de Orden y Seguridad» que incluye aumentos presupuestarios. «Lo digo con orgullo. Yo no le tengo miedo a los militares y nadie debería tenerlo; todo lo contrario», afirma al anunciar que enviará a militares a la Araucanía para combatir a «los terroristas», como suele calificar a los colectivos indígenas que reclaman propiedad de las tierras y otros derechos.

A pesar de que Kast fundó el Partido Republicano, su programa de Gobierno carece del republicano respeto a la independencia de poderes, ya que de manera reiterada advierte que los congresistas que voten en contra de sus iniciativas en realidad estarán votando en contra de los chilenos.

Derechos humanos y política exterior

Ferviente admirador de la dictadura pinochetista (1973-1990), el candidato no oculta su intención de liberar a criminales de lesa humanidad condenados por secuestros, torturas, asesinatos o desaparición de más de 30.000 víctimas.

Por eso propone impulsar «el final de la transición política» mediante «la igualdad de todos ante la ley», que incluye un nuevo trato «a los militares privados de sus derechos humanos fundamentales» porque «son los únicos chilenos que siguen pagando por la trágica crisis política de 1973». En ningún momento reconoce que fue un golpe de Estado.

«Para ellos no existe la aplicación imparcial de las leyes. Es evidente que existe más sed de venganza que de justicia. Por eso, en uso de las facultades legales y constitucionales del Presidente de la República, nuestro gobierno terminará con los abusos más graves mediante el indulto inmediato a quienes hayan sido condenados en virtud de ficciones legales», afirma.

Con respecto de las fronteras, critica enfáticamente los añejos reclamos de Bolivia para recuperar una ruta que le permita tener salida al mar Pacífico.

A semejanza de Donald Trump, que propuso erigir un muro entre México y EE.UU., Kast anuncia la construcción de «barreras físicas donde se requiera» en la frontera con Bolivia y Perú para «apoyar el trabajo policial y contribuir a frenar el narcotráfico y el contrabando en la frontera».

En materia de política exterior, el candidato ofrece romper relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba y priorizar la Alianza del Pacífico en detrimento del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

«Valores»

El programa de Kast incluye un amplio capítulo para criticar lo que la derecha ha bautizado como «ideología de género» para referirse a las luchas feministas y de diversidad sexual, el derecho al aborto y el matrimonio igualitario y la educación sexual integral.

Por eso anuncia que, si gana la presidencia, revertirá «de manera inmediata», la despenalización del aborto por tres causales (violación, si está en peligro la vida de la madre o inviabilidad del feto) que se aprobó en 2017.

«Junto con ello, presentar una agenda de soporte permanente y aprobar los recursos necesarios para apoyar a las madres y familias que tienen que llevar adelante embarazos no deseados o complejos», anticipa.

De manera simultánea, ofrecerá «planes de promoción de la natalidad» y «subsidios de natalidad», o sea la dotación de recursos económicos para incentivar a las parejas heterosexuales a tener hijos.

Además, pondrá en marcha un programa de investigación y monitoreo que «promueva a la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos», y otro para reforzar el rol de las iglesias cristianas en la educación pública y su presencia en el Estado en general.

«Abriremos Oficinas de Asuntos Religiosos en todas las Intendencias y fomentaremos su creación en Municipios, elevando además el nivel jerárquico de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos dentro de la estructura del Estado», asegura.

Junto con ello, impulsará el «derecho de los padres a educar a sus hijos», porque considera que en los tribunales de Familia los padres no tienen acceso a un abogado que los defienda de acusaciones por parte de «instituciones ideologizadas» que los quieren privar de este derecho.

En ese sentido, derogará la reforma educacional para facilitar que los «valores» queden en manos de los padres de acuerdo con sus propias convicciones. «Los programas y contenidos del currículum que constituyan propaganda o apoyo al aborto y las ideologías de género serán eliminados», advierte.

Por el contrario, todas las escuelas y liceos públicos de Chile deberán contratar de forma permanente a un profesor de Religión para impedir que se «adoctrine» a los niños.

Cecilia González

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