La campaña “Nosotras con la información” de ARTICLE 19, lanzada el pasado jueves, tiene como objetivo promover el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas en Chiapas, Yucatán y Oaxaca, por medio de videos animados y cápsulas de radio en cinco lenguas originarias.
En los materiales se habla de la importancia de la partería como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres indígenas, además del derecho de las víctimas de violencia sexual a contar con información suficiente, completa y en su propio idioma.
Es responsabilidad de las instituciones de todos los niveles y de los organismos garantes del derecho a la información promover políticas de transparencia proactiva que hagan disponible esta información a mujeres indígenas.
El pasado 8 de julio de 2021, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presentó la campaña “Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas de Chiapas, Yucatán y Oaxaca”, con la presencia de mujeres indígenas hablantes de cinco lenguas originarias que se hablan en estos estados, quienes participaron en la traducción interpretación, locución y corrección de estilo de los materiales de esta campaña, así como los productores de las cápsulas de radio Tseltal Bachajón Comunicación, la organización Nich Ixim, Movimiento de Parteras de Chiapas, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 y la moderadora Cinthya Cecilia Alvarado Rivera, investigadora de la misma organización.
La campaña “Nosotras con la información” surgió a partir de la identificación de un vacío en materia de políticas públicas por parte del Estado mexicano en sus tres niveles: existe poca o nula información desde una perspectiva de género e intercultural que permita a las comunidades indígenas, en particular a las mujeres indígenas, acceder a su derecho a la salud. Esta información debe de ser veraz, verificable, oportuna, culturalmente adecuada, por medios accesibles y en los distintos idiomas que hablen las personas.
Es ante esta situación que, desde el proyecto “Transparencia Proactiva” de ARTICLE 19, insistimos en la necesidad de seguir promoviendo el derecho a la información como un derecho llave para poder acceder a otros derechos, como lo es el derecho a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, al agua, a la cultura, a la libre determinación, a la consulta, entre otros. Son las instituciones de todos los niveles y los organismos garantes del derecho de acceso a la información, los encargados de generar, publicar y acercar la información de interés público a la población a través de políticas transparencia proactiva, tal como lo establece la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante la presentación, Leopoldo Maldonado mencionó que “en México, las problemáticas de mortalidad materna y violencia obstétrica persisten frecuentemente entre mujeres indígenas y rurales, siendo ellas quienes tienen un 40% más riesgo de morir de diabetes y 50% mayor probabilidad de padecer cáncer de mama y cérvico-uterino en comparación con mujeres no indígenas”. Asimismo, apuntó: “esto se debe no solo a la falta de servicios médico sanitarios o a la discriminación por parte del personal médico, sino a la falta de información adecuada, oportuna y culturalmente pertinente, lo que impide el acceso a la salud de las mujeres indígenas”.
Por su parte, Lucy Méndez integrante de la organización Nich Ixim y del Movimiento de Parteras de Chiapas, destacó la importancia de hacer materiales en la lengua y en formatos adecuados, como los materiales de esta Campaña. Francisca Rodríguez, intérprete y traductora de la lengua Ch’ol variante de Tumbalá, mencionó: “como mujer indígena trabajar en esta Campaña me ha sido de gran aprendizaje, sobre todo crear información en nuestro propio idioma. Hay muchas personas que no leen o escriben, pero a través de las animaciones ayuda a comprender a las personas que tienen derechos”.
Elena Hernández, intérprete y traductora de Chinanteco de la parte alta, comentó que para ella ha sido una experiencia satisfactoria participar en esta Campaña sobre todo para que estos mensajes lleguen a todas las mujeres indígenas en su propia lengua. Adicionalmente, Marina Hernández, también intérprete y traductora de Chinanteco de la parte alta, hizo referencia a la importancia de abordar la salud sexual y reproductiva, a pesar de que en muchos lugares este tema sigue siendo tabú: “transmitir estos mensajes en nuestra lengua ayuda a normalizar el hablar estos temas y qué mejor que nuestra lengua sea un arma para exigir a las autoridades nuestros derechos”.
En relación la situación del derecho a la información vinculada con la salud sexual y reproductiva para las comunidades y mujeres indígenas, Reyna Domínguez, traductora de Zapoteco variante de la Sierra Norte, mencionó que este tipo de información, al generarse normalmente en español, “se vuelve nula porque muchas de nuestras mujeres no tuvieron acceso a la educación. Las mujeres indígenas han estado en el olvido, de ahí la importancia de difundir información en sus lenguas”. Al respecto, Liria May, traductora e intérprete de la lengua Maya de Yucatán refirió que contar con esta información en su lengua materna le “permite tener una mayor comprensión sobre los cuidados que debemos tener como mujeres. También puede ayudarnos a atendernos mejor y a tiempo».
Sobre la importancia de difundir la Campaña en medios comunitarios, Genoveva López, traductora de Tseltal e integrante de Radio Ji´tontik dijo que es importante tener esta información en lengua materna “porque hay muchas mujeres que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, no aprendieron el castellano, por eso es importante también pasarlo en la radio”. Asimismo, Josué Arco y Mariano Estrada de Tseltal Bachajón Comunicación destacaron la relevancia de escuchar estas voces en diferentes medios y formatos, pues representan mejor y se acercan de manera más real a los contextos de sus comunidades.
ARTICLE 19 agradece el apoyo de la Embajada de Irlanda y Hewlett Foundation, y a todas las personas que participaron y acompañaron este diálogo, a las que colaboraron en la elaboración de todos los materiales a través de la documentación, a las mujeres choles, tseltales, chinantecas, zapotecas y mayas, organizaciones locales, a los equipos de animación e ilustración de los videos y realización de las cápsulas de radio e invita a estar pendientes de las redes sociales de la organización, así como de radios comunitarias de Yucatán, Oaxaca y Chiapas, ya que se estarán difundiendo en semanas próximas.
DECLARACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO DE ESTUDIOS MAEEC-CLACSO
En los últimos días hemos visto con preocupación las noticias divulgadas por las redes sociales, respecto a la situación humanitaria hacia el interior de la sociedad cubana y la manifestación de grupos al servicio de los intereses de potencias extranjeras.
Por todos es conocida la terrible situación económica que atraviesa el pueblo de Cuba desde que los EUA determinaron arreciar el bloqueo económico contra la isla luego de la debacle del campo socialista. En medio de esas condiciones, el pueblo y gobierno cubano optaron por el desarrollo de su sociedad y continuaron trabajando por la paz y la seguridad de su pueblo.
La presidencia de Donald Trump trajo consigo nuevas medidas económicas que agravaron la vida de los cubanos en medio de la terrible pandemia de Covid-19. Aun así, el pueblo de Cuba extendió su mano solidaria a quienes la solicitaron. Ello prueba el sentido humano de la Revolución cubana y su compromiso con la vida y el bienestar de la humanidad.
Evidentemente, la pasada votación en la Asamblea General de la ONU a favor del levantamiento y suspensión del bloqueo a Cuba, es la causa primera y principal de esta nueva agresión contra el pueblo de Cuba.
En días recientes, grupos al servicio de los intereses de los EUA, aprovechando las carencias económicas y la situación sanitaria de la isla, se han manifestado y solicitado a favor de la «intervención humanitaria» de gobiernos extranjeros.
El grupo de trabajo del MAEEC denuncia estas acciones y expresa que:
1. Ningún gobierno tiene el derecho a intervenir en la isla de Cuba cuya dirección hace ingentes esfuerzos para superar la crisis del Covid-19.
2. Si el gobierno de los EUA está realmente preocupado por la situación interna de Cuba, lo que debe hacer es levantar de una vez y para siempre el injusto, inmoral e inhumano bloqueo económico.
3. Es al pueblo y gobiemo de Cuba a quienes corresponde dar solución a sus problemas internos.
4. Rechazamos la inclusión de Cuba, por parte del gobierno de los EUA, en la lista de paises patrocinadores del terrorismo.
5. Damos todo nuestro apoyo al pueblo de Cuba, a su gobierno revolucionario y a su partido que, juntos, han sabido encontrar siempre una salida digna a las dificultades creadas por la constate agresión del gobierno de los EUA.
Tan sólo en 10 días los casos activos de COVID en México se han duplicado. Se habla ya de una nueva ola de la pandemia en el país y los contagios por día se multiplican exponencialmente. En este preocupante panorama, la SEP insiste en volver en agosto a las escuelas.
En los últimos días, los positivos por SARS-CoV-2 en nuestro país se han multiplicado de manera exponencial. Tan sólo el jueves 8 de julio se registraron 10 mil nuevos casos. Los hospitales registran un aumento en la ocupación, en redes sociales se ven de nuevo listones negros y gente buscando oxígeno, equipo médico y atención.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lleva varios días alertando del incremento de los contagios en México, particularmente entre les jóvenes que aún no han sido vacunades. Se retomaron las conferencias vespertinas en las que se informa sobre el avance de la pandemia.
El panorama es preocupante, particularmente para el pueblo pobre y trabajador -pues somos quienes hemos puesto el 94 % de las muertes en el país-, se viene una nueva ola de desesperación y tragedias familiares.
En medio de este panorama, la SEP publicó su boletín 146 en el que insiste en la vuelta a clases presenciales.
El boletín informa de la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Olga Sánchez (secretaria de Gobernación) y Delfina Gómez (secretaria de educación) en la que se planteó que la SEP “…mantiene la expectativa de que el ciclo escolar 2021-2022 inicie de manera presencial en todo el país…”.
En esa reunión se presentó el Calendario Escolar 2021-2022 y la Estrategia Nacional para un Regreso Seguro a Clases. Afirma la SEP que dispondrá de los recursos e implementará las acciones necesarias. Las maestras sabemos que hay carencias y daños profundos en las escuelas, sumado a un grave problema de hacinamiento. Nada se ha planteado hasta ahora sobre un plan serio de construcción masiva de escuelas, reconstrucción o reparación de las existentes.
Las autoridades federales y educativas deben creer que con un par de litros de alcohol en gel, un ciento de cubrebocas y un protocolo de señalización o medidas similares, tapan el gran problema que arrastra el abandono histórico de las escuelas o que cumplen con la protección de la salud y la vida de la comunidad escolar.
En dicha reunión Gómez Álvarez informó que para concluir el ciclo escolar 2020-2021 se reabrieron más de 31 mil escuelas en 617 municipios a nivel nacional, con una asistencia de alrededor de 3.4 millones de estudiantes y 386 mil trabajadores de la educación, presentándolo como un gran logro.
Indudablemente el forzado, inseguro y prematuro regreso fue un factor importante en el repunte de contagios que hoy tiene al país en medio de la tercera ola ya con más de 56 mil casos activos (según cifras oficiales), que podrían ser muchos más. Situación que advertimos las maestras y maestros en todo el país. Ante la indolencia de la SEP, miles de docentes nos pronunciamos contra el regreso, logrando frenarlo en cientos de escuelas; de no haberlo logrado, seguramente los números de contagios y muertes sería mayores en todo el país.
Otra cosa que advertimos hace más de 15 meses las maestras y maestros fue el desastre educativo que se vendría con la imposición de la educación a distancia y el Aprende en Casa. Expusimos que la mayoría de nuestros alumnos no contaban con los medios, exigimos incluso la dotación de insumos tecnológicos (computadoras, tablets, internet, etc.). Fuimos ignorados y su plan se impuso. Hoy el abandono y rezago educativo es brutal.
Ahora en medio del desastre que ocasionaron, cínicamente usan esto como argumento para apresurar el regreso a clases presenciales, pero no nos engañan: no les importó la educación de nuestros niños, como no les importa su vida ahora.
Les docentes y normalistas de Nuestra Clase seguimos en pie de lucha por un regreso seguro, por una canasta digital (computadoras e internet gratuitos) para nuestras alumnas y alumnos y por un presupuesto suficiente que permita la construcción masiva de escuelas y equipamiento de las mismas.
En este marco, se vuelve urgente que recuperemos nuestro sindicato, que lo arrebatemos de las manos de los burócratas que hoy lejos de ponerse al frente de la lucha en defensa de la vida, la salud y la educación, son serviles a los mandatos de la administración federal y las administraciones locales (como lo han sido en gobiernos anteriores).
Se vuelve indispensable también que la CNTE llame a asambleas virtuales escuela por escuela, en las que los docentes podamos intercambiar, reconocer las necesidades de nuestras escuelas y organizar la lucha por estas justas demandas.
Miles de niños indígenas desaparecieron sin dejar rastro de decenas de residencias escolares en las que fueron ingresados a la fuerza durante más de un siglo por las autoridades canadienses. Durante años, los indígenas denunciaron las desapariciones pero nadie les creyó hasta el descubrimiento de los restos de 215 niños en una fosa común en Kamloops.
El pasado viernes 2 de julio, Rosanne Casimir, kukpi (chief) de los tk’emlúps te secwépemc, un grupo indígena de la provincia de Columbia Británica, convocó una rueda de prensa para anunciar el descubrimiento de los restos de 215 niños enterrados en una fosa común en la antigua residencia escolar de Kamloops.
Kamloops fue en su momento el internado más grande de las cerca de 130 residencias escolares que el Gobierno canadiense creó por todo el territorio, y que fueron gestionados en su mayoría por organizaciones religiosas, como parte del programa de asimilación de la población indígena.
Los niños, algunos de sólo unos pocos años de edad, eran arrancados a la fuerza de sus familias, a veces por la Policía Montada, y enviados a residencias escolares situadas a centenares e incluso miles de kilómetros de sus comunidades.
Un juego infantil de rayuela en una calle de Toronto se ha convertido en uno de los homenajes espotáneos que han aparecido en todo Canadá en honor de los 215 niños indígenas cuyos restos fueron hallados enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops. Imagen: Julio César Rivas.
Allí, se les cambiaba sus nombres indígenas por nombres “cristianos”, se les obligaba a olvidar sus lenguas maternas y se les sometía a abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Incluso, entre 1930 y 1970, algunos de esos niños sufrieron experimentos médicos a manos de científicos gubernamentales en algunos casos para determinar los límites de malnutrición que el cuerpo puede soportar.
Cuando se producían muertes entre los niños en las residencias escolares, en muchas ocasiones ni las familias ni los otros estudiantes eran notificadas.
Uno de los homenajes espotáneos que han aparecido en las calles de Canadá en honor de los 215 niños indígenas cuyos restos fueron hallados enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops. Foto: Julio César Rivas.
El jefe indígena Harvey McLeod, del grupo Upper Nicola cuyo territorio se sitúa a unos 200 kilómetros al sureste de Kamloops, fue uno de los niños que fue forzado a vivir en la residencia escolar de Kamloops.
McLeod declaró a la cadena de televisión canadiense CTV cómo algunos de sus compañeros desaparecían de un día para otro sin que nadie supiese que había pasado con ellos.
“Recuerdo que un día estaban ahí y al siguiente habían desaparecido”, dijo.
Algunos de esos niños simplemente huyeron de las residencias. Pero muchos otros se teme que murieron y sus cuerpos fueron simplemente enterrados en los terrenos de las residencias escolares en fosas comunes.
Según la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá (TRC), entre 3.000 y 4.000 niños desaparecieron de las residencias escolares aunque algunos investigadores dicen que esa cifra es conservadora y podría llegar a los 6.000.
En 2015, el informe final de la Comisión concluyó que el país norteamericano utilizó los internados como herramienta para cometer un “genocidio cultural” contra la población indígena del país.
Imagen de 1937 del internado de Kamloops en la que aparecen estudiantes indigenas, personal de la residencia escolar y autoridades locales. Los restos de 215 niños indígenas han sido localizados enterrados en la residencia escolar de Kamloops. Foto: IRSHDC
“Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política de Canadá hacia los aborígenes fueron eliminar los gobiernos aborígenes; ignorar los derechos aborígenes; terminar los tratados y, a través de un proceso de asimilación, causar que los pueblos aborígenes cesasen de existir en Canadá como entidades diferenciadas legal, social, religiosa y racialmente”, señaló la Comisión en su informe final.
“El establecimiento de las escuelas residenciales fue un elemento central de esta política, que puede ser descrita mejor como ‘genocidio cultural’”, añadió.
Durante generaciones, las comunidades indígenas transmitieron oralmente las historias de esos niños desaparecidos mientras lo que sucedía entre los muros de esos internados era ignorado por el resto de la sociedad canadiense.
Como me dijo Casimir la semana pasada, “tenemos mucha historia oral con respecto a los niños desaparecidos en toda la nación y tk’emlúps. Tenemos información de generaciones que fue compartida pero nunca nada que fuese concreto y nada que fuese documentado. Ahora que lo hemos confirmado con el radar de penetración del terreno vamos a estudiar los próximos pasos a dar”.
Casimir también respondió con un “por supuesto” cuando la pregunté si no debe ser la obligación del Gobierno federal localizar e identificar los restos de miles de posibles víctimas del sistema que Ottawa creó.
Casimir no es la única persona que quiere más acción y menos palabras por parte de las autoridades federales.
Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), que representa a los grupos indígenas de Canadá, solicitó que cada una de las decenas de escuelas residenciales que el Gobierno canadiense estableció desde 1870 hasta 1996, sea examinada para localizar restos de niños internados en esas instituciones.
De momento, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sólo ha ofrecido buenas palabras pero no se ha comprometido a iniciar la búsqueda de restos humanos en esas 130 residencias escolares.
“Creo que todos los canadienses están conmocionados por las noticias de Kamloops. No podemos ni imaginar que 215 niños fueron arrancados de sus familias o que no se comunicase a las familias que sus hijos habían muerto. No sólo en Kamloops si no en otras parte del país”, declaró Trudeau.
Trudeau añadió que “esperaba” que se produjesen “debates de emergencia” en el Parlamento y se ofreciese a las comunidades, supervivientes y familias “medidas tangibles” aunque no ha sido capaz de señalar una sola.
Mientras Trudeau se muestra vago sobre lo que su Gobierno hará, en todo el país se multiplican las acciones en solidaridad con las víctimas de Kamloops. Frente al Parlamento de Canadá, decenas de zapatos infantiles han sido colocados por manos anónimas para honrar a los niños desaparecidos.
Y en un céntrico barrio de Toronto, alguien ha pintado un “hopscotch”, el popular juego infantil de la rayuela, con 215 rectángulos, uno por cada uno de los niños encontrados en Kamloops.
La CEPAL ha publicado, recientemente, un documento titulado “Datos y hechos sobre la transformación digital”[1]. Esta publicación se realiza en el contexto del cumplimiento de los 15 años de la Agenda Digital Regional para América Latina y el Caribe (eLAC). Resalta su importancia sobre todo con la pandemia, la digitalización pasó a tener un rol fundamental en la continuidad de las labores económicas a nivel global. A continuación, se presentan resultados de esta investigación.
Infraestructura Digital
Se destaca, que 430 millones de personas en 2019 son usuarias de Internet en América Latina y el Caribe (lo que equivale a un 67% de la población). No obstante, aún prevalece una brecha de usuarios entre el área urbana y rural que es significativa en la mayoría de los países. En promedio, esta diferencia alcanza los 25 puntos porcentuales, y en algunos países llega a los 40 puntos porcentuales como en el caso de Perú. Adicionalmente, esta brecha en el acceso a redes también está sujeta a los diferentes niveles de ingresos de los ciudadanos. Sobre este último indicador, Perú destaca por tener la mayor diferencia en proporción entre los usuarios de Internet de altos y bajos ingresos para el 2018.
Transformación digital y economía digital
La transformación digital y la economía digital también han tenido cambios importantes. La presencia empresarial en línea se incrementó durante la crisis del COVID-19, los sitios web empresariales crecieron un 800% en Colombia y México, y un 360% en Brasil y Chile. Esto se puede comprobar por el aumento significativo de la cantidad de sitios web empresariales en Brasil, Chile, Colombia y México en marzo, abril y mayo de 2020; en comparación con el año anterior. Asimismo, datos de Mercado Libre (2020) reportan un ejemplo sobre el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia para Brasil (39%) y Chile (125%), entre la última semana de febrero y la última semana de mayo.
Por otro lado, también se manifiesta la existencia de diferencias significativas entre la OCDE y América Latina sobre la industria digital. Existen diferencias en el peso económico relativo del ecosistema como porcentaje del PIB (3.98% versus 4.58%) y también diferencias en las exportaciones de servicios y productos de alta tecnología. Adicionalmente, América Latina y el Caribe presenta un índice de desarrollo de industrias digitales de 18.63, significativamente inferior al de los países de la OCDE (33.54), de América del Norte (43.21) o de Europa Occidental (35.75).
Respecto al capital de riesgo, que es central para el financiamiento de emprendimientos, este ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual (entre 2011 y 2019) en América Latina cercana al 53%. Entre 2018 y 2019 lo invertido aumentó en 2.627 millones de dólares, ascendiendo a 4.600 (prácticamente 30 veces lo registrado en 2011). En relación con la inversión de capital de riesgo por país, destaca Brasil: concentra en 2019, aproximadamente el 50 por ciento de la inversión. Asimismo, la inversión en este ámbito se multiplicó en 11 y 8 veces en Colombia y México, respectivamente, entre 2017 y 2019.
Mercado Digital
América Latina y el Caribe al 2017, representaba el 2% de las exportaciones mundiales de servicios suministrados digitalmente. De este total, el 42.3% correspondía a América del Sur, mientras que el Caribe y Centro América y México representaban el 19%, cada uno. Por otro lado, según el índice de comercio electrónico elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2019), América Latina y el Caribe presenta un atraso en comparación con otras regiones en su nivel de preparación para el comercio electrónico. Las áreas donde se observan mayores atrasos, son la confiabilidad postal y la bancarización.
Cabe mencionar que, para fomentar la confianza en el comercio electrónico, es necesario fortalecer el marco institucional. En este sentido, la región muestra diferentes grados de avance en la adopción de marcos normativos relevantes para este tipo de actividad. En particular, se observa un grado de avance menor en la legislación asociada a la protección del consumidor en línea, y la protección de datos personales. No obstante, a nivel de transacciones electrónicas y cibercrimen se observa un mayor desarrollo.
Gobierno Digital
Si se compara el valor del índice de desarrollo del gobierno digital de las Naciones Unidas (EGDI) por región geográfica, observamos que el valor promedio de América Latina y el Caribe se encuentra por encima de regiones como Oceanía y África, pero detrás de Europa y cerca de Asia. Por otro lado, respecto a la implementación de servicios desde los gobiernos, los más desarrollados han estado enfocados en el envío del impuesto sobre la renta, el pago de servicios públicos y el registro de un nuevo negocio. Complementariamente a estos servicios, los trámites, como los certificados de nacimiento o matrimonio, son transaccionales en línea en menos del 40% de los países de la región, en tanto se encuentran en mayor desventaja los trámites relacionados con la cédula de identidad y la licencia de conducir.
El índice de e-participación, evalúa la presencia de herramientas de información, consultas públicas y la participación directa de los ciudadanos en línea en los procesos de toma de decisiones. Se encuentra que, en los portales de los gobiernos nacionales, al 2018, la región en promedio alcanzó un índice de 0.594. Mientras que países como Dinamarca, Finlandia y Corea alcanzaron puntajes de 1; el puntaje más alto posible. Los puntajes más altos en el índice a nivel regional los tuvieron Brasil, Colombia, México, Uruguay, Perú, Chile y Costa Rica.
Cultura, inclusión y habilidades digitales
El conocimiento sobre informática, también ha tenido un resultado variado en la región. A nivel de conocimientos básicos, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un archivo, al menos el 40% de la población latinoamericana es capaz de realizarlo. No obstante, esta situación varia cuando es necesarios hacer uso de actividades intermedias como cálculos o creación de presentaciones, en las que solo el 30% es capaz de realizarlo. Finalmente, solo el 25% de la población tiene conocimientos avanzados en informática. Cabe destacar que menos del 7% de las personas informa haber escrito un programa informático utilizando un lenguaje de programación. Esto evidencia el poco desarrollo en habilidades relacionadas al uso de TIC en la región.
También se hace referencia a que en América Latina solo el 21% de los trabajadores pueden potencialmente estar ocupados en labores de teletrabajo, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en los que la cifra alcanza casi un 40%. Se presentan también brechas en torno a la conexión, dado que 46% de los niños de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados. Y, también se hace mención que en América Latina, el empleo en el sector de tecnologías de la información y la comunicación tiene poca presencia, y representa únicamente el 1,6% del empleo masculino. En el caso de las mujeres, esta participación es mucho menor, y corresponde sólo al 0,9%.
Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible
El último indicador analizado en este estudio menciona que, de los 33 países de América Latina y el Caribe, 14 tienen un nivel bajo de preparación en los gobiernos para aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial. Y, que hasta la fecha, solo cinco países de la región (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) han desarrollado, o están en proceso de desarrollo de políticas y estrategias de IA lideradas por el gobierno
Se pueden derivar diferentes conclusiones de este reporte. Sin embargo, la más importante radica en que si bien se ha avanzado en el desarrollo de Ciencia y Tecnología en la región, aún queda una brecha pendiente que superar, sobre todo en el acceso por parte de la población a servicios de red/internet que les permitan estar conectados, así como también una labor más activa por parte del gobierno para la promoción de este sector. También, resulta importante promover el ejercicio de carreras profesionales que complementen el fortalecimiento y aprendizaje en el sector, así como mejorar el uso de habilidades de informática.
En el Parlamento Andino, hemos presentado y se han aprobado por unanimidad, marcos normativos sobre estas materias. Es imperativa su implementación, dadas las brechas existentes que nos muestra el estudio de la CEPAL.
[1] CEPAL (2021). Datos y hechos sobre la transformación digital: Informe sobre los principales indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46766-datos-hechos-la-transformacion-digital-informe-principales-indicadores-adopcion
Si bien el ICBF hace grandes esfuerzos por generar entornos seguros para nuestros niños de bajos recursos, menores de 5 años, vemos mucha política, muchos negocios pero poco impacto, poca calidad.
¡Doce años de educación formal ya no es suficiente para competir en el siglo XXI con el resto del mundo! Este fue el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca ofrecer, de forma gratuita, el nivel preescolar para todos los americanos, como parte del paquete de inversión en educación después de la pandemia. Aunque pensar en educación prescolar gratuita en Colombia es un sofisma, no lo es el mensaje de importancia, en especial con la coyuntura que estamos viviendo.
Es de común acuerdo entre cientificos académicos que hay beneficios de la educación de calidad en edad preescolar con grandes impactos en el desarrollo futuro de los estudiantes. Es precisamente de los 0 a los 5 años el tiempo del desarrollo en donde el cerebro de los niños crece de forma más acelerada, momento que se ha vuelto crítics para el aprendizaje y el éxito futuro. Hay pruebas contundentes de que un buen desarrollo en este tiempo aumenta la posibilidad de graduarse exitosamente del colegio, disminuye la necesidad de programas de acompañamiento especial y muy pocas probabilidades de perder un año. Adicionalmente, según la OCDE, se ha identificado que en países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Israel y la mayoría de países asiáticos, que tienen algún tipo de educación formal en preescolar, hay una relación con el desarrollo de estas naciones. Por lo anterior, no es un gran descubrimiento que Estados Unidos quiera hacer esfuerzos para garantizar el liderazgo mundial de su juventud. Muy lejos estamos en Colombia para que el Estado pueda brindar educación preescolar de calidad. Si bien el ICBF hace grandes esfuerzos por generar entornos seguros para nuestros niños de bajos recursos menores de 5 años, vemos mucha política, muchos negocios pero poco impacto, poca calidad. Pareciéramos destinados a que solo aquellas familias que pueden pagar por un preescolar están realmente fructificando esta edad buscando generar oportunidades para el futuro. Si no existe oportunidad de educación privada, hoy se pueden encontrar organizaciones que proveen recursos gratuitos para que padres puedan trabajar en rutinas, pautas de aprendizaje y procesos de socialización.
Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Joel Perdomo)
Antes tenía que salir a la calle a pedir para poder comer, pero un día vine aquí y él (Mario) me dijo que no debería andar pidiendo, que si yo quería podía ayudarle y él me daría al menos la comida, y así fue como me quede aquí, dijo Elvin Sánchez, un adolescente de 14 años que colabora en un pequeño negocio de venta de verduras y frutas.
– La niñez acorralada por la pandemia ha migrado de la escuela al trabajo, dice experta.
– El trabajo infantil tiene en riesgo al 16% de la niñez en Honduras.
Todos los días y muy temprano baja caminando de lo más alto de la colonia Raúl Girón en Talanga, su caminata dura un poco más de 20 minutos hasta llegar a la avenida principal del municipio, donde muchas personas, venden sus productos, en el lugar es muy común ver a infantes ganarse el pan de cada día.
La población infantil en Honduras es de 2 millones 472 mil 798, esa cifra representa el 26% de en un país con más de 9.6 millones; de esa cantidad de menores, 412 mil 122 son niños y adolescentes que trabajan para ganarse la vida, es decir que el 16.67% desarrolla labores que representan un riesgo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el trabajo infantil como toda aquella acción que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, es además perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; porque los excluye de sus derechos como el acceso a la salud y a la educación.
Más de 400 mil menores trabajan en Honduras, según datos de la Secretaría del Trabajo.
Trabajo por el estudio
Él (Elvin) actúa como si fuese el dueño del negocio, sabe a la perfección dónde está ubicado cada producto, conoce el precio de más de 15 de estos, que se venden en cuatro carretas llenas de frutas, verduras y otras mercancías; a la par está Mario, (propietario) quien, por su parte, atiende a las personas y es quien cobra, lo que Elvin le indica.
Elvin sabe sumar y restar, no necesita calculadora para saber cuánto gastan los clientes; siempre está listo para atender a quien llega a lugar, su faena inicia las 7:30 AM y termina a las 4:00 PM, entre esas horas se gana dos tiempos de comida y algo de dinero para llevar a su hogar, donde vive con su abuela y su mamá.
Antes de la llegada de la pandemia, trabajaba media jornada en la mañana, porque en la tarde estudiaba, ahora su día es distinto ya que solo trabaja, pues las clases en línea no son de su agrado. “Espero que esto termine para poder regresar al colegio”, dijo mientras se acomoda su desgastada mascarilla para protegerse del COVID.
A su padre no lo conoció y su madre es una mujer que se dedica a lavar ropa, su abuela por su edad, ya no puede laborar, “pero ella cuida la casa mientras nosotros salimos a trabajar” cuenta Elvin, justo en el momento en que amarra dos libras de tomates que un cliente le requiere.
Es muy común en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula ver menores de edad trabajando en las calles.
¿Y te contagiaste de COVID? Le consultó al infante el enviado de Proceso Digital, mientras le observa y acompaña, y respondió: No, que yo sepa no, nunca he sentido nada, ni tos, ni gripe, tampoco mi mamá ni mi abuela, ellas están bien gracias a Dios, concluyó.
En Honduras más 50.5% de menores de edad realizan labores agrícolas, un 20% en el comercio, un 10.6% en la industria manufacturera, 3% en la construcción y el restante 17% entre otras labores que son consideradas de alto riesgo para los niños y niñas en Honduras.
Niños en condición vulnerable
Como Elvin, hay al menos 412 mil 122 menores, el 16% de la población infantil de la nación, que trabajan a diario para ganarse la vida, desarrollan labores que suelen ser sumamente peligrosas ya que les toca salir de sus viviendas, tomar sus propias decisiones, además por trabajar, se autoexcluyen de derechos fundamentales como la salud y la educación.
Basta con un pequeño recorrido por el Bulevar Morazán en la capital de Honduras, donde se aprecian decenas de menores de edad vendiendo cacahuates, dulces, bolsitas de agua, mascarillas, repuestos para automóviles, otros se dedican a limpiar vidrios en los escasos 120 segundos que marca la parada de vehículos en los dos semáforos que funcionan en el lugar.
Unos 17 mil niños y niñas trabajan en la capital Tegucigalpa, capital de Honduras.
Cuando solo faltan 10 segundos para que semáforo se ponga en verde, Carlitos, abandona la calle y se coloca a la orilla, espera nuevamente la señal en rojo para poder ofrecer cacahuates en el mayor tiempo posible a unos cuatro o cinco conductores de vehículos para ofrecer sus productos, pocos le compran, pero él sigue ofreciendo.
Dinero para la comida
Carlitos sale todos los días de la colonia El Carrizal, ubicada en salida al norte de la capital, hasta el bulevar en mención, para comenzar su día a ofrecer cacahuates con sal y dulces, los vende a cinco lempiras y generalmente se logra ganar un poco más de 130 lempiras diarios, ese dinero lo lleva a su hogar para costear la alimentación.
¿Y porque vienes hasta acá para vender? Le consultó el interlocutor de Proceso Digital, – “Pues porque aquí se me permite vender libremente, allá (en la zona donde vive), los lugares buenos para vender ya están muy ocupados, entonces se vende menos y se gana menos, por eso yo prefiero venir hasta acá”, comentó.
Dijo que no viene solo, que en la otra cuadra un amigo está trabajando. ¿Y a qué se dedica tu amigo? – “él limpia vidrios y a veces vende mascarillas”.
La pandemia, el detonante
El “Análisis Situacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Municipio del Distrito Central” elaborado cada año por Aldeas Infantiles SOS, Save The Children y World Visión, indica que más de 17 mil menores en edades de entre 5 y 7 años se encuentran laborando. Esta cifra representa un 6% de una población infantil de 400 mil en el municipio.
La pandemia ha sido un detonante que ha provocado el colapso de las sociedades sin excepción, Honduras se encuentra muy golpeada y eso ha incrementado considerablemente el trabajo infantil, eso nos indica que la niñez no tiene un futuro prometedor, comentó Elsa Ramírez, directora de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo.
El trabajo infantil es permitido en Honduras, pero para adolescentes mayores de 14 años, sin embargo, la mayoría de los menores que trabajan no cuentan con permiso laboral, porque prefieren el sector informal donde no hay tantos requisitos para desarrollar una actividad que le permita obtener algo de dinero. Se trata de la diferencia entre comer o no y muchas veces entre vivir o dejarse de la mano de Dios.
En las zonas rurales del país los infantes desarrollan las peores formas de empleo.
Las ciudades con trabajo infantil
Al respecto, Ramírez, sostiene que no todo lo que se mira en la calle, es trabajo infantil, ese es un problema mayor para el país, porque esos son menores que están en un riesgo inminente, que, pese a que desarrollan una actividad para lucrarse, no hay disciplina para mejorar las oportunidades, su esfuerzo se encamina a obtener dinero y nada más.
El país afronta una grave crisis de mendicidad, este fenómeno se manifiesta cuando uno de los miembros de la familia está presente en las actividades laborales que desarrollan los menores en las calles y avenidas de una determinada ciudad, “es lamentable porque los padres creen que si su hijo les ayuda van a mejorar su condición económica”.
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Roatán, son las ciudades donde el fenómeno del trabajo infantil se ha acentuado; es por ello por lo que son esos lugares los que deberían intervenirse para reducir el impacto de este tema que afecta a más de 400 mil menores que no tienen oportunidad de estudio.
Pocos permisos y falta de presupuesto
“Las cifras podrían ser mucho mayores, porque no se tiene un dato preciso, sin embargo, estos infantes no tienen un buen futuro, porque no están estudiando, no se están preparándose para mejorar su condición de vida, es decir están cerrando la puerta a las oportunidades”, contó Ramírez.
A todo esto, la Secretaría del Trabajo, apenas otorgó 342 permisos de trabajo a adolescentes a nivel nacional, esta cifra tiene que ver con que son pocas las familias interesadas en que sus hijos trabajen conforme a la ley; porque gran parte de ellas se dedican al comercio informal entonces sus hijos siguen esa línea.
“Yo considero que Honduras debe tomarse tiempo para revisar las peores formas de trabajo infantil y erradicarlas, ya que aquí tenemos muchas como: la minería, cohetería, agricultura, buceo, melón, langosta y trabajos domésticos; tenemos programas preventivos pero los mismos no son suficientes”, indicó la funcionaria.
Añadió que una de las debilidades que afronta el país para contrarrestar ese fenómeno, es que no se tiene un presupuesto asignado para atender como corresponde, tampoco se tiene un dato exacto de los niños trabajando, no se sabe quiénes son y dónde están exactamente.
Dos amigos y un trabajo
En el centro de la ciudad capital, Álex de 13 años, hala en su silla de ruedas a su viejo amigo –José-, ambos viven en una colonia cercana al lugar donde todos los días se mueven para vender productos como gel de manos, mascarillas y alcohol clínico.
Ellos tienen un poco más de dos años de trabajar juntos, y no precisamente vendiendo productos para la bioseguridad, ya que, para poder vender, buscan mercancías de acuerdo con la época “ahorita lo que más vendemos son mascarillas, porque ya sabe estamos en pandemia”, comentó José.
El pequeño Alex recorre todo el centro de la ciudad con su amigo, mientras lo carga va anunciando que lleva mascarillas, guantes, gel antibacterial y alcohol; su acompañante acomodado en una vieja silla de ruedas muestra las mercancías a las personas que deambulan por una de las zonas más visitadas de centro de la ciudad.
Como ya se acercan las 4:00 de la tarde, ambos se ponen de acuerdo para merendar algo después de una cansada y soleada jornada, entonces Alex deja a José en un sector con sombra en el parque Central de Tegucigalpa y se desplaza a comprar la comida, ese día decidieron comprar una pizza de 100 lempiras para llevar a casa.
“A veces gano hasta 150 lempiras, para mi es bueno porque es peor no tener nada, desde que le ayudo a él, pues tengo algo de dinero, más que todo a mí me sirve para comer y comprar ropa de vez en cuando, hay días que nos va mal, pero al menos sacamos la comida”, relató.
Alex no estudia porque prefiere trabajar, pues de no hacerlo, no tendría como ayudarles con la comida a sus tíos con quienes vive desde hace 6 años. Conoce poco de sus padres, pero vive agradecido porque al menos tiene que comer y por ello no tienen nada de qué avergonzarse.
El Ministerio Público
Un menor de edad espera que el semáforo marque en rojo para salir a vender sus productos.
El Ministerio Público, cuenta con dos dependencias para atender conflictos en menores de edad, la Fiscalía Especial de la Niñez y la Unidad Contra la Trata y Explotación Laboral; ambas constantemente están desarrollando acciones preventivas de abusos contra niños y niñas.
“Son estas dos dependencias las que casi siempre le dan el seguimiento respectivo a los casos que se detectan, los mismos están fuera del marco legal de trabajo de los menores”, comentó un funcionario del Ministerio Público en conversación con Proceso Digital, al tiempo que sostiene que las acciones son constantes durante el año.
Hace escasos días, ambas fiscalías en el marco de la Operación Omega VI, realizaron inspecciones en sectores como: El Hatillo, La Tigra, La Cantadora, El Piliguin, Los Plancitos, con la finalidad de verificar que no se está utilizando mano de obra infantil en labores de agricultura en la siembra de repollo, zanahoria y cultivo de flores ornamentales.
La Fiscalía acciona cuando el ente administrativo – en este caso la Secretaría del Trabajo-, considera que existen ilícitos en una determinada acción, si la investigación comprueba, entonces se procede con la denuncia. Otra forma es cuando se realizan operaciones sorpresas en los campos donde se presuma que hay menores, concluyó.
Sin datos exactos sobre el trabajo infantil
Olvin Villalobos, ministro de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, dijo que es lamentable que esa gran cantidad de menores se encuentren en esa situación, ya que los niños y adolescentes, no deberían estar trabajando sino estudiando porque esa es la base fundamental para su desarrollo de un país.
Sin embargo, asegura que se hacen esfuerzos máximos de parte de la Secretaría, para realizar constantemente inspecciones a nivel nacional de manera que se verifique que en algunas empresas no se esté utilizando fuerza laboral infantil “porque es inaceptable desde todo punto de vista”, indicó el funcionario.
“Nuestros esfuerzos están encaminados a que esas cifras disminuyan; estamos buscando alternativas de solución, pronto tendremos apoyo de la comunidad internacional, lograr tener una base de datos, así como mediciones completas para saber dónde están y que hacen los niños”, indicó Villalobos.
Asimismo, sostiene que urge la implementación de un plan de intervención para erradicar el trabajo infantil, ya esa propuesta debe seguirse construyendo mientras a la par se siguen desarrollando acciones para no dejar que problema sea aún mayor.
El trabajo infantil se expande…
Según la OIT unos 160 millones de niños trabajan en todo el mundo y en los últimos cuatro años, se registra un incremento de 8.4 millones de infantes que decidieron trabajar; la mayoría de ellos se encuentran en situación de riesgo debido a las labores que desarrollan y a la llegada de la pandemia del COVID-19.
Un informe publicado recientemente por el organismo, señala que “los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancados por primera vez en 20 años”, que además la tendencia de esos esfuerzos se han invertido, esto, en relación a que entre el periodo 2000 – 2016, las cifras de estos casos se redujeron en 94 millones.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de los casos de trabajo infantil -112 millones de niños y niñas- desarrollan labores en el sector agrícola, seguido del 20% -31,4 millones de infantes que se dedican a brindar servicios y el 10 por ciento -16,5 millones de menores trabajan en el sector industrial.
De los 9 millones 444 mil 679 de hondureños, según el Instituto Nacional de Estadística, el 51.33% son mujeres y 48.67 hombres; pero de ese total, 2 millones 472 mil 798 son niños y niñas y por sexo representan el 50% para cada uno, es decir que el 26% conforman la urbe infantil del país.
La llegada de la pandemia a Honduras disparó el desempleo abierto de 5.7 al 10.9 %, según cifras oficiales, este incremento significó más de 445 mil nuevos desempleados en la nación, que cuenta con una Población Económicamente Activa de 3 millones 655 mil 653.
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Imagen de 1937 del internado de Kamloops en la que aparecen estudiantes indigenas, personal de la residencia escolar y autoridades locales. Los restos de 215 niños indígenas han sido localizados enterrados en la residencia escolar de Kamloops. Foto: IRSHDC
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