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Vacunarse contra la covid es una ardua batalla en Zimbabue

Hace más de un mes, perdió a sus padres, a su hermano y a su cuñada por la covid-19. Luego su prometido también tuvo que emprender su batalla contra el coronavirus, pero Melinda Gavi, de 27 años, seguía convencida de que ella no había contraído la enfermedad.

Eso sí, Gavi se unió a las multitudes que buscan vacunarse contra la covid en el hospital Parirenyatwa de Harare, la capital de Zimbabue, a pesar de que antes de que la enfermedad se ensañara con su familia era escéptica sobre la necesidad de inmunizarse contra el virus.

Sus fallecidos padres, hermano y cuñada eran igualmente escépticos respecto a las vacunas anticovid, antes de que se contagiaran y finalmente murieran.

En este país del sur de África de unos 15 millones de habitantes, casi 5,5 millones han recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid, según el rastreador de covid-19 de Reuters, lo que dado que cada persona necesita dos dosis, representa apenas 18,8 % de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este mismo mes que Zimbabue había recibido 943 200 dosis en septiembre, dentro del mecanismo mundial de Covax, que encabeza las Naciones Unidas, para impulsar la campaña de vacunación en el Sur en desarrollo.

IPS ha seguido los operativos de vacunación en varios centros sanitarios del país durante los últimos meses, registrando las experiencias personales de la gente que estaba en las filas para ser inmunizada.

Gavi contó que tardó días en poder vacunarse.

“Este es mi tercer día viniendo aquí a Parirenyatwa para intentar vacunarme», dijo a IPS mientras hacía una larga y serpenteante fila en el mayor hospital de Zimbabue.

Unas 200 personas se congregaban ese día en la parte trasera del hospital, algunas con aspecto cansado mientras permanecían horas en la fila. Algunos se iban sentando en las aceras o los parterres, en espera que llegase su turno mientras la fila avanzaba muy lentamente.

“Tenemos dosis de vacunas limitadas, y a menudo en un día estamos vacunando a solo 80 personas y todos los demás a menudo regresan a casa sin ser vacunados”, reconoció a IPS una enfermera, quien pidió reserva de su nombre por no estar autorizada a hablar con los medios.

En febrero de este año, Zimbabue comenzó a vacunar a sus ciudadanos contra el coronavirus tras recibir una donación de 200 000 dosis de la vacuna china Sinopharm.

Pero cuando la vacuna llegó por primera vez, fue recibida con un gran escepticismo en plataformas de medios sociales como WhatsApp, Twitter y Facebook, en una campaña negacionista que  alimentó las dudas sobre la vacuna.

Este ya no es el caso. Ahora el personal sanitario tiene que luchar contra la multitud que lucha por vacunarse cuanto antes.

“Con el tiempo, a medida que más y más personas se vacunaban sin graves temores de seguridad, el público se tranquilizó y la demanda de vacunas empezó a aumentar gradualmente”, explicó el epidemiólogo Grant Murewanhema.

En Bulawayo, la segunda ciudad del país, a 365 kilómetros al suroeste de Harare, IPS observó como en el Hospital Unido una enfermera avanzó a lo largo de la cola de personas que esperaban ser vacunadas, contando hasta 60, y les dijo a las demás que volviesen temprano al día siguiente, porque solo había ese número de dosis.

En el número 60 estaba Jimmy Dzingai, de 47 años, un camionero, que suspiró aliviado y cruzó las manos en el pecho mientras decía: “menos mal, al menos me voy a vacunar hoy”.

A los que se les dijo que se marcharan, lo acataron pero refunfuñaron mientras salían del hospital, algunos agitando sus mascarillas en señal de protesta, gritando a las autoridades del centro por haberlos rechazado.

“No es la primera vez que vengo aquí para intentar vacunarme. He estado aquí cuatro veces, y este es mi quinto día desde mediados de junio, solo para obtener excusas”, dijo a IPS Limukani Dlela, un hombre de 54 años, residenciado en Matsheumhlope, un suburbio de la ciudad.

La corrupción y el nepotismo están detrás de la amarga batalla de este país sudafricano contra la covid, y muchas personas como Dzingai, el camionero, no se han librado de esas lacras.

Mientras Dzingai se encontraba al final de la cola, cuatro mujeres de mediana edad pasaron por delante de él y de todos los demás, dirigiéndose directamente a la cabeza de la cola. Inmediatamente fueron inmunizadas y se fueron.

Las enfermeras que estaban en la mesa de vacunación explicaron que eran miembros del personal del hospital y no podían esperar con los demás.

Pero todos pudieron ver que las cuatro mujeres privilegiadas salieron inmediatamente el hospital, en cuanto se le inyectó su dosis, además de no llevar ningún uniforme a identificación, al contrario del personal del recinto.

“Estaba hablando con mis jefes ahora mismo, y me han cargado el camión para llevar la entrega a Zambia. Les he dicho a mis jefes que iba a recibir la vacuna. En cambio, me dicen que no me van a vacunar. Deberían conseguir agua para inyectarme y darme el certificado de la vacuna. No me iré de aquí sin ella”, juró el camionero.

Pero la enfermera le replicó que “hoy no se vacunará. Desgraciadamente, eso no ocurrirá”.

Pese a sus protestas, tanto Dzingai como las otras tres últimas personas en la fila tuvieron que irse sin recibir su dosis.

Para responder a la creciente ansiedad por vacunarse de muchos zimbabuenses, el gobierno ha autorizado el uso de las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm, la rusa Sputnik V, la india Covaxin y la estadounidense Jensen.

Pero las vacunas escasean y  los sobornos están a la orden del día en los hospitales de Zimbabue, como el Sally Mugabe, de referencia en la capital.

Lydia Gono, de 24 años y residente en Southertorn, un suburbio de ingresos medios de Harare, dijo que tuvo que recurrir a “mi cartera”, que en la jerga local significa pagar un soborno, para poder vacunarse rápidamente en ese centro hospitalario, el más cercano a su vivienda.

“Me pasé casi una semana intentando vacunarme aquí sin éxito, pero hoy simplemente enrollé un billete de 10 dólares en mi mano y estreché la mano de una enfermera que atendía la fila, dejando el billete en su mano. Me llevaron al frente y me vacunaron sin demora alguna”, dijo Gono a IPS.

Cansados de la corrupción y el nepotismo y de las tácticas dilatorias que caracterizan el proceso de vacunación en los centros sanitarios públicos, muchos trabajadores de ingresos medios, como Daiton Sununguro, de 35 años, han optado por acudir a los centros médicos privados para vacunarse, desembolsando 40 dólares por una cada dosis.

“Pagar es mejor que tener que esperar muchas horas para vacunarse en los centros sanitarios públicos. Así que volveré y pagaré los otros 40 dólares por mi segunda dosis”, dijo Sununguro a IPS en un elegante centro médico privado en el suburbio hararense de Mount Pleasant.

Fuente: https://rebelion.org/vacunarse-contra-la-covid-es-una-ardua-batalla-en-zimbabue/

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La ONU declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano

Frente a las consecuencias innegables del cambio climático, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a tomar medidas «rápidas y reales» para el cuidado del ambiente y el pleno ejercicio de los derechos. La OMS también emitió un comunicado crítico en el que pide soluciones urgentes en la próxima COP 26.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Lo hizo a través de una resolución impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que obtuvo 43 votos de apoyo y ningún voto en contra. Sin embargo, Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar. El Consejo instó a tratar el tema en la Asamblea General y estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional también emitieron declaraciones que ratifican la perspectiva de derechos humanos ligados íntimamente al respeto a la naturaleza.

El organismo internacional observó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados. En los hechos, la degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ese documento, la ONU ya afirmaba que «hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente«.

Proteger el medio ambiente, la naturaleza y a las personas que luchan contra el extractivismo

La reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alienta a los Estados a que creen capacidades para las actividades de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se pide, asimismo, que mejoren la cooperación con otros Estados, el resto del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las empresas para la implementación del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

También se les insta a adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas. El documento pone en el contexto de la garantía de los derechos humanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial. Además, invita a la Asamblea General a «examinar» el tema. El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales.

ONU declara como derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible
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El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. Este hito significa también protección para quienes luchan contra los extractivismos y la contaminación. Según datos brindados por la propia ONU, solo en 2020 fueron asesinados más de 200 activistas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable. En ese sentido, manifestó su intención de que la medida “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

A su vez, destacó que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. Asimismo, continuó, la medida resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.

La lucha de la sociedad civil por el reconocimiento del cuidado del ambiente como derecho humano

En la previa de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional junto a más de 1100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas emitió una declaración pública en la que instaba al organismos de la ONU a reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. «Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable», señalaba el documento conjunto, que también exigió a los Estados miembros que mandaten un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El documento encabezado por Amnistía Internacional denunció que «la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia». En ese sentido, consideraron que una declaración internacional «animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación».

ONU declara como derecho humano el vivir en un ambiente sano
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La OMS se pronunció sobre «decisiones insostenibles» contra el planeta y la salud

En el Informe especial sobre cambio climático y salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y publicado ayer en el marco de los preparativos de la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, expone el llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática. De esta manera, el cumplimiento de esos objetivos se vincula expresamente con la garantía derecho humano a la salud, razón más que suficiente para sostener la perspectiva de derechos humanos en las políticas ambientales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que «las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas». Por este motivo, el organismo sanitario realizó un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C.

El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos tercios del personal de la salud mundial —300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo—, en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países en la COP26 que intensifiquen la acción climática.

En el documento afirma: «La quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sufren de forma desproporcionada». Además, sostiene que la contaminación del aire, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.

Fuente: https://rebelion.org/la-onu-declaro-que-un-ambiente-limpio-saludable-y-sostenible-es-un-derecho-humano/

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Argentina: La ESI que queremos a 15 años de la sanción de la Ley 26.150

En octubre de 2006, se sancionó en nuestro país la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), un hito en la lucha desde los feminismos y las disidencias. Una ampliación de derechos para todos los niveles educativos, una política pública y una nueva forma de pensar las sexualidades y el género en las escuelas. En todos estos años, las transformaciones que se entrecruzan con y por la ESI son muchísimas, pero aún hay muchos desafíos pendientes para su efectiva implementación. Compartimos la invitación a dos conversatorios para seguir pensando los desafíos actuales. 

Por Redacción La tinta  

“Toda educación es sexual” es una de las afirmaciones que Graciela Morgade plasmó en uno de sus libros y que explicitó una verdad solapada en la vida de las escuelas. Históricamente se ha educado en sexualidad, de manera explícita con contenidos vinculados a la anatomía, centrando la enseñanza en la biología de los cuerpos, en la prevención de embarazos, de infecciones de transmisión sexual y con una marcada orientación moral. Y también se ha educado en sexualidad y género con las disposiciones en la escuela sobre lo que se puede o no hacer con el cuerpo en las aulas, en el recreo, en las filas o clases de gimnasia separadas entre chicos y chicas. En las regulaciones corporales de los códigos de convivencia, en las reproducciones de los estereotipos de géneros, en la naturalización de los binarismos de género. Entre otros muchos miles de ejemplos. ¿Cuál fue tu ESI? Es una de las preguntas que en estos últimos años ocuparon los debates y que nos permitieron comprender cuáles fueron las socializaciones que tuvimos antes de la sanción de la Ley. 

El 4 de octubre de 2006, se sancionó la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), luego de la lucha articulada desde los feminismos y las disidencias. Se estableció que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. En 2008, con la definición de los lineamientos curriculares, la creación del Programa Nacional de Educación Sexual, la producción de materiales didácticos y capacitaciones masivas en todo el país, se generó una pluralidad de intervenciones y estrategias que instalaron socialmente a la ESI.

Los cinco ejes fundamentales son: la ESI como derecho, la perspectiva de género, el respeto de la diversidad, la valoración de las emociones y la afectividad, y el cuidado del cuerpo y la salud. Esto rige para todos los niveles, en todas las áreas y de manera transversal. ¿Cuán real es la implementación en las escuelas hoy? Es una pregunta que interpela en medio del avance reaccionario de los movimientos conservadores y religiosos, que resisten el pleno cumplimiento de un derecho. La ESI es mucho más que una política pública, es un espacio desde el cual se disputan modos de comprender el género, la sexualidad y el cuerpo. La militancia de docentes, jóvenes y activismos es persistente y un horizonte real para el efectivo cumplimiento de la ley. 

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(Fotografía: Cba24N)

El Equipo de Investigación dirigido por la Dra. Marina Tomasini lleva años trabajando sobre las prácticas y la construcción de la sexualidad en estudiantes de escuelas secundarias de Córdoba. Desde el área de Feminismos, Género y Sexualidades del Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, han generado reflexiones locales, vinculando el trabajo académico y las realidades educativas. En 2018, realizaron una guía junto a estudiantes de distintas escuelas de la ciudad de Córdoba con herramientas para el debate y la organización juvenil. El material educativo aborda temas que van desde los estereotipos de género, mandatos sobre los cuerpos, las identidades y sexualidades, las violencias en las relaciones afectivas, la diversidad sexual hasta prácticas de cuidado, así como maternidades y paternidades adolescentes. El trabajo de campo que llevan adelante es a partir de talleres de debate, lúdicos y entrevistas grupales con jóvenes, como forma de pensar el intercambio.

“Se ha producido una apropiación social de la ESI desde los feminismos y los movimientos de disidencia sexual, así como por parte de diversos actores, individuales y colectivos, dentro y fuera de las escuelas. La ESI es un campo que articula problemáticas vinculadas con el género y la sexualidad, por lo tanto, es un espacio de coexistencia de prácticas y discursos variados, así como de demandas por la expansión de derechos. Las resistencias, heterogeneidades y desigualdades en su implementación son persistentes. Por eso, pensarla como una apuesta política democratizadora supone concebirla en construcción, en proceso permanente de expansión de sus límites, antes que como un punto de llegada. En estas conversaciones, queremos promover el intercambio entre actores claves en el proceso de apropiación y construcción de la ESI para producir análisis y reflexiones colectivas sobre recorridos, experiencias y desafíos”, expresaron desde el equipo.

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(Fotografía: Gente)

La ESI generó un movimiento social y pedagógico que impulsó y expandió la perspectiva de género, derechos y diversidad. La ESI hizo pedagogía feminista sin nombrarse así, dice María Pía López. Basta mirar la potencia colectiva que instaló la masificación de la protesta feminista con el Ni Una Menos desde el 2015. Las luchas feministas en las aulas transformaron la vida de las escuelas y de las personas que las habitan. El reclamo de estudiantes por el derecho a la ESI ha crecido en los últimos años: asambleas, sentadas, toma de escuelas, organización de talleres y charlas, centros de estudiantes que exigen más y mejores propuestas de educación sexual. Paralelamente, docentes realizan un trabajo sostenido de “militar la ESI”, para que se cumpla sobre todo desde una perspectiva de género y de derechos, aún en instituciones restrictivas y en contextos adversos.

“Este recorrido apretado y parcial nos muestra que la educación sexual no es un objeto transparente y acabado, sino en construcción y disputa constante. La ESI configura un espacio donde se articulan discursos sociales, como el médico, el religioso, el jurídico, el científico, el feminista, que podrán derivar en acoples más o menos laxos y/o conflictivos en distintos escenarios y coyunturas. Hoy existe un respaldo normativo mucho más amplio que en 2006: la Ley de Protección Integral contra las Mujeres (2009), la Ley de Identidad de Género (2012), la Ley de Matrimonio Igualitario (2011), la Ley Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (2015), la Ley Micaela (2018), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020) y la Ley de Cupo Laboral Trans (2021)”, expresaron.

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(Fotografía: El Grito del Sur)

Hoy, realizan el primero de dos conversatorios virtuales para poner a circular experiencias y sentidos a 15 años de la sanción de la ESI. Lo harán junto con el Instituto de Humanidades del CONICET-UNC y la Red Internacional de Feminismo(s), Cultura y PoderLa invitación es abierta a todo público, hoy miércoles 20 y el próximo miércoles 27 de octubre a las 18:30 horas, ingresando vía este enlace: https://meet.google.com/zbw-caag-cxn

Esta tarde, en su primera edición, las conversaciones serán entre estudiantes de escuelas secundarias. Participan Irene Cuevas -estudiante de Secundaria, Militante en META (Movimiento Estamos Todes en Acción) de Alta Gracia-, Paz Navarro -Secretaria de Género y DD. HH. de la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba- y María Luz Macia -estudiante de Secundaria de la Localidad de Leones-. Compartiendo sus miradas y reflexiones, abordarán cuestiones como la manera en que se ha trabajado la educación sexual en sus escuelas o en otras experiencias de las que han sido parte y cómo se reconfiguraron los escenarios de trabajo de la ESI a partir del contexto de virtualidad educativa y vínculos pedagógicos a distancia, durante este tiempo de pandemia y no presencialidad. También, cuál es la ESI que imaginan y desean desde los intereses y demandas juveniles.

En el segundo encuentro, el miércoles 27, las conversaciones serán entre docentes de escuelas secundarias. Participan Agustina Beltrán -comunicadora y docente de nivel superior-, Mariana “Maio” Giorda -especialista en educación secundaria y ESI-, Yesi Bonino -docente y especialista en educación y derechos humanos- y Ana Elisa Zorzi Ferratto -psicóloga, encargada de gabinete psicopedagógico en nivel medio y co-coordinadora de Miyen (Grupo de jóvenes promotores de salud)-. En este intercambio, se trabajará sobre los desafíos que existen hoy con la vuelta a la presencialidad en relación al trabajo desde la ESI y cómo pensarla desde una perspectiva transfeminista.

La ESI está siendo todo el tiempo, los desafíos son múltiples como las demandas de les chiques, que pulsan por ampliar y hacerse oír. Contra las posturas adultocéntricas, moralistas, sexistas y reproductoras de un orden heteronormativo, la ESI como proyecto político-pedagógico desborda las escuelas hacia una transformación de los mandatos y las desigualdades históricas. Hacia una vida más libre.

Fuente: https://latinta.com.ar/2021/10/esi-queremos-15-anos-sancion-ley-26-150/

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V Congreso Venezolano de Ciencia Tecnología e Innovación del 29 NOV al 3 DIC

Desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre se llevará a cabo la plenaria final del V Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de crear oportunidades para evaluar los desafíos actuales del país y para delinear, en colectivo, el futuro de la investigación a fin de que sea útil en la resolución de los problemas cotidianos y en la construcción de un modelo de desarrollo propio distinto al hegemónico.

El V Congreso venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación busca construir respuestas proactivas con tres horizontes: vencer el problema coyuntural que imponen el bloqueo imperial y la guerra económica; superar el rentismo petrolero e impulsar la producción nacional; trascender la incontrovertible crisis global de doble fundamento: el colapso del capitalismo y la crisis ambiental global.

Bajo el lema Sembremos conocimientos para la vida, este espacio de debate, organizado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), promoverá pensar como país, en los problemas, meditar sobre las verdaderas necesidades para actuar y a transformar.

En este encuentro, se realizará un balance de las capacidades criollas, de cómo organizarlas para hacer de ellas fortalezas para el logro concreto en el campo de lo posible.

Las áreas temáticas del V Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación buscan propiciar la reflexión de la cotidianidad, sus problemas y retos, desde una perspectiva sistémica de aspectos esenciales para la vida, con especial énfasis en las demandas devenidas por un planeta en acelerada transformación, desde lo cultural hasta lo ambiental. Estas son: salud, agricultura, alimentación y vida; educación, cultura, vida, trabajo y naturaleza; ciudad, servicios públicos, ambiente y energía; industria, desarrollo, necesidades y ambiente.

El V Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación abarca cuatro modalidades de participación: conversatorios en tu espacio, redacción de ensayos sobre temas de CTI, conexión vía videoconferencia a las actividades y participación presencial en conferencias y paneles de debate sobre CTI.

Los interesados en participar en el Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación pueden registrarse a través del enlace: congresocti.mincyt.gob.ve

Fuente: https://www.vtv.gob.ve/mincyt-v-congreso-venezolano-ciencia-tecnologia-innovacion/

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Afganistán: Talibanes prometen reabrir escuelas femeninas en medio de advertencias de protestas

Cerca de 1,1 millones de niñas afganas se han visto privadas desde el pasado 18 de septiembre del acceso a la educación.

Los talibanes, que abrieron los colegios de Afganistán hace un mes, pero excluyeron a las niñas de secundaria, prometieron este lunes que reabrirán “pronto” los centros femeninos entre las advertencias de manifestaciones por parte de activistas.

Cerca de 1,1 millones de niñas afganas se han visto privadas desde el pasado 18 de septiembre del acceso a la educación, y se encuentran a la espera de que los fundamentalistas redacten una supuesta guía que se lo permita.

“Nuestros esfuerzos están centrados en reabrir pronto las escuelas (secundarias) de niñas para que el proceso educativo vuelva a la normalidad”, señaló a EFE el portavoz talibán, Bilal Karimi.

El portavoz explicó que la formación islamista está trabajando en el diseño de un sistema para garantizar la seguridad de las niñas en las escuelas, al tiempo que se respeten los valores y principios tanto del islam como del pueblo afgano.

“Todavía estamos ocupados trabajando en el marco, las directrices y las regulaciones para las escuelas de niñas” y, poco a poco, las escuelas empezarán a abrir con base en estas medidas, precisó.

La prohibición de reabrir las escuelas a las niñas y jóvenes ha causado incertidumbre entre la población afgana, con críticas de activistas de los derechos de las mujeres, que temen volver a la época oscura del anterior régimen talibán, entre 1996 y 2001.

Durante ese tiempo, y a pesar de continuas promesas de que las medidas serían solo temporales, las niñas tenían prohibido asistir al colegio y el papel de la mujer quedó relegado a las tareas domésticas, sin posibilidad siquiera de trabajar.

Amenazas de protestas

“Nos estamos preparando para protestar, bloquearemos carreteras y utilizaremos cualquier método a nuestro alcance para presionar al Gobierno para que permita a las niñas en la educación secundaria”, dijo Matiullah Wesa, fundador y presidente de la Sociedad Civil Camino del Bolígrafo (PPCS, en inglés).

Este activista y voz de la lucha por los derechos a la educación en Afganistán afirmó que la asociación, que está activa en las 34 provincias afganas y reivindica miles de miembros y simpatizantes desde su fundación en 2009, “no está sola”.

“Líderes comunitarios y miles de personas se han comprometido a unirse a nosotros”, dijo junto con estudiantes, profesores y sus familias, así como otras organizaciones de la sociedad civil.

La PPCS ha lanzado por ahora una campaña en todo el país asiático para que niñas, profesores y miembros de la comunidad reivindiquen este amenazado derecho básico a la educación.

«Queremos decir a los talibanes y al mundo que la educación de las niñas es nuestro derecho fundamental, islámico y humano. Nadie nos puede quitar este derecho y, si los talibanes intentan prohibir la educación de las niñas, será su mayor error y deberán hacer frente a todo el país», dijo Wesa.

El activista y un ejército de voluntarios subidos en sus motocicletas, que comenzaron su andadura en 2009, lograron antes de la llegada de los talibanes el pasado 15 de agosto la reapertura de cientos de escuelas cerradas por la guerra y establecieron 46 centros propios, así como 39 librerías públicas en todo el país.

Estudiantes preocupadas

La prohibición en la práctica de acudir a las clases preocupa a las estudiantes afganas.

“Con su llegada, los talibanes nos arrebataron el derecho a la educación. Estamos realmente preocupadas por nuestro futuro, sobre si podremos continuar nuestra educación o no”, dijo Sana, una estudiante de 17 años.

Sana lamentó que «los derechos de las niñas y de los niños deberían ser iguales», pero los fundamentalistas solo han permitido estudiar a estos últimos.

Nos afecta psicológicamente, pensamos que somos miembros inútiles de la comunidad y una carga para nuestras familias, a pesar de que las mujeres forman el 50 % de la población”, explicó.

En las últimas dos décadas, desde la caída del primer régimen talibán con la invasión estadounidense, Afganistán ha hecho avances sin precedentes en el plano de la educación, especialmente en el caso de las niñas.

Antes de que los talibanes capturasen Kabul, el país asiático contaba con unos diez millones de menores escolarizados, el 40 % de ellos niñas, según datos gubernamentales.

Pero muchos niños en edad escolar siguen fuera del sistema.

“En total, unos 4,2 millones de niños están fuera de las escuelas en Afganistán”, dijo a EFE el portavoz de Unicef para el país asiático, Salam Al-Janabi.

La agencia de Naciones Unidas, subrayó, está trabajando para “mantener una relación constructiva con las autoridades de hecho”.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/talibanes-prometen-reabrir-escuelas-femeninas-en-medio-de-advertencias-de-protestas-nota/

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Panamá: Comienzan a regir seis nuevas leyes de la República

Promulgan leyes sancionadas el pasado 13 de octubre por el Presidente Laurentino Cortizo Cohen: 241 que modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994 en lo relativo al reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos, 242 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones, 243 que crea el programa graduandos en Pro de la Reforestación, 244 que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, 245 que establece y regula la educación en casa en Panamá y la 246 que establece el manejo, tratamiento y reutilización del agua en las estaciones de lavado de vehículos.

Panamá, 15 de octubre de 2021. Seis nuevas leyes de la República fueron promulgadas en Gaceta Oficial este viernes 15 de octubre de 2021, luego de haber sido sancionadas el pasado miércoles 13 por el Presidente Laurentino Cortizo Cohen.

A partir de la fecha La Ley 242 de 13 de octubre de 2021, se convierte en Ley de la República tras cinco años de discusión en la Asamblea Nacional y adonde recibió tercer debate el pasado 30 de agosto de 2021, creando un marco regulatorio para el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis y sus derivados.

Mediante esta norma Panamá, sancionada por Cortizo Cohen el pasado 13 de octubre, se convierte en el primer país centroamericano y el noveno en Latinoamérica, con un marco legal de este tipo que regula la importación, exportación y cultivo de la planta y se crea un registro de personas autorizadas para utilizarla con esos fines.

Por otro lado, también fue promulgada en Gaceta Oficial hoy, la creación del Registro Oficial de Ofensores Sexuales que se ampara en un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional y que pretende dotar al Estado de «mayor claridad» sobre las personas que han cometido este tipo de delitos y prevenir que se repitan.

El presidente de la República también sancionó la ley que crea el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad que estará a cargo de la Dirección de Investigación Judicial, el cual deberá mantener una base de datos actualizada y almacenada, de nacionales y extranjeros condenados por este delito, en un medio seguro y confidencial.

De acuerdo a la Ley 244 de 13 de octubre de 2021, en el Registro serán incluidas personas condenadas en firme por delitos sexuales, tráfico de personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual y será actualizado y verificado cada seis meses, y obliga al «ofensor» a notificar con diez días de antelación cualquier cambio de domicilio.

El objetivo del listado es que sirva como una base de datos a ser consultada por «operadores de justicia y su cuerpo auxiliar» y para la «emisión de certificados de no agresor sexual», el cual será necesario para trabajar con menores de edad.

También fue promulgada hoy la Ley 245 de 13 de octubre de 2021 que crea y regula la educación en casa, modelo conocido internacionalmente como homeschool o Escuela en Casa, en el cual son los padres quienes dirigen a sus hijos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del paradigma de la enseñanza personalizada.

Esta propuesta pretende que los estudiantes opten por esta modalidad que no es obligatoria, sin embargo, pero brinda oportunidades significativas de aprendizajes bajo la supervisión de docentes, así como de los padres de familia.

La Ley 245 establece la educación opcional para el primer y segundo nivel de enseñanza del sistema educativo panameño. Esta modalidad no será de carácter obligatorio sino una opción para los estudiantes, cuyos padres reúnan los requisitos establecidos en la presente ley.

Fue promulgada en Gaceta también, la ley número 246 de 13 de octubre de 2021 que establece el manejo, tratamiento y reutilización del agua en las estaciones de lavado de vehículos, que tiene como objetivo impulsar el ahorro de agua y evitar el derroche y despilfarro excesivo de este líquido, mediante un sistema de reciclado y reutilización del agua, en todos los establecimientos de lavado de autos en todo el territorio nacional.

La norma “que establece el manejo, tratamiento y reutilización del agua en las estaciones de lavado de vehículos”, específica que los establecimientos deben contar con un sistema de recolección de agua pluvial y un sistema para el tratamiento y reutilización de aguas producto de la operación del lavado, independiente del origen de la fuente.

La iniciativa que nace desde la perspectiva de educar sobre el ahorro y reutilización de un recurso que se considera no infinito, sólo regirá para establecimientos comerciales dedicados a la limpieza que utilicen agua potable.

Por otro lado, fue promulgada hoy la Ley 243 de 13 de octubre de 2021 que establece que cada estudiante graduando de educación media, técnicos y universitarios debe plantar cinco árboles en áreas previamente identificadas como deforestadas por el Ministerio de Ambiente y el Smithsonian en el territorio nacional, a fin de concientizarlos de las causas y efectos del cambio climático y hacerlos partícipes de métodos que permiten disminuir los efectos ambientales.

El programa Graduandos en Pro de la Reforestación en Panamá, será organizado y dirigido por el Ministerio de Educación, el Municipio de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Smithsonian, la Universidad de Panamá y la Asociación de Universidades Privadas de Panamá y será requisito para el otorgamiento del diploma de culminación de estudios por parte de los centros educativos.

En tanto, la Ley 241 de 13 de octubre de 2021 que modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994 en lo relativo al reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos, también se convierte en Ley de la República a partir de hoy tras ser promulgada en la Gaceta Oficial.

Esta ley instaura «el derecho al pago de la prima de antigüedad es reconocido al servidor público permanente o transitorio o contingente o de Carrera Administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994».

Fuente: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Comienzan-a-regir-seis-nuevas-leyes-de-la-Republica-

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El éxodo de las mujeres rurales pone en jaque la supervivencia de la España vaciada

La falta de oportunidades y la desigualdad en el trabajo productivo y reproductivo empuja a las mujeres a abandonar los pueblos en busca de mejores condiciones de vida

El día 15 de octubre es el día internacional de las mujeres rurales, y con motivo de esta jornada el pasado 13 de octubre el Instituto de las Mujeres organizaba un encuentro en la localidad vallisoletana de San Pelayo. En la inauguración de este acto, la alcaldesa Virginia Hernández se presentaba: “Soy hija de la generación de padres que huyó del pueblo a la ciudad cuando tuvo que formar una familia. A ellos y a las generaciones anteriores les grabaron a fuego que el lugar de donde procedían no era un lugar para criar a sus hijas, y antes de eso ya les habían grabado a fuego que en la ciudad las personas se desarrollaban y prosperaban y en el campo quedaba lo rústico y lo cateto.” Con esta presentación la alcaldesa de San Pelayo habla de ese “exilio forzoso” del campo a la ciudad, y de cómo se ha asumido ese flujo migratorio como propio y natural.

En España el medio rural abarca un 90% del territorio y tan solo el 20% de la población reside en él. La despoblación del entorno rural de nuestro país supone un gran conflicto en sí mismo. A esto se suma que, a pesar de que las mujeres suponen casi el 51% de la población en España, en las poblaciones rurales esta proporción disminuye cuanto menor es el municipio. El medio rural no solo cuenta con menos mujeres, sino que además su población femenina está muy envejecida, siendo esta en su mayoría mayor de 65 años, y con una proporción todavía superior de mujeres mayores de 80 años. Ante estos datos cabe preguntarse, ¿qué está ocurriendo en nuestro país con las mujeres rurales?

Para encontrar una respuesta a esta pregunta es necesario plantear desde un inicio en qué situación están las mujeres del medio rural. Como punto de partida encontramos que las mujeres de la España Vaciada hacen frente a una doble discriminación: por mujeres y por la falta de oportunidades que les ofrece su entorno.

El encontrarse en un medio con los valores tradicionales mucho más arraigados y en consecuencia con un machismo más explícito en sus dinámicas tiene como resultado que el papel de las mujeres se encuentre mucho mas estrechamente ligado al ámbito privado, reproductivo y a los cuidados. En un contexto en el que la falta de servicios esenciales es muy patente, el resultado es que sean las mujeres quienes los suplan, principalmente en lo relacionado a la atención a la infancia y personas dependientes y trabajo doméstico.

En un contexto en el que la falta de servicios esenciales es muy patente, el resultado es que sean las mujeres quienes los suplan

Así, una vez más, las mujeres quedan relegadas a su rol tradicional de cuidadoras al que añaden esta sobrecarga de trabajo y, ante la dificultad que supone conciliar esto con el mundo laboral, se ven obligadas a dejar sus empleos. Esto junto con la masculinización del mercado laboral rural y la falta de oportunidades se traduce en unos índices más bajos de empleo femenino. En datos, la tasa de empleo masculina en zonas rurales es de un 70%, mientras que la tasa de empleo femenina es de un 52,4%.

Esta división del trabajo productivo y reproductivo en el ámbito rural se acentuó notablemente con la llegada de la modernización e industrialización de las actividades agrarias en los años 50. Con esta transformación de los modos de producción tradicionales -de los cuales las mujeres formaban parte tanto como los hombres- se da un excedente de mano de obra en el campo, siendo los hombres quienes se apropian de la producción agraria. Sin embargo, las mujeres no quedan excluidas al completo de estas tareas sino que pasan a llevarlas a cabo como una “extensión” de su trabajo reproductivo, es decir, como una “ayuda familiar en el campo”.

Mediante este proceso las mujeres fueron perdiendo todo el reconocimiento económico y social ligado a su trabajo y, a pesar de contar con una sobrecarga de trabajo tanto doméstico como agrario, acaban por convertirse en mano de obra invisible. Inmaculada Idáñez, de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural -CERES, explica la ausencia de mujeres como trabajadoras asalariadas en el campo a partir de esta misma sobrecarga de trabajo: “A la hora de contratar a mujeres estas cuentan con una carga añadida, los cuidados. Si tienes hijos o te encuentras a cargo de personas dependientes tienes ese peso que no garantiza que puedas trabajar siguiendo los mismos horarios y el mismo ritmo que un hombre, y eso no interesa”.

Tan solo tres de cada diez titulares de explotaciones agrícolas son mujeres

A pesar de que son muchas las actividades productivas que se desarrollan en el entorno rural, es cierto que la identidad rural siempre ha estado estrechamente ligada a la actividad agrícola y ganadera al ser esta la que gestiona y ocupa una parte considerable de los recursos naturales de los pueblos. Sin embargo, tan solo tres de cada diez titulares de explotaciones agrícolas son mujeres y tan solo suponen un 38% del empleo de la industria alimentaria. En un intento por intervenir en este sector y poner en relieve el la importancia del papel de las mujeres en las explotaciones agrarias, las asociaciones de mujeres rurales llevan años luchando por una ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la cual fue aprobada por el gobierno socialista en 2011.

Esta ley promovía diferentes medidas para fomentar y revalorizar la participación de las mujeres en las explotaciones agrarias como pueden ser la regulación de la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos miembros titulares; el reparto de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares… Con esto se pretende hacer patente el trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares, dado que a pesar de suponer un tercio de este apenas no figuran como titulares ni toman decisiones. Entre las medidas que contemplaba la ley se encontraba la de incentivar este régimen de titularidad compartida a través de ayudas económicas, sin embargo esta no ha llegado a hacerse efectiva hasta este mismo año, 10 años después con la aprobación de un real decreto para incentivar económicamente este régimen de explotaciones.

Ana Rabadán, de la asociación FADEMUR, asegura que es necesario apostar por la titularidad compartida para intentar solventar el conflicto al que hacen frente las mujeres en el mundo agrario. “Esta medida profesionaliza la actividad agraria de las mujeres y les permite tener una remuneración y un reconocimiento no solo social, sino también laboral y económico”. También apunta que en la actualidad hay unas 800 explotaciones de titularidad compartida, a diferencia de las 10.000 que se esperaban, y todavía existen territorios como Madrid en los que no hay ninguna explotación en este régimen. Ante esta situación reclama que es una falta de respaldo a las mujeres rurales, y que es necesario que se apoyen medidas efectivas como esta para luchar contra la despoblación.

Ante esta falta acusada de servicios, empleo y facilidades para conciliar y desarrollar su vida personal, familiar y laboral, el territorio rural español está experimentando un proceso de “huida” de las mujeres. A pesar de que la España vaciada va despoblándose progresivamente, este éxodo es mayoritariamente femenino: dos de cada tres personas que emigran del entorno rural son mujeres. Además, entre 2007 y 2018 el porcentaje de mujeres en poblaciones de menos de 1000 habitantes han ha caído, mientras que el número de mujeres en poblaciones con más de 1000 habitantes ha aumentado. Es decir, a fin de cuentas cuanto más pequeñas son las poblaciones más envejecidas y masculinizadas se encuentran.

En su estudio acerca de la construcción de nuevas identidades para las mujeres en el medio rural, la doctora Fátima Cruz Souza habla acerca de la huida de las mujeres de este entorno y de su rechazo al rol tradicional que se les ha adjudicado. Esta menciona los estudios secundarios y superiores como una herramienta fundamental para esta huida. Además, tanto ella como las autoras Cecilia Diaz Mendez y Capitolina Diaz Martinez en su estudio “De mujer a mujer: estrategias femeninas de huida del hogar familiar y del medio rural”, explican como las madres tienen y han tenido un papel clave en este fenómeno, siendo las principales impulsoras de la emigración de sus hijas a los núcleos urbanos priorizando sus estudios en lugar de la participación en la actividad productiva agraria familiar.

La falta de mujeres en el mundo rural da lugar a una pirámide de población regresiva

Esta falta de mujeres en el mundo rural da lugar a una pirámide de población regresiva al dificultarse enormemente la formación de nuevos núcleos familiares, que es la clave para garantizar la supervivencia del territorio y que tiene un efecto determinante sobre la perdida de población. En conclusión, sin mujeres el mundo rural no tiene futuro.

Para Ana Rabadán, de FADEMUR, la clave de la supervivencia del entorno rural se encuentra en el impulso de políticas transversales que abarquen todos los sectores, no solo el primario. Es necesario asegurar el acceso a servicios, empleo e incluso ayudas económicas para evitar el éxodo de mujeres y, en consecuencia, la despoblación. Aunque asegura que la titularidad compartida es una herramienta útil para contribuir a la igualdad de oportunidades en el mundo agrícola, es importante que haya una implicación mayor con este conflicto.

Por su parte, Inmaculada Idáñez de Ceres afirma que se están rompiendo moldes, y que poco a poco avanzamos hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en este entorno. “Las mujeres nos estamos empoderando y el mundo rural se está dando cuenta de que somos igual de capaces”. Si bien, al hablar de un cambio en las formas de producción y consumo, Inmaculada señala que el avance es mas lento. La agricultura ecológica está muy ligada a las mujeres dado que estas generalmente tienen empresas más pequeñas, lo que permite un trabajo en la dirección de canales cortos de comercialización, economía circular y cercanía. Sin embargo competir con grandes multinacionales y fondos de inversión es prácticamente imposible, por lo que el cambio de la concepción de alimentación con una perspectiva mercantilista es mucho más lento y costoso.

Fuente y fotos: AmecoPress.

Fuente: https://rebelion.org/el-exodo-de-las-mujeres-rurales-pone-en-jaque-la-supervivencia-de-la-espana-vaciada/

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